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viernes, 26 de julio de 2024
jueves, 4 de junio de 2020
Saime aumenta en más de 150% valor del pasaporte para el #2Jun, por @DiarioTalCual
Tal Cual 03 de junio de 2020
@DiarioTalCual
El
Saime tiene por disposición del Ejecutivo, el precio del pasaporte «anclado» al
petro, donde una prórroga valía para octubre de 2018 un petro y dos, la
expedición de un documento nuevo. Sin embargo, el mismo también ha subido
El
Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime)
habría reajustado el precio para la tramitación de los pasaportes nuevos y las
prórrogas de validez del documento el lunes 1° de junio.
Según
usuarios a través de las redes sociales, reportan un aumento del 154,8% en los
precios. La expedición de un documento nuevo se ubica para el 2 de junio en BsS
39.210.008 (3,35908632 petros), mientras que la prórroga se sitúa en BsS
19.494.109 (1,67954316 petros). Informan además que el valor cambiará de
acuerdo al día porque un pasaporte nuevo tiene el valor real de $200, mientras
que la prórroga cuesta $100.
martes, 4 de julio de 2017
Documento Gran Acuerdo Nacional: ¡Que sea el Pueblo quien decida!, por @unidadvenezuela
MUD 03 de julio de 2017
@unidadvenezuela
Ha
llegado un momento decisivo en medio del rumbo que Venezuela necesita, merece y
está reclamando en las calles.
Y hoy
estamos aquí para eso.
Hablamos
en representación de cada uno de los sectores de la sociedad. Durante el tiempo
que hemos dedicado a articular esta nueva y sólida fuerza, conseguimos que
sectores diversos, con historias de lucha distintas y visiones políticas en
algunos casos antagónicas, estemos declarando juntos, por encima de nuestras
legítimas diferencias y sin renunciar a nuestros valores esenciales.
Hoy
estamos aquí unidos en defensa de la Constitución Nacional y de la República,
porque sabemos que ambas están seriamente amenazadas.
Venezuela
reclama la unidad de todos para defenderla. Y hoy, finalmente, estamos aquí
para hablar de una misma idea: la Unidad Nacional.
Durante
93 días de lucha, la resistencia ciudadana y democrática, principalmente
asumida por nuestros jóvenes, ha inspirado a toda Venezuela, llevando al
régimen de Nicolás Maduro a un estado de fragilidad, división y aislamiento
severo. Y una de las razones para esta conquista democrática ha sido la unidad
del pueblo ciudadano y el respeto de su dirigencia, generando una relación más
compacta y dinámica que nunca.
Todo
esto se suma a la actuación firme de la Asamblea Nacional y del Ministerio
Público. Después de tantos años de un ejercicio cómplice del poder, en estas
últimas semanas los venezolanos hemos sido testigos de cuánto aporta la
separación de poderes a la República y a la Libertad. Sin necesidad de sacrificar
la dimensión ideológica, defender la Constitución es una urgencia que sólo
resulta posible desde la independencia.
Durante
este corto tiempo hemos alcanzado innegables victorias en términos de sumar
apoyos de todos los sectores del país, incluyendo a la mayoría de la base
oficialista. Hemos logrado que los ojos del mundo se centren en Venezuela y eso
ha arrinconado a la dictadura, al poner en evidencia que la mentira que
intentaron diseminar por todo el continente no era otra cosa que un feroz saqueo
al dinero de la Nación y una estrategia planeada por quienes creían que nunca
iban a perder al poder. Y hoy viven el desespero de estar sin pueblo, sin apoyo
en las calles y sin nada más que ofrecerle a la gente que represión, violencia
y muerte.
