Megaelecciones de 2025: ¿Abstenerse o participar? / Víctor Álvarez @victoralvarezr

 

El cuestionado resultado de las Presidenciales del 28-J anunciado por el CNE y ratificado por el TSJ revive las consignas abstencionistas que plantean que «en Venezuela se vota pero no se elige», que «dictadura no cae con votos», que «participar en las próximas elecciones es convalidar la farsa electoral del régimen».

En las Megaelecciones de 2025, un nuevo llamado a la abstención una vez más convertiría en mayoría a la minoría oficialista. Recordemos que al desconocer la legitimidad de las Presidenciales de 2018, la tendencia abstencionista de la oposición argumentó que los comicios para elegir alcaldes, gobernadores y diputados no resolverían lo que consideraban el problema de fondo: la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Restaron importancia a las elecciones parlamentarias y regionales, y para participar en cualquier elección convirtieron en un punto de honor la salida de Maduro del poder. Con la consigna del cese de la usurpación lanzaron su ultimátum: «solo negociaremos con Maduro su salvoconducto o el color del uniforme en la cárcel de Guantánamo».

Debido al deterioro de las condiciones electorales y con el propósito de deslegitimar cualquier elección, los principales partidos de la oposición dejaron de participar en las elecciones parlamentarias, de gobernadores y alcaldes. Cayeron en la jugada del gobierno y facilitaron el triunfo de los candidatos oficialistas. En apenas 5 años la oposición pasó de la contundente victoria en las Parlamentarias de 2015, a las consecutivas derrotas en las Regionales de 2016, las Municipales de 2017, las Parlamentarias de 2020, y en las Megaelecciones de 2021. En estos procesos la oposición se abstuvo o se presentó dividida, razón por la cual perdió importantes espacios de resistencia y lucha institucional que -además de ser el contrapeso institucional del gobierno-, constituyen la plataforma para la organización política de su militancia, activistas y seguidores.

Con la abstención la oposición entregó al gobierno el control de la Asamblea Nacional, que es la que designa a los rectores del Consejo Nacional Electoral y a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, sobre cuya independencia y autonomía se erige la democracia. La abstención inclina la balanza a favor del gobierno, toda vez que debilita la presencia de la oposición en la Asamblea Nacional y le facilita al oficialismo lograr una ventajosa correlación de gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales.

Esa correlación de fuerzas políticas no refleja el malestar nacional que se queda sin representación en unas instituciones que terminan bajo el control de una minoría oficialista que se hace mayoría gracias a la abstención de la oposición.

Al desandar la ruta electoral, el terreno perdido no se recupera en la próxima elección y hay que volver a iniciar un largo proceso de acumulación de fuerzas, participando en todos y cada uno de los procesos electorales que se convoquen. Por lo tanto, no se puede seguir llamando a la abstención en unas elecciones y entregar los contrapesos institucionales, para luego regresar a participar en las siguientes elecciones, sin fuerza ni capacidad para lograr la reinstitucionalización de los poderes públicos y lograr igualdad de condiciones electorales.

¿Entregará Maduro el poder en caso de perder las elecciones? / Víctor Álvarez @victoralvarezr

 

La solución del conflicto político venezolano debe verse como un largo proceso de reconciliación nacional y no como una elección única con un ganador y un perdedor. Los actores en pugna están llamados a reconocer que la solución negociada a la crisis venezolana no puede ser una capitulación del gobierno ni la rendición incondicional de la oposición.

Por su parte, las iniciativas nacionales o internacionales que busquen contribuir a la solución del conflicto político venezolano deben partir de la premisa de que cualquiera de los candidatos puede ganar. No pueden asumir a priori la derrota de Maduro y, a partir de ese supuesto, decretar una transición política. Esto cerraría el camino hacia un acuerdo político con el gobierno que facilite la alternancia en el poder.

En este contexto, los requisitos para lograr una solución electoral y pacífica del conflicto político venezolano se vuelven más desafiantes, pero también mucho más claros. La clave para este resultado no está en desbloquear los fondos a cambio de no anular la tarjeta de la MUD, sino en garantizar que no habrá persecución del perdedor después de las elecciones.

Las negociaciones directas entre la Casa Blanca y Miraflores no pueden ser un asunto simplemente transaccional, con Estados Unidos ofreciendo desbloquear fondos a cambio de que el Tribunal Supremo de Justicia no anule la tarjeta de la MUD y González Urrutia continúe en la carrera presidencial. La clave para romper el estancamiento y facilitar la alternancia en el poder reside más bien en un asunto de mayor nivel que está relacionado con las garantías de no persecución contra quien resulte perdedor de las elecciones, que quedaría desprotegido una vez que entregue el poder.

Estados Unidos, al ser el país que ofrece las recompensas y aplica las sanciones personales, está en una posición clave para influir en el ambiente general de las elecciones y tomar medidas específicas para que no se frustren las elecciones con mayor potencial de retomar la alternabilidad en el poder de manera pacífica. El anuncio de negociaciones directas entre Venezuela y Estados Unidos puede brindar una oportunidad para aumentar las posibilidades de que las elecciones del 28 de julio se desarrollen pacíficamente y conduzcan a un futuro de coexistencia en lugar de conflicto, y a la alternancia de poder en lugar de un gobierno de partido único.

En este sentido, el sector de la oposición que cuenta con el apoyo de Estados Unidos tendrá que apoyar las decisiones que conduzcan a unas elecciones que puedan ser debidamente reconocidas y validadas por la observación nacional e internacional.

Garantías de no persecución

Si la derrota electoral da paso a una ola de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo preferirá aferrarse al poder. Estamos a apenas unos días de las elecciones y el candidato con más opción de ganarle a Maduro no termina de pactar con él garantías de no persecución para que entregue el poder en caso de perder. Para romper esta inercia, en las negociaciones directas entre la Casa Blanca y Miraflores, Estados Unidos está llamado a promover una propuesta pragmática, viable y creíble antes de que el TSJ anule la tarjeta de la MUD y saque a González Urrutia de la carrera presidencial:

EEUU puede levantar las recompensas, las sanciones personales y la persecución judicial internacional.

Declarar que en las presidenciales cualquiera puede ganar y mostrarse dispuesto a reconocer una posible victoria de Maduro, validada por la observación electoral nacional e internacional.

Promover un acuerdo para designar al expresidente como senador vitalicio y a los vicepresidentes como diputados con inmunidad parlamentaria por un período constitucional.

Señores candidatos: ¿qué harán con los subsidios inflacionarios y empobrecedores? / Víctor Álvarez @victoralvarezr

 

Seguimos teniendo un gobierno rentista pero sin renta. Los subsidios como instrumento de redistribución tienen por objeto mejorar el ingreso de las familias, son un instrumento de la política social y requieren una administración adecuada para evitar que su mala aplicación profundice la desigualdad. Pero en Venezuela, un buen porcentaje de los subsidios no beneficia a los sectores populares, sino a grupos sociales que no los necesitan, lo cual genera una mayor inequidad.

El ejemplo más patético es el subsidio a los combustibles que favorece más a los sectores de mayores ingresos que no necesitan que se les subsidie nada y, por lo tanto, convalidan una redistribución regresiva del ingreso. En lugar de mantener un escandaloso subsidio a la gasolina, se debería sincerar el precio del combustible y destinar el monto adicional que se recaude a subsidiar la modernización y ampliación del transporte público. Para evitar que la medida sea utilizada como pretexto para subir las tarifas de transporte público o fletes de carga, se mantendría subsidiado el diésel para ese tipo de transporte.

