Isabella González 02 de octubre de 2024
La
crisis electoral de Venezuela condujo al rompimiento de sus relaciones diplomáticas
y consulares con 10 países de América Latina. Eso deja en una especie de limbo
jurídico a millones de migrantes que viven en el extranjero sin acceso a
trámites esenciales de su estatus civil, con todas las complicaciones que
implica y nuevas limitaciones impuestas por el gobierno venezolano, entre
ellas, las restricciones para ingresar al país vía aérea
Renovar el pasaporte, sacar la visa para el cónyuge extranjero, conseguir el certificado de defunción de los padres, inscribir los registros de nacimiento o matrimonio, otorgar poderes generales o especiales, autoriz00ar a los niños para viajar, obtener certificados de fe de vida para cobrar las pensiones, legalizar los certificados para el comercio internacional, como de uso, origen, de calidad, de sanidad animal. Esos son apenas algunos de los trámites que los migrantes venezolanos estarán impedidos de realizar, por la inexistencia de relaciones diplomáticas y consulares con sus países de residencia.
Hoy en
día, esas preocupaciones se multiplican en países como Uruguay, Argentina,
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana,
justo los que, con el posterior apoyo de Chile, exigieron la publicación de las
actas electorales y se negaron a reconocer la victoria de Nicolás
Maduro en las elecciones del 28 de julio, según el anuncio hecho por el Consejo
Nacional Electoral (CNE). En respuesta, la cancillería venezolana decidió
retirar el personal diplomático de las misiones en estos países, y exigió a
esos gobiernos hacer lo mismo con sus representantes en territorio venezolano.
Aunque
la medida solo significa una «interrupción temporal» de
relaciones diplomáticas y consulares, este quiebre deja a miles de venezolanos
migrantes en una situación de incertidumbre y total desprotección jurídica.
Este
escenario adquiere relevancia de cara a la posibilidad de una nueva ola
migratoria, que podría aumentar la cifra de desplazados en el mundo a 10
millones. Según reportes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Refugiados (Acnur), actualmente más de 7,7
millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes se encuentran
repartidas por todo el mundo, con más de 1,2 millones de ellas solicitando
asilo y 347.000 reconocidas como refugiadas.
Además,
tiene un gran impacto para quienes ya están en el exterior. El Servicio
Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció el
miércoles 25 de septiembre que los venezolanos residentes en países sin
representación consular deberán
viajar a Venezuela para retirar sus pasaportes directamente en las
oficinas principales del organismo.
Dos
días después, el Gobierno estableció nuevas medidas
no oficiales para aquellos que viajen al país. Según la normativa, los
ciudadanos venezolanos deben contar con pasaporte vigente para ingresar, y no
podrán embarcarse solo con su cédula, aun si poseen doble nacionalidad. Esta
decisión, además de ser contradictoria y deja en estado de vulnerabilidad a
quienes requieran renovar sus documentos -y retirarlos en Caracas, según lo
establecido por el Saime-, contraviene el artículo 50 de la Constitución
venezolana, que garantiza el derecho de los ciudadanos a ingresar libremente al
país sin necesidad de autorización.
En
caso de que el ciudadano no tenga el pasaporte vigente, deberá solicitar
un «Documento de viaje» en el consulado o embajada
venezolana, y registrarlo con la aerolínea al menos 72 horas antes del vuelo.
La
mayoría de los migrantes que llegan a los países vecinos integran familias
vulnerables, con mujeres embarazadas, niños, personas mayores y personas con
discapacidad, expuestos en su mayoría a la pobreza extrema o a dificultades
para subsistir. Aunque los países de acogida en la región han mostrado una
solidaridad notable al ofrecer acceso a servicios esenciales, la presión sobre
estas naciones sigue creciendo.
Las
trabas en la representación diplomática y consular pueden ocasionar problemas
de legalidad en materia civil, penal y administrativa, lo que a su vez
repercute en el acceso a servicios públicos, empleo y educación.
Algunos
países han implementado procesos masivos de regularización para garantizar que
los migrantes tengan los documentos necesarios y puedan ejercer sus derechos.
Pero estos esfuerzos requieren un respaldo financiero sólido para asegurar su
éxito, asegura Acnur.