Estamos
viviendo la mayor tragedia en la historia republicana del país. Nada de esto
que escucharán es algo que no conozca cada venezolano pero, al ser éste un
momento histórico por lo que hemos venido a defender, es necesario que quede
dicho: nos hemos convertido en el país más pobre en ingresos de toda la región
y cada día, en cualquier rincón de Venezuela, a las familias más humildes las
rodea y las asfixia una escandalosa y obscena realidad: inmensas colas de
personas buscando los pocos alimentos que pueden adquirir, niños hurgando en la
basura restos de comida para callar el hambre, madres llorando por sus hijos
arrebatados por el hampa o por la represión, padres angustiados buscando cómo
llevar algo de comer para sus familias, ancianos y enfermos muriendo por falta
de medicinas, jóvenes huyendo del país porque les han robado su futuro,
estudiantes que no pueden seguir su preparación por falta de escuelas.
Se ha
pauperizado el salario de los trabajadores, con la gravedad de hacerles creer
que aumentando un salario de hambre secuestran la voluntad política de la clase
trabajadora, como hicieron las dictaduras latinoamericanas que antecedieron a
este fallido experimento totalitario.
Destruyeron
el aparato productivo. Persiguen a periodistas y extorsionan a los medios de
comunicación cuando pretenden decir la verdad. Y ahora criminalizan la
legítima protesta del pueblo. Quienes se hicieron llamar los hijos de “El
Caracazo”, se han convertido en responsables del asesinato sistemático de
jóvenes manifestantes que no han hecho otra cosa que pelear por el país que
merecen tener.
En
Venezuela, las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos se han convertido
en una práctica recurrente de la dictadura. Y ahora, los responsables de este
inaceptable y doloroso drama quieren convertirlo en algo permanente e
irreversible.
En el
colmo de sus apetitos de poder y riqueza, ese pequeño grupo de privilegiados
que hoy gobierna la Nación ha decidido romper el hilo constitucional y dar un
Golpe de Estado, con el único fin de mantener sus beneficios a toda costa, sin
importar que el costo de su miserable empeño sea el dolor y el sufrimiento de
todo un país.
Nicolás
Maduro, en complicidad con una mayoría del Tribunal Supremo de Justicia y del
Consejo Nacional Electoral, decidió cerrarnos todas las vías democráticas. Es
una evidencia de que tienen el pleno conocimiento de que son incapaces de ganar
una elección, ni siquiera con sus ya conocidos abusos del dinero público y el
monopolio comunicacional. Así desconocieron la voluntad de más de 14 millones
de venezolanos que escogieron a sus representantes a la Asamblea Nacional. Así
secuestraron el derecho del Pueblo a celebrar un referéndum revocatorio del
mandato presidencial. Así burlaron el mandato constitucional de convocar a las
elecciones regionales de alcaldes y gobernadores. No conformes con eso,
decidieron ir más allá, acosando y amenazando a los Poderes Públicos, como es
el caso de la Fiscalía General de la República, por el simple hecho de defender
la Constitución y alzar su voz en contra de unas violaciones a los Derechos
Humanos que han sido tan evidentes que incluso han obligado a sus autoridades
militares a reconocerlas como atrocidades.
En el
medio de su debilidad, Nicolás Maduro decidió huir hacia adelante, a través de
una maniobra fraudulenta con la cual pretende perpetuarse en el poder y
eternizar la crisis que vive nuestro país. Maduro y la clase política que nos
gobierna, comprometidos hasta la médula con un sistema corrupto que quedará en
evidencia apenas pierdan el Poder, ha inventado un mecanismo perverso para
pasar por encima de la soberanía popular y de la indignación que no ha
abandonado las calles del país durante ya casi cien días.
El
miedo al Pueblo los ha llevado a tramar una supuesta “constituyente”, con la
pretensión de cambiar la Constitución y la estructura de la República. Una
“constituyente” fraudulenta para eternizar el drama social y de exclusión que
hoy padecemos. Una “constituyente” para que Maduro y su camarilla se queden
para siempre en el poder.
En
resumen: Nicolás Maduro entendió que no puede gobernar Venezuela por los votos
y tampoco puede con esta Constitución, así que ha decidido poner en marcha la
idea de hacerse una Carta Magna a la medida de su apetito y desde ahí crear
otro país, un país de miedo, miseria y muerte que lo deje seguir gobernando.
