Lecciones de las transiciones democráticas en el siglo XXI / Marino J. González R. @marinojgonzalez

 

En lo que ha transcurrido del siglo XXI solo seis países han logrado transiciones democráticas exitosas. La base de datos del programa de investigación «Variedades de Democracia» (V-Dem), desarrollado desde hace varias décadas por la Universidad de Gotemburgo, Suecia, permite identificar la evolución de esos países con respecto al Índice de Democracia Liberal (IDL). Esta base de datos se encuentra disponible en el respectivo sitio web de V-Dem.

En las columnas de las últimas semanas se han analizado los rasgos más significativos de la transición democrática en estos seis países: Perú, Nepal, Gambia, Lesoto, Timor-Oriental, y Seychelles. En el siguiente gráfico se muestran las rutas de democratización de cada uno de ellos.

Países con transiciones democráticas exitosas en el siglo XXI

2000-2023 

Fuente: Varieties of Democracy (V-Dem)

El examen de estas experiencias de transición democrática permite identificar cuatros factores críticos. Esto es, condiciones que tienden a aparecer con frecuencia como catalizadores de estos procesos. No significa que todas estas condiciones deben cumplirse, sino que la interacción entre ellas permite favorecer el paso a la democracia.

El primer factor crítico es la demanda creciente de la población en los países por superar las autocracias. Esto se expresa a través del clima de descontento general por los efectos en las condiciones políticas y en la situación de bienestar de la población. Este factor está presente en países de distintos continentes, culturas, contextos poblacionales y geográficos.

La canalización de estas demandas requiere la intervención de otros tres factores, a saber, (1) las alianzas políticas de los sectores opositores, (2) la existencia de una coyuntura institucional que promueva el inicio de los cambios, y (3) la acción concertada de actores internacionales.

Las alianzas políticas se pueden realizar entre partidos, como en el caso de Perú, o incluyendo sectores de la sociedad civil como en Nepal. Lo fundamental es que la consolidación de estas alianzas permite establecer objetivos comunes para el inicio y el sostenimiento de la transición. La cohesión y sostenibilidad de estas alianzas políticas determina la efectividad de la transición. De hecho, estos aliados en la oposición se convierten en los actores centrales para las tareas del nuevo gobierno.

El inicio de la transición está asociado con una coyuntura institucional que permita cristalizar la tendencia democratizadora. En Perú esta coyuntura fue la realización de elecciones que generaron una secuencia de eventos, facilitados por el control del Congreso por la oposición surgida de esos comicios. En el caso de Nepal fue la supresión del poder legislativo que ameritó la aparición de un vasto sector opositor organizado. En Timor-Oriental fue el respaldo de Naciones Unidas para la realización de un referéndum para decidir la independencia de Indonesia. En Gambia fue la realización de elecciones con el consiguiente desconocimiento de resultados, lo cual generó la confluencia de la reacción nacional con la presión internacional. En Lesoto y Seychelles los cambios en los sistemas electorales dieron paso al establecimiento de gobiernos de base democrática.

La dimensión internacional juega un rol de alta relevancia para favorecer las condiciones de democratización. En el caso de Perú fue la instalación de la Mesa de Diálogo con el patrocinio de la OEA. La alianza de la Comunidad Económica de África Occidental fue de especial influencia en el reconocimiento de los resultados electorales en Gambia, y la apertura democrática consiguiente. La relevancia estratégica de Seychelles como país de encuentro de múltiples intereses internacionales influyó en la búsqueda de reformas electorales que permitieran la renovación y apertura del marco político.

La articulación estratégica de estos cuatro factores (demandas democráticas, unidad de los sectores opositores, coyuntura institucional, y el apoyo internacional) puede aumentar las posibilidades de transición democrática. Sin embargo, las condiciones particulares de las autocracias, especialmente aquellas que alcanzan severos deterioros institucionales y de derechos humanos, pueden presentar restricciones significativas.

Queda bastante claro que alcanzar o restaurar la democracia es mucho más que actos declarativos o emociones, responde más bien a esfuerzos sistemáticos y estratégicos que requieren altas dosis de apertura, visión de conjunto, y habilidad para acordar e incluir.

La experiencia global en lo que va del siglo XXI demuestra que llegar a la democracia es fundamentalmente una travesía de comprensión histórica, propósito de coincidir, capacidad para construir en conjunto, y una gran dosis de tesón.

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Lecciones de la transición democrática de Lesoto / Marino J. González R. @marinojgonzalez

 

La transición democrática de Lesoto se produjo en 2002, después de 36 años de la declaración de independencia de la corona británica. Este país africano, ubicado dentro del territorio de Sudáfrica, se convirtió en uno de los seis países que han logrado transiciones democráticas exitosas en lo que va del siglo XXI. En la actualidad es también una de las democracias de mejor desempeño en África.

En el gráfico se compara la evolución de Lesoto y Venezuela desde 1988, de acuerdo con el valor del Índice de Democracia Liberal (IDL), elaborado por el programa de investigación “Variedades de Democracia” (V-Dem), desarrollado desde hace varias décadas por la Universidad de Gotemburgo, Suecia. Los valores indicados para cada país están disponibles en el respectivo sitio web de V-Dem.

Lesoto y Venezuela: Índice de Democracia Liberal (IDL)

1988-2023

 Fuente: Varieties of Democracy (V-Dem)

En el reporte del año 2010 sobre Lesoto elaborado por el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann se describen los sucesos más relevantes que marcaron la evolución democratizadora en el marco de una monarquía parlamentaria.