En Venezuela, los subsidios son la reminiscencia de una cultura rentista que pretende vivir de ingresos que no son resultado del esfuerzo productivo. Lo que en esencia es una política populista, suele ser presentada como una defensa de las conquistas populares. En condiciones de una creciente renta petrolera, estos subsidios poco significaban en el presupuesto nacional, pero en las nuevas condiciones de escasez cuestan mucho, se pagan con inflación e incrementan la inequidad.

Muchos de los actuales subsidios se pagan con inflación y resultan antipopulares. Corregir los efectos no deseados de la política de subsidios exige evaluar permanentemente dónde se están invirtiendo los recursos y qué resultados están arrojando. Sin embargo, a pesar de que ya no se cuenta con la abundante renta petrolera que en el pasado permitió financiarlos, muchos subsidios se mantienen y cubren con emisiones de dinero inflacionario.

Los subsidios empobrecedores deben eliminarse o reorientarse. Para que sean eficientes y efectivos en la lucha contra la pobreza, los subsidios deben aplicarse a la luz de unos principios rectores básicos:

Aunque siempre será más difícil eliminar un subsidio que crearlo, éste debe ser transitorio y otorgarse solo mientras dure la condición que le dio origen;

Para no desviar recursos escasos en favor de sectores pudientes, el subsidio debe estar focalizado y canalizado directamente a las personas que realmente los necesitan;

Ante la caída de la renta petrolera y las crecientes restricciones presupuestarias, los subsidios tienen que ser económicamente viables y no deben ejercer presiones deficitarias sobre la gestión fiscal.

Reforma fiscal: de la cultura rentista a la tributaria

Los impuestos, tasas y contribuciones tienen su razón de ser en la necesidad de dotar al Estado de recursos financieros para poder ofrecer bienes y servicios esenciales para la sociedad que no suelen ser ofrecidos por el sector privado. Sin embargo, una presión tributaria desmesurada puede afectar el ritmo de la actividad económica, el empleo y la distribución del ingreso.

Un buen sistema tributario no es exitoso cuando la recaudación aumenta sino cuando esos impuestos financian una inversión pública que crea un ambiente favorable al desarrollo económico y social, pero esto no siempre es así. Cuando los gobiernos no tienen fondos suficientes para financiar su gasto tienden a imponer nuevos impuestos e incrementar la recaudación por encima del crecimiento real de la actividad económica, y esto se revierte contra la generación de riqueza y la distribución progresiva del ingreso.

Para corregir el déficit fiscal y erradicar su financiamiento como emisiones de dinero inflacionario, Venezuela tiene que evolucionar de la cultura rentista en la que todo lo pagaba el petróleo, hacia una nueva cultura tributaria que exprese la corresponsabilidad empresarial y ciudadana en el financiamiento del gasto público. Pero antes de la reforma tributaria, el gobierno de turno está emplazado a racionalizar sus gastos, focalizar los subsidios en la población más vulnerable, perfeccionar los mecanismos de recaudación, y transformar los impuestos indirectos y regresivos en impuestos directos y progresivos para así impulsar un desarrollo económico y social sostenido que permitan superar el desempleo, la pobreza y la exclusión social.

¿Qué enseñan los procesos de paz y transición política en otros países? / Víctor Álvarez @victoralvarezr

 

A fin de conocer la experiencia histórica de aquellos países que después de un largo ciclo de violencia política lograron avanzar en el reencuentro, la reconciliación y la paz, y retomaron la senda del crecimiento económico y el bienestar social, en el Proyecto Pedagogía Económica y Electoral invitaremos a sus embajadores a participar en el Ciclo de Conversaciones: Caminos al Reencuentro y la Paz, para que nos expliquen y ayuden a entender los procesos de paz, transición política y reunificación en sus respectivos países, a la luz de las siguientes preguntas:

¿Qué aspectos determinaron y desencadenaron los procesos de paz y transición política?

¿Cómo se definieron los actores con beligerancia y representatividad en el conflicto?

¿Cuál fue el papel de los militares?

¿Qué garantías de no persecución se ofrecieron y pactaron los actores en pugna?

¿Cómo se formalizó y garantizó el cumplimiento de los acuerdos?

¿Cuáles fueron las reformas constitucionales y legales?

¿Cómo se definieron las víctimas del conflicto?

¿Cómo se abordaron los temas de verdad, justicia, reparación, no repetición y memoria histórica?

¿Cómo se desarrollaron los procesos y medidas de justicia transicional?

¿Qué nuevo marco legal e institucional se creó?

¿Cómo se avanzó en la reinstitucionalización, autonomía y equilibrio de los poderes públicos?

¿Cómo se canalizó posteriormente la demanda de memoria histórica contra la impunidad?

¿Qué leyes se derogaron, cuáles nuevas leyes se aprobaron?

¿Cuáles fueron los acuerdos básicos para contribuir a la gobernabilidad poselectoral?

¿Cuál fue el aporte de la observación, acompañamiento y mediación internacional?

Las Presidenciales del 28 de julio tienen que contribuir a la superación del conflicto y no al agravamiento del mismo. A fin de evitar que la campaña electoral se convierta en un torneo de insultos, ofensas y amenazas de persecuciones y afanes de venganza, que atice la confrontación política, aleje a los inversionistas, castigue la actividad económica generadora de empleo y agrave la desesperanza que obliga a muchos venezolanos a migrar, es necesario promover un debate electoral constructivo y propositivo, que ayude a crear un ambiente de respeto, tolerancia, garantías de no persecución y reconocimiento de los resultados electorales.

Presidenciales del 28J: ¿Negociar la salida, la quedada o la coexistencia? / Víctor Álvarez @victoralvarezr

 

María Corina Machado dijo: “Yo estoy dispuesta a negociar con Maduro su salida, no su quedada. No estoy dispuesta a negociar la cohabitación y la permanencia de estos individuos en el poder”. Y amenazó a Maduro diciéndole: “yo no te quiero muerto, yo te quiero vivo para que enfrentes la justicia, yo te quiero preso”. Y no hace mucho, los voceros del interinato sentenciaban que “lo único que negociarían con Maduro sería su salvoconducto o el color del uniforme en la cárcel de Guantánamo.”

El liderazgo de la oposición que tiene la mayor opción de ganar las Presidenciales del 28J ha acusado al gobierno de Maduro de dictadura, de narco-régimen y camarilla de delincuentes; de traidores a la patria que entregaron la soberanía nacional a la ocupación cubana, al espionaje iraní y ruso; de convertir el territorio nacional en una guarida de grupos terroristas cómo Hezbolá, las FARC y el ELN. Ese liderazgo radical ha aplaudido las recompensas que ofrece Estados Unidos por la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello; ha solicitado sanciones económicas contra Venezuela; invocado la activación del TIAR y la creación de una amenaza creíble a través de una intervención militar extranjera. Estas amenazas recrudecen el temor de quienes pueden perder el poder y no quieren quedar expuestos a una espiral de persecuciones, juicios y condenas. Amenazar al adversario y dejarlo sin salida lo puede forzar a atrincherarse y trancar el juego. Esa estrategia amenazante generó un clima psicológico muy tóxico que ha plagado de temores al oficialismo y sus seguidores que temen ser víctimas de una cacería de brujas.