Si la
dictadura llega a concretar su propósito de consolidarse con este fraude, ello
significaría sencillamente la disolución de Venezuela como república. En
la Constitución cabemos todos. En el invento constituyente de Maduro, cabe sólo
él y su proyecto de perpetuarse en el poder.
Ni él
ni sus cómplices contaban con la valentía y firmeza del bravo pueblo venezolano,
que no ha abandonado las calles ni se ha dejado intimidar por tropas sin rostro
y sin nombre, dispuestas a matar a sus hermanos por orden del Poder.
No
quisieron consultar al Pueblo soberano. Y ahora deben asumir las consecuencias.
Hoy nos tienen aquí, cohesionados y Unidos en un solo bloque. Hoy estamos aquí,
juntos, decididos a defender nuestra Constitución, nuestra República y nuestra
posibilidad de vivir en Democracia.
Y en
esto seremos claros, contundentes y directos: Nicolás Maduro y miembros del
partido de gobierno, consideren el enorme fracaso político que ha significado
su gobierno, consideren el enorme rechazo que tiene su fraudulenta propuesta
constituyente en las bases populares, consideren a cada uno de los muertos que
hoy pesan sobre su proyecto político, su ineficacia para gobernar y su empeño
en mantenerse en el Poder. Háganlo y háganlo bien, porque hoy el Pueblo
venezolano les exige que retiren su propuesta constituyente sin dilación y sin
maniobras.
Es el
Pueblo entero quien se los demanda y, si se mantienen en su empeño totalitario,
será el Pueblo entero quien se los cobre. Porque si deciden ignorar este
llamado, sepan que se arriesgan a que la fuerza poderosa del Pueblo venezolano
decida reclamar sus derechos como lo ha hecho cada vez que un tirano ha
pretendido oponerse a sus deseos legítimos de Libertad.
Nosotros,
todos nosotros, no vamos a permitir que la destrucción de Venezuela se
concrete. Sabemos que el fraude constituyente no resuelve la crisis social ni
contribuye con la paz del país. Por el contrario, es la garantía de eternizar
su ejercicio de la violencia de Estado y el padecimiento social que hoy
sufrimos. La gran mayoría del pueblo de Venezuela quiere vivir en paz y por eso
clama por un cambio. Y es este mismo Pueblo que rechaza el fraude constituyente
el que también exige que el Poder Electoral le permita elegir un nuevo gobierno
que pueda solucionar los graves problemas del país.
Sepan
que en este reclamo no sólo nos acompaña la inmensa mayoría del pueblo venezolano,
sino también la comunidad internacional, que ha entendido la legitimidad y la
justicia de nuestra lucha, siempre pacífica y siempre constitucional. En este
sentido, reconocemos su preocupación y su apoyo. Queremos dejar en claro que aunque
siempre estaremos abiertos a propuestas serias y no parcializadas de
negociación, no aceptaremos ni manipulaciones ni engaños. Aquellos países y
gobiernos que deseen ayudarnos en la superación pacífica de esta tragedia
colectiva, sepan que toda solución pasa por el restablecimiento del orden
constitucional quebrantado.
Hemos
avanzado mucho. Ahora, para alcanzar de manera definitiva nuestros objetivos es
necesario que todo el Pueblo asuma el compromiso que ya nuestros jóvenes han
iniciado, pensando en su futuro y en el de Venezuela, en ejercicio de los
artículos 333 y 350 de la Constitución.
De tal
manera, solicitamos a la Asamblea Nacional que, de acuerdo con el Artículo 71
de la Constitución Nacional, convoque a un Proceso Nacional de Decisión
Soberana para que sea el pueblo quien decida el rumbo que debe asumir el país,
decida o no adherirse masivamente a la aplicación de los artículos 333 y 350 de
la Constitución, y a partir de ese resultado, activar el levantamiento
democrático en la totalidad del territorio nacional y la activación de la Hora
Cero nacional.
Quienes
suscribimos este documento, articulando una representación en verdad diversa y
cohesionada, convocamos a todo el Pueblo de Venezuela a decidir cuál es la vía
que debe seguir nuestra Nación en esta encrucijada histórica. En virtud del
Artículo 5 y los Artículos 333 y 350 de la Constitución, convocamos a este 16
de julio elegir el futuro del país en ese Proceso Nacional de Decisión Soberana
y a partir de ese momento, defender el mandato que surja de ese proceso,
activando la fase superior de la lucha.