Debido a la insistencia de países donantes, Lesoto realizó elecciones democráticas en 1993. En el período inmediatamente posterior a la independencia se había sucedido una larga autocracia. Esta presión externa coincide con el debilitamiento de la oligarquía dominante, a partir de lo cual fue suprimida la prohibición de actividades políticas. Sin embargo, los resultados de las elecciones de 1993 generaron un gobierno monopartidista. Entre 1994 y 1998 se desarrolló un período de grandes tensiones entre la monarquía y el sector militar.

Las elecciones de 1998, en las cuales se produjo la división del partido gobernante, originaron protestas de la oposición por el resultado electoral. Este clima de rechazo a los resultados se expresó a través de generalizadas demostraciones de violencia. A raíz de esto, contingentes militares de la Comunidad para el Desarrollo del Sur de África (CDSA), compuesta principalmente por tropas de Sudáfrica y Bostwana, fueron desplazadas a Lesoto por invitación del gobierno. Sin embargo, el acuerdo sobre una Autoridad Política interina de composición multipartidista permitió la aprobación de un nuevo sistema electoral de representación proporcional, el cual fue utilizado en las elecciones de 2002 de manera pacífica, libre y justa.

Aunque los resultados fueron disputados, las diferencias fueron resueltas con la mediación efectiva de la CDSA. Como continuación de la democratización, en 2005 se celebraron las primeras elecciones libres e imparciales para gobiernos locales.

La experiencia de Lesoto demuestra la combinación entre el desgaste de una autocracia y los acuerdos de sectores prodemocráticos a través del establecimiento de un nuevo sistema electoral. En otras palabras, las elecciones, luego de realizados los acuerdos políticos, pueden permitir la ratificación del rumbo democrático.

En este caso también se evidencia la importancia de los acuerdos políticos nacionales en un contexto internacional de obvia preocupación e interés. Nuevamente la dualidad de factores nacionales e internacionales se expresó como coadyuvante de la transición democrática.

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Lecciones de la transición democrática de Nepal / Marino J. González R. @marinojgonzalez

 

Nepal es uno de los seis países que han logrado transiciones democráticas exitosas en lo que va del siglo XXI. Este proceso de transición se inició en la última década del siglo pasado, pero es desde el año 2014 que ha logrado mayor estabilidad y profundidad.

En el gráfico se compara la trayectoria de Nepal y Venezuela desde 1988, de acuerdo con el valor del Índice de Democracia Liberal (IDL), elaborado por el programa de investigación «Variedades de Democracia» (V-Dem), desarrollado desde hace varias décadas por la Universidad de Gotemburgo, Suecia. Los valores indicados para cada país están disponibles en el respectivo sitio web de V-Dem.

Nepal y Venezuela: Índice de Democracia Liberal (IDL)

1988-2023

Puede apreciarse en el gráfico que, así como la democracia se puede deteriorar en períodos relativamente cortos (Venezuela entre 1999 y 2000), otros países como Nepal requieren procesos largos y complejos para avanzar en el camino de la democratización. En el último reporte sobre Nepal elaborado por el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann se destacan los rasgos más significativos de la democratización de Nepal.

Según se señala en este reporte, hasta 1990 Nepal era una monarquía autocrática. En ese año un amplio movimiento democrático originó la constitución de una monarquía parlamentaria con múltiples partidos políticos. Sin embargo, esta primera transición no pudo consolidar una democracia liberal efectiva. El auge de una rebelión de inspiración maoísta, con apoyo en la población rural, trajo como consecuencia una guerra civil y el consiguiente deterioro democrático.

Valentín Paniagua en el quehacer de la transición de Perú / Marino J. González R. @marinojgonzalez

 

El 22 de noviembre de 2000, Valentín Paniagua, en su condición de presidente del Congreso de Perú, asumía como presidente constitucional de la República luego de aprobarse la moción de vacancia contra Alberto Fujimori por incapacidad moral. Valentín Paniagua iniciaba ese día un gobierno de poco más de ocho meses que significó la transición a la democracia en Perú, una de las seis transiciones exitosas en lo que va del siglo XXI.

En sus palabras iniciales como presidente, Paniagua señaló que ese día se abría en Perú «un nuevo quehacer». De esa forma quería expresar las inmensas posibilidades para la sociedad en el inicio de una nueva etapa democrática. Es muy probable que Paniagua no hubiera imaginado por un instante ese momento cuando apenas en el mes de abril de ese año había sido candidato a primer vicepresidente acompañando la candidatura presidencial de Víctor García Belaúnde, obteniendo menos del 0,5% de los votos.

Lo que sí resultó favorable para la transición fue que Paniagua fue electo congresista en esas elecciones de abril de 2000. Era uno de los tres congresistas de la bancada de su partido Acción Popular. Esas elecciones fueron marcadas por las irregularidades denunciadas en el cómputo de los candidatos presidenciales.

Sin embargo, en la elección de congresistas el partido oficialista de Fujimori, Perú 2000, perdió la mayoría, abriendo la posibilidad de que se produjeran los acuerdos políticos que terminaron con la elección de Paniagua como presidente del Congreso, y, por ende, en tercer lugar para la sucesión presidencial.

Las irregularidades cometidas en la elección presidencial motivaron al establecimiento de una Mesa de Diálogo coordinada por la OEA, lo cual permitió una plataforma de intercambio entre los actores políticos. De esta manera, los escándalos sucedidos después de la toma de posesión de Fujimori en el mes de julio generaron una situación de inestabilidad del gobierno que culminó con su renuncia el 19 de noviembre de 2000.