Un
licenciado en estudios liberales que prefirió mantener su identidad en reserva
por razones de seguridad, –como varios de los expertos consultados en Venezuela
luego de la ola represiva poselectoral–, explicó que la crisis migratoria ha
llegado a un punto crítico, especialmente para aquellos que salen del país sin
documentos. «Cualquier persona venezolana que salga de forma ilegal
y tenga pasaporte, facilita algunas cosas, pero ahora va a haber una ola de
migración sin pasaporte. No todo el mundo que migra puede pagar los 200 dólares
que cuesta, lo que deja a muchos sin esta documentación básica»,
afirmó.
El
experto señaló que todo venezolano que salga de esta manera se considera una
persona con necesidad de protección internacional, ya que carece de documentos
que demuestren su identidad. Además, muchos de los que salen lo hacen
por razones que podrían justificar una condición de refugiado: miedo,
desesperación o crisis climática.
De
esta forma se convierten en un problema inmediato para los países de acogida. «Ahí
entran mecanismos, ya sea a través de las agencias de Naciones Unidas o la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y muchas otras, para
tratar de regularizar a los migrantes a través del Estado. Pero esa es
la verdadera crisis migratoria que tienen los países con Venezuela desde hace
tantos años. El sistema no da abasto para la cantidad de solicitudes de apoyo
consular o migratorio que reciben. Estos apoyos pueden ir desde ser
reconocidos como ciudadanos hasta simplemente entender que no tienen pasaporte,
pero sí su cédula y otros papeles. Cada caso es tan particular que el Estado
receptor muchas veces no tiene la capacidad de apoyarlos adecuadamente»,
comentó.
¿Cuál
es el impacto para los venezolanos?
Un
internacionalista y experto en migración y refugiados, que prefirió resguardar
su identidad, le indicó a TalCual que, a largo
plazo, «las relaciones consulares nunca son lineales y están
sujetas a cambios constantes según los condicionantes sociopolíticos del
momento. Para los ciudadanos puede ser engorroso, pero estas fluctuaciones
generan movimientos constantes en el estatus de las relaciones», declaró.
En
cuanto a los trámites de ciudadanía, residencia o asistencia legal, señaló que,
si bien es posible que persistan dificultades administrativas, existe un marco
internacional, tanto a nivel de Naciones Unidas como de otros actores no
gubernamentales, que puede servir como puente para facilitar ciertos trámites y
evitar que los venezolanos queden en un limbo absoluto.
Si
bien podrían mantenerse algunos obstáculos en términos de eficiencia
administrativa, es probable que, en paralelo con las tensiones políticas y
diplomáticas, se desarrollen mecanismos de flexibilización que permitan a los
ciudadanos acceder a trámites consulares aún en contextos adversos, concluyó el
internacionalista.
Sin
embargo, desde Venezuela, los trámites en lugar de simplificarse se hacen más
complejos. El miércoles 25 de septiembre, el Servicio Administrativo de
Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que aquellos
venezolanos que viven en el exterior en países donde no hay representación
consular deben regresar a Venezuela y retirar sus pasaportes en las oficinas
principales de la institución.
La
información publicada por el Saime en redes
sociales señala que «los venezolanos que se encuentran fuera
del país y hayan tramitado el pasaporte a través de los consulados que están
cerrados, podrán dirigirse a nuestra sede principal en Caracas para retirar el
documento de viaje».
Pero
dos días después, el Gobierno venezolano envió una notificación oficial a las
aerolíneas que aún tienen vuelos hacia Venezuela en la que especifica que «los
pasajeros venezolanos deben tener su pasaporte venezolano vigente al momento
del viaje, y en caso contrario deberán solicitar un “Documento de Viaje” ante
el Consulado o la Embajada venezolana acreditada en el exterior y registrarlo
con la aerolínea con al menos 72 horas antes del embarque».
La
medida implica que no se permitirá el embarque a venezolanos con cédula de
identidad venezolana, aún estando vigente y que aquellos pasajeros venezolanos
que tengan doble nacionalidad, deben presentar de igual manera el pasaporte venezolano
vigente. Si
el pasaporte venezolano está vencido, no podrá ser embarcado aun teniendo el
pasaporte de su otra nacionalidad vigente, a pesar de que se trata
de una decisión contraria a lo que establece el artículo 50 de la Constitución:
«(…) Los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de
autorización alguna. Ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de
extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas».