¡Que
sea el Pueblo quien decida!
1. Que
sea el Pueblo quien decida si rechaza y desconoce la constituyente convocada
inconstitucionalmente por Nicolás Maduro y sin la aprobación del soberano.
2. Que
sea el Pueblo quien decida el rol que demanda a los funcionarios públicos y a
la Fuerza Armada Nacional para lograr la restitución del orden constitucional.
3. Que
sea el Pueblo quien decida si convoca y respalda la renovación de los Poderes
Públicos que se encuentran al margen de la Constitución, además de la
conformación de un Gobierno de Unión Nacional y la realización de elecciones
libres y transparentes para restituir el orden constitucional.
El
país y el mundo deben entender que esto es un proceso democrático de rebeldía
popular en ascenso.
Una
vez que el Pueblo venezolano haya decidido, nosotros haremos respetar su
soberana sentencia. Estamos preparados para iniciar las acciones que haya que
iniciar: vamos construir un país para todos, un país donde todos puedan vivir y
progresar en paz, un país con vida y con futuro, al cual aquellos que han sido
obligados a irse se apuren entusiasmados a volver. Una Venezuela digna, justa,
capaz de llenarnos de orgullo.
Hoy
estamos obligados a defender la Constitución. Este proceso democrático de
rebeldía en ascenso que iniciamos con esta solicitud a la Asamblea Nacional la
emprendemos para que podamos construir entre todos el país que merecemos y
aspiramos. Una Venezuela donde algo que hoy parece extraordinario, como el
encuentro en reconciliación de distintos sectores para defenderla, sea el signo
distintivo de su reconstrucción.
Hemos
decidido iniciar el camino hacia la recuperación de la democracia y
gobernabilidad.
¡Abajo
la dictadura!
¡Que
sea el Pueblo quien decida!
MUD
@unidadvenezuela
sábado, 7 de junio de 2014
jueves, 10 de abril de 2014
Ventajas y limitaciones de las negociaciones
De
la Dictadura a la Democracia Gene
Sharp pp. 10-13
Las negociaciones son un instrumento muy útil para
resolver algunos conflictos, y no deben desdeñarse o rechazarse cuando son
apropiadas.
En algunas situaciones, cuando ningún asunto fundamental
está en juego y, por consiguiente, es aceptable el compromiso, las
negociaciones pueden ser un medio importante para zanjar un conflicto. Una
huelga laboral en demanda de mayores salarios es un buen ejemplo del papel
apropiado de las negociaciones en un conflicto: un acuerdo negociado puede conseguir un
aumento promediado entre las cantidades originalmente propuestas por cada una
de las partes contendientes. Los conflictos laborales, con sindicatos legalmente
establecidos, son, sin embargo, algo muy diferente de los problemas en los
cuales están en juego la existencia permanente de una dictadura cruel o el
establecimiento de la libertad política.
Cuando los asuntos por resolver son fundamentales porque afectan
principios religiosos, problemas de la libertad humana o todo el desarrollo
futuro de la sociedad, las negociaciones no llevan a una solución satisfactoria
para ambas partes. En algunos asuntos básicos no se debe transigir. Sólo un
cambio en la correlación de fuerzas a favor de los demócratas puede
salvaguardar adecuadamente los asuntos básicos que están a discusión. Ese
cambio ocurre a través de una lucha, no
mediante negociaciones. Esto no quiere decir que las negociaciones no deban
usarse nunca. El hecho es que tales negociaciones no son un modo realista de
librarse de una férrea dictadura cuando no existe una poderosa oposición
democrática.
Por supuesto que hay circunstancias en que las
negociaciones pueden no ser una opción. Los dictadores firmemente establecidos,
que se sienten muy seguros de su
posición, pueden negarse a negociar con sus opositores democráticos. 0 bien,
cuando ya se hayan iniciado las negociaciones, los negociadores democráticos
pueden desaparecer y no regresar.