Vistas estas dos circunstancias, la Mesa de Diálogo y la mayoría de la oposición en Congreso, la transición de Perú pudo contar con dos espacios institucionales en los cuales se fraguaron los acuerdos políticos que permitieron configurar una alternativa rápida ante la salida de Fujimori. Se debe tener presente que la elección de Paniagua como presidente del Congreso ocurrió tres días antes de la renuncia de Fujimori. Es bastante obvio que la conformación de una nueva mayoría parlamentaria contraria de manera frontal a Fujimori, liderada por Paniagua, era suficiente aviso de que las cosas ya habían cambiado sustancialmente. Sin posibilidad de éxito para superar esta situación, Fujimori optó por la renuncia.

La transición de Perú ilustra la gran importancia de los espacios de acuerdo, uno en el ámbito internacional y otro en el contexto nacional, que fueron catalizadores de las alternativas de gobierno para sustituir la autocracia.

En aquellos casos en que estos espacios de acuerdo no existan o que tengan poca incidencia práctica, las perspectivas de transición pueden tener mayores dificultades para ser exitosas.

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Transiciones democráticas en el siglo XXI / Marino J. González R. @marinojgonzalez

 

El tránsito de autocracia a democracia, también denominado «transición democrática», es quizás la tarea más compleja que puede acometer una sociedad. Las circunstancias y factores que condicionan la efectividad de ese tránsito son tan variables como es la pluralidad de países y culturas. Sin embargo, la existencia de factores comunes, especialmente en los logros en la evolución democrática, facilitan la identificación de lecciones aprendidas, de notable relevancia para los países que son autocracias en la actualidad.

La base de datos del programa de investigación «Variedades de Democracia»  (V-Dem), desarrollado desde hace varias décadas por la Universidad de Gotemburgo, Suecia, permite identificar los países que han realizado el tránsito de autocracias a democracias en los casi 25 años transcurridos del siglo XXI. Esta base de datos se encuentra disponible en el respectivo sitio web de V-Dem.

Para seleccionar estos países se tomó en cuenta el valor del Índice de Democracia Liberal (IDL) elaborado por V-Dem. El IDL incluye los siguientes factores: libertad de expresión, libertad de asociación, elecciones transparentes, elección de gobernantes, la igualdad ante la ley, los contrapesos judiciales al poder ejecutivo, y los contrapesos legislativos al poder ejecutivo.

El IDL varía entre 0 y 1. Las autocracias tienen valores cercanos a 0, mientras que las democracias plenas tienen valores cercanos a 1. El último valor disponible del IDL en V-Dem corresponde al año 2023.

Se consideró como autocracias aquellos países que en el año 2000 tuvieran un IDL menor o igual a 0,3. De este conjunto de países se seleccionaron a su vez dos grupos.

El primer grupo está formado por países en los cuales el IDL alcanzó el valor de 0,5 en algún momento del período 2000-2003, y se mantuvo en ese valor hasta el año 2023. Este grupo corresponde a transiciones exitosas. El segundo grupo se compone por los países que alcanzaron el valor de 0,5 del IDL en algún momento del período, pero que para el año 2023 tienen un valor menor a 0,5. Este segundo grupo corresponde a transiciones incompletas.

En el gráfico se muestran los países con transiciones democráticas exitosas en el período transcurrido desde el año 2000. Estos países son: Lesotho, Seychelles, y Gambia en África, Perú en América del Sur, y Nepal y Timor-Leste en Asia. Los países con transiciones incompletas en el período son: Liberia y Túnez en África, Kosovo, Serbia, y Georgia en el Sudeste de Europa, Armenia en Asia Occidental, y Bhutan en el Sudeste Asiático.

Países con transiciones democráticas exitosas en el siglo XXI

2000-2023

 Fuente: Varieties of Democracy (V-Dem)

El análisis de las particularidades de las transiciones exitosas e incompletas en el período transcurrido del siglo XXI puede ofrecer lecciones para las circunstancias específicas de otros países, así como para identificar posibilidades de mejoras en la calidad de estas democracias.

Siendo que en América Latina ha aumentado el número de autocracias desde el año 2000 (de dos a cinco países en la actualidad: Cuba, Haití, El Salvador, Venezuela, y Nicaragua), estas lecciones pueden ser de especial utilidad.

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La Carta Democrática ante las autocracias / Marino J. González R. @marinojgonzalez

 

El 11 de septiembre de 2001, el mismo día de los atentados terroristas en Estados Unidos, fue aprobada en la ciudad de Lima la Carta Democrática Interamericana en el marco de la Asamblea General Extraordinaria de la OEA. Dentro de las justificaciones de la Carta se reconoce que todos los derechos y obligaciones de los Estados Miembros, de acuerdo con la Carta de la OEA, representan el fundamento de los principios democráticos del Hemisferio.

También se destaca en el preámbulo de la Carta Democrática que se toma en cuenta «el desarrollo progresivo del derecho internacional y la conveniencia de precisar las disposiciones contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos». Se puede inferir que el objetivo fundamental de la Carta es contribuir a la consolidación de la democracia en la región.

En el momento de la aprobación de la Carta Democrática (2001), según el último informe del programa de investigación «Variedades de Democracia» (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, solo existían en América dos autocracias (Cuba y Haití).

Quizás por la motivación de establecer pautas para enfrentar el surgimiento de nuevas autocracias, la Carta Democrática, en el Título IV, establece los procedimientos para fortalecer y preservar la institucionalidad democrática. En primer lugar, se señala la posibilidad de que los gobiernos, cuando consideren que está en riesgo la democracia, pueden acudir al Secretario General de la OEA o al Consejo Permanente para solicitar asistencia.

En el artículo 18 de la Carta Democrática se estipula que al producirse en un Estado Miembro situaciones que afectan la democracia, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá disponer visitas para analizar la situación. El artículo 19 señala que la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional en un Estado Miembro será considerada como un obstáculo insuperable para la participación de ese gobierno en todas las instancias de la OEA.

