HRW 5 de mayo
de 2014
Miembros de las fuerzas de seguridad
venezolanas han recurrido a un uso ilegítimo de la fuerza en respuesta a
manifestaciones contra el gobierno, y han golpeado brutalmente y disparado a
quemarropa a manifestantes que no estaban armados, señaló Human Rights Watch en
un informe difundido hoy. Numerosos detenidos también fueron sometidos a graves
abusos físicos y psicológicos por integrantes de fuerzas de seguridad,
incluidas en algunos casos torturas, y funcionarios judiciales no velaron
porque se garantizaran los derechos al debido proceso de los detenidos.
“La magnitud de las violaciones de
derechos humanos que documentamos en Venezuela y la participación de miembros
de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos,
demuestra que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos
agentes insubordinados”,manifestó José Miguel
Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Por el
contrario, forman parte de un patrón alarmante de abusos que representa la
crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en años”.
Human Rights Watch llevó a cabo una
investigación en Venezuela en marzo de 2014, que incluyó visitas a
Caracas y a los estados de Carabobo, Lara y Miranda, y realizó decenas de
entrevistas a víctimas de abusos y sus familiares, testigos, profesionales médicos,
periodistas, abogados y defensores de derechos humanos. Human Rights Watch
también reunió numerosas evidencias, incluidas fotografías, grabaciones de
video, informes médicos y resoluciones judiciales, y examinó informes
gubernamentales y declaraciones oficiales con respecto a actividades de
protesta y la respuesta ofrecida por las fuerzas de seguridad.
El gobierno venezolano ha
caracterizado a las protestas que se desarrollan en todo el país como
violentas. Sin duda, algunos manifestantes han apelado a métodos violentos,
como arrojar piedras y cócteles molotov contra las fuerzas de seguridad. No
obstante, la investigación de Human Rights Watch muestra que miembros de las
fuerzas de seguridad venezolanas han recurrido reiteradamente a un uso ilegítimo
de la fuerza contra personas que no estaban armadas ni eran violentas. Algunos
de los abusos más graves documentados en el informe fueron cometidos contra
personas que ni siquiera participaban en manifestaciones, o que ya se
encontraban detenidas y estaban completamente bajo el control de miembros de
las fuerzas de seguridad.
La naturaleza y el momento en que se
produjeron muchos de los abusos —acompañados frecuentemente de
descalificaciones políticas por parte de los responsables— sugieren que el
propósito no fue restablecer el orden público ni dispersar las protestas, sino
más bien castigar a personas por sus opiniones políticas reales o presuntas,
señaló Human Rights Watch.
En muchos casos, el objetivo de los
abusos parece haber sido impedir que personas documentaran las tácticas
aplicadas por miembros de las fuerzas de seguridad, o castigar a quienes
intentaran hacerlo. Los incidentes involucraron tanto a periodistas
profesionales como a personas comunes que habían estado tomando fotografías o
filmando la represión de miembros de las fuerzas de seguridad contra
manifestantes.
“Es fundamental que los líderes de la
oposición continúen repudiando cualquier tipo de actos de violencia por parte
de manifestantes, de la manera más firme y categórica posible”, aseveró
Vivanco. “Sin embargo, debemos dejar en claro que nada justifica las tácticas
brutales aplicadas por agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas”.
En la mayoría de los casos
documentados por Human Rights Watch, las víctimas de abusos fueron arrestadas
arbitrariamente y retenidas hasta 48 horas o por períodos mayores, muchas veces
en establecimientos militares. Allí sufrieron nuevos abusos, como violentas
golpizas y, en varios casos, descargas eléctricas o quemaduras.
A numerosos detenidos con lesiones
graves —como heridas de perdigones y fracturas provocadas por golpizas— se les
negó el acceso a atención médica, o bien esto fue demorado, lo cual exacerbó su
sufrimiento, a pesar de sus reiterados reclamos solicitando tratamiento médico.
En varios casos, guardias nacionales y policías también sometieron a detenidos
a severos abusos psicológicos, que incluyeron amenazas de muerte y violación
sexual.
En al menos 10 casos documentados,
Human Rights Watch considera que la combinación de tácticas abusivas empleadas
por miembros de las fuerzas de seguridad constituyó tortura.
El hecho de que estos abusos hayan
sido cometidos reiteradamente por miembros de distintas fuerzas de seguridad y
en múltiples lugares en los tres estados y la capital (incluso en entornos
controlados como establecimientos militares y otras instituciones estatales), y
durante el período de seis semanas analizado por Human Rights Watch, avala la
conclusión de que los abusos formaron parte de una práctica sistemática de las
autoridades de seguridad, señaló Human Rights Watch.
Prácticamente todas las 150 víctimas
cuyos casos documentamos en este informe sufrieron la negación de garantías
básicas de debido proceso. Muchas permanecieron incomunicadas y se les negó el
acceso a abogados hasta minutos antes de las audiencias judiciales, que a
menudo se programaron en medio de la noche sin ofrecer ninguna justificación
plausible. Jueces y fiscales en reiteradas ocasiones hicieron caso omiso de
evidencias que sugerían que los detenidos habían sufrido abusos mientras
permanecieron a disposición de las autoridades, incluidos signos evidentes de
abuso físico.