En Venezuela se respira una necesidad de cambio en el mando político 

Recuperar la alternabilidad en el poder es un clamor nacional. Pero un cambio de gobierno no garantiza la gobernabilidad poselectoral lo que sigue es una ola de persecuciones, juicios y condenas contra el gobierno saliente y sus seguidores. La intransigencia excluyente recrudece los temores de quienes resisten a perder el poder  y verse expuestos a los caza recompensas internacionales que irán por su captura, de los que están sancionados internacionalmente y no tienen para dónde irse, de los que están siendo investigados en la Corte Penal Internacional.

Pero también tienen miedo en los cargos medios y bajos de la administración pública que temen una cacería de brujas y una ola de despidos masivos de los funcionarios que formaron parte del gobierno anterior. Estos miedos hay que disiparlos y ofrecer garantías a los funcionarios públicos de que podrán ser ratificados en sus cargos a través de concursos de credenciales, con base en su formación académica, competencias técnicas y profesionales, y experiencia en el ejercicio del cargo.

Por si fuera poco, hay miedo los sectores más empobrecidos y vulnerables de la población venezolana que temen perder la bolsa de comida, los bonos monetarios que reciben a través del Carnet de la Patria, que se elimine la misión vivienda y otras misiones sociales que los benefician, así como otras medidas de protección social y subsidios que otorga el gobierno.

El manejo de las emociones en la gobernabilidad poselectoral

La gobernabilidad poselectoral requiere atender y manejar con mucha inteligencia y comprensión estas emociones y miedos. Esto implica pensar en las estrategias que harán posible el reencuentro y la paz en un país extenuado y exhausto por décadas de confrontación entre familiares, vecinos y socios que lo que menos quieren es que se recrudezcan viejos rencores. Pero si las élites políticas no interpretan adecuadamente este clamor nacional y desbordan sus afanes de venganza y ajustes de cuentas, la reconciliación nacional se puede tornar en un proceso muy largo y cada vez más complicado.

Pactar antes la coexistencia pacífica es lo que puede evitar que se desate una cacería de brujas contra el chavismo que, para defenderse de un ataque violento, puede responder de igual manera. Sus voceros lo han advertido una y otra vez: “Esta es una revolución pacífica pero armada”. En la reserva militar hay miles de hombres armados como fuerza de choque para enfrentar cualquier persecución violenta.

Los héroes de la retirada / Víctor Álvarez @victoralvarezr

 

El CNE informó que MCM tiene una prohibición para ejercer cargos públicos y no podrá inscribir su candidatura presidencial. En vez de insistir en que solo con ella habrá elecciones libres, que si no es ella no es nadie, a MCM le corresponde ahora demostrar su liderazgo y convocar a votar masivamente por una candidatura de consenso que pueda ganar, cobrar y gobernar. Pero si convierte su nombre en un punto de honor, corre el riesgo de cargar con la responsabilidad histórica de haber cerrado el paso a una candidatura única y unitaria capaz de capitalizar electoralmente el enorme rechazo al gobierno para lograr un cambio en el mando político por la vía electoral y pacífica.

Desde las elecciones presidenciales de 2013 se puede apreciar cómo ha venido mermando el caudal de votos del chavismo. Sin embargo, en cada elección, la recurrente división y abstención de la oposición ha convertido en mayoría a la minoría oficialista. Y en las Presidenciales de 2024 esta historia puede volver a repetirse.

Las condiciones electorales son muy desventajosas pero no anulan las favorables condiciones políticas derivadas de 75% de rechazo a la gestión de gobierno. Para capitalizar electoralmente este enorme descontento se requiere un candidato único y unitario. Esto exige grandeza histórica, priorizar el interés nacional y ser capaz de renunciar a las nobles aspiraciones personales que -al confundir deseos con realidades- se degradan en ambiciones particulares y degeneran en una codicia personal que termina dividiendo a la oposición y llamando a la abstención, tal como ocurrió en las presidenciales de 2018 cuando el candidato oficialista estaba prácticamente derrotado debido al enorme rechazo popular, pero terminó imponiéndose por la división y abstención de la oposición. Todos los precandidatos de la oposición que dividen al país descontento -en lugar de estarse frotando las manos por la inhabilitación de MCM-, deberían retirarse de la carrera presidencial y dejar que desde ese silencio se escuche el grito que le pondrá nombre y apellido al escogido como candidato único y unitario del malestar nacional.

Presidenciales 2024: las fechas están echadas / Víctor Álvarez @victoralvarezr

 

El CNE anunció la fecha de las elecciones presidenciales sin mayores sorpresas. Se esperaba que el 5 de marzo –fecha en la que sus seguidores conmemoran los 11 años de la muerte de Chávez–, se anunciara el 28 de julio –fecha en la que celebrarán el nacimiento de Chávez–, como el día de los comicios presidenciales. Será una campaña electoral de mucho manejo emocional.

Las diferentes oposiciones se quejan de que el gobierno sigue haciendo todo lo que esté a su alcance para ganar las elecciones y no perder el poder, pero no terminan de hacer lo que deben hacer para evitarlo y poder derrotar al gobierno: escoger un candidato único y unitario y llamar masivamente a votar.

Las fechas están echadas y comienza una carrera contra el tiempo. La inscripción de candidatos será del 21 al 25 de marzo, el registro electoral para nuevos votantes y actualización de datos será del 18 de marzo al 16 de abril, el corte del Registro Electoral preliminar para saber cuántos podrán votar será el 16 de abril, la campaña electoral será del 4 al 25 de julio, y los comicios presidenciales el 28 de julio.

A todas estas, ninguna de las oposiciones tiene un candidato unitario. María Corina Machado (MCM) insiste en que no retirará su candidatura e irá hasta el final. Esto es absolutamente funcional a la estrategia del gobierno que apuesta a provocar un demoledor shock emocional y de frustración que desemboque en la desmoralización, apatía y abstención de los seguidores de MCM, al ver que finalmente no se pudo inscribir en el CNE. Es la estrategia del gobierno para convertir en mayoría su precario apoyo electoral de 25% en las encuestas.

Ciertamente, MCM no puede claudicar en su lucha contra la inconstitucional inhabilitación de la que ha sido víctima, pero eso no le da razón para afirmar que sí la candidata no es ella, «todo otro candidato es de Maduro». Su principal asesor político, Carlos Blanco, posteó en la red social X: «María Corina no va a ser sustituida; ella expresa la voluntad nacional que no puede, ni debe, ni va a traicionar». Una vez más el país descontento encuentra a una oposición dividida y enfrentada, sin candidato único y unitario, y sin un programa de gobierno que entusiasme y movilice al electorado.

Pero llegado el día D y la hora H, ¿Cuál será la decisión de MCM ante la imposibilidad de inscribirse en la carrera presidencial? ¿Llamará a la comunidad internacional a deslegitimar la elección y desconocer el resultado para reeditar la historia del interinato de Guaidó? ¿Le levantará la mano a un sustituto entre su gente de confianza que ella misma advierte también será inhabilitado? ¿Acordará con la PUD la escogencia de un candidato que no sea incómodo para el gobierno y no pueda ser inhabilitado? ¿Romperá con la PUD si ésta decide inscribir otro candidato que no cuenta con su visto bueno? ¿La PUD llamará a la abstención a riesgo de perder su condición de partidos políticos y no poder participar en las megaelecciones de diputados, gobernadores, alcaldes, legisladores regionales y concejales prevista para 2025? ¿Otra vez le regalarán todos los poderes públicos y seis años más a Nicolás Maduro, tal como lo hicieron en 2018?

