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jueves, 4 de junio de 2020

Saime aumenta en más de 150% valor del pasaporte para el #2Jun, por @DiarioTalCual




Tal Cual 03 de junio de 2020
@DiarioTalCual

El Saime tiene por disposición del Ejecutivo, el precio del pasaporte «anclado» al petro, donde una prórroga valía para octubre de 2018 un petro y dos, la expedición de un documento nuevo. Sin embargo, el mismo también ha subido

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) habría reajustado el precio para la tramitación de los pasaportes nuevos y las prórrogas de validez del documento el lunes 1° de junio.

Según usuarios a través de las redes sociales, reportan un aumento del 154,8% en los precios. La expedición de un documento nuevo se ubica para el 2 de junio en BsS 39.210.008 (3,35908632 petros), mientras que la prórroga se sitúa en BsS 19.494.109 (1,67954316 petros). Informan además que el valor cambiará de acuerdo al día porque un pasaporte nuevo tiene el valor real de $200, mientras que la prórroga cuesta $100.

martes, 4 de julio de 2017

Documento Gran Acuerdo Nacional: ¡Que sea el Pueblo quien decida!, por @unidadvenezuela





MUD 03 de julio de 2017
@unidadvenezuela

Ha llegado un momento decisivo en medio del rumbo que Venezuela necesita, merece y está reclamando en las calles.

Y hoy estamos aquí para eso.

Hablamos en representación de cada uno de los sectores de la sociedad. Durante el tiempo que hemos dedicado a articular esta nueva y sólida fuerza, conseguimos que sectores diversos, con historias de lucha distintas y visiones políticas en algunos casos antagónicas, estemos declarando juntos, por encima de nuestras legítimas diferencias y sin renunciar a nuestros valores esenciales.

Hoy estamos aquí unidos en defensa de la Constitución Nacional y de la República, porque sabemos que ambas están seriamente amenazadas.

Venezuela reclama la unidad de todos para defenderla. Y hoy, finalmente, estamos aquí para hablar de una misma idea: la Unidad Nacional.

Durante 93 días de lucha, la resistencia ciudadana y democrática, principalmente asumida por nuestros jóvenes,  ha inspirado a toda Venezuela, llevando al régimen de Nicolás Maduro a un estado de fragilidad, división y aislamiento severo. Y una de las razones para esta conquista democrática ha sido la unidad del pueblo ciudadano y el respeto de su dirigencia, generando una relación más compacta y dinámica que nunca.

Todo esto se suma a la actuación firme de la Asamblea Nacional y del Ministerio Público. Después de tantos años de un ejercicio cómplice del poder, en estas últimas semanas los venezolanos hemos sido testigos de cuánto aporta la separación de poderes a la República y a la Libertad. Sin necesidad de sacrificar la dimensión ideológica, defender la Constitución es una urgencia que sólo resulta posible desde la independencia.

Durante este corto tiempo hemos alcanzado innegables victorias en términos de sumar apoyos de todos los sectores del país, incluyendo a la mayoría de la base oficialista. Hemos logrado que los ojos del mundo se centren en Venezuela y eso ha arrinconado a la dictadura, al poner en evidencia que la mentira que intentaron diseminar por todo el continente no era otra cosa que un feroz saqueo al dinero de la Nación y una estrategia planeada por quienes creían que nunca iban a perder al poder. Y hoy viven el desespero de estar sin pueblo, sin apoyo en las calles y sin nada más que ofrecerle a la gente que represión, violencia y muerte.

Estamos viviendo la mayor tragedia en la historia republicana del país. Nada de esto que escucharán es algo que no conozca cada venezolano pero, al ser éste un momento histórico por lo que hemos venido a defender, es necesario que quede dicho: nos hemos convertido en el país más pobre en ingresos de toda la región y cada día, en cualquier rincón de Venezuela, a las familias más humildes las rodea y las asfixia una escandalosa y obscena realidad: inmensas colas de personas buscando los pocos alimentos que pueden adquirir, niños hurgando en la basura restos de comida para callar el hambre, madres llorando por sus hijos arrebatados por el hampa o por la represión, padres angustiados buscando cómo llevar algo de comer para sus familias, ancianos y enfermos muriendo por falta de medicinas, jóvenes huyendo del país porque les han robado su futuro, estudiantes que no pueden seguir su preparación por falta de escuelas.

Se ha pauperizado el salario de los trabajadores, con la gravedad de hacerles creer que aumentando un salario de hambre secuestran la voluntad política de la clase trabajadora, como hicieron las dictaduras latinoamericanas que antecedieron a este fallido experimento totalitario.