¿Rendición
negociada?
Los individuos o grupos que se oponen a una dictadura y
se inclinan a las negociaciones, a menudo tienen buenos motivos para hacerlo. En especial, cuando una lucha armada ha
continuado durante varios años contra una dictadura brutal sin una victoria
final, es lógico que todas las personas, sin importar su filiación política,
deseen la paz.
Es probable que los demócratas estén especialmente
dispuestos a negociar cuando los dictadores evidentemente tienen la
superioridad militar y cuando la destrucción, las víctimas y los perjuicios
sufridos entre aquéllos ya no pueden soportarse más. Habrá entonces una fuerte
tentación de explorar cualquier otra opción que pueda rescatar al menos algunos
de los objetivos de los demócratas, a la vez que pone fin a un ciclo de
violencia y contraviolencia.
La oferta de “paz” mediante negociaciones que un dictador
le haga a la oposición democrática por supuesto no es del todo sincera. La
violencia podría ser inmediatamente terminada por los propios dictadores si tan
sólo éstos dejaran de hacer la guerra contra su propio pueblo. Bien podrían,
por su propia iniciativa y sin ninguna negociación, restaurar el respeto a la
dignidad y los derechos humanos, liberar a los presos políticos, acabar con la
tortura y suspender las operaciones militares, retirarse del gobierno y hasta pedirle
excusas al pueblo.
Cuando la dictadura es fuerte pero existe una resistencia
irritante, puede que los dictadores deseen lograr la rendición de la oposición
bajo la cobertura de “hacer la paz”. El llamado a negociar puede parecer
atractivo, pero dentro de la sala de negociaciones acaso se esconderían graves
peligros.
Por otra parte, cuando la oposición es excepcionalmente
fuerte y la dictadura se encuentra de veras amenazada, los dictadores pueden buscar
la negociación como una manera de salvar lo más posible de su capacidad de
control o de sus riquezas. En ninguno de estos casos deben los demócratas
ayudar a los dictadores a lograr sus metas.
Los demócratas deben desconfiar de las trampas que los dictadores les
pueden tender con pleno conocimiento de causa durante un proceso de
negociación. El llamado a negociar, cuando se trata de cuestiones fundamentales
de las libertades políticas, puede ser
un esfuerzo por parte de los dictadores para inducir a los demócratas a
rendirse pacíficamente, mientras que la violencia de la dictadura continúa. En
semejantes conflictos, las negociaciones solamente podrán jugar un papel
apropiado al final de una lucha decisiva, en la cual el poder de los dictadores
haya sido destruido y estén éstos buscando pasaje seguro para llegar a un
aeropuerto internacional.
El poder y la justicia en las negociaciones
Si esta opinión parece un comentario demasiado áspero
sobre las negociaciones, quizá deba moderarse un poco el romanticismo que se
asocia con las mismas. Es necesario saber cuál es la dinámica de las
negociaciones.
Una “negociación” no significa que las dos partes se
sientan juntas, como iguales, y conversan hasta resolver el problema que produjo
el conflicto entre ellas. Es necesario recordar dos verdades.
Primera, que en las negociaciones no es la relativa
justicia de los puntos de vista en conflicto y sus objetivos lo que determina
el contenido del acuerdo negociado. Segunda, que el contenido de éste lo determinará
mayormente la capacidad de poder de cada parte.
Se deben considerar varias preguntas difíciles. ¿Qué
puede hacer cada una de las partes después para conseguir sus objetivos si la
otra decide no llegar a un acuerdo en la mesa de negociaciones?
¿Qué puede hacer cada
una de las partes, luego de alcanzado el acuerdo, si la otra rompe su palabra y
usa la fuerza de la que dispone para conquistar sus objetivos a pesar del
acuerdo?
En las negociaciones no se llega a un acuerdo mediante
una evaluación de lo bueno y lo malo de las cuestiones sobre el tapete. Aunque sobre esto pueda discutirse mucho, los
verdaderos resultados de las negociaciones se derivan de una evaluación
realista de las situaciones de poder absoluto y relativo de los grupos
contendientes.