¿María Corina Machado está dispuesta a negociar con Nicolás Maduro? / Víctor Álvarez @victoralvarezr

 

En una reciente entrevista con el periodista Leopoldo Castillo en su programa El Ciudadano, al consejero político de María Corina Machado, Carlos Blanco, le preguntaron: ¿María Corina Machado está dispuesta a negociar con Nicolás Maduro?: «La respuesta es sí, para unas elecciones libres y limpias con María Corina como candidata, en el marco del cese de la represión que se ha incrementado brutalmente en las últimas semanas.»

Con la decisión del TSJ que ratifica la inhabilitación de María Corina Machado y la escalada de autos de detención contra dirigentes de la oposición, el cumplimiento de los Acuerdos Parciales de Barbados está cuestionado y esto puede desembocar en una reimposición de las sanciones petroleras. Si algo dejan claro estas tensiones es que los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición pero no son suficientes para el gobierno. Si la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político.

Pareciera, entonces, que los Acuerdos Parciales de Barbados deben ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder.

Los mejores estrategas se preparan para los peores escenarios, pero el chavismo no quiere ni siquiera imaginarse fuera del poder si eso significa quedar expuestos a una ola de persecuciones, juicios y condenas.

Si al entregar el poder se desata una cacería de brujas en su contra, buscará excusas y pretextos para salirse de los acuerdos político-electorales firmados en Barbados.

Por eso juega duro y tensa la soga, aun a riesgo de que reimpongan las sanciones. De ser el caso podrá argumentar que -con sanciones- no hay condiciones para unas elecciones libres y así justificar cualquier decisión extrema que tome en torno al proceso electoral y sus participantes. Paradójicamente, el oficialismo necesita la reactivación de las sanciones para no tener que medirse en buena lid, perder las elecciones y verse obligado a entregar el poder, sin ningún tipo de garantías previamente pactadas. A la cárcel no quieren ir y por eso prefieren permanecer en el poder.

Pero los decisores en EEUU y la UE no consideran esta lógica y le siguen dando excusas y pretextos a un gobierno que –con sanciones y amenazas–, se aferrará cada vez más al poder. EEUU cayó en la provocación de las inhabilitaciones y desplegó un discurso de ultimátum y reimposición de las sanciones del cual ahora le resultará muy difícil salir. Para no desdecirse van a tener que revocar la licencia general 44, pero lo van a hacer protegiendo los intereses de las petroleras estadounidenses como Chevron. La reimposición de las sanciones le permitirá al gobierno de Maduro capitalizar electoralmente su retórica anti-imperialista para reconquistar y movilizar a sus seguidores descontentos. A todas estas, los aliados de Maduro -que son rivales geopolíticos de EEUU- celebrarán este retroceso y le brindarán apoyo para que pueda ganar las elecciones.

En este contexto, es clave la mediación internacional para que se mantenga el diálogo y la negociación, incluyendo los nuevos temas de las garantías políticas para los rivales en pugna, sobre todo para quien resulte perdedor en las elecciones. Pero ante la resistencia del chavismo a tocar el tema en caso de perder, la iniciativa de pactar las garantías políticas de no persecución tiene que venir desde EEUU y la UE. Para empezar, habría que eliminar las recompensas. Es un tema difícil porque las reacciones son desmesuradas y quién se atreve a plantearlo corre el riesgo de pagar unos costos reputacionales muy altos. Por eso se le saca el cuerpo al tema, pero no se puede seguir evadiendo. De lo contrario, en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el poder.

Reimposición de sanciones deja a Venezuela en la órbita de rivales geopolíticos de EEUU / Víctor Álvarez @victoralvarezr

 

La Embajada de los EEUU en Venezuela posteó que: «En respuesta a las acciones antidemocráticas de los representantes de Maduro, Estados Unidos ha revocado el alivio de las sanciones para el sector minero de Venezuela. El alivio para los sectores de petróleo y gas venezolano se renovará en abril sólo si los representantes de Maduro cumplen con sus compromisos».

La OFAC emitió la Licencia 43a que modifica la Licencia 43 publicada el 18 de octubre de 2023 y reimpone las sanciones que prohíben hacer negocios con la empresa estatal del oro, Minerven. Reimponer las sanciones es justamente lo que quieren los adversarios geopolíticos de EEUU que son aliados de Maduro, los cuales le ofrecen no dejarlo solo para preservar el control de los espacios vacíos que dejan los EEUU y la UE a raíz de las sanciones. Turquía e Irán celebran la reimposición de las sanciones porque les permite ampliar su presencia en la explotación y comercialización del oro venezolano. Reimponer las sanciones mantendrá a Venezuela en la órbita de los rivales geopolíticos de EEUU. Con su apoyo, Maduro juega duro y ratifica la inhabilitación de MCM.

La oposición pide elecciones libres y el gobierno pide elecciones libres de sanciones. Si en abril se reimponen las sanciones petroleras, se le dará al régimen el argumento perfecto para posponer las elecciones. Maduro ya pasó sus días más difíciles de aislamiento internacional, encontró nuevos aliados que lo ayudarán a resistir las sanciones. Lograr unas elecciones competitivas obliga a pensar en medidas más efectivas.

La estrategia tiene que ser ofrecer incentivos para mejorar las condiciones electorales a fin de realizar unos comicios a tono con los estándares internacionales.

Esta es una estrategia más inteligente y eficaz que apelar nuevamente a la política del garrote que no dio resultados para forzar un cambio en el mando político. Si la habilitación de MCM no se convierte en un punto de honor y la Administración Biden ratifica que «el enfoque estadounidense es en un proceso que restaure la democracia y no en un candidato particular», entonces será posible mejorar la amplia gama de condiciones electorales incluidas en el Acuerdo de Barbados, tales como:

• Anuncio de la fecha definitiva para las elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024.
• Actualizar y depurar el registro electoral permanente (REP) nacional e internacionalmente.
• Jornadas de inscripción y establecimiento de puntos de inscripción/actualización.
• Operativos de cedulación en todo el país.
• Auditorías, observación internacional y acompañamiento de observadores locales.
• Cese a la persecución y violencia política.
• Compromiso con un discurso y clima político favorable al desarrollo en paz del proceso electoral.
• Respetar y cumplir el marco legal electoral y decisiones del CNE.
• Garantizar la seguridad, libertad de circulación y reunión de los candidatos.
• Reconocimiento del derecho de los actores a disponer de mecanismos de financiamiento.
• Equilibrio en medios de comunicación nacionales y cobertura electoral por medios internacionales.
• Promover a todos los candidatos y partidos a que cumplan con los requisitos de ley.
• Reconocimiento público de los resultados de los comicios presidenciales.

Pacto de Convivencia: la clave para una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano / Víctor Álvarez @victoralvarezr

 

La clave para solucionar el conflicto venezolano no está en el canje de mejores condiciones electorales a cambio de flexibilizar las sanciones económicas. El oficialismo no va a convocar unas elecciones competitivas que puede perder, si esto desemboca en una ola de persecuciones, juicios y cárcel para Maduro y su gobierno. Si no se reducen los costos de salida, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas, ni alternabilidad en el mando político.

El chavismo no va a dejar correr en la carrera presidencial a quien lo amenace con convertirse en su verdugo. Esto explica la arriesgada apuesta del gobierno de suspender los efectos de la Primaria presidencial de la Plataforma Unitaria y de negarse a inscribir la candidatura presidencial de María Corina Machado, a riesgo de que la OFAC reactive las sanciones. Si su derrota electoral se convierte en un calvario, el gobierno hará todo lo posible a través de los poderes públicos que controla para inducir la división y abstención de la oposición, y así convertir en mayoría su precario apoyo electoral.