Destruyeron el aparato productivo. Persiguen a periodistas y extorsionan a los medios de comunicación cuando pretenden decir la verdad. Y ahora criminalizan la legítima protesta del pueblo. Quienes se hicieron llamar los hijos de “El Caracazo”, se han convertido en responsables del asesinato sistemático de jóvenes manifestantes que no han hecho otra cosa que pelear por el país que merecen tener.

En Venezuela, las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos se han convertido en una práctica recurrente de la dictadura. Y ahora, los responsables de este inaceptable y doloroso drama quieren convertirlo en algo permanente e irreversible.

En el colmo de sus apetitos de poder y riqueza, ese pequeño grupo de privilegiados que hoy gobierna la Nación ha decidido romper el hilo constitucional y dar un Golpe de Estado, con el único fin de mantener sus beneficios a toda costa, sin importar que el costo de su miserable empeño sea el dolor y el sufrimiento de todo un país.

Nicolás Maduro, en complicidad con una mayoría del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, decidió cerrarnos todas las vías democráticas. Es una evidencia de que tienen el pleno conocimiento de que son incapaces de ganar una elección, ni siquiera con sus ya conocidos abusos del dinero público y el monopolio comunicacional. Así desconocieron la voluntad de más de 14 millones de venezolanos que escogieron a sus representantes a la Asamblea Nacional. Así secuestraron el derecho del Pueblo a celebrar un referéndum revocatorio del mandato presidencial. Así burlaron el mandato constitucional de convocar a las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores. No conformes con eso, decidieron ir más allá, acosando y amenazando a los Poderes Públicos, como es el caso de la Fiscalía General de la República, por el simple hecho de defender la Constitución y alzar su voz en contra de unas violaciones a los Derechos Humanos que han sido tan evidentes que incluso han obligado a sus autoridades militares a reconocerlas como atrocidades.

En el medio de su debilidad, Nicolás Maduro decidió huir hacia adelante, a través de una maniobra fraudulenta con la cual pretende perpetuarse en el poder y eternizar la crisis que vive nuestro país. Maduro y la clase política que nos gobierna, comprometidos hasta la médula con un sistema corrupto que quedará en evidencia apenas pierdan el Poder, ha inventado un mecanismo perverso para pasar por encima de la soberanía popular y de la indignación que no ha abandonado las calles del país durante ya casi cien días.

El miedo al Pueblo los ha llevado a tramar una supuesta “constituyente”, con la pretensión de cambiar la Constitución y la estructura de la República. Una “constituyente” fraudulenta para eternizar el drama social y de exclusión que hoy padecemos. Una “constituyente” para que Maduro y su camarilla se queden para siempre en el poder.

En resumen: Nicolás Maduro entendió que no puede gobernar Venezuela por los votos y tampoco puede con esta Constitución, así que ha decidido poner en marcha la idea de hacerse una Carta Magna a la medida de su apetito y desde ahí crear otro país, un país de miedo, miseria y muerte que lo deje seguir gobernando.

Si la dictadura llega a concretar su propósito de consolidarse con este fraude, ello significaría sencillamente la disolución de Venezuela como república.  En la Constitución cabemos todos. En el invento constituyente de Maduro, cabe sólo él y su proyecto de perpetuarse en el poder.

Ni él ni sus cómplices contaban con la valentía  y firmeza del bravo pueblo venezolano, que no ha abandonado las calles ni se ha dejado intimidar por tropas sin rostro y sin nombre, dispuestas a matar a sus hermanos por orden del Poder.

No quisieron consultar al Pueblo soberano. Y ahora deben asumir las consecuencias. Hoy nos tienen aquí, cohesionados y Unidos en un solo bloque. Hoy estamos aquí, juntos, decididos a defender nuestra Constitución, nuestra República y nuestra posibilidad de vivir en Democracia.

Y en esto seremos claros, contundentes y directos: Nicolás Maduro y miembros del partido de gobierno, consideren el enorme fracaso político que ha significado su gobierno, consideren el enorme rechazo que tiene su fraudulenta propuesta constituyente en las bases populares, consideren a cada uno de los muertos que hoy pesan sobre su proyecto político, su ineficacia para gobernar y su empeño en mantenerse en el Poder. Háganlo y háganlo bien, porque hoy el Pueblo venezolano les exige que retiren su propuesta constituyente sin dilación y sin maniobras.