¿Qué pueden hacer los demócratas para asegurarse de que
un mínimo de sus reclamaciones no serán denegadas? ¿Qué pueden hacer los dictadores
para mantenerse en control del poder y neutralizar a los demócratas? En otras
palabras, si se llega a un acuerdo, lo más probable es que sea el resultado del
estimado que cada parte haga de la capacidad de poder de ambas y, en
consecuencia, calcule cómo podría terminar una lucha abierta entre las dos.
Debe prestarse atención a lo que cada parte esté
dispuesta a ceder para llegar a un acuerdo. En negociaciones exitosas hay concesiones
recíprocas. Cada parte consigue parte de lo que quiere y cede parte de sus
objetivos.
En los casos de dictadura extrema, ¿qué es lo que las
fuerzas pro-democráticas van a ceder a los dictadores? ¿Qué objetivos de los
dictadores tendrán que aceptar las fuerzas democráticas?
jueves, 19 de diciembre de 2013
ALCALDES ELECTOS DE LA UNIDAD AL GOBIERNO VENEZOLANO
DOCUMENTO de la MUD 18 de diciembre de 2013
1. El mandato de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 4°, es claro: “La República…
es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados por esta
Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial,
cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabildad”.
2. En ese marco, el cual respetamos,
El municipio venezolano, tal como lo establece el artículo 168° de la
Constitución, es la unidad política primaria de la organización nacional, con
personalidad jurídica y autonomía. Esa autonomía comprende: a. La elección de
sus autoridades, la gestión de las materias de su competencia y la creación,
recaudación e inversión de sus ingresos.
3. Para ello, el municipio venezolano,
en su artículo 178° de la Constitución, tiene claramente establecidas sus
competencias, estableciéndose que “es de la competencias del Municipio el
gobierno administración de sus intereses y la gestión de las materias que le
asigne la Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida
local…”
4. Es claro el mandato de la
Constitución. Y hay que acatarlo. Nosotros, los Alcaldes electos por la mayoría
del voto popular, estamos dispuestos a cumplirla, como siempre lo hemos hecho.
Para ello, nos sometemos a los principios de integridad territorial,,
cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad antes mencionados,
pero en el marco del respeto a la autonomía municipal que establece la
Constitución y que estamos resueltos a defender, sobre todo por la población
que nos eligió que reclama la solución de los grandes problemas que le aqueja.
5. Estamos ganados a la cooperación
con los distintos niveles de gobierno; nunca nos hemos negado, pero en el marco
del respeto a la esfera de competencia de cada poder. Para tales efectos
solicitamos se conforme una Comisión de Alcaldes que sirva de intermediaria
tanto para profundizar el diálogo como para articular una agenda de trabajo que
permita alcanzar los objetivos que nos son comunes.
6. La Constitución no habla de la
imposición de los Planes de Gobierno Nacional a los demás poderes. La Constitución
habla de coordinación y cooperación. Si el Poder Nacional tiene su Plan, los
Municipios también tienen los suyos. Cada uno de nosotros presentó un Plan de
Gobierno ante el electorado. El pueblo nos eligió para que cumplamos con
nuestra palabra empeñada en esos Planes. Y así lo haremos. En todo caso el plan
que nos une es la Constitución Nacional.
Nosotros no estamos al servicio de una
ideología. Estamos al servicio del pueblo. Por ello, el Gobierno Nacional no
puede pretender imponernos un “Plan de la Patria” que declara el sometimiento a
una ideología en particular y que no está establecido en nuestra Carta Magna.
Nosotros fuimos electos para contribuir con la solución de los problemas de la
gente, sobre todo de la más humilde. Fuimos electos para promover la
participación ciudadana y hacer del ciudadano el centro de nuestras
preocupaciones. Hemos venido a dialogar en pro de la unión de todos los
venezolanos.