Un acuerdo para mejorar las condiciones electorales es necesario para la oposición, pero no es suficiente para el gobierno. Sin no cesan las recompensas y amenazas de persecución judicial contra Maduro y otros dirigentes del oficialismo, el chavismo se aferrará al poder para evitar que su derrota electoral se convierta en una tragedia. Por lo tanto, la clave para convocar unas elecciones competitivas que faciliten la alternabilidad en el poder, radica en la rehabilitación de los candidatos, la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados, a cambio de un Pacto de Convivencia Pacífica que evite las persecuciones, juicios y encarcelamientos de los actores políticos en pugna, incluyendo a los líderes de la oposición que eventualmente serían acusados, enjuiciados y condenados por traición a la patria por haber promovido internacionalmente el reconocimiento de un gobierno interino, solicitado sanciones económicas contra Venezuela y haber  invocado una intervención externa a través del TIAR.

Los Acuerdos Parciales de Barbados son necesarios pero no suficientes y tienen que ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica que contribuya a desradicalizar el discurso de la polarización y violencia políticas que se puede agravar al calor de la campaña electoral. A fin de avanzar hacia una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano que permita  la alternancia en el poder, es necesario comenzar a generar una matriz de opinión nacional e internacional favorable a un Pacto de Convivencia Pacífica, que garantice el respeto a los derechos políticos de todos y evite que un cambio en el poder desencadene una ola de retaliaciones y persecuciones que empujen al país hacia una espiral de violencia política que luego sea difícil de controlar y detener.

Un Pacto de Convivencia Pacífica es necesario para crear la viabilidad económica de la transición política. El nuevo gobierno recibirá un país con graves desequilibrios macroeconómicos que contraen la producción y generan inflación, recibirá una industria petrolera en ruinas; tendrá que hacerle frente al grave deterioro de los servicios públicos de agua potable, electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones y escasez de combustibles; heredará una enorme deuda social en un país en el que los sistemas públicos de educación y salud están colapsados. En este sentido, quien finalmente quede en la oposición está llamado a ofrecer un respaldo crítico y propositivo a las medidas urgentes y drásticas que se requieren, en vez de atizar un clima de protestas y conflictividad que puede hacer ingobernable al país.

Un Pacto de Convivencia Pacífica es necesario para crear las bases de la estabilidad y gobernabilidad post electoral. Si el actual gobierno es reelecto debido a la división y abstención de sus adversarios políticos, la oposición lo tiene que dejar gobernar, en vez de reditar los episodios de La Salida violenta y de la remoción anticipada del Presidente de la República por caminos distintos al electoral. Y si gana la oposición, el chavismo tiene que dejar gobernar, en vez de promover una ola de protestas que obstaculicen las reformas económicas e institucionales que es necesario acometer para que el país salga de la crisis.

¿Cuál es el impacto geopolítico de flexibilizar las sanciones? / Víctor Álvarez @victoralvarezr

 

Debido al endurecimiento de las sanciones económicas de Estados Unidos, la relación entre Venezuela y Rusia pasó de la esfera comercial a la dimensión energética, militar y geopolítica. Lejos de quedar aislados, los países sancionados por Estados Unidos se juntan y estrechan sus lazos de cooperación y colaboración para contrarrestar el efecto negativo de las sanciones. Esto genera efectos geopolíticos que no fueron calculados por los sancionadores estadounidenses y europeos.

Los vínculos comerciales y militares entre Rusia y Venezuela se acentuaron a raíz del veto impuesto por Estados Unidos a la venta de repuestos para la flota de aviones F-16, y del bloqueo a la venta de lanchas de vigilancia costera por parte de España por incluir dispositivos hechos en Estados Unidos. Al perder estos proveedores, Venezuela buscó sustitutos y compró 24 aviones caza rusos modelo Su-30Mk2 Sukhoi para sustituir a los F-16; también compró 100.000 fusiles Ak-103 Kalashnikov, sistemas antimisiles S-300, 50 helicópteros, tanques de guerra y anunció la instalación de una fábrica de fusiles rusos en Venezuela.

Lo que empezó como una relación comercial para la adquisición de equipo militar, a la larga se transformó en una relación geopolítica. El acercamiento del gobierno ruso a países en la zona de influencia de Estados Unidos se interpreta como la respuesta geopolítica del Kremlin en respuesta al ingreso a la OTAN de países vecinos que tienen frontera con Rusia, lo cual consideran una amenaza. En el marco del conflicto Rusia-Ucrania, el Kremlin le subió el volumen a su desafío a Occidente al no descartar un despliegue militar ruso en Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, declaró que no podía confirmar ni excluir la posibilidad de que Rusia estableciera una infraestructura militar en Cuba y Venezuela.

Rusia y Venezuela han ejecutado maniobras militares navales a una distancia de 20-50 millas de las costas venezolanas. En la operación combinada Ven-Rus participaron buques rusos junto a fragatas venezolanas. En diciembre de 2021, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Aprobatoria del Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos.

Las implicaciones geopolíticas de esta relación comercial-militar se amplían con la creciente presencia rusa en la actividad petrolera y gasífera en Venezuela, que tradicionalmente han tenido como destino los mercados estadounidenses y europeos. Venezuela y Rusia firmaron convenios para la certificación de reservas en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) con miras a la explotación de petróleo por parte de empresas rusas como Gazprom, Rosneft y Lukoil que han participado en proyectos de gas y en la exploración y explotación de crudos en la plataforma submarina del Delta del Orinoco y en la FPO. Rusia ha aumentado su participación en la exploración de petróleo en la FPO a través de empresas mixtas como: Boquerón, Petroperijá y Petromonagas.

Guerras en Europa y Medio Oriente renuevan interés de EE UU por Venezuela

Las guerras en Europa y el Medio Oriente han impactado el mapa geopolítico global y obligan a los principales países consumidores de petróleo a recalcular sus relaciones con Venezuela, cuyo petróleo fue desplazado en el mercado estadounidense por el petróleo ruso cuando el Departamento del Tesoro -bajo la Administración Trump-, aplicó las sanciones comerciales a Pdvsa.

Por los gastos que ocasiona la guerra contra Ucrania, Rusia no tiene la misma capacidad financiera para auxiliar a sus aliados. Para alejar a Nicolás Maduro de Vladimir Putin, la Casa Blanca endurece las sanciones contra Rusia y flexibiliza las sanciones a Venezuela. Esto permitirá a Pdvsa vender sin descuento en los mercados estadounidenses el petróleo que remata en los mercados asiáticos. Si Pdvsa logra vender la misma cantidad de petróleo a los precios actuales, obtendrá 4.000 millones de dólares adicionales. Así, la Casa Blanca alejará a Miraflores de los auxilios comerciales y financieros rusos.

Recordemos que la relación entre la Casa Blanca y Miraflores se interrumpió en enero de 2019 con el reconocimiento del interinato de Guaidó. Pero después de varios años, la estrategia de sanciones, gobierno dual y presión diplomática para forzar un cambio en el mando político en Venezuela no funcionó, el interinato se disolvió y Nicolás Maduro luce afianzado al poder.

¿Qué condiciones deben cumplirse para que MCM sea rehabilitada? / Víctor Álvarez @victoralvarezr

 

En respuesta al recurso contencioso electoral contra la primaria presidencial de la Plataforma Unitaria, interpuesto por José Brito, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia consideró procedente el recurso y anunció que: “se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primaria”.