Es el Pueblo entero quien se los demanda y, si se mantienen en su empeño totalitario, será el Pueblo entero quien se los cobre. Porque si deciden ignorar este llamado, sepan que se arriesgan a que la fuerza poderosa del Pueblo venezolano decida reclamar sus derechos como lo ha hecho cada vez que un tirano ha pretendido oponerse a sus deseos legítimos de Libertad.

Nosotros, todos nosotros, no vamos a permitir que la destrucción de Venezuela se concrete. Sabemos que el fraude constituyente no resuelve la crisis social ni contribuye con la paz del país. Por el contrario, es la garantía de eternizar su ejercicio de la violencia de Estado y el padecimiento social que hoy sufrimos. La gran mayoría del pueblo de Venezuela quiere vivir en paz y por eso clama por un cambio. Y es este mismo Pueblo que rechaza el fraude constituyente el que también exige que el Poder Electoral le permita elegir un nuevo gobierno que pueda solucionar los graves problemas del país.

Sepan que en este reclamo no sólo nos acompaña la inmensa mayoría del pueblo venezolano, sino también la comunidad internacional, que ha entendido la legitimidad y la justicia de nuestra lucha, siempre pacífica y siempre constitucional. En este sentido, reconocemos su preocupación y su apoyo. Queremos dejar en claro que aunque siempre estaremos abiertos a propuestas serias y no parcializadas de negociación, no aceptaremos ni manipulaciones ni engaños. Aquellos países y gobiernos que deseen ayudarnos en la superación pacífica de esta tragedia colectiva, sepan que toda solución pasa por el restablecimiento del orden constitucional quebrantado.

Hemos avanzado mucho. Ahora, para alcanzar de manera definitiva nuestros objetivos es necesario que todo el Pueblo asuma el compromiso que ya nuestros jóvenes han iniciado, pensando en su futuro y en el de Venezuela, en ejercicio de los artículos 333 y 350 de la Constitución.

De tal manera, solicitamos a la Asamblea Nacional que, de acuerdo con el Artículo 71 de la Constitución Nacional, convoque a un Proceso Nacional de Decisión Soberana para que sea el pueblo quien decida el rumbo que debe asumir el país, decida o no adherirse masivamente a la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Constitución, y a partir de ese resultado, activar el levantamiento democrático en la totalidad del territorio nacional y la activación de la Hora Cero nacional.

Quienes suscribimos este documento, articulando una representación en verdad diversa y cohesionada, convocamos a todo el Pueblo de Venezuela a decidir cuál es la vía que debe seguir nuestra Nación en esta encrucijada histórica. En virtud del Artículo 5 y los Artículos 333 y 350 de la Constitución, convocamos a este 16 de julio elegir el futuro del país en ese Proceso Nacional de Decisión Soberana y a partir de ese momento, defender el mandato que surja de ese proceso, activando la fase superior de la lucha.

¡Que sea el Pueblo quien decida!

1.    Que sea el Pueblo quien decida si rechaza y desconoce la constituyente convocada inconstitucionalmente por Nicolás Maduro y sin la aprobación del soberano.

2.    Que sea el Pueblo quien decida el rol que demanda a los funcionarios públicos y a la Fuerza Armada Nacional para lograr la restitución del orden constitucional.

3.    Que sea el Pueblo quien decida si convoca y respalda la renovación de los Poderes Públicos que se encuentran al margen de la Constitución, además de la conformación de un Gobierno de Unión Nacional y la realización de elecciones libres y transparentes para restituir el orden constitucional.

El país y el mundo deben entender que esto es un proceso democrático de rebeldía popular en ascenso.

Una vez que el Pueblo venezolano haya decidido, nosotros haremos respetar su soberana sentencia. Estamos preparados para iniciar las acciones que haya que iniciar: vamos construir un país para todos, un país donde todos puedan vivir y progresar en paz, un país con vida y con futuro, al cual aquellos que han sido obligados a irse se apuren entusiasmados a volver. Una Venezuela digna, justa, capaz de llenarnos de orgullo.

Hoy estamos obligados a defender la Constitución. Este proceso democrático de rebeldía en ascenso que iniciamos con esta solicitud a la Asamblea Nacional la emprendemos para que podamos construir entre todos el país que merecemos y aspiramos. Una Venezuela donde algo que hoy parece extraordinario, como el encuentro en reconciliación de distintos sectores para defenderla, sea el signo distintivo de su reconstrucción.

Hemos decidido iniciar el camino hacia la recuperación de la democracia y gobernabilidad.

¡Abajo la dictadura!