En caso de que las gestiones diplomáticas para reestablecer el orden democrático sean infructuosas, se puede proceder a la suspensión del derecho de participación del Estado Miembro con el voto aprobatorio de los dos tercios de los Estados Miembros (artículo 20). En el artículo 22 se establece: «una vez superada la situación que motivó la suspensión» cualquier Estado Miembro o el Secretario General puede solicitar el levantamiento de la sanción.

Desde la aprobación de la Carta Democrática en 2001, tres países más se han convertido en autocracias en la región (Venezuela, Nicaragua, y El Salvador), según se indica en el último informe de V-Dem ya señalado.

Monitoreo de derechos humanos en Venezuela / Marino J. González R. @marinojgonzalez

 

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó recientemente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un informe sobre las violaciones graves de los derechos humanos en el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.

Al final del informe se destaca la importancia de que la comunidad internacional mantenga un monitoreo de la situación de los derechos humanos en Venezuela. También en el informe se insiste en la importancia de la rendición de cuentas en los casos de las graves violaciones a los derechos humanos y las convenciones internacionales, así como la debida reparación a las víctimas.

Se proponen al final del reporte recomendaciones dirigidas explícitamente a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela. Todas ellas demandan acciones concretas y directas para enfrentar estas violaciones.

La primera recomendación es la necesidad de investigar las denuncias reportadas sobre el uso de la fuerza por los cuerpos de seguridad, y la exigencia de rendición de cuentas a los responsables. Se exige frontalmente el cese de las detenciones arbitrarias, descritas en detalle en el informe, y la solicitud de libertad inmediata para todas las personas detenidas transgrediendo lo establecido en las leyes y procesos.

De especial mención es la exigencia de actuación inmediata ante la persecución de niños y niñas, con estricto apego a las normas internacionales. También se recomienda el establecimiento de condiciones de detención que respondan a las necesidades y situaciones específicas de las personas privadas de libertad, incluidas las mujeres, niñas y personas LGTBI+.

Reconoce el informe señalado, la existencia de denuncias de tortura, y la obligación de las autoridades para actuar de manera inmediata, así como la implementación de programas de protección para las personas que hayan sufrido graves violaciones de los derechos humanos. El informe demanda el desarrollo de procedimientos para garantizar la transparencia de las investigaciones del Ministerio Público.

Finalmente, en el informe se solicita a las autoridades la cooperación con los mecanismos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas, y la cooperación con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y el cumplimiento de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cualquier decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La CIDH y la protección de derechos en Venezuela / Marino J. González R. @marinojgonzalez

El 28 de agosto, en sesión del Consejo Permanente de la OEA, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Roberta Clarke, acudió para presentar un informe sobre la crisis de derechos humanos generada en Venezuela a partir de la elección presidencial del 28 de julio.

Señaló la presidenta Clarke la condena de la CIDH a las prácticas de violencia institucional tales como, represión, detenciones arbitrarias, y persecución política, en el contexto de la elección presidencial. Se destacan en el informe cinco expresiones de estas prácticas violatorias de derechos humanos.

La primera expresión es el uso arbitrario de la fuerza contra manifestantes lo cual resultó en 23 fallecidos entre el 28 y el 30 de julio. Señala el informe que según el Mecanismo de Monitoreo Especial de Venezuela (Meseve), diez de estas muertes se atribuyen a las fuerzas del Estado, ocho a las fuerzas militares y dos a la policía.

La segunda expresión de estas prácticas violatorias se manifiesta en los 1.674 arrestos arbitrarios y desapariciones reportadas hasta la presentación del informe (28 de agosto). Destaca el informe que estas personas afectadas pertenecen a grupos de voluntarios electorales, trabajadores de medios de comunicación, defensores de derechos humanos, estudiantes universitarios, para muchos de los cuales se desconoce su localización.

La persecución y acoso constituyen la tercera expresión de las prácticas violatorias reportadas en el informe de la CIDH. Estas se manifiestan en penas excesivas, restricciones a la libertad de expresión, y en violaciones del debido proceso, tales como, imposición de defensores públicos, incomunicación de adolescentes, impedimento del acceso de personas de etnias indígenas a intérpretes, y dificultades para las personas con discapacidad.

También incluye el informe de la CIDH como cuarta expresión de prácticas violatorias las 108 agresiones a la libertad de expresión, incluyendo las detenciones arbitrarias de trabajadores de medios de comunicación, el cierre de medios, confiscaciones de equipos, y la deportación de personal de medios internacionales.

Finalmente, la CIDH expresa preocupación por la represión ejercida sobre representantes de organizaciones de derechos humanos a través de detenciones arbitrarias, acoso, limitaciones a la libertad de tránsito y de asociación.

La OEA y el colapso de la democracia en Venezuela / Marino J. González R. @marinojgonzalez

 

La semana pasada, en la XVII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales organizada por la OEA en Asunción, Paraguay, el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de este organismo, Francisco Guerrero, señaló: «el sistema democrático en Venezuela colapsó». Se refería a que la falta de transparencia en la elección presidencial del 28 de julio era el desencadenante del colapso de la democracia. El resultado electoral, al ser contrario a lo expresado por la voluntad popular, según el secretario Guerrero, tiene esa consecuencia.

El argumento señalado es relevante. Si no existe transparencia electoral, ergo, no puede existir democracia. Pero el argumento contrario, esto es, sin democracia funcional no puede haber transparencia electoral, también tiene entidad. Desde esta última perspectiva, el colapso de una democracia antecede a la máxima falta de transparencia electoral. Es decir, el colapso de la democracia conlleva al cese de la transparencia electoral, lo cual no hace sino profundizar dicho colapso.

