Agencias 09 de mayo de 2024
En
Venezuela la cantidad de políticos inhabilitados para ejercer cargos públicos
va en aumento, con la más reciente decisión de la Contraloría General de
aplicar esta sanción a cinco opositores, una acción que el chavismo defiende al
pedir una “acción penal”, pero que es considerada por el abogado Juan Carlos
Apitz como un acto que afecta el sistema democrático.
“Quién
se resiente aquí (…) el sistema democrático, porque el sistema democrático
descansa, entre otras cosas, en el voto, en la participación en los temas
públicos”, dijo a EFE el también decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
A su juicio, la Contraloría General se está excediendo en sus competencias al castigar a dirigentes con inhabilitaciones, a pesar de que el artículo 105 de la ley que rige las competencias de dicho organismo lo faculta para aplicar esta sanción por un máximo de 15 años.
“Ese
articulado que lo permite no es de ahora. En otras leyes anteriores al año 2000
ya existía, lo que pasa es que nunca se había utilizado porque siempre ha
habido la sospecha fundada de que se trate de un artículo inconstitucional,
porque inhabilitar políticamente es arrancarle los derechos políticos a un
ciudadano”, explicó.
El
artículo 65 de la Constitución establece que no podrán optar a cargos públicos
quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus
funciones y otros que afecten al patrimonio público, dentro del tiempo que fije
la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad
del delito.
Acción
penal de acompañamiento
La
Contraloría General inhabilitó a cinco opositores recientemente, entre ellos
dos alcaldes, para ejercer “cualquier cargo” público por 15 años, así como a
otro antichavista por un período de 12 meses, según se puede constatar en la
página web de la institución.
Los
sancionados son los alcaldes del municipio El Hatillo (estado Mirante, norte),
Elías Sayegh, y de Los Salias (Miranda), José Fernández, el exdiputado Tomás
Guanipa, el exalcalde Carlos Ocariz, mientras que el exparlamentario Juan
Carlos Caldera está inhabilitado por 12 meses.
Hasta
el momento, la Contraloría no ha hecho públicas las resoluciones que expliquen
los motivos de estas inhabilitaciones.
Esta
acción es apoyada por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de
Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, quien pidió, recientemente, una “acción
penal de acompañamiento” para estos antichavistas a los que acusó de delitos de
corrupción.
“Que
esa inhabilitación administrativa ahora esté acompañada del ejercicio de la
justicia penal. Esa plata es de los venezolanos. Son unos corruptos (…)
entregaron Citgo (…) entregaron nuestro oro a cambio de que les dieran una
comisión (…) que paguen y devuelvan todo lo que tengan que devolver (…) es un
peligro para las finanzas públicas”, dijo Cabello.
El
fiscal general, Tarek William Saab, relacionó a Ocariz con una “conspiración
política” en el caso Pdvsa-Cripto, en el que, desde marzo de 2023, se
desarticuló “una red de altos funcionarios, muchos de ellos presidentes
filiales de Pdvsa, quienes luego de ser detenidos declararon cómo utilizaban
sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales”.
Una
“epidemia”
El
abogado Juan Carlos Apitz reiteró que las inhabilitaciones políticas tienen que
ser la consecuencia de una sentencia de un tribunal que condena a un
funcionario por manejos irregulares de fondos públicos.
“Uno
ve la cantidad de inhabilitados que hay en Venezuela y uno dice: aquí hay una
situación irregular, que es casi una epidemia”, añadió.
El
decano llamó la atención sobre cómo la mayoría de los inhabilitados son
antichavistas, por lo que considera que “son razones políticas las que llevan a
inhabilitar para sacar del medio” a estas personas.
Apitz
explicó que la Contraloría debe revisar las cuentas entregadas por los
funcionarios y, si detecta una irregularidad, remitir el expediente a la
Fiscalía para que, si lo considera conveniente, comience una acción penal.
“Eso
no lo puede hacer la Contraloría sola, el tribunal es donde se tiene que
discutir y permitirse el derecho a la defensa”, sostuvo.
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