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| Leoncio Alfaro Rivera, 68, padre de José Samuel y Hernán Alfaro, encarcelados durante el régimen de excepción de El Salvador, espera una operación de la rodilla y camina diario a trabajar su milpa. |
Escrito porJohn Gibler
Durante un año, Nayib Bukele ha buscado desmantelar las pandillas en El Salvador. Detenciones arbitrarias de jóvenes, torturas, celdas sobrepobladas y muertes a golpes son las historias detrás de las cifras de cero homicidios con las que se presume haber pacificado al país. Es el fin de las maras, dicen los videos oficiales. Las comunidades rurales, que nunca tuvieron pandillas, se han quedado solas y atemorizadas. Esta es la historia del acoso que ha vivido el pueblo de Guarjila.
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Sola. Vacía. Tranquila está la colonia Montreal de San Salvador. Atravieso en silencio, una mañana de mayo de 2022, este territorio que, por muchos años, fue una colina impenetrable de la pandilla trasnacional Mara Salvatrucha 13 (MS-13), en el norte de la capital de El Salvador. Todo cambia pocos kilómetros más adelante, en la Calle A Mariona, donde hay miles de mujeres malviviendo en precarios campamentos portátiles: pedazos de cartón, bolsas de plástico, una que otra cobija, quizás un banquito de plástico para los niños. Todo extendido sobre la banqueta frente a los muros de La Esperanza, un nombre cínico que lleva el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas. Construida en 1972, en el cantón de San Luis Mariona, a la cárcel más poblada de El Salvador la gente la llama así. Mariona, la prisión donde se torturaba a los presos políticos durante la guerra civil. Mariona, diseñada para ochocientos reos, pero con un promedio de cinco mil encerrados desde hace más de una década. Mariona, el escenario en 2004 de la peor masacre de presos en la historia del país. Mariona, rodeada por este campamento improvisado en mayo de 2022, a dos meses de que la asamblea legislativa declarara el “régimen de excepción” —a petición del presidente Nayib Bukele—, un agujero negro que ha devorado a los seres queridos de estas mujeres.
Duermen recargadas contra los muros, en portones de negocios cerrados, acostadas sobre cajas de cartón, bolsas de plástico o alguna mochila. De día se paran, caminan en círculos, se sientan y se vuelven a levantar. Miran siempre hacia los muros del penal. Veo a una mujer sola sentada en la banqueta sobre un colchón viejo y sucio. Me cuenta su historia: detuvieron a su hijo de veintitrés años hace poco más de un mes. Son una familia de pescadores. Él vendía papas fritas en la playa Arcos del Espino los fines de semana. Un día, al inicio del régimen, llegó la policía y se lo llevó, con papitas y todo, a las once de la mañana. “Me dijeron que lo agarraron por agrupación ilícita, pero así no son las cosas. Él no tiene tatuajes, andaba [de] short y playera”, asegura. Pocos metros adelante, un grupo de mujeres me llama con la mano y pregunta qué hago aquí. Al decir que soy periodista, me empiezan a contar, todas a la vez, de sus hijos detenidos. Pero una voz se impone: María Magdalena Sandoval de Arévalo sugiere orden.
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| Los muros de La Esperanza, un nombre cínico que lleva el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas, construido en 1972, en el cantón de San Luis Mariona. |
“El día domingo 24 de abril [de 2022], a las cuatro de la mañana, tocaron la puerta los policías y solo me preguntaron a mí: ‘¿Con quién vive?’. Yo vivía con mi hijo, teniendo todos los papeles en regla. Salió del cuarto mi hijo. Le pusieron las esposas y se lo han traído. No nos dan ninguna explicación. Salen a mentirnos. Primero nos dijeron que había que esperar seis meses y luego salieron a decirnos ellos, los detectives, que ya no iban a salir”, dice María Magdalena y su voz se quiebra. La escucho y luego a otra mujer y luego a otra. Se forma una fila, el grupo alrededor sigue creciendo. Todas cuentan historias de hombres jóvenes detenidos en sus lugares de trabajo o mientras se desplazaban hacia ellos, o sacados de sus casas durante la madrugada. Todos tenían empleo y ninguno tatuajes, ellas insisten.
