EL PAÍS 08 de febrero de 2018
La carta enviada por José Luis Rodríguez Zapatero a la
oposición venezolana tras el fracaso de las negociaciones con el régimen de
Nicolás Maduro es impropia de un mediador. Porque una cosa es la frustración
del que ha trabajado para acercar a las partes en conflicto y otra muy distinta
cargar las culpas en solo uno de los negociadores. En el caso que nos ocupa esa
falta de imparcialidad es especialmente escandalosa, con una oposición
oprimida, perseguida y encarcelada frente a un gobierno abusivo entregado a la
demolición de la democracia y la economía de Venezuela.
Auspiciadas
por un grupo de seis países americanos, por el presidente de la República
Dominicana y por el propio Zapatero, las conversaciones entre el gobierno de
Maduro y la oposición no han llegado a buen puerto. El régimen chavista se ha
negado a ofrecer garantías esenciales para celebrar con transparencia
democrática las próximas elecciones presidenciales; entre ellas, el equilibrio
informativo en los medios públicos, la reversión de las inhabilitaciones
políticas de dirigentes de la oposición, la liberación de todos los presos
políticos o la restitución de la Asamblea Nacional.
El
Gobierno de Maduro pretendía, sin embargo, que la oposición se aviniera a un
acuerdo en el que solo se admitía una misión de observación de la ONU y la
creación de una comisión de La Verdad. El resto eran vagas promesas de limpieza
democrática. De suscribirlo la oposición, se habría dotado de legitimidad a
unas elecciones con las que el régimen solo pretende afianzarse en el poder.
Por si hubiera alguna duda, Maduro las ha convocado inmediatamente después del
fracaso de las conversaciones abiertas en República Dominicana y lo ha hecho
para el día 22 de abril, lo que perjudica a la oposición, que había pedido más
tiempo para reorganizarse —varios partidos han sido vetados por decreto— y
poder concurrir de manera solvente a las elecciones.
En
este contexto, el llamamiento de Zapatero a la oposición no se corresponde con
su papel de mediador ni con los principios democráticos que deben guiar su
actuación. El documento ofrecido por el régimen chavista no aporta garantías de
un proceso limpio y Zapatero se presta a retorcer la realidad para acomodarla a
la visión de Maduro afirmando que la comunidad internacional ha impuesto
“sanciones contra Venezuela”, cuando estas, en realidad, son contra altos
responsables de los desmanes venezolanos, entre ellos el propio Nicolás Maduro.
Esos
desmanes son tan notorios y evidentes que el Parlamento Europeo acaba de pedir
ampliar esas sanciones mientras que la Corte Penal Internacional ha abierto un
examen sobre los presuntos crímenes del chavismo. El Gobierno español, tradicionalmente
contenido ante los insultos recibidos desde Caracas, ha expulsado al embajador
venezolano en respuesta a la expulsión del canciller español en Venezuela.
Frente a todo ello, Zapatero adopta el lenguaje y los lemas del régimen. Llama
al diálogo y al acuerdo con gesto grave y solemne, ajeno a la razón de que lo
que busca una parte es la rendición sin condiciones de la otra. Prestarse a
ello es un insulto a Venezuela.
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