Todo lo cual lleva a analizar si efectivamente ese colapso se había producido en Venezuela, y también su duración. A través del programa de investigación «Variedades de Democracia» (V-Dem), desarrollado desde hace varias décadas por la Universidad de Gotemburgo, Suecia, se pueden obtener evidencias sobre la evolución de la democracia a escala global. Toda la información sobre este programa se encuentra disponible en el respectivo sitio web.

En el gráfico se muestra la evolución del Índice de Democracia Liberal (IDL) de Venezuela entre 1959 y 2023 (último año disponible), según las estimaciones de V-Dem. Se puede apreciar que después de haber tenido Venezuela un alto valor del IDL entre 1959 y 1998, uno de los más altos en América Latina, a partir de 1999 la tendencia en sistemáticamente decreciente. Según el último informe de V-Dem, Venezuela empezó a ser considerada una autocracia desde el año 2002, es decir, hace 22 años.

También se puede apreciar que la caída inicial en el IDI (entre 1999 y 2000), producto de los cambios institucionales que repercutieron en la pérdida de capacidades democráticas que se tenían para 1998, fue seguida de progresivos deterioros en libertad de expresión, libertad de asociación, elecciones transparentes, elección de gobernantes, así como en las restricciones a la igualdad ante la ley, en los contrapesos judiciales al poder ejecutivo, y en los contrapesos legislativos al poder ejecutivo. Todos estos factores son considerados en la metodología para calcular el IDL por parte de V-Dem.

OEA: el respeto al principio de la soberanía popular / Marino J. González R. @marinojgonzalez

 

El viernes pasado, 16 de agosto, el Consejo Permanente de la OEA aprobó por consenso una resolución sobre la situación generada en Venezuela después de la elección presidencial del 28 de julio. La resolución es un reflejo de los acuerdos de la comunidad americana sobre los preocupantes acontecimientos en Venezuela.

Destaca la resolución el compromiso de los Estados Miembros por la defensa de la democracia, los derechos humanos, y el respeto del derecho internacional. Se recalca al mismo tiempo lo señalado en la Carta Democrática Interamericana sobre la significación del ejercicio de la democracia representativa como fundamento del Estado de Derecho. Destaca también la resolución la preocupación por las irregularidades y la violencia generada posteriormente a la elección presidencial del 28 de julio.

Luego de reconocer la gravedad de la situación en Venezuela, el Consejo Permanente acuerda resoluciones con el propósito de priorizar los aspectos que deben tomarse en cuenta en la presente coyuntura. La primera resolución es el reconocimiento a la participación del electorado en el día de la elección. Este aspecto es de especial relevancia porque contrasta con las irregularidades y la violencia que se han presentado en los días posteriores.

Por esta razón la segunda resolución de la OEA insiste en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se destaca la urgencia de garantizar el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos sin represalias. También se reitera el derecho de las personas a no ser sometidas a detenciones ni encarcelamientos arbitrarios, y el derecho a los juicios imparciales.

La OEA hace un llamado a los actores políticos y sociales para que contribuyan en la construcción de una salida pacífica a la crisis, así como a la protección de las sedes diplomáticas por parte de las autoridades.

Con respecto al proceso de votación, la OEA insiste en la protección y preservación de los equipos utilizados en la elección, incluyendo las actas y resultados impresos. De manera explícita la OEA insta al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que publique de manera expedita (luego de casi 20 días después de la elección) las actas con el resultado de la votación, y que respete “el principio fundamental de la soberanía popular” a través de la “verificación imparcial de los resultados”.

Es altamente significativa la amplitud de los consensos manifestados por la OEA, con especial relevancia de aquellos que ponen el acento en la valoración de la decisión de los ciudadanos, como expresión indeclinable de la soberanía popular. Estas coincidencias deben estar en la base de las soluciones para la actual crisis en Venezuela.

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Unión Europea: la voluntad del pueblo debe respetarse / Marino J. González R. @marinojgonzalez

 

La situación de Venezuela después de la elección presidencial del 28 de julio ha sido de especial preocupación para la Unión Europea. La primera declaración del Alto Representante Josep Borrell se produjo el 29 de julio. En esta declaración se indicó taxativamente: «la voluntad del pueblo venezolano debe respetarse». Se hacía también una exhortación al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que actuara con la máxima transparencia en el proceso de tabulación de los resultados.

A renglón seguido, la declaración señaló las numerosos fallas e irregularidades detectadas en la elección, así como la decepción por no haberse aplicado las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2021. De manera enfática la UE expresó preocupación por las detenciones arbitrarias, y la intimidación de miembros de la oposición y de la sociedad civil.

Al día siguiente, 30 de julio, se da a conocer la segunda declaración de la UE. En esta oportunidad establecía la inconveniencia de declarar resultados definitivos cuando no se han podido verificar. Se hace un nuevo llamado a la garantía de la transparencia y la integridad del proceso electoral. Así mismo se demanda al CNE que facilite el acceso inmediato a las actas de votación de todas las mesas electorales. Y se indica claramente: «Hasta que las autoridades no publiquen las actas y no sean verificadas, los resultados anunciados no podrán ser reconocidos».

El 4 de agosto, esta vez expresando la posición conjunta de los 27 países de la UE, el Alto Representante anuncia la tercera declaración. Se señala que los informes de las misiones internacionales afirman que la elección presidencial de Venezuela no cumplió con los criterios de integridad electoral aceptados internacionalmente. Se insiste nuevamente en que los resultados anunciados por el CNE el 2 de agosto no pueden reconocerse. La UE propone que se realice la verificación independiente de las actas electorales, por parte de una «entidad internacional de renombre».