La decisión ordena a la Comisión Nacional de Primaria (CNP) remitir al TSJ los antecedentes administrativos de las veinticinco fases que deben regir al proceso electoral, desde la convocatoria, constitución de la Comisión Electoral, el cronograma electoral, registro electoral, las postulaciones con sus actas, lapsos de impugnación y de depuración, el acta de aceptación de postulación, las renuncias de precandidatos, las actas de la primaria del 22 de octubre, incluidas las actas de constitución de las mesas electorales, cuadernos de votación, papeletas de votación, actas de escrutinios, de totalización regionales, de totalización definitiva, de adjudicación y de proclamación.

Las acrobacias numéricas

La masiva participación en la primaria presidencial fue una sorpresa no solo para el gobierno, sino también para la propia oposición que -hasta última hora- se mantuvo en estado de emergencia para resolver los problemas logísticos y operativos que se presentaron. Este inesperado resultado ha generado toda clase de conjeturas, sospechas y explicaciones. Para empezar, la reacción oficial fue desconocer lo ocurrido con el argumento de que no es posible que en 5.134 mesas votaran 2,5 millones de electores, olvidando interesadamente que en las primarias del PSUV en 2021, con 5.124 mesas (10 menos) votaron 3,5 millones.

La mayoría de los cálculos de participación en la primaria se hicieron con base en 2 minutos para votar, pero en los hechos la mayoría votó en menos de 1 minuto. Matemáticamente se puede demostrar la factibilidad de que el número de electores totalizados, efectivamente haya podido fluir y votar en el lapso de 8 horas (480 minutos). Veamos:

Número oficial de votantes de la elección primaria = 2.440.415

Número de mesas de la elección primaria = 5.134

Número promedio votantes por cada mesa = 475 (en un plazo de 480 minutos)

Horario de las mesas: De 8.00 am – 4.00 pm ((h X 60 Min = 480 minutos/mesa)

Dividamos el proceso de votación en tres momentos:

Presentación de la cédula de identidad, ubicación del votante en el cuaderno de votación y firma en el renglón respectivo;

Entrega de la boleta y marcado el óvalo del candidato seleccionado; y,

Depósito del voto en la urna.

Así, en el flujograma del proceso, en un minuto se podían desplazar simultáneamente dos electores, ya que mientras un elector se ubicaba en el cuaderno, otro elector estaba marcando la boleta y depositando su voto. La mayoría de los electores ya había ubicado en el buscador oficial de la CNP centro electoral, mesa, cuaderno y hoja en la que aparecía su nombre. Esto ayudó a que el recorrido fuese realmente muy rápido, ya que no había que colocar la huella, ni manchar el dedo con tinta indeleble, ni habilitar la máquina para que siguiera el próximo elector. Más que la tradicional herradura, el recorrido fue una línea recta. Así lo confirma el testimonio de quienes votaron: una vez que se llegaba a la mesa electoral, el proceso fue muy rápido.

La Red de Observadores Electorales de Asamblea de Educación (ROAE) describe con detalle el proceso y estima que el número de votantes fue de  2.440.415, para un promedio nacional de 475 electores por mesa. En el Comunicado del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), afirma que: “Con el apoyo de toda la información recabada por nuestra legión de observadores (…) y con el auxilio de herramientas estadísticas aplicadas a la muestra observada podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la cifra de participantes estuvo alrededor de los dos millones y medio”.

Al momento del escrutinio estuvieron en cada mesa los tres miembros y los testigos de los candidatos que estamparon sus firmas en las actas que la CNP decidió publicar en la web para quien quiera verificar el resultado de la mesa donde votó. A la luz de estas pruebas, es un exabrupto acusar a la CNP de haber abultado la cifra de participación y pretender convertir en un delito el proceso de la Primaria presidencial de la Plataforma Unitaria.

Injerencia en los asuntos internos de la Plataforma Unitaria 

Más allá de las advertencias que hizo el precandidato Carlos Prosperi y que fueron desestimadas por su propio partido AD, ninguno de los partidos que conforman la coalición de la Plataforma Unitaria ha cantado fraude, y la decisión del TSJ no anula el efecto de lo que ya decidieron los partidos y electores que  participaron.

¿Cómo anular los efectos de un acto que ya está consumado? No puede haber usurpación de las funciones del Consejo Nacional Electoral cuando el propio CNE, en la palabra de su presidente Elvis Amoroso, ofreció  asistencia técnica a la CNP que ésta rechazó por haber ya avanzado en la organización manual del proceso, debido a la incertidumbre generada por la renuncia de los anteriores rectores del CNE.

Según el Acuerdo Parcial sobre Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales firmado en Barbados, la primaria está protegida, toda vez que “las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a los mecanismos internos que deseen”. Sin embargo, el gobierno se empeña en anular la primaria, alegando que la oposición infló los números de participantes. Incumple así el compromiso de no injerencia firmado en Barbados, lo cual no contribuye al compromiso de convivencia política.

Decisión jurídica subordinada a las prioridades políticas

La Fiscalía abrió una investigación contra la CNP por cuatro delitos: usurpación de funciones, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Es una clara amenaza para procesar judicialmente a los miembros de la CNP, que ya asistieron a la sede de la Fiscalía para responder por las denuncias y acusaciones.

El uso de procesos legales como arma política sigue ganando terreno en Venezuela. El llamado Lawfare es una maniobra cada vez más utilizada en el mundo (Trump, Lula, Petro, etc.) y Venezuela no es la excepción. Una vez más, el Poder Judicial actúa en colusión con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para desconocer los hechos cumplidos en los procesos electorales. Recordemos la impugnación de los diputados indígenas del estado Amazonas para romper la mayoría calificada que la oposición obtuvo en las Parlamentarias de 2015.

Gobierno y oposición se ponen de acuerdo para evitar remate de Citgo / Víctor Álvarez @victoralvarezr

 

El interés nacional celebra el acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria para “defender los bienes y la propiedad de Citgo y preservar los intereses vitales y el patrimonio del pueblo venezolano”.

Tormenta tropical Idalia se convierte en huracán al acercarse a Florida

Citgo está en peligro de ser rematada para pagar a los acreedores de Pdvsa y la República. La Corte Distrital de Delaware fijó para el 22 de enero de 2024 la primera ronda de subasta de Citgo y esto plantea un riesgo inminente de perder el activo más importante que Venezuela tiene en el exterior. Citgo cerró 2022 con una ganancia de $ 2.800 millones y en 2023 puede superar este desempeño.

En Barbados, el gobierno y la oposición finalmente firmaron un acuerdo para desplegar una estrategia conjunta en las negociaciones con los acreedores. Citgo está en la mira de los tenedores del Bono 2020 de Pdvsa que se emitió con una garantía del 50,1% de las acciones de Citgo; pero también de la minera Cristallex que pretende cobrarse -con el remate de Citgo- la indemnización que reclama por la expropiación de la mina de Las Cristinas.

Este remate fue aprobado por el juez de Delaware, Leonard Stark, pero este procedimiento no se puede llevar a cabo hasta tanto lo autorice la OFAC. Una nueva suspensión de esta sentencia concederá un tiempo extra a los abogados del gobierno y la oposición para gestionen conjuntamente ante los acreedores y el gobierno de Estados Unidos un compromiso de pago que evite el remate de Citgo.

¿Por qué un tribunal de EE UU aprobó rematar Citgo?

