Redac 09 de abril de 2024
@REDAC_DDHH
Las
organizaciones de la sociedad civil y actores sociales, ante las elecciones
presidenciales del próximo 28 de julio, hacemos un llamado al respeto de los
derechos políticos y a las garantías constitucionales de las condiciones electorales
en el país.
Inicialmente,
el cronograma electoral continúa sin ser publicado en la Gaceta Electoral, en
concordancia con lo expresado en el artículo
42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y
exclusivamente, se encuentra en la página
web del Consejo Nacional Electoral (CNE).
También,
denunciamos la desigualdad de condiciones durante el proceso de postulación de
las candidaturas a través del CNE, al no permitir que determinados partidos
políticos tuviesen la libertad de acceder al sistema y registrar la candidatura
de representantes seleccionados por la amplia participación de las personas
venezolanas en el país y en el exterior, que exige un cambio y desea
democracia, impidiendo el derecho a elegir la candidatura que decidió la ciudadanía.
Estas
acciones representan violaciones a los derechos humanos de la población
venezolana, especialmente en sus derechos civiles y políticos, tanto del
ejercicio de las personas que desean postularse, como de la ciudadanía a
decidir y elegir su candidatura.
A
María Corina Machado y a Corina Yoris no solamente les han impedido inscribirse
en el CNE como candidatas a la Presidencia de la República, sino que se les ha
violado flagrantemente sus derechos políticos al impedirles participar para un
cargo de elección popular, además que es a todas luces un acto flagrante de
discriminacion de género femenino, por parte del CNE, ya que se permitió la
participación e inscripción a ciudadanos del género masculino, siendo 13 en
total.
Esto,
es un acto de misoginia, violencia pasiva y flagrante discriminación de la
mujer Venezolana, en su aspiración al cargo de ser Presidente de la República,
también se le impiden a más de 2 millones de Venezolanos y Venezolanas que
eligieron a su candidata unitaria para las próximas elecciones su Derecho
Humano a Elegir a la candidata de su preferencia, significando esto un ataque
mortal a la democracia de Venezuela, al hacerla manipulable a sus intereses y
conveniencias.
Además,
se han observado distintas irregularidades en las jornadas de actualización del
registro electoral, a nivel nacional e internacional. En los Consulados, no
iniciaron las jornadas en la fecha acordada en el cronograma electoral, así
como los requisitos y condiciones no se encuentran disponibles, de forma accesible
para las personas venezolanas en el exterior y han sido diversos los criterios
considerados para dicha actualización, sin existir claridad de los mismos, de
acuerdo a lo determinado por la Constitución, la legislación y la
jurisprudencia venezolana.
A su
vez, como ya ha sido denunciado recientemente en instancias internacionales,
la Misión
Internacional Independiente de Determinación de los Hechos indicó que
la represión y persecución a actores de la sociedad civil ha aumentado durante
estos primeros cuatro meses del 2024, en el que se han observado detenciones
arbitrarias, allanamientos, amenazas, entre otras acciones ejecutadas por las
instituciones públicas del Estado venezolano, durante el ambiente electoral.
También,
se ha observado con preocupación la violencia política que han sufrido las
aspirantes a las candidaturas presidenciales y las mujeres que hacen vida en distintos
partidos políticos, en el que se han realizado descalificativos alusivos a su
género y se ha cuestionado sus capacidades, la edad, vestimenta, discurso,
entre otros elementos.
En el
caso de María Corina Machado, Lupa
electoral identificó 74.827 menciones como ataque de género hacia
ella, divididos en tres frentes: menosprecio de capacidades (67%) alusiones al
cuerpo (21%) y sexualización (12%), a través de un monitoreo realizado de las
redes sociales.
A su
vez, Anova documentó que en las elecciones regionales del 2021, 41% de las
activistas políticas recibieron más tweets violentos que sus homólogos
masculinos.
Es
necesario recordarle al CNE y demás órganos del Estado, que los instrumentos
jurídicos Internacionales más relevantes en materia de los derechos humanos de
las mujeres y, especialmente, en materia de violencia contra las mujeres son la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (Convención Belem De Pará) y la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979),
conjuntamente con la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer (1993).
En la
IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en Pekín en 1995 se
reconoció que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los
objetivos de igualdad, desarrollo y paz, ya que viola y menoscaba el disfrute
de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la mitad de la
humanidad. Además la define ampliamente como una manifestación de las
relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
De
allí que en la ley venezolana queda delimitada claramente por el sujeto que la
padece: las mujeres, o sea, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia. A pesar de la tipificación de distintos tipos de
violencia de género como la informática y la política, en la realidad no hay
una protección real para el goce y ejercicio de las lideresas femeninas en los
distintos espacios de toma de decisión, especialmente en el área política,
siendo una de las barreras que se enfrentan y limitan a una participación real
de las mujeres en los espacios digitales y en el país.
Los
Poderes Públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género que constituye
uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la
igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación, proclamados en nuestra
Constitución.
Es
importante resaltar que la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, promueve la construcción de un Estado democrático y social de
Derecho y de Justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad y, en
general, la preeminencia de los derechos humanos, que conlleve la
materialización de los fines esenciales del Estado como son la defensa, desarrollo
y respeto a la dignidad de las personas.
Recordamos
al CNE, lo que dice la CRBV en su artículo 227: “Para ser elegido Presidente de
la República o elegida Presidenta de la República se requiere ser venezolano o
venezolana por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser mayor de treinta
años, de estado seglar y no estar sometido o sometida a condena mediante
sentencia definitivamente firme y cumplir con los demás requisitos establecidos
en esta Constitución.”
Las
candidatas que no dejaron inscribirse cumplen esos y todos los demás
requisitos, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
y las demás Normativas legales para procesos electorales.
Ante
todo lo anteriormente señalado, las organizaciones de la sociedad civil y
personas que suscriben el presente hacen distintos exhortos y
solicitudes al Estado venezolano, los partidos políticos y a la
sociedad venezolana:
- Solicitamos al CNE el cese de la opacidad,
la arbitrariedad y la vulneración de derechos, en el proceso electoral que
se adelanta, tanto en lo que respecta a las ciudadanas que optaron por
ejercer su derecho a la postulación, como de los ciudadanos venezolanos en
general que eligieron a una mujer para que se postule a la candidatura de
la Presidencia de Venezuela.
- Solicitamos al CNE que cese la violencia
Institucional pasiva contra las postulantes femeninas, dejando de
obstaculizar el acceso de la mujer venezolana a sus derechos
contemplados en la Constitución Nacional y las Normativas Electorales.
- Exigimos que se permita la inscripción de
la candidata femenina que la PUD tiene elegida para que les represente.
- Al Defensor del Pueblo, que se pronuncie
al respecto y solicite una investigación al CNE sobre la discriminación
respecto a la participación política de la mujer.
- A la sociedad, a concientizar que las
mujeres poseen derechos políticos y tienen las mismas capacidades, como
toda persona, para el ejercicio y goce de sus derechos.
- A cada venezolano y venezolana a promover
el respeto entre las partes a través de las redes sociales, evitando
calificativos que minimicen las capacidades de las personas, a través de
los estereotipos.
Tomado
de: https://activistasciudadanos.org/exhorto-por-el-respeto-de-los-derechos-politicos/
