Por Jesús Piñero
Liliana Ortega había
tomado la decisión a regañadientes y, aunque parecía firme, estaba a punto de
cambiar de opinión. Ese día se despidió de todos en la oficina, dispuesta a no
regresar más. Sus padres la querían lejos de todo lo que tenía que ver con
política. Le aconsejaron que debía concentrarse exclusivamente en sus estudios
universitarios, sin mirar para otros lados.
Fue a finales de abril
de 1989, bajaba las escaleras mecánicas del edificio administrativo del
Congreso de la República, ubicado en la esquina Pajaritos, después de reunirse
con algunos miembros de la fracción parlamentaria del MAS (Movimiento Al
Socialismo), el partido político del entonces diputado Teodoro Petkoff. Él, un
hombre al que admiraba y respetaba mucho, había conformado un equipo de 10
personas para procesar las denuncias de los familiares de las víctimas del
Caracazo, una serie de disturbios suscitados en Caracas y el estado Miranda
entre finales de febrero y principios marzo de ese mismo año.
En medio de aquella
situación, Liliana quiso ayudar. Por eso no quería abandonar el trabajo. Como
estudiante de Derecho se había encargado de recibir las denuncias y de asesorar
a los familiares de las víctimas con relación a diferentes trámites.
Una de estas personas
era la señora Petra Bello, quien en ese momento subía por el otro canal de las
escaleras mecánicas de aquel edificio gubernamental. A Liliana Ortega, la
tragedia personal que vivía esa señora, la conmovió, pues no sabía nada de su
hijo desde el 27 de febrero, estaba desaparecido entre los 300 afectados por lo
que luego identificaron como ejecuciones extrajudiciales.
Liliana se regresó al
encuentro de la señora Bello y conversaron un rato. Le sugirió unas diligencias
que le faltaban hacer. Al despedirse, sin haberle comentado sobre su retiro, la
señora, inocente de lo que ocurría, le dijo unas palabras que aún recuerda:
—Nos vemos mañana.
No había vuelta atrás.
Estaba comprometida con esas personas, con las víctimas y sus familiares. Para
ella era importante mantenerse en la oficina, continuar el trabajo que hacía
por los desaparecidos, seguir acompañando la palabra de la señora Petra.
Entonces, a la mañana siguiente decidió volver. 30 años después, lo sigue
haciendo.
Al final, sus padres no
pusieron resistencia. Liliana consiguió graduarse de abogada de la Universidad
Santa María ese mismo año. Aunque tenía un tío que era abogado, su familia era
esencialmente técnica, casi todos vinculados al mundo de la ingeniería. Sin
embargo, las labores sociales siempre estuvieron sobre la mesa.
“Mis padres pensaban
que era un oficio complicado y con muchos peligros, lo cual es muy cierto,
pensaban que podía tener una vida más fácil y más cómoda. Para ellos, la
igualdad era un valor importante y fue algo con lo que crecí. Entender que
había gente privilegiada y que teníamos que apoyar a la gente con carencias”,
comenta Ortega.
Su presencia en el
Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), como empezó a llamarse
la organización no gubernamental después de adquirir personalidad jurídica, fue
más recurrente. No existían otras instituciones de ese tipo en el país. Eran
pioneros en la defensa de los Derechos Humanos en Venezuela.
“No era un tema del que
se hablara mucho, ni siquiera había monitoreo de casos, tampoco especialistas.
Somos la única organización de familiares de víctimas que tiene tantos años de
haberse creado. Después trascendimos, abrimos una serie de áreas de trabajo, por
ejemplo: de apoyo psicosocial, de litigio internacional y de ejecuciones
extrajudiciales distintos al Caracazo”.
Los tiempos en la
fracción parlamentaria terminaron pronto, y el hecho de conformarse como una
organización aparte, significó un punto de inflexión. El motivo que movió esa
decisión fue el conjunto de denuncias interpuestas ante la Corte Suprema de
Justicia para la apertura de las fosas clandestinas de la peste, en el
Cementerio General del Sur, el sector donde fueron ubicados los muertos del Caracazo.
“Queríamos información
y documentación de las víctimas. Logramos llevar ese caso a la Fiscalía
[General de la República]. Me dediqué a trabajar con expertos internacionales y
a estudiar, pues, otras experiencias”, explica. Se unieron a la Federación
Latinoamericana de Detenidos y Desaparecidos (Fedefam), una coalición de
organizaciones latinoamericanas con sede en Caracas, pues Venezuela era para la
época el país con mayores garantías democráticas en la región.
En ese momento se
decidió que Cofavic debía ser llevado por los propios familiares de las
víctimas, pero incluyeron a otras personas. Necesitaban expertos que orientaran
el trabajo, entre ellos estaba Liliana, quien se convirtió en cofundadora y era
el nexo con los activistas latinoamericanos.
Liliana Ortega trabajó
con Loyola Guzmán, la mano derecha de Ernesto “Che” Guevara, estuvo en contacto
con las madres de la Plaza de Mayo y con los familiares de las víctimas de las
guerras en Centroamérica y Colombia. “Para nosotros fue una escuela. Compartimos
con gente que tenía una vasta experiencia y por eso definimos los objetivos: no
quisimos hacer una política partidista”.
Aún así, las críticas
no tardaron en llegar. Tanto la organización como ella recibieron acusaciones
en algunos medios de comunicación, por parte de articulistas conservadores.
Decían que Liliana había sido entrenada en Angola y que pertenecía a la
izquierda latinoamericana. Pero no era verdad, la primera experiencia en
materia de Derechos Humanos que había tenido en su vida era Cofavic, surgida a
raíz de lo ocurrido en el Caracazo.