¡Que sea el Pueblo quien decida!

MUD
@unidadvenezuela

jueves, 10 de abril de 2014

Ventajas y limitaciones de las negociaciones

De la Dictadura a la Democracia       Gene Sharp   pp. 10-13

Las negociaciones son un instrumento muy útil para resolver algunos conflictos, y no deben desdeñarse o rechazarse cuando son apropiadas.

En algunas situaciones, cuando ningún asunto fundamental está en juego y, por consiguiente, es aceptable el compromiso, las negociaciones pueden ser un medio importante para zanjar un conflicto. Una huelga laboral en demanda de mayores salarios es un buen ejemplo del papel apropiado de las negociaciones en un conflicto:  un acuerdo negociado puede conseguir un aumento promediado entre las cantidades originalmente propuestas por cada una de las partes contendientes. Los conflictos laborales, con sindicatos legalmente establecidos, son, sin embargo, algo muy diferente de los problemas en los cuales están en juego la existencia permanente de una dictadura cruel o el establecimiento de la libertad política.

Cuando los asuntos por resolver son fundamentales porque afectan principios religiosos, problemas de la libertad humana o todo el desarrollo futuro de la sociedad, las negociaciones no llevan a una solución satisfactoria para ambas partes. En algunos asuntos básicos no se debe transigir. Sólo un cambio en la correlación de fuerzas a favor de los demócratas puede salvaguardar adecuadamente los asuntos básicos que están a discusión. Ese cambio ocurre a través de una lucha,  no mediante negociaciones. Esto no quiere decir que las negociaciones no deban usarse nunca. El hecho es que tales negociaciones no son un modo realista de librarse de una férrea dictadura cuando no existe una poderosa oposición democrática.

Por supuesto que hay circunstancias en que las negociaciones pueden no ser una opción. Los dictadores firmemente establecidos,  que se sienten muy seguros de su posición, pueden negarse a negociar con sus opositores democráticos. 0 bien, cuando ya se hayan iniciado las negociaciones, los negociadores democráticos pueden desaparecer y no regresar.

¿Rendición negociada?

Los individuos o grupos que se oponen a una dictadura y se inclinan a las negociaciones, a menudo tienen buenos motivos para hacerlo.  En especial, cuando una lucha armada ha continuado durante varios años contra una dictadura brutal sin una victoria final, es lógico que todas las personas, sin importar su filiación política, deseen la paz.

Es probable que los demócratas estén especialmente dispuestos a negociar cuando los dictadores evidentemente tienen la superioridad militar y cuando la destrucción, las víctimas y los perjuicios sufridos entre aquéllos ya no pueden soportarse más. Habrá entonces una fuerte tentación de explorar cualquier otra opción que pueda rescatar al menos algunos de los objetivos de los demócratas, a la vez que pone fin a un ciclo de violencia y contraviolencia.

La oferta de “paz” mediante negociaciones que un dictador le haga a la oposición democrática por supuesto no es del todo sincera. La violencia podría ser inmediatamente terminada por los propios dictadores si tan sólo éstos dejaran de hacer la guerra contra su propio pueblo. Bien podrían, por su propia iniciativa y sin ninguna negociación, restaurar el respeto a la dignidad y los derechos humanos, liberar a los presos políticos, acabar con la tortura y suspender las operaciones militares, retirarse del gobierno y hasta pedirle excusas al pueblo.

Cuando la dictadura es fuerte pero existe una resistencia irritante, puede que los dictadores deseen lograr la rendición de la oposición bajo la cobertura de “hacer la paz”. El llamado a negociar puede parecer atractivo, pero dentro de la sala de negociaciones acaso se esconderían graves peligros.

Por otra parte, cuando la oposición es excepcionalmente fuerte y la dictadura se encuentra de veras amenazada, los dictadores pueden buscar la negociación como una manera de salvar lo más posible de su capacidad de control o de sus riquezas. En ninguno de estos casos deben los demócratas ayudar a los dictadores a lograr sus metas.  Los demócratas deben desconfiar de las trampas que los dictadores les pueden tender con pleno conocimiento de causa durante un proceso de negociación. El llamado a negociar, cuando se trata de cuestiones fundamentales de las libertades políticas,  puede ser un esfuerzo por parte de los dictadores para inducir a los demócratas a rendirse pacíficamente, mientras que la violencia de la dictadura continúa. En semejantes conflictos, las negociaciones solamente podrán jugar un papel apropiado al final de una lucha decisiva, en la cual el poder de los dictadores haya sido destruido y estén éstos buscando pasaje seguro para llegar a un aeropuerto internacional.