En el mismo texto, al final de la declaración, se señala: «El respeto de la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única vía para que Venezuela restablezca la democracia y resuelva la actual crisis humanitaria y socioeconómica».

A principios de esta semana, en nota aparecida en su blog oficial, el Alto Representante Borrell, expresa: «La solución a este impasse reside en el diálogo, la transparencia, y el respeto a la soberanía y voluntad del pueblo venezolano». Más adelante señala: «Venezuela está atravesando momentos críticos. La comunidad internacional debe defender el proceso democrático y garantizar las condiciones para que el pueblo venezolano ejerza sus derechos civiles y políticos».

Finalmente, el Alto Representante reitera un clamor universal: «Ahora mismo, además de las actas y un diálogo franco para restaurar la democracia, lo más urgente es que las autoridades venezolanas pongan fin y de forma inmediata a las detenciones arbitrarias y a la represión». Esperemos que el clamor sea atendido a la brevedad.

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La clausura de la transparencia electoral en Venezuela / Marino J. González R. @marinojgonzalez

 

Luego de 36 horas del anuncio del escrutinio de la elección presidencial del 28 de julio, la página web del CNE se encuentra inactiva. No está disponible ninguna información sobre las características de los votos expresados por los ciudadanos en una elección de tanta significación. El sistema electoral, elogiado como el “mejor del mundo”, no permite verificar de manera detallada y abierta la decisión ciudadana.

Los venezolanos han votado de manera directa, secreta y universal desde 1947. Lo han hecho en la mayor variedad de situaciones. Muchas veces aprovechando las limitadas aperturas de gobiernos autocráticos, otras veces en el amplio ejercicio de las libertades. Todo ello ha conformado una cultura electoral, propia, particular, profunda. Hasta el punto de que constituye uno de los rasgos fundamentales de la horizontalidad de la sociedad: un ciudadano, un voto, igual para todos, sin distinción.

Esta cultura electoral es la que explica que después de 25 años de continuado deterioro de la institucionalidad democrática, los venezolanos sigan conservando su apego al voto y a su valor para impulsar cambios. A pesar de las inmensas restricciones que afectaron a millones de venezolanos para votar en esta elección, dentro y fuera del país, aquellos que pudieron ejercerlo acudieron cívicamente a expresar su opinión. Conscientes de que su decisión era importante para contribuir a la decisión colectiva.

Para aquellos que pudieron ejercer su derecho al voto, es fundamental conocer la repercusión en el conjunto de la decisión de la sociedad. Por eso los ciudadanos están acostumbrados a conocer el total de votos por cada uno de los candidatos, la cantidad de votos por centros y por mesas, la magnitud de las diferencias, y también sobre la forma como se expresaron sus vecinos. En la elección presidencial del 28 de julio esto no es posible. El derecho a conocer sobre el voto y sus características no se puede ejercer.

La Constitución de 1999, en el artículo 293, establece que «los órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales». La página inactiva del CNE es una demostración palmaria de que esa responsabilidad no ha sido cumplida, ocasionando perjuicios a los ciudadanos y a la majestad del sufragio.

La imposibilidad de verificar el escrutinio anunciado está ocasionando malestar justificado en la población, recriminaciones de países y de organizaciones internacionales, incluso ha traído afectación en las relaciones internaciones del país.

Votar para transitar a la tercera democracia de Venezuela / Marino J. González R. @marinojgonzalez

 

El próximo 28 de julio será una fecha de especial significación para Venezuela. Están abiertas las posibilidades para que se inicie el tránsito hacia la tercera democracia del país. Las anteriores democracias fueron sucedidas por autocracias. La característica distintiva de estas democracias es la aceptación del sufragio universal, directo, secreto y transparente, como la base de un gobierno alternativo, respetuoso del Estado de Derecho y de las libertades públicas. Cuando desaparecen estas condiciones, los países se convierten en autocracias.

La elección presidencial del 28 de julio se realiza en el contexto de una autocracia. Esta debe ser una constatación ineludible. Los últimos 25 años, desde la elección presidencial de 1998, ocasionaron tal deterioro institucional que Venezuela es considerada actualmente como una franca autocracia (una de las cinco de América Latina, según Variedades de Democracia, V-Dem, de la Universidad de Gotemburgo, Suecia).

Tampoco se debe perder de vista que las anteriores democracias incubaron condiciones para que se entronizaran autocracias. En palabras de Ricardo Lagos, presidente de Chile entre 2000-2006, la democracia sucumbe cuando se deja de cuidar. El golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948 selló el fracaso de la primera democracia. El balance mixto de la segunda democracia, la iniciada en 1958, expresado en logros en la calidad de la democracia, pero también en restricciones en el bienestar, condicionaron la génesis de la autocracia actual.

Un hecho fundamental debe anotarse. Es la primera vez en la historia que puede darse el inicio de una redemocratización a partir del voto de los ciudadanos. En las anteriores oportunidades (1947 y 1958), las elecciones se produjeron luego de establecerse los acuerdos institucionales para avanzar en democracia. En la actualidad, el voto genera los mecanismos del nuevo tránsito a la democracia.

También debe destacarse que este rol definitivo del voto lo tendrán tanto los que puedan efectivamente ejercer su derecho del sufragio, como aquellos que no lo podrán hacer, fundamentalmente porque han sido excluidos de manera discrecional y arbitraria. Sin embargo, la demostración efectiva del valor del voto como instrumento de redemocratización, expresará con claridad la significación de la decisión de cada ciudadano.

