Diario Las Américas 02 de octubre de 2024
Los
opositores Freddy Superlano y Roland Carreño fueron acusados de terrorismo y
otros graves delitos sin tener derecho a la defensa privada, informó abogado
En Venezuela, la mayoría de los presos políticos vinculados a las protestas contra el fraude electoral del pasado 28 de julio son imputados con cargos de terrorismo, entre otros graves delitos, sin que se les respete el derecho al debido proceso por parte de las autoridades penales, denuncian abogados y familiares.
Entre
ellos se encuentran los casos de los dirigentes opositores Freddy Superlano,
exdiputado, y Roland Carreño, periodista, ambos pertenecientes al partido
político Voluntad Popular.
En
fecha reciente, los dos presos políticos fueron acusados de los delitos de
terrorismo, traición a la patria, asociación y conspiración, por parte del
Ministerio Público, luego de que la Fiscalía afín al régimen los señaló de
haber difundido las actas de votación en poder de la oposición que dio el
triunfo al candidato opositor Edmundo González Urrutia.
La
acusación fiscal a dos meses de permanecer recluidos en los calabozos del
cuerpo de inteligencia SEBIN, en El Helicoide, significaría una violación a las
normas procesales penales así como al derecho al debido proceso consagrado en
la Constitución.
El
debido proceso prevé que la defensa y la asistencia jurídica son derechos
inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso, debe
aplicarse a todas las actuaciones judiciales y administrativas (art.49)
La
cantidad de presos políticos por las protestas contra el fraude electoral en
Venezuela supera los 1.723, entre estos destacados dirigentes políticos y 68
adolescentes de entre 14 años y 17 años de edad, según la data que lleva la ONG
Foro Penal.
Irrespeto
al debido proceso en Venezuela
“Superlano
y Carreño fueron acusados sin derecho a designar abogados de confianza y sin
que sus familiares puedan tener acceso a ellos”, dijo el abogado y profesor
Joel García, tras recibir información de parientes.
Los
allegados llevan dos meses sin permitírseles constatar el estado de salud
físico y psicológico de sus familiares presos.
En
similar situación de violación del debido proceso se encuentran también los
dirigentes opositores William Dávila, exgobernador del estado Mérida; y Nélida
Sánchez, coordinadora nacional de formación de Súmate, agregó García.
Recientemente
el hijo de Perkins Roche, abogado del partido Vente Venezuela de la líder María
Corina Machado detenido desde hace casi dos meses, pidió su libertad.
“El
problema es que, a casi dos meses del contexto poselectoral, muchos de ellos no
han tenido contacto directo con familiares y menos con abogados de confianza”,
señaló García en sus redes.
“Sesenta
días después, la situación de ellos se desconoce, sabemos que a algunos les han
permitido contacto con ellos vía telefónica, pero nadie ha podido corroborar su
situación de integridad física y psíquica, si se alimentan o no, y eso es
violatorio de los derechos de cualquier imputado en proceso”, añadió el
abogado.
Destacó
que en el caso de adolescentes “es peor porque su proceso tiene un carácter
educativo restaurativo y no punitivo, en el cual los padres y representantes
forman parte de ese proceso y eso no ha sido posible, el debido proceso se
viola abiertamente en el contexto poselectoral”, afirmó
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