El poder y la justicia en las negociaciones

Si esta opinión parece un comentario demasiado áspero sobre las negociaciones, quizá deba moderarse un poco el romanticismo que se asocia con las mismas. Es necesario saber cuál es la dinámica de las negociaciones.
Una “negociación” no significa que las dos partes se sientan juntas, como iguales, y conversan hasta resolver el problema que produjo el conflicto entre ellas. Es necesario recordar dos verdades.
Primera, que en las negociaciones no es la relativa justicia de los puntos de vista en conflicto y sus objetivos lo que determina el contenido del acuerdo negociado. Segunda, que el contenido de éste lo determinará mayormente la capacidad de poder de cada parte.

Se deben considerar varias preguntas difíciles. ¿Qué puede hacer cada una de las partes después para conseguir sus objetivos si la otra decide no llegar a un acuerdo en la mesa de negociaciones?

¿Qué puede hacer cada una de las partes, luego de alcanzado el acuerdo, si la otra rompe su palabra y usa la fuerza de la que dispone para conquistar sus objetivos a pesar del acuerdo?

En las negociaciones no se llega a un acuerdo mediante una evaluación de lo bueno y lo malo de las cuestiones sobre el tapete.  Aunque sobre esto pueda discutirse mucho, los verdaderos resultados de las negociaciones se derivan de una evaluación realista de las situaciones de poder absoluto y relativo de los grupos contendientes.

¿Qué pueden hacer los demócratas para asegurarse de que un mínimo de sus reclamaciones no serán denegadas? ¿Qué pueden hacer los dictadores para mantenerse en control del poder y neutralizar a los demócratas? En otras palabras, si se llega a un acuerdo, lo más probable es que sea el resultado del estimado que cada parte haga de la capacidad de poder de ambas y, en consecuencia, calcule cómo podría terminar una lucha abierta entre las dos.

Debe prestarse atención a lo que cada parte esté dispuesta a ceder para llegar a un acuerdo. En negociaciones exitosas hay concesiones recíprocas. Cada parte consigue parte de lo que quiere y cede parte de sus objetivos.

En los casos de dictadura extrema, ¿qué es lo que las fuerzas pro-democráticas van a ceder a los dictadores? ¿Qué objetivos de los dictadores tendrán que aceptar las fuerzas democráticas?

jueves, 19 de diciembre de 2013

ALCALDES ELECTOS DE LA UNIDAD AL GOBIERNO VENEZOLANO

DOCUMENTO de la MUD 18 de diciembre de 2013

1. El mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 4°, es claro: “La República… es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados por esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabildad”.

2. En ese marco, el cual respetamos, El municipio venezolano, tal como lo establece el artículo 168° de la Constitución, es la unidad política primaria de la organización nacional, con personalidad jurídica y autonomía. Esa autonomía comprende: a. La elección de sus autoridades, la gestión de las materias de su competencia y la creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

3. Para ello, el municipio venezolano, en su artículo 178° de la Constitución, tiene claramente establecidas sus competencias, estableciéndose que “es de la competencias del Municipio el gobierno administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asigne la Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local…”

4. Es claro el mandato de la Constitución. Y hay que acatarlo. Nosotros, los Alcaldes electos por la mayoría del voto popular, estamos dispuestos a cumplirla, como siempre lo hemos hecho. Para ello, nos sometemos a los principios de integridad territorial,, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad antes mencionados, pero en el marco del respeto a la autonomía municipal que establece la Constitución y que estamos resueltos a defender, sobre todo por la población que nos eligió que reclama la solución de los grandes problemas que le aqueja.

5. Estamos ganados a la cooperación con los distintos niveles de gobierno; nunca nos hemos negado, pero en el marco del respeto a la esfera de competencia de cada poder. Para tales efectos solicitamos se conforme una Comisión de Alcaldes que sirva de intermediaria tanto para profundizar el diálogo como para articular una agenda de trabajo que permita alcanzar los objetivos que nos son comunes.

6. La Constitución no habla de la imposición de los Planes de Gobierno Nacional a los demás poderes. La Constitución habla de coordinación y cooperación. Si el Poder Nacional tiene su Plan, los Municipios también tienen los suyos. Cada uno de nosotros presentó un Plan de Gobierno ante el electorado. El pueblo nos eligió para que cumplamos con nuestra palabra empeñada en esos Planes. Y así lo haremos. En todo caso el plan que nos une es la Constitución Nacional.