En Estados Unidos no se puede embargar los activos de una compañía para cobrar una deuda de su dueño porque se considera que son dos entidades legalmente distintas y separadas. Por lo tanto, las deudas por nacionalizaciones ni los laudos contra la República deberían cobrarse con cargo a Citgo porque son figuras jurídicas distintas. Legalmente, Citgo es propiedad de Pdvsa y no de la República. Ni Pdvsa ni Citgo tuvieron negocios con Crystallex y el litigio de la minera canadiense es contra la República de Venezuela. Sin embargo, el marco legal estadounidense contempla la figura del alter ego que permite al afectado por el impago de una deuda, embargar otros activos propiedad del deudor moroso.

La amenaza de remate de Citgo para pagar deudas e indemnizaciones tiene su origen en equivocadas decisiones gubernamentales de expropiaciones y emisión de deuda garantizada con las acciones de Citgo. El litigio entre Crystallex y la República de Venezuela surge en 2008 cuando se expropió la mina de oro Las Cristinas, en el estado Bolívar. La minera canadiense llevó el caso al Centro International de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), cuyo Tribunal de Arbitraje dictó en 2016 una sentencia a favor de Crystallex, con una indemnización de $ 1.400 millones, monto que debía pagar la República como compensación por los daños generados a la compañía por la expropiación.

El gobierno de Maduro consideró desmesurada la indemnización y no la pagó. En 2018 Crystallex trasladó el caso a una Corte en Delaware y demandó el pago con cargo a las acciones de Citgo. En 2021, el Tribunal aprobó la venta de acciones de PDV Holding (cuyo único activo son las acciones de Citgo), para pagar a Crystallex la indemnización que reclama a la República.

Como ya explicamos, Pdvsa nunca tuvo negocios con Crystallex y su reclamo de indemnización es contra la República, no contra la empresa. Pero la ley estadounidense tiene una figura llamada alter ego que permite a quien resulte perjudicado por el incumplimiento de una deuda, embargar otros activos propiedad del deudor moroso. Según la sentencia del juez Leonard Stark, cuando el gobierno interino estaba vigente y era reconocido por Estados Unidos como el representante y administrador de los activos e intereses de Venezuela en territorio estadounidense, el interinato utilizó fondos de Citgo para financiar su gasto y dio base a la corte de Delaware para que sentenciara que dueño y empresa se manejaron como un mismo patrimonio y, por lo tanto, aplicó el principio de alter ego para que Cristallex cobre la indemnización que reclama a la República, con cargo al remate de Citgo. Este fallo basado en la figura del alter ego dejaría escrito un precedente jurídico que puede ser utilizado en otros juicios que buscan cobrar indemnizaciones con cargo a los activos de Venezuela en el exterior.

¿Quién defiende los intereses de Venezuela en EE UU?

Con la disolución del interinato, Citgo quedó en manos de un Consejo de Administración y Protección de Activos designado por la AN-2015, a pesar de que su mandato constitucional expiró en 2020 y no sesiona porque la mayoría de sus integrantes están en el exilio, acusados de usurpación de funciones.

¿Cuáles son los estándares internacionales de los procesos electorales? / Víctor Álvarez @victoralvarezr

 

Con mucha frecuencia, en el debate político-electoral venezolano escuchamos hablar de la necesidad de mejorar las condiciones electorales para poder realizar unas elecciones libres, transparentes y competitivas, a tono con los estándares internacionales. Pero poco sabemos en qué consisten esos estándares internacionales de los procesos electorales.

ISO (por sus siglas en inglés) es la Organización Internacional de Normalización de la que forman parte los organismos nacionales de normalización. Elabora normas internacionales a través de los llamados Comités Técnicos de ISO. ISO aplicó los requisitos genéricos de sus normas para evaluar y demostrar la capacidad real de las instituciones electorales de organizar un proceso electoral de calidad, cuyos resultados puedan ser reconocidos nacional e internacionalmente.

La ISO/TS 17582:2014 fue la primera norma de carácter internacional que propuso un marco de gestión de la calidad para los procesos electorales. En su contenido se adecuaron los requisitos de la norma ISO 9001 para su aplicación en organizaciones electorales. Fue desarrollada por un grupo de trabajo dirigido por la OEA y publicada el 14 de febrero de 2014 por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Luego, en 2019 se publicó la norma ISO/TS 54001:2019 (en adelante norma ISO) que es un estándar internacional basado en la norma ISO 9001:2015, aplicable a organizaciones electorales para todos los niveles de gobierno.

Esta norma puede ser una referencia de mucha utilidad a fin de conocer cuáles son esos estándares internacionales para la organización de un proceso electoral, toda vez que especifica los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de la calidad del poder electoral, el cual debe demostrar su capacidad para gestionar elecciones limpias por votación directa, universal y secreta; y, proporcionar resultados transparentes, justos y confiables.

La confianza en la institución del voto y en el Poder Electoral es un sustento clave del sistema político democrático en el que la soberanía nacional es ejercida a través del voto y se elige para gobernar al candidato que la mayoría considera está mejor preparado y cuenta con el mejor programa de gobierno.

Esta norma comienza por señalar que se puede hablar de elecciones libres cuando los ciudadanos ejercen masivamente su derecho al voto, sin mayores restricciones que las que establecen la ley y la normativa electoral. Pero cuando no funciona el registro electoral permanente, se intervienen partidos políticos o inhabilitan a sus candidatos, se atenta contra unas elecciones libres y transparentes, a tono con los estándares internacionales.

A fin de poder ejercer los derechos políticos y electorales, es necesario activar el Registro Electoral Permanente (REP) para que puedan inscribirse y actualizar sus datos todas las personas en edad de votar. Esto es esencial para el ejercicio de la soberanía popular a través del voto. Pero también es muy importante el registro de las organizaciones políticas y de sus candidatos, de tal forma que los electores puedan votar libremente por la opción que mejor interprete sus necesidades e intereses.

La industrialización antiinflacionaria / Víctor Álvarez @victoralvarezr

 

2023 comenzó con una fuerte presión inflacionaria: 39,4 % en enero y 15,4% en febrero. Desde marzo a julio los registros mensuales fueron de solo un dígito: 4,2% en marzo, 2,5% en abril, 7,5% en mayo, 8,5% en junio y 7,2% en julio. Pero en agosto subió de nuevo a dos dígitos con un registro de 13,6%.

El costo del ajuste fiscal lo están pagando sobre todo los empleados de la nómina de funcionarios públicos y jubilados cuyos salarios y pensiones permanecen congelados.  Los bajos salarios limitan la demanda, contraen las ventas y agravan la caída de la producción agrícola e industrial.

La reducción del gasto público también se refleja en la falta de mantenimiento de los servicios públicos de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones, así como en la desinversión en los sistemas públicos de educación y salud.

Desequilibrios macroeconómicos mantienen presiones inflacionarias

El gobierno no tiene suficientes ingresos fiscales y financia el déficit fiscal con emisiones de dinero sin respaldo que desquician la inflación, tal como ocurrió en el mes de agosto cuando pagó bonos vacacionales y deudas pendientes a proveedores.

Debido a la depreciación constante de la  moneda nacional, todo ingreso en bolívares tiende a convertirse en dólares. Cada vez que el gobierno emite bolívares para pagar a proveedores, contratistas o bonos a la nómina pública, se produce una presión  de demanda en el mercado cambiario. El precio del dólar se dispara y se recrudece la inflación.

La tasa de cambio oficial subió a 33,11 Bs/$. En 2023 el bolívar se ha depreciado casi 80 %, lo cual disuelve el equivalente en dólares del presupuesto nacional aprobado en bolívares. Al no mejorar la recaudación de impuestos, el gobierno se financia con emisiones de dinero inflacionario.