Era deseable que el inicio de este posible tránsito a la redemocratización hubiera sido precedido por la existencia de múltiples acuerdos basados en las lecciones de nuestra propia historia. Estas tareas previas hubieran facilitado la concreción de las próximas etapas, especialmente las que anteceden a la fecha de inicio del nuevo gobierno, 10 de enero de 2025.

Esto significa que en los próximos meses se deberán alcanzar acuerdos fundamentales que permitan que al iniciar el próximo gobierno se informe a los ciudadanos las decisiones que enfrentarán con contundencia la inmensa crisis política, económica y social. Tales decisiones deben tener el mayor nivel de especificidad y viabilidad. Este nivel debe ser compatible con las demandas de cambio de la población.

Estos acuerdos se deben concretar en cuatro áreas. La primera de ellas es la relación con el actual gobierno, en la forma de acordar todos aquellos aspectos que conduzcan a una sustitución prudente y sosegada. Especialmente cuando, a diferencia de las anteriores oportunidades, los adversarios políticos permanecerán ejerciendo amplias funciones dentro del manejo del Estado. Y, finalmente, porque el nuevo tránsito a la democracia supone la aceptación y reconocimiento por parte de todos los actores, con sus similitudes y diferencias. Es la mayor garantía de que esta nueva democracia sea duradera y estable. Este acuerdo configura el amplio espacio de gobernabilidad.

El rezago para medir el impacto de políticas públicas / Marino J. González R. @marinojgonzalez

 

En 2019, con el propósito de mejorar las capacidades de los gobiernos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), propuso la denominada Recomendación sobre la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible.

La Recomendación de la OECD incluye ocho principios para aumentar la coherencia de políticas, a saber: (1) proveer información para la toma de decisiones y ajustar las políticas en función de los potenciales efectos negativos, (2) considerar los efectos de las políticas sobre el bienestar de las personas, (3) incorporar todos los actores relevantes, (4) alinear prioridades y promover la acción coordinada en todos los niveles de gobierno, (5) movilizar la acción integral de los gobiernos hacia el desarrollo sostenible, (6) satisfacer de manera equilibrada las necesidades presentes y las de las futuras generaciones, (7) sacar provecho de las sinergias y beneficios compartidos entre las políticas económicas, sociales y ambientales, y (8) resolver las divergencias entre las políticas, incluyendo aquellas entre las políticas internas y externas de los países. Hasta la fecha, la Recomendación es el único estándar internacional para guiar a los países en la formulación de estrategias y planes de Políticas Coherentes para el Desarrollo Sostenible.

La semana pasada la OECD publicó un documento que revisa la evolución en la implementación de la Recomendación. El propósito del documento es identificar los avances y restricciones en el objetivo de mejorar la coherencia de políticas. La información se obtuvo a través de un cuestionario respondido por los encargados en los países.

Se reconoce en el documento los avances promovidos por la Recomendación para apoyar el compromiso político, la visión estratégica, y la participación de múltiples actores. Se hace especial mención a la relevancia de los efectos de las políticas en ámbitos externos, y a las mejoras en las capacidades de coordinación de los gobiernos.

También el documento indica notables restricciones en la implementación de la Recomendación. La primera de estas restricciones es el limitado desarrollo de métodos para estimar e identificar los impactos de las políticas públicas. Se señala en el documento que esta restricción es más significativa cuando se refiere a los impactos externos de las políticas, es decir, cuando intervienen en otras áreas de políticas. También se destaca en este aspecto las brechas para la planificación de políticas, y la integración entre políticas y presupuesto.

Diez lecciones para la redemocratización de Venezuela / Marino J. González R. @marinojgonzalez

 

La elección presidencial del 28 de julio es una oportunidad para iniciar la segunda redemocratización de Venezuela. La premisa central de este proceso debe ser la aceptación plena de que el país ha devenido en los últimos veinticinco años en una franca autocracia (una de las cinco de América Latina en la actualidad, según Variedades de Democracia (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo, Suecia).

Es de especial relevancia examinar en la propia historia del país los aprendizajes que pueden identificarse para la redemocratización. Conviene tener presente las causas que llevaron al fracaso de la democracia el 24 de noviembre 1948, así como las opciones que se tenían para evitar ese desenlace. También es fundamental valorar los resultados de la primera redemocratización, esto es, las implicaciones del Pacto de Puntofijo (1958) para gobernar en coalición, y para las definiciones de las políticas públicas, así como para la calidad de la democracia y el bienestar de los venezolanos. En algunos casos, las lecciones están basadas en lo que se hizo bien, y en otros casos, en lo que se hizo mal, o en lo que ni siquiera se intentó.

Es evidente que la redemocratización de un país es un proceso de largo aliento, que se construye en la medida que se avanza, pero que también requiere conceptualización y estrategia. Antes de iniciar el camino es conveniente tener tareas preparadas. Independientemente de que en la marcha se puedan introducir cambios y ajustes. Ante la posibilidad que se abriría el 28 de julio, convendría tener realizadas las siguientes diez tareas, vale decir, lecciones, esperemos aprendidas, de nuestra propia experiencia democrática:

La visión. Conviene plantear a los ciudadanos cuáles son los objetivos de la redemocratización. Explicar con dedicación lo que se puede aspirar, aunque la forma de alcanzarlo lleve tiempo. Explicar requiere comprender las expectativas de los ciudadanos, transmitir la confianza que deriva de la identificación de posibilidades y riesgos. No se trata de reconstruir lo que existía, no se trata de volver al pasado, a todas luces insatisfactorio. Se trata de transformar íntegramente al país.

