Por Carlos Romero, 01/07/2016
Colombia y México han sido calificadas como potencias alimentarias en
América Latina[1]. En el caso
específico de Colombia, el Estado cuenta con una Política Nacional de Seguridad
Alimentaria y, además, ha registrado sus estrategias y acciones para garantizar
la seguridad alimentaria en un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional 2012-2019.
El Estado Colombiano, en el Plan mencionado, se compromete a garantizar
que la población disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y
oportuna, en suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad. Así
mismo, y respetando las particularidades de cada región, reconoce al Municipio
como uno de los actores corresponsables en garantizar la seguridad alimentaria
a través de un diseño institucional que busca impulsar la cooperación y
articulación de los distintos niveles políticos territoriales.
Un reciente estudio, realizado por la Alcaldía de Medellín y la
Universidad de Antioquia, destaca que en Medellín se come menos y con menor
calidad; además, ese estudio advierte que 31% de los ciudadanos tiene la
percepción de que uno de los integrantes de la familia se acuesta sin comer o
que la calidad de los alimentos ingeridos ha disminuido[2].
Para enfrentar el desafío que impone ese estudio mencionado en el
párrafo anterior, la Alcaldía de Medellín se presenta con un Plan Municipal de
Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016-2028, que además se complementa con la
existencia de una Unidad de Seguridad Alimentaria en su propia estructura
organizativa.
Mientras la Alcaldía de Medellín convoca a distintos actores locales de
la sociedad civil para incluirlos en la labor de garantizar la seguridad
alimentaria[3], en Venezuela se
convoca a actores comprometidos con el Socialismo del Siglo XXI, como las UBCh,
Frente Francisco de Miranda, UnaMujer, entre otros, para que junto al Poder Popular
y la FANB, conformen lo que han llamado Consejo Local de Abastecimiento y
Producción (CLAP), creado mediante un Decreto de Estado de Excepción, que por
cierto, fue rechazado por la Asamblea Nacional.
Para, Ericka Farías, los Clap son una “forma de lucha, nueva forma de
organización, que nace en tiempos de guerra y que constituye un ejército de
vanguardia revolucionaria para defender la Patria”[4], para nada
menciona el tema de la seguridad alimentaria; por su parte, el gobierno define
estas figuras como instancias del pueblo organizado que integra lo que han
denominado Sistema Popular de Distribución de Alimentos, a través del cual pretenden
que el Poder Popular garantice la distribución de artículos de primera
necesidad.
Un paseo por los distintos medios de comunicación digital permite
validar que el CLAP va más allá que una simple estructura para distribuir
alimentos de primera necesidad, también se plantean como una forma de organizar
políticamente a los seguidores de la revolución y adoctrinarlos, por lo que
amenaza con ser una herramienta para ejercer mayor control social y político
sobre las familias y las comunidades donde opere el CLAP.
Recientemente, en Carabobo, un representante del Instituto Nacional de
Nutrición (INN) en el taller de formación de formadores del CLAP, reconocía el
compromiso de estas figuras con la revolución; en ese mismo taller, la Escuela
Venezolana de Alimentación, informaba que los integrantes de los CLAP serían
también formados en temas como la ética socialista, contraloría social,
seguridad y soberanía alimentaria, cultura alimentaria y nutricional, y
política económica[5].
Los medios digitales registran la realización de varios talleres de
formación a los CLAP en distintas ciudades del país en las últimas semanas,
entre ellos, el taller celebrado en el Municipio Santiago Mariño, Nueva
Esparta, reitera que la formación incluye contenidos ideológicos y políticos;
en el caso de Tinaquillo, Cojedes, entre el contenido del taller se destaca un
punto en el cual se plantea cómo modificar los hábitos alimentarios atendiendo
a la situación de abastecimiento actual.
Es importante acotar que ese esquema de formar multiplicadores para
luego formar a los integrantes de cada CLAP, cuyo contenido tiene un componente
importante de adoctrinamiento, es una receta repetida, en el pasado lo hicieron
cuando se dictaron las leyes del Poder Popular y cuando empezaron a impulsar
las Comunas. La estrategia la repiten abusando de la necesidad de
conseguir alimentos en un país donde la escasez y el hambre se transforman en
política de estado.
La estrategia en la distribución de alimentos, trae consigo el intento
de crear una estructura institucional paralela, contraria a la Constitución y
que de manera centralizada, con un Estado Mayor del CLAP, intenta conformar una
instancia estadal llamada Estado Mayor de Distribución, creado en Aragua,
Zulia, Nueva Esparta y Táchira; otra instancia llamada Estado Mayor Municipal
para la distribución de alimentos que, según los medios digitales, ya se ha
creado en San Mateo, Aragua y Boconó, Trujillo; y en el caso de Caracas, se
habla de un Estado Mayor Parroquial creado en el Recreo y en San José,
respectivamente.
Esta creación de instancias recuerda mucho al diseño institucional de
control sobre la organización comunitaria que pretendió imponer sin éxito la
Ley de Consejos Comunales del 2006 con aquellas Comisiones Nacionales,
Regionales y locales del Poder Popular, que también estaban bajo el control
directo del Presidente de la República.
Resulta oportuno recordar que la revolución no pudo crear en 2008 lo
que llamó Unidad de Abastecimiento Socialista, y que pretendía conformar uno
por cada estado, con la finalidad de colocar la producción nacional de carne,
pescado, frutas, legumbres y hortalizas, compradas directamente por el Estado a
los productores y procesadas por el propio Estado a través de lo que llamó
Corporación Venezolana Agraria. Por cierto, ese mismo año el gobierno
también creó un Centro Nacional de Balance de Alimentos, entre cuyos objetivos
estaba crear mecanismos de alertas tempranas, para evitar la inexistencia de
los rubros alimenticios y no alimenticios.
Además, en ese año 2008, también se aprobó el Decreto Ley de Defensa
Popular contra el Acaparamiento, Especulación, Boicot y cualquier otra conducta
que afecte al consumo de alimentos o producto sometido a control de precio, el
cual fue derogado en el 2010 por la Ley para la Defensa de las Personas en el
acceso a los bienes y servicios.
Luego de todas esas iniciativas fracasadas, hoy el país enfrenta la
escasez, el hambre y una grave crisis política, social y económica, frente a la
cual el Estado responde con un Estado de Excepción, que facilita la imposición
del CLAP como centro de distribución de alimentos y como corresponsable del
orden público.
Luego de 16 años desde que se aprobó la Constitución vigente y con
iniciativas gubernamentales como las señaladas, debemos preguntarnos primero:
¿el venezolano tiene la garantía de poder disponer de manera suficiente y
estable de alimentos? y segundo: ¿puede el venezolano, sin discriminación
alguna, acceder y consumir de manera oportuna y permanente alimentos en
cantidad, calidad e inocuidad, bajo condiciones que garanticen una vida
saludable y activa?
Las respuestas podrán valorar los niveles de seguridad alimentaria que
la Revolución garantiza a los venezolanos. Si el estudio sobre la seguridad
alimentaria en Medellín reflejó que era una ciudad donde se come menos y con
menor calidad ¿qué resultado arrojaría ese mismo estudio en las principales
ciudades de Venezuela?
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Escrito para @PolitikaUCAB
Carlos Romero M.
@Carome31