La magnitud de estas y otras
violaciones de debido proceso que ocurrieron en varias jurisdicciones en
distintos estados demuestra que el poder judicial ha dejado de ejercer su rol
como garante frente a abusos de poder del gobierno, manifestó Human Rights
Watch.
Venezuela debería garantizar que cesen
de inmediato todas las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros
de fuerzas de seguridad en el contexto de protestas, y asegurar que se
investiguen de manera oportuna, exhaustiva e imparcial todos los abusos
ocurridos y se juzgue a los responsables, indicó Human Rights Watch. También se
deben investigar y juzgar de manera exhaustiva e imparcial todos los actos de
violencia perpetrados por otros actores en el contexto de protestas, con
independencia de la afiliación política de los presuntos responsables o las
víctimas.
Según el gobierno, al 25 de abril, el
Ministerio Público estaba impulsando 145 investigaciones de presuntas
violaciones de derechos humanos, y se había detenido a 17 agentes de seguridad
por su supuesta participación en estos casos.
“Debido a la falta de independencia
judicial que existe hoy en Venezuela, y a que fiscales y jueces han estado
directamente implicados en muchos de los abusos que documentamos, es difícil
esperar que los responsables de estos delitos sean llevados ante la justicia”,
observó Vivanco. “Para que estos esfuerzos sean creíbles, el gobierno
venezolano debería facilitar la verificación de organismos de supervisión de
derechos humanos de Naciones Unidas y adoptar medidas inmediatas para asegurar
la independencia del poder judicial”.
El gobierno venezolano debería aceptar
los pedidos de visita pendientes presentados por el Relator Especial de la ONU
sobre Tortura, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de
reunión y asociación pacíficas y la Relatora Especial de la ONU sobre la
independencia de los magistrados y abogados, y coordinar estas visitas en el
plazo más breve posible. El gobierno debería además cursar una invitación
permanente al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria.
La Asamblea Nacional debería asimismo
restablecer la credibilidad e independencia del poder judicial seleccionando
nuevos magistrados permanentes para cubrir 11 vacantes en el Tribunal Supremo
(del total de 32) mediante el voto de dos tercios de sus miembros, conforme se
estipula en la Constitución, y a través de un proceso de selección abierto, transparente
y que asegure el mayor grado posible de consenso político.
Los gobiernos latinoamericanos que
pertenezcan a organismos regionales en los cuales sea parte Venezuela —como la
UNASUR, el MERCOSUR y la OEA— deberían reivindicar su compromiso colectivo de
proteger y promover los derechos fundamentales y respetar las instituciones
democráticas, interpelando al gobierno venezolano e insistiendo en que se
aborden estos graves problemas en materia de derechos humanos, observó Human
Rights Watch.
“La comunidad internacional —y en
particular los miembros de la UNASUR que interactúan habitualmente con el
gobierno venezolano— deberían condenar enérgicamente los flagrantes abusos
documentados por Human Rights Watch”, señaló Vivanco. “En concreto, deberían
exigir que el gobierno de Maduro ponga fin a estos graves abusos, libere a
personas que fueron detenidas arbitrariamente y procese a los agentes de
seguridad y a los miembros de las pandillas armadas que sean responsables de
ataques a manifestantes”.
Selección de casos documentados en
“Castigados por protestar”:
El 19 de febrero, un guardia nacional
disparó perdigones a quemarropa al rostro de Gengis Pinto, de 36
años, a pesar de que ya había sido detenido y no ofrecía resistencia. Pinto
había estado participando en una manifestación contra el gobierno en San
Antonio de los Altos, donde cientos de manifestantes habían bloqueado parte de
una autopista. Pinto levantó el brazo para protegerse del disparo, y recibió el
impacto en la mano, debido a lo cual se lesionó gravemente varios de sus dedos
y varios perdigones se incrustaron en su antebrazo. A pesar del dolor severo
que padecía, de que había perdido sangre y de sus reiterados pedidos, los
guardias nacionales se negaron a llevar a Pinto a un lugar donde fuera atendido
por un médico. En vez de ello, lo golpearon, amenazaron con matarlo y lo
llevaron a una base militar para interrogarlo. Aproximadamente seis horas
después de haber recibido los disparos, Pinto fue trasladado por guardias
nacionales a un hospital, donde no permitieron que el médico lo examinara en
privado. Si bien el médico dijo a los guardias nacionales que Pinto necesitaba
recibir atención especializada inmediatamente que no podía brindarle allí, los
oficiales hicieron caso omiso de su consejo y llevaron a Pinto de regreso a la
base militar. Allí, fue esposado a otro detenido y obligado a permanecer
sentado al sol durante aproximadamente 10 horas más, hasta que fue trasladado a
una clínica privada, donde fue sometido a cirugía.
