Indira Guerrero 14 de abril de 2018
Cinco
años han pasado desde que Nicolás Maduro fue oficialmente elegido presidente de
Venezuela, y la vista en retrospectiva de la nación con mayores riquezas
naturales del mundo es la mirada a una casa que gotea por el techo y arde en
llamas al mismo tiempo.
La
inflación, sin que se conozcan datos oficiales desde hace dos años, corre libre
sobre los cuatro dígitos, las muertes por homicidio superan cada año sus récord
históricos, las fronteras están parcialmente cerradas desde hace dos años y las
listas de espera aumentan a meses para tratamientos médicos de enfermedades
graves, crónicas o degenerativas.
En
Venezuela se estima que escasean ocho de cada diez alimentos de la cesta
básica, y más o menos la misma cantidad de medicamentos, algunos de ellos
simplemente ya no existen, y se necesitan más de 100 salarios mínimos para
cubrir los gastos de una familia promedio.
El
cohete que disparó el índice de precios generó también la escasez de efectivo.
Los cajeros automáticos vacíos, las taquillas de los bancos llenas de clientes
que retiran del máximo diario permitido, que alcanza solo para pagar el boleto
en transporte público, y un mercado negro al que los venezolanos acuden a
comprar dinero.
Apenas
hace unas semanas se anunció la implantación de un nuevo sistema monetario para
mitigar el daño de la moneda actual que colapsó a menos del 1 % de su valor
oficial.
Aún
sin registros oficiales, el de los tres últimos años es el mayor éxodo de la
historia del país, estimado entre cuatro y cinco millones de personas, lo que
sería casi el 15 % de la población, la mayoría de ellos jóvenes profesionales y
estudiantes universitarios.
Algunas
instituciones, principalmente privadas, han comenzado a cerrar cursos y
especialidades por falta de alumnos o maestros que han abandonado los centros
educativos para emigrar.
El
complejo escenario venezolano ha sido interpretado por el Gobierno como el
resultado del acorralamiento de las potencias extranjeras que, aliadas con la
oposición interna, atacan el modelo socialista en un enfrentamiento sin tregua.
El
Gobierno ha aumentado sus políticas para mitigar los daños con programas
sociales que incluyen la entrega de cajas con algunos alimentos subsidiados
directo a las familias, ha aumentado significativamente los bonos y pensiones,
y aun así esto es insuficiente para cubrir las necesidades más básicas.
Los
ingresos se vinieron abajo un 60 % con la caída de los precios del petróleo
pese a que durante los dos últimos años Maduro ha presionado por su
recuperación y de acuerdo con datos de la OPEP, de la que Venezuela es miembro fundador,
su producción se redujo alrededor del 12 % en 2017.
Aún
con las mayores reservas de petróleo del mundo, el pasado noviembre S&P
Global Ratings declaró a Venezuela en default por el no pago de una deuda de
200 millones de dólares en intereses a sus tenedores de bonos.
La
refinanciación de la deuda quedó bloqueada con la prohibición de Estados Unidos
de adquirir nueva deuda venezolana para evitar dar alivio financiero al
Gobierno, señalado de dictatorial.
Varios
altos cargos del Gobierno han recibido sanciones de congelación de activos y
prohibiciones de ingreso a Panamá, Suiza, Estados Unidos y la Unión Europea por
acusaciones de violación a los derechos humanos, blanqueo de capitales y
financiación al terrorismo, entre otros.
La
violencia por protestas callejeras también ha superado los históricos en dos
décadas con casi 200 muertes en enfrentamientos entre manifestantes y
autoridades, las más importantes ocurridas en 2014, por seis meses, y en 2017,
durante otros cuatro.
El
mandatario ha visto amenazada su estabilidad incluso desde dentro, con varios
supuestos intentos de golpe denunciados por él mismo y que involucran a rangos
medios y altos de la Fuerza Armada.
A la
complejidad de estos años se suman los procedimientos judiciales contra sus antiguos
ministros de Petróleo, de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y varios
gerentes, acusados de delitos de corrupción, y las acusaciones en todas las
direcciones de funcionarios que se han ido distanciado de su Gobierno.
Maduro
llegó a la presidencia en 2013 gracias al fallecido gobernante Hugo Chávez
(1999-2013) -el presidente más votado de Venezuela-, que al despedirse del país
para tratar el cáncer que poco después causó su muerte, pidió a sus partidarios
que eligieran al entonces vicepresidente como su sucesor.
Y
aunque el escenario electoral de las presidenciales del 20 de mayo le sonríe
gracias a la decisión de la mayor coalición opositora de no participar en las
elecciones por considerarlas fraudulentas, Maduro vuelve a las urnas para reelegirse
con un legado que se le ha escurrido entre los dedos, y las cifras de la
llamada "revolución bolivariana" literalmente rojas.
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