El precio del dólar aumenta pero en un porcentaje menor que la inflación. En consecuencia, se aprecia el tipo de cambio real. Esto significa que el precio del dólar se abarata en comparación con el encarecimiento de los demás bienes y este dólar barato es lo que abarata las importaciones que compiten ventajosamente con la producción nacional.

Para frenar el precio del dólar, el gobierno aplica una política monetaria restrictiva con un elevado encaje legal que deja a los bancos sin liquidez para financiar la producción y el consumo. Pero esta  restricción al crédito bancario frena el consumo privado, componente clave de la demanda agregada que mueve la economía.

El gobierno impide la creación de dinero bancario pero no cesa de emitir dinero sin respaldo para financiar su propio gasto. Cada vez que el gobierno monetiza un déficit y lo financia con emisiones de dinero inorgánico, aplica un voraz impuesto inflacionario, toda vez que al inyectar esa masa de dinero a un mercado signado por altos índices de escasez, lo que hace es desquiciar los precios y recrudecer la inflación.

Claves para la reactivación económica sin inflación

No basta con atacar los efectos propagadores de la inflación, los cuales están asociados al financiamiento del déficit fiscal con emisiones de dinero sin respaldo en las reservas internacionales ni en la producción. Esto es necesario más no suficiente. Hace falta, además, atacar los problemas estructurales que origina la inflación, los cuales están asociados a la contracción de la producción agrícola e industrial que provee los productos imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad.

Una buena política de incentivos fiscales, financieros y cambiarios para reactivar el aparato productivo interno se traducirá en la regeneración del tejido productivo y la multiplicación de empresas productivas que pagarán crecientes impuestos, ayudarán a equilibrar las cuentas fiscales y así evitar que el déficit público sea financiado con emisiones de dinero inflacionario.

Los productores agrícolas e industriales no pueden competir con importaciones hechas con un dólar barato, que además no pagan arancel ni tienen que cumplir con los requisitos sanitarios, laborales y ambientales que sí se le exigen al productor nacional. Es necesario corregir la apreciación del tipo de cambio real que estimula las importaciones que arruinan la producción nacional y dejar que la tasa de cambio evolucione al ritmo de los demás precios hasta alcanzar una tasa de cambio que exprese la verdadera productividad del aparato productivo nacional.

Pacto de Convivencia entre el gobierno y la oposición / Víctor Álvarez @victoralvarezr

 

¿Entregará Maduro el poder si pierde las elecciones? ¿Qué incentivos hay que ofrecerle al chavismo para que no se aferre al poder? ¿Cuáles son las condiciones que se deben crear para facilitar la alternancia en el poder en Venezuela?

El gobierno de Nicolás Maduro no tiene ningún interés en mejorar las condiciones electorales que estimulen a votar masivamente en su contra y lo saquen del poder. Mejorar las condiciones electorales a cambio de flexibilizar las sanciones es necesario más no suficiente para convocar unas elecciones libres y transparentes. Maduro necesita recuperar los fondos bloqueados para financiar los programas sociales que levanten su popularidad antes de las elecciones, pero lo que más le interesa es negociar las garantías políticas que impidan una cacería de brujas contra el chavismo, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder. 

El gobierno no dejará correr en la carrera presidencial a quienes luego se conviertan en sus verdugos. Maduro no quiere pasar por el mismo calvario por el que han pasado Rafael Correa,Lula Da Silva, Cristina Kirchnery Evo Morales. 

Para destrabar las negociaciones que finalmente conduzcan a unas elecciones competitivas, a tono con los estándares internacionales, el oficialismo necesita negociar con anticipación las garantías políticas que impidan se desate una persecución judicial en su contra, una vez que pierda las elecciones. Por lo tanto, un tema clave para hacer posible la alternabilidad en el poder en Venezuela es el de las garantías que se le ofrecerán -tanto al gobierno como a la oposición- para que el resultado electoral no se convierta en una tragedia para los perdedores. 

Un Pacto de Convivencia es la clave para destrabar las negociaciones. El respeto a los derechos políticos de los perdedores es un tema cardinal para avanzar hacia una solución del conflicto venezolano por la vía electoral y pacífica, que abra las puertas a la alternancia en el poder. Pero esta negociación no se puede dejar para después de las elecciones, tiene que realizarse antes y debe quedar constitucionalizada, legalmente blindada, y acompañada por garantes internacionales que faciliten el respeto y cumplimiento de los acuerdos.

Un Pacto de Convivencia es la base de un nuevo acuerdo nacional que asegure las garantías políticas para todos los actores, incluyendo a los sectores de la oposición que serían acusados, enjuiciados y condenados por traición a la patria al haber promovido internacionalmente el reconocimiento de un gobierno interino, solicitar sanciones económicas contra Venezuela y haber planteado la invocación del TIAR y una intervención externa. Este acuerdo es lo que puede hacer posible la liberación de todos los presos políticos y el retorno de los exiliados. 

Un Pacto de Convivencia también es necesario para crear la viabilidad económica de la transición política. El nuevo gobierno recibirá un país con graves desequilibrios macroeconómicos que contraen la producción y generan inflación, recibirá una industria petrolera en ruinas; tendrá que hacerle frente al grave deterioro de los servicios públicos de agua potable, electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones y escasez de combustibles; heredará una enorme deuda social en un país en el que los sistemas públicos de educación y salud están colapsados. Si quiere dar una pronta respuesta a esta problemática, el nuevo gobierno tendrá que aplicar medidas urgentes y drásticas, de lo contrario su base de apoyo se decepcionará y el malestar social atizará un clima de protestas y conflictividad que puede hacer ingobernable al país.

¿Por qué la contracción económica y la inflación también tienen un costo electoral para la oposición? / Víctor Álvarez @victoralvarezr

 

El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) reportó un declive de la economía de -7,6% en el primer trimestre de 2023 y -6,3 en el segundo. Los bajos salarios que limitan la demanda, la contracción en las ventas y la caída de la producción suelen anunciar una contracción económica. Las persistentes presiones inflacionarias son un agravante. Si la actividad económica se vuelve a contraer en el tercer trimestre será difícil remontar esta caída en lo que queda de año. Venezuela está a las puertas de otro episodio de contracción de la actividad económica con inflación.

Persiste la inflación

Todo indica que la inercia inflacionaria se mantendrá en el resto del año. La inflación de julio registró  7,2%. Entre enero-julio de 2023, la acumulada registra 115% y a este ritmo superará el 200% al cierre de 2023. De hecho, la inflación anualizada entre julio de 2022 y julio de 2023 registra 439%.

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El presupuesto de gastos aprobado en diciembre de 2022 fue de Bs 170.703.832.051, que al tipo de cambio vigente para el momento (11,80 Bs/$) equivalía a 14.392 millones de dólares. Entre enero-julio de 2023, el bolívar se ha depreciado 70%. A la fecha de hacer este análisis (10/08/23), la tasa de cambio oficial publicada por el BCV registraba 31,23 Bs/$. Esto reduce el presupuesto nacional en divisas a apenas 5.466 millones de dólares.

Esto significa que para el segundo semestre no habrá suficientes recursos para financiar el presupuesto aprobado por la AN. Si el déficit se sigue financiando con más créditos adicionales que se cubren con emisiones de dinero sin respaldo, en el segundo semestre se mantendrán las presiones inflacionarias que afectan a las familias, empresas e instituciones venezolanas.