Nosotros no estamos al servicio de una ideología. Estamos al servicio del pueblo. Por ello, el Gobierno Nacional no puede pretender imponernos un “Plan de la Patria” que declara el sometimiento a una ideología en particular y que no está establecido en nuestra Carta Magna. Nosotros fuimos electos para contribuir con la solución de los problemas de la gente, sobre todo de la más humilde. Fuimos electos para promover la participación ciudadana y hacer del ciudadano el centro de nuestras preocupaciones. Hemos venido a dialogar en pro de la unión de todos los venezolanos.

7. Los Municipios necesitan contar con sus recursos y competencias. Exigimos que se respeten los mismos, así como declaramos aspiramos desarrollar, coordinadamente, la concurrencia de nuestros servicios con el Poder Nacional. Eso significa que vamos a luchar por los recursos que son de los Municipios, constitucionalmente establecidos y exigimos al Poder Nacional que los respete. El Gobierno Nacional no puede andar quitándole activos a los Municipios que son propios de sus competencias y que por Ley les pertenece. Ya le quitaron el Parque Recreacional Sur, Teatro Municipal y la Plaza de Toros del municipio Valencia; también el Parque Macuto de Barquisimeto del municipio Irribarren. ¿Qué más van a hacer? Si queremos coordinación con respeto, el Gobierno nacional debe comenzar respetando lo que le pertenece a los Municipios. No es ética y políticamente hablando, la instalación de gobiernos paralelos a las autoridades legítimamente elegidas el pasado 8 de diciembre.

8. En ese sentido, el Ejecutivo Nacional ha venido utilizando un método pernicioso para calcular los recursos de los Estados y Municipios. Desde el año 2005, se calcula el Presupuesto Nacional con base en premisas que no son verdaderas: se estima el precio de barril de petróleo muy por debajo de su valor real. De esta manera, ese Presupuesto nos asigna unos recursos muy por debajo de lo que nos corresponde. El Poder Nacional rompe con el principio de la “Equidad Interterritorial”, pues utiliza créditos adicionales que discrimina a unos y beneficia a otros. Así, por ejemplo, mientras el crecimiento de las asignaciones al Municipio Libertador del Distrito Capital fue del 107% en el año 2012, el del Municipio Baruta fue del 13,52%; en el caso del municipio Atures del estado Amazonas donde habitan el 75% de la población del estado el FCI del mismo está calculado en un monto de 34.243.446Bs mientras el Alto Orinoco con el 8,6% de los habitantes de la misma entidad es de 44.753.752Bs para el 2014 ¿Cómo se explica esta discriminación? Esto no puede continuar si queremos una coordinación sincera.

9. ¡Ya basta de odios! Queremos ejercer nuestras magistraturas inspirados en la unidad de todos los venezolanos a los que nos debemos, por eso estimamos que es hora de detener la escalada divisionista de nuestra Nación.
Dialogar no es claudicar. Estamos aquí con la mejor buena voluntad para desarrollar un diálogo crítico, sin poses, sin hipocresías, y sin condiciones que limiten el ejercicio democrático y digno de nuestra vocería. Hay que reconocer que el país vive una delicada crisis política, económica y social que pone en riesgo la paz de todas las familias venezolanas. Por eso la gobernabilidad es un requisito esencial para conjurar sobre la marcha todos estos factores que perturban la tranquilidad de los venezolanos. La inflación, el desabastecimiento, la devaluación de nuestra moneda, la crisis de los servicios públicos y la inseguridad son hechos ciertos que no se pueden dejar de reconocer.
Más allá de los problemas de los municipios aquí referidos, no debemos olvidarnos de algunos venezolanos privados de su libertad o extrañados de la Patria por razones políticas, algunos de ellos convalecientes de graves enfermedades. En nombre de la justicia y de los derechos humanos solicitamos una Ley de Amnistía para beneficiar a los compatriotas que experimentan estas circunstancias y también para beneficio de un país que clama convivencia.

10. Ofrecemos nuestros mejores esfuerzos para cooperar con el Gobierno Nacional en el marco de respeto mutuo y, sobre todo, del respeto a la Constitución. Si así fuera, se podrá llevar adelante una gestión armónica.

Pero sin imposición de ideología que trasgredan los principios constitucionales. Nosotros, alcaldes electos legítimamente por el pueblo, no renunciaremos a la defensa del reclamo de las mayorías. Trabajaremos incansablemente por la solución de los problemas de la gente y por la democracia plena en nuestros municipios.


Caracas 18 de diciembre de 2013