En el Pacto de Puntofijo la definición de la visión ciertamente fue muy general. Se proponía: la «organización de la Nación venezolana», «atender en conjunto los intereses perdurables de la Nación», establecer una «política nacional de largo alcance». En su discurso de toma de posesión del 13 de febrero de 1959, el presidente Betancourt propone dos dimensiones para valorar el éxito de la nueva etapa que se iniciaba: alcanzar la democracia, y crear bienestar para los ciudadanos.

En la Venezuela de 2024 es posible detallar los alcances de este proceso de redemocratización. En primer lugar, el gráfico muestra la brecha del Índice de Democracia Liberal (IDL) entre Venezuela y los países líderes de América Latina en 2023 (Costa Rica, Chile, y Uruguay). La redemocratización debería tener como objetivo superar esa brecha en el menor tiempo posible. De manera que Venezuela ingrese a la brevedad en el grupo de las democracias plenas de la región.

Venezuela: Índice de Democracia Liberal (IDL) comparado con países líderes de América Latina en 2023

(1990-2023)

Fuente: Varieties of Democracy (V-Dem)

Para alcanzar la condición de democracia plena, Venezuela debe realizar cambios sustantivos para mejorar la cobertura de la población con derecho a elegir y la transparencia electoral, garantizar la mayor libertad de asociación, y la más amplia libertad de expresión. También se deben implementar modificaciones institucionales y legales para garantizar la igualdad ante la ley, los controles judiciales del poder ejecutivo, y los controles legislativos del poder ejecutivo.

En la dimensión de bienestar también es posible proponer objetivos que sean útiles para guiar las políticas públicas más adecuadas. Sabemos por la experiencia hasta 1998 que el modelo de desarrollo del país no cumplió con las condiciones de sostenibilidad y protección social de un Estado Social y Democrático. Los cambios que se requieren para modificar estos rumbos son aún mayores después de los grandes desequilibrios que se han generado en los últimos veinticinco años.

Transformar estas condiciones requiere una orientación hacia una sociedad que diversifica sus capacidades para producir. Esto es, que es capaz de promover las capacidades individuales y colectivas en un entorno favorable a la innovación y a la calidad productiva. Se trata de dar los pasos hacia una sociedad que agrega valor en todas las áreas.

El gráfico muestra la brecha del Índice de Complejidad Económica (ICE) de Venezuela con respecto a los países líderes de América Latina y a escala global. El ICE es una expresión de la diversificación productiva de los países, tal como es estimado por la Universidad de Harvard. Venezuela es el país con el menor ICE de América Latina. Es evidente que este inmenso rezago es una condición que afecta directamente las posibilidades de generar bienestar sostenible para la población.

Balance de Puntofijo: el bienestar / Marino J. González R. @marinojgonzalez

 

Los objetivos de la redemocratización de Venezuela iniciada en 1958 fueron propuestos directamente por Rómulo Betancourt al tomar posesión de la presidencia de la república el 13 de febrero de 1959. Al finalizar el discurso, Betancourt señaló: «podemos llevar adelante la empresa de estabilizar un régimen democrático en Venezuela, no sólo garantizador del ejercicio de las libertades ciudadanas sino también eficaz agente creador de riqueza, de cultura y de bienestar general».

En palabras de Betancourt, la redemocratización debía promover dos grandes objetivos: alcanzar la democracia, y crear bienestar. Los acuerdos requeridos para alcanzar esos objetivos fueron expresados en el Pacto de Puntofijo.

Con respecto al primer objetivo, alcanzar la democracia, los logros fueron sustantivos. Entre 1957 y 1998, Venezuela pasó de ser una de las autocracias más severas a una de las seis democracias más avanzadas de América Latina. Es también muy cierto que al final de ese período existía una brecha con respecto a las democracias líderes de la región.

Indicativo de que lo que se imponía era una estrategia orientada a mejorar aún más la calidad de la democracia. Lamentablemente, desde 1999 Venezuela experimentó un sistemático deterioro de la democracia, hasta el punto de convertirse en una de las cinco autocracias que existen en la actualidad en América Latina.

Para analizar el segundo objetivo, crear bienestar, lamentablemente la información disponible, especialmente para la comparación con otros países de la región, es limitada y poco sistematizada. Al contrario de la que existe para analizar la calidad de la democracia, las series históricas completas para el período son escasas, y mucho menos está disponible la agregación de indicadores. Por ejemplo, las fuentes primarias para estimar la proporción de población en situación de pobreza se iniciaron casi veinte años después de 1959. La construcción de indicadores sintéticos del bienestar en el período es una tarea pendiente.

Por estas razones la valoración del bienestar puede hacerse de manera indirecta a través de la revisión de series históricas, con todas las limitaciones citadas. Y dentro de estas series históricas puede ser de especial utilidad aquellas que expresen tendencias con impacto en el curso de las políticas públicas. Es decir, que pudieran constituir señales de alerta sobre la evolución del bienestar.

El crecimiento de la economía (expresado como porcentaje de variación con respecto al año anterior) cumple con estas dos condiciones. En primer lugar, la buena marcha de la economía es condición necesaria para crear bienestar. Los recursos que recibe el gobierno producto de la actividad económica pueden ser utilizados para múltiples áreas de servicios, por ejemplo, aquellos en el ámbito social (educación, salud, entre otros), y en infraestructura. De tal manera que el crecimiento de la economía es una buena referencia para estimar los recursos disponibles para esas múltiples áreas de servicios.

La segunda condición que cumple la magnitud del crecimiento económico es su utilidad para la toma de decisiones. Si la economía no crece adecuadamente, las demandas de múltiples actores sociales se concentran en exigir cambios en las políticas. De tal manera que, en principio, el crecimiento económico puede condicionar la gestión del gobierno valorada en su conjunto.