¿Qué
se puede hacer?
Una
cosa es la ruptura diplomática entre los países, que tiene consecuencias de
carácter general, y otra la consular, que afecta directamente a la vida de las
personas que viven en el extranjero. El internacionalista explicó que «cuando
se produce una ruptura de relaciones diplomáticas, hablamos de un cese en los
vínculos políticos entre dos Estados. Pero dado que, generalmente, las
oficinas consulares operan dentro de las sedes diplomáticas o en coordinación
con ellas, una ruptura de relaciones diplomáticas puede dejar a los
connacionales sin un marco de protección adecuado», explicó.
Sin
embargo, la situación de Venezuela con los países que no reconocen la victoria
de Maduro ha llegado a un nivel sin precedentes. De hecho, la ruptura consular
sólo suele ocurrir en situaciones extremas, como un conflicto bélico entre los
países. De acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y
Consulares, no toda ruptura de relaciones diplomáticas implica automáticamente
lo mismo en las consulares. Al no haber una comunicación oficial que la
indique, se presume que, en términos técnicos, «sólo han sido
modificadas en el contexto de las tensiones poselectorales», detalló el
experto.
Existen
también mecanismos internacionales e instituciones que pueden intervenir para
ofrecer protección a los ciudadanos. Se trata de fórmulas en las que terceros
Estados asumen la responsabilidad de proteger locales diplomáticos, facilitar
trámites consulares y garantizar el mecanismo de «concurrencia»,
al asegurar que los ciudadanos venezolanos puedan realizar sus gestiones en
consulados de terceros países.
«La
concurrencia significa que, aunque no exista un consulado venezolano en el país
donde se reside, los venezolanos pueden acudir a un consulado en un país vecino
que asuma esas funciones. Esto asegura que puedan seguir ejerciendo sus
derechos como ciudadanos», comentó el internacionalista. Pero aclaró que
los extranjeros podrían enfrentar desafíos adicionales para realizar trámites
que requieran presencialidad o un contacto directo.
Sin
embargo, el especialista consultado explicó que cuando otro país asume
funciones consulares en representación de Venezuela, lo hace mediante un
acuerdo entre ambos Estados. Por ejemplo, si el consulado de Colombia en
República Dominicana asume funciones en nombre de Venezuela, los venezolanos
deberán dirigirse a esa oficina para realizar trámites. Pero esos acuerdos por
ahora no han terminado de establecerse.
Además,
resaltó que el Estado venezolano sigue siendo el encargado de definir qué
servicios se ofrecerán y dónde. De hecho, puede ampliar las competencias o el
rango jurisdiccional de otros consulados y debe indicar qué país asumirá
algunas de las funciones y protecciones. Esta decisión debería ser comunicada
por la Cancillería al Estado receptor y a la comunidad venezolana. Pero en la
mayoría de los casos, nada de eso ha sucedido.
Un
ejemplo de cómo se estaba manejando la situación es el caso de Argentina. El 1
de agosto, la Cancillería de ese país anunció que Brasil asumiría la protección
de los locales de la embajada argentina en Caracas, así como la custodia de sus
bienes, archivos e intereses, en concordancia con las normas internacionales
vigentes. De esa manera, Brasil también se encargaría de proteger a los
asilados en la Embajada, incluyendo a seis miembros de la campaña de los
líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia,
resguardados desde el 20 de marzo.
Pero
el 7 de septiembre, el gobierno de Caracas revocó ese reconocimiento a Brasil,
incluida la administración de la embajada y la residencia. Argumentó que las
personas refugiadas estaban involucradas en actos de terrorismo e intento de
magnicidio contra Maduro. El Ministerio de Relaciones Exteriores de
Brasil respondió que Venezuela debe autorizar un país de reemplazo para revocar
la autorización, y que mientras tanto, seguirán asumiendo esa responsabilidad.
Pero ese impasse sigue sin ser resuelto.
De
igual manera, un abogado experto en migración que