7. Los Municipios necesitan contar con
sus recursos y competencias. Exigimos que se respeten los mismos, así como
declaramos aspiramos desarrollar, coordinadamente, la concurrencia de nuestros
servicios con el Poder Nacional. Eso significa que vamos a luchar por los
recursos que son de los Municipios, constitucionalmente establecidos y exigimos
al Poder Nacional que los respete. El Gobierno Nacional no puede andar
quitándole activos a los Municipios que son propios de sus competencias y que
por Ley les pertenece. Ya le quitaron el Parque Recreacional Sur, Teatro
Municipal y la Plaza de Toros del municipio Valencia; también el Parque Macuto
de Barquisimeto del municipio Irribarren. ¿Qué más van a hacer? Si queremos
coordinación con respeto, el Gobierno nacional debe comenzar respetando lo que
le pertenece a los Municipios. No es ética y políticamente hablando, la
instalación de gobiernos paralelos a las autoridades legítimamente elegidas el
pasado 8 de diciembre.
8. En ese sentido, el Ejecutivo
Nacional ha venido utilizando un método pernicioso para calcular los recursos
de los Estados y Municipios. Desde el año 2005, se calcula el Presupuesto
Nacional con base en premisas que no son verdaderas: se estima el precio de
barril de petróleo muy por debajo de su valor real. De esta manera, ese
Presupuesto nos asigna unos recursos muy por debajo de lo que nos corresponde.
El Poder Nacional rompe con el principio de la “Equidad Interterritorial”, pues
utiliza créditos adicionales que discrimina a unos y beneficia a otros. Así,
por ejemplo, mientras el crecimiento de las asignaciones al Municipio Libertador
del Distrito Capital fue del 107% en el año 2012, el del Municipio Baruta fue
del 13,52%; en el caso del municipio Atures del estado Amazonas donde habitan
el 75% de la población del estado el FCI del mismo está calculado en un monto
de 34.243.446Bs mientras el Alto Orinoco con el 8,6% de los habitantes de la
misma entidad es de 44.753.752Bs para el 2014 ¿Cómo se explica esta
discriminación? Esto no puede continuar si queremos una coordinación sincera.
9. ¡Ya basta de odios! Queremos
ejercer nuestras magistraturas inspirados en la unidad de todos los venezolanos
a los que nos debemos, por eso estimamos que es hora de detener la escalada
divisionista de nuestra Nación.
Dialogar no es claudicar. Estamos aquí
con la mejor buena voluntad para desarrollar un diálogo crítico, sin poses, sin
hipocresías, y sin condiciones que limiten el ejercicio democrático y digno de
nuestra vocería. Hay que reconocer que el país vive una delicada crisis
política, económica y social que pone en riesgo la paz de todas las familias
venezolanas. Por eso la gobernabilidad es un requisito esencial para conjurar
sobre la marcha todos estos factores que perturban la tranquilidad de los
venezolanos. La inflación, el desabastecimiento, la devaluación de nuestra
moneda, la crisis de los servicios públicos y la inseguridad son hechos ciertos
que no se pueden dejar de reconocer.
Más allá de los problemas de los
municipios aquí referidos, no debemos olvidarnos de algunos venezolanos
privados de su libertad o extrañados de la Patria por razones políticas,
algunos de ellos convalecientes de graves enfermedades. En nombre de la justicia
y de los derechos humanos solicitamos una Ley de Amnistía para beneficiar a los
compatriotas que experimentan estas circunstancias y también para beneficio de
un país que clama convivencia.
10. Ofrecemos nuestros mejores
esfuerzos para cooperar con el Gobierno Nacional en el marco de respeto mutuo
y, sobre todo, del respeto a la Constitución. Si así fuera, se podrá llevar
adelante una gestión armónica.
Pero sin imposición de ideología que
trasgredan los principios constitucionales. Nosotros, alcaldes electos
legítimamente por el pueblo, no renunciaremos a la defensa del reclamo de las
mayorías. Trabajaremos incansablemente por la solución de los problemas de la
gente y por la democracia plena en nuestros municipios.
Caracas 18 de diciembre de 2013
viernes, 25 de octubre de 2013
jueves, 12 de septiembre de 2013
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