Juan Sánchez (seudónimo), de 22 años, fue detenido por guardias
nacionales mientras se dirigía a pie a un banco en las afueras de Caracas el 5
de marzo. Anteriormente ese mismo día, Sánchez había participado en una
protesta en la zona. Sin ningún tipo de advertencia, fue interceptado por
guardias nacionales que le propinaron puntapiés, lo golpearon y dispararon un
perdigón desde muy corta distancia en su muslo derecho. Uno de los guardias
nacionales dijo “Coño, por fin agarramos uno y va a ser nuestro trofeo así
estos carajitos dejan de joder”. Sánchez fue conducido a un establecimiento
militar, donde una decena de guardias nacionales lo obligaron a desvestirse. Un
guardia nacional, al ver la sangre que brotaba de su pierna, le preguntó: “¿Te
duele la herida?”, y le introdujo el dedo en la herida abierta, lo quitó y
luego volvió a meterlo. La segunda vez sacó algo de su pierna, pero Sánchez no
pudo ver si era tejido muscular o un perdigón. Luego tres guardias nacionales
lo esposaron a una barra de metal, le aplicaron descargas eléctricas en dos
oportunidades y le exigieron que les dijera quiénes eran sus cómplices. A
continuación, los guardias llevaron a Sánchez a un patio, donde fue obligado a
luchar con uno de ellos, mientras los demás miraban y se reían. Sánchez fue
trasladado a un hospital, donde guardias nacionales se inmiscuyeron mientras un
médico intentó atenderlo, y posteriormente fue llevado de regreso al
establecimiento militar, donde varios oficiales lo llamaron “fascista” y
siguieron asestándole patadas, además de amenazar con que lo enviarían a una de
las cárceles más violentas de Venezuela.
Dayana Méndez Andrade, una periodista de 24 años, se
encontraba cubriendo una manifestación en Barquisimeto el 20 de marzo, a la
cual había asistido vistiendo un chaleco que tenía en el frente la leyenda
“Prensa” en letras grandes, cuando miembros de la Guardia Nacional comenzaron a
lanzar gases lacrimógenos y perdigones a los manifestantes. Si bien Méndez
intentó escapar, fue rodeada junto con otro fotógrafo —
Luis Rodríguez Malpica, de 26 años— por varios guardias
nacionales. Cuando ella y Rodríguez alzaron las manos y gritaron que eran
periodistas, un guardia nacional respondió “¡Me están tomando fotos! Ustedes
son los que mandan la foto que dicen ‘SOS Venezuela’. Son los que causan los
problemas, dejando mal la Guardia Nacional”. Luego, desde una distancia de unos
pocos metros, los guardias nacionales les dispararon perdigones, que impactaron
a Méndez en la pierna y cadera izquierdas.
Guardias nacionales y policías
nacionales dispararon gases lacrimógenos y perdigones contra estudiantes que se
manifestaban en el campus de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
en Barquisimeto o en las proximidades el 11 de marzo. Wladimir Díaz,
de 20 años, quien participó en la protesta, indicó que miembros de las fuerzas
de seguridad gubernamentales actuaron en forma coordinada con más de 50
civiles, muchos de los cuales llevaban armas cortas que disparaban en dirección
a los estudiantes. Díaz recibió un disparo en el abdomen cuando un grupo mixto
integrado por miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales y civiles
armados con el rostro cubierto abrieron fuego contra el edificio de la
universidad donde había intentado resguardarse.
Cuando el restorán donde trabajaba en
un centro comercial en El Carrizal cerró el 5 de marzo debido a las protestas
en la zona, Moisés Guánchez, de 19 años, decidió regresar a su
casa. Pero, junto con otras 40 personas, se vio atrapado en una playa de
estacionamiento cerrada, ubicada al lado del centro comercial, mientras
miembros de la Guardia Nacional disparaban cartuchos de gases lacrimógenos y
perdigones en dirección a donde estaban. Cuando Guánchez intentó escapar, un
guardia nacional le impidió el paso y le disparó en dirección a su cabeza con
perdigones. Guánchez recibió el impacto en el brazo, que había levantado para
protegerse el rostro, y cayó al suelo. Si bien Guánchez no ofreció resistencia,
dos guardias nacionales lo levantaron y se turnaron para golpearlo, hasta que
un tercero se acercó y le disparó a quemarropa en la entrepierna con
perdigones. Tuvo que recibir tres transfusiones de sangre y someterse a
operaciones en el brazo, la pierna y uno de sus testículos.
José Alfredo Martín Ostermann, de 41 años, y Carlos
Spinetti, de 39, fueron detenidos el 12 de marzo por civiles armados
mientras circulaban a pie por una zona cercana a donde se estaba desarrollando
un acto a favor del gobierno en Caracas. Las víctimas fueron llevadas a plena
vista de tres guardias nacionales, que no intervinieron. Los hombres armados
golpearon a Ostermann y a Spinetti, les profirieron insultos de tono político
(por ejemplo, los acusaron de “traidores a la patria”), amenazaron con matarlos
y fotografiaron a Spinetti con un arma en la mano que ellos mismos le obligaron
a tomar, antes de entregarlos a la policía. En vez de interrogar a los civiles
armados, la policía detuvo a las dos víctimas.
