Nota de Prensa 8 de agosto de 2016
Análisis del Plan Estratégico del Poder
Judicial (2013-2019)
El Plan Estratégico del Poder Judicial es el
documento que, en teoría, define las acciones de esa rama del poder público
para los próximos años. Acceso a la Justicia pudo constatar que en nuestro país
ese documento en realidad busca poner la justicia al servicio del Poder
Ejecutivo y no fortalecer su independencia, para el bien de la ciudadanía.
La justicia es un derecho humano fundamental,
sobre todo porque es a su vez un pilar fundamental en la defensa de los demás.
Por ello, organismos internacionales como la ONU y la OEA (a los que Venezuela
pertenece) han establecido parámetros que sus Estados miembros deben reflejar
tanto en sus normas como en políticas públicas y planes estratégicos, de manera
de garantizar una justicia de mayor calidad a través del tiempo.
Por ejemplo, para que la administración de
justicia sea efectiva y accesible a la población, es de la mayor importancia
que su independencia esté garantizada. Para ello es necesario que los jueces
tengan la estabilidad y protección necesarias para decidir imparcialmente.
Cabe destacar que desde 2002 Venezuela
aparece constantemente en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos como un país donde la independencia de los jueces está en entredicho,
sobre todo por el alto índice de provisionalidad en su designación que existe
en el país (hecho que Acceso a la Justicia también ha denunciado
Acceso a la Justicia realizó un análisis
del Plan Estratégico del Poder Judicial (2013-2019) con la intención de revisar
qué acciones se establecieron para lograr que la situación descrita mejore. Los
resultados, sin embargo, fueron bastante decepcionantes.
Lo primero que llama la atención es que el
documento no traza metas concretas, medibles objetivamente para que el Poder
Judicial pueda ser evaluado sino que se queda en una declaración de principios,
sin actividades con cronograma, indicadores medibles, claros; ni siquiera establece
una misión o valores generales.
Además, no hace referencia a la independencia
del Poder Judicial o de los jueces a pesar de que organismos internacionales
(como se dijo, la CIDH tiene catorce años llamando la atención sobre el tema,
por ejemplo) y organizaciones de la sociedad civil han diagnosticado que es la
mayor deuda, y Acceso a la Justicia también. En cambio, el Tribunal
Supremo de Justicia en su plan prefiere seguir los lineamientos del llamado
Plan de la Patria (del que hay que recordar que es un plan perteneciente a un partido político) y articularse con
el Poder Ejecutivo en la construcción del llamado “Socialismo del Siglo XXI”,
proyecto del PSUV según su Libro Rojo, lo que refleja una ausencia total de
independencia política, y por ende es inconstitucional.
El plan se divide en 5 ejes estratégicos
relacionados con los llamados “objetivos históricos” del Plan de la Patria. El
primero se refiere a la Gestión y Administración del Poder Judicial y contiene
elementos contradictorios pues profundiza la politización de la justicia a
través de la defensa de un plan de gobierno, pero al mismo tiempo hace alusión
a principios como la independencia judicial y la democracia.
Aunque tiene aspectos positivos (como decir
que se pretende favorecer el acceso a la justicia y la mejora de las
condiciones tanto de trabajadores como de la estructura del Poder Judicial),
estos son contrarrestados cuando se propone como objetivo final que la
jurisprudencia potencie la doctrina bolivariana, es decir, la ideología de una
parcialidad política.
En segundo lugar aparece un eje enfocado en
el nuevo(a) servidor(a) público(a), resaltando la necesidad de formarles y
capacitarles. Desgraciadamente, la independencia e imparcialidad de los jueces
vuelven a quedar por fuera al igual que los códigos de ética, procesos
disciplinarios, el escalafón y las transferencias necesarias para hacer
efectivo un proceso de formación integral. Con respecto a los procesos de
selección e ingreso a la carrera judicial se debe subrayar que cualquier
modificación debe hacerse por ley y el Plan no menciona ninguna coordinación
con el Poder Legislativo.
El tercer eje se escuda en una supuesta
participación social para controlar la administración de justicia y apegarla a
la “voluntad popular”. ¿Quién decide cuál es la voluntad del pueblo? Según el
Plan Estratégico lo decide el Poder Popular, aunque éste no está previsto en la
Constitución, y es bien sabido que su desarrollo normativo lo regula de manera
que tenga un carácter ideológico y sea controlado por el Ejecutivo; violando
las pautas básicas de la independencia judicial, la separación de poderes y la
seguridad jurídica.
A continuación aparece la “política del punto
y círculo para fomentar el buen vivir”, que asigna nuevas competencias al Poder
Judicial en materia de un nuevo modelo económico, de trabajo, cultura de paz,
deporte, entre otras. Esto se sale de las competencias jurisdiccionales y
administrativas del Poder Judicial y lo desdibuja completamente.
Finalmente está el eje 5: Integración
jurídica internacional; donde se rescata el impacto y la participación del
Poder Judicial venezolano a nivel internacional, aspecto que es común en el
quehacer de los poderes judiciales, y que ha dado lugar por ejemplo al
documento de Buenas Prácticas sobre la Planificación Estratégica en América
Latina.
El problema es que supedita esta actuación
judicial internacional a la defensa de la soberanía, cuando la última no es un
fin en sí mismo sino el mecanismo que le permite al Estado cumplir con sus
funciones en aras del bien común y los derechos de las personas, y su defensa
no compete al Poder Judicial, y sobre todo es muy preocupante en vista de la interpretación
que ha hecho de ésta en su jurisprudencia,
entendiéndola como la defensa de las políticas del gobierno, no de la voluntad
popular. Una vez más, se desdibuja la función judicial y se le asignan roles
del Ejecutivo, eliminando cualquier intento serio por lograr la independencia
judicial en el país.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Las graves deficiencias que tiene la justicia
en Venezuela no son, evidentemente, algo nuevo surgido de la actual gestión del
Poder Judicial. Sin embargo, lo que evidencia el Plan Estratégico vigente es
que no existe intención de empezar a subsanar las fallas para bien de todos los
ciudadanos, sino que el interés y los esfuerzos están centrados en garantizar
que el Poder Judicial esté bajo el control del Ejecutivo, lo que más bien
significará aún menos justicia para todos los venezolanos.
Enlace a la nota: http://goo.gl/gWxAv6
Link a la infografía: http://goo.gl/F3WduL
Acceso a la Justicia
El Observatorio Venezolano de la Justicia
accesoalajusticia.org
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