Prensa OEA 16 de mayo de 2017
Los
instrumentos del Sistema Interamericano nos obligan a cooperar, pero jamás a
negociar la democracia, especialmente cuando cada día que pasa arriesgamos
nuevas tragedias humanas, una familia más desintegrada y una violación cada vez
mayor a las garantías de las personas. Venezuela atraviesa una grave crisis
social y política que es producto de la desinstitucionalización del país.
Hemos
exigido a la comunidad internacional, a la comunidad hemisférica y al gobierno
venezolano para el cese de la violencia y la represión, la liberación de presos
políticos, la apertura de un canal humanitario que permita atender las
necesidades básicas insatisfechas de su gente y para la redemocratización por
la única vía posible y soberana: el llamado a elecciones generales anticipadas.
La
crisis institucional se resuelve con respuestas institucionales que
redemocraticen al país y restituyan los derechos políticos del pueblo.
Las
respuestas de las instituciones de Venezuela a la crisis que enfrenta el país
han sido en general siguiendo el camino trazado por el régimen, de violación
grave del orden constitucional.
El
Poder Judicial venezolano ha roto el principio fundamental por el cual se
asegura justicia al pueblo: su independencia. Se ha transformado en un elemento
esencial del organigrama de corrupción institucional instalado. Si la justicia
no responde a los principios y valores de la democracia y el Estado de Derecho,
ello precipita completamente el funcionamiento ilegitimo del Estado.
La
Guardia Nacional Bolivariana y su jefe, Mayor General Benavides Torres, son
directamente responsables de la represión que ha asesinado, privado de la
libertad y torturado.
La
represión brutal muestra a la Guardia Nacional como autor material de la
violación de derechos a la vida, libertad y garantías del debido proceso.
Detrás de cada detenido, de cada preso político, detrás de cada torturado y de
cada muerto, hay un responsable institucional.
El
Ministro de Relaciones Interiores, Nestor Reverol, y el Mayor General Benavides
Torres tienen el mandato de dos de las instituciones encargadas de ejecutar la
fuerza en Venezuela. En ese sentido, ambos son responsables de cada agresión,
de cada tiro y de cada muerte.
Los Comandantes
de Zona para el Orden Interno de la Guardia Nacional Bolivariana son quienes
tienen la responsabilidad directa de la represión. Ellos tienen a su cargo las
unidades operativas en todos los Estados. Son ellos los responsables de la
actuación de la Guardia Nacional en cada estado y quienes imparten las órdenes,
e incluso los que apoyan y cubren a los grupos irregulares o paramilitares que
actúan contra manifestantes.
Redemocratizar
a Venezuela y restaurar el Estado de Derecho es urgente. Sólo se logrará
devolver la legitimidad a sus instituciones cuando quienes estén al mando
asuman sus funciones de acuerdo a la Constitución y al mandato popular. Es
cuestión de que cada quien asuma las responsabilidades legítimas que le
corresponden y actúe en consecuencia.
El
Ministro de Defensa, General Vladimir Padrino López, ha apartado a las fuerzas
armadas de sus compromisos fundamentales: respetar la Constitución, las leyes y
la propia institución, a la que ha transformado en un elemento fundamental de
la ruptura del orden institucional del país. Es plenamente responsable de
adherir a la conducta criminal de asesinar a decenas de manifestantes
pacíficos. Es plenamente responsable de aplicar la justicia militar a civiles
que se manifiestan pacíficamente, todo ello bajo la falaz lealtad al régimen
que quebrantó las instituciones.
El
Ministro Vladimir Padrino señaló en una entrevista que los militares rechazan
los golpes de Estado. Él dio un golpe de Estado, y él es la piedra angular del
uso de la fuerza para sostener un golpe de Estado.
Las
Fuerzas Armadas no pueden seguir matando y torturando gente impunemente. El
asesinato y la tortura por motivos políticos, por pensar diferente, es Crimen
de Lesa Humanidad, delito internacional.
En
este marco se produce la inconstitucional e ilegítima destitución del Alcalde
de Barquisimeto, como un ejemplo más del ejercicio del poder autoritario por
sobre el poder más fuerte en la democracia: la elección del pueblo.
Ha
sido la Fiscal General, Doctora Luisa Ortega Díaz, quien ha mostrado el camino
para la reinstitucionalización, el cumplimiento de la ley y el regreso del país
al Estado de Derecho. La Fiscal ha reconocido la violación del orden
constitucional por parte de los poderes Ejecutivo y Judicial, ha condenado las
detenciones arbitrarias de manifestantes y ha comenzado las investigaciones de
los asesinatos de la represión.
Su
trabajo se identifica con los principios fundamentales de apego a la
Constitución. Reconocemos los esfuerzos que ha realizado por lograr la
reinstitucionalización democrática del país asumiendo el papel que le corresponde
y, sin perjuicio de ello, ha insistido en demostrar que es vital el
funcionamiento institucional legítimo y la democracia para la soberanía de un
país, no los intereses políticos, no la comodidad, los privilegios y el
oportunismo.
Estoy
seguro que su acción puede ser decisiva para que se den los pasos necesarios
para la pacificación del país, para que las instituciones sean nuevamente
funcionales a la democracia, para desarmar a los colectivos civiles, para
realizar elecciones sin presos políticos ni proscriptos, con los poderes del
Estado funcionando con independencia conforme lo establece la Constitución.
La solución es venezolana.
El
esfuerzo de todos en la comunidad hemisférica es no ser cómplices con un
silencio irresponsable de los asesinatos y las violaciones de derechos humanos
por parte del régimen, no permanecer ajenos e indiferentes a la muerte de
civiles en manos de la represión, sino exigir el cumplimiento de la
Constitución, de alcanzar una salida democrática para la crisis del país y que
los venezolanos decidan su destino en elecciones generales anticipadas.
El
tiempo se nos va de las manos y ya hay decenas de muertos y cientos de heridos
y detenidos políticos.
Referencia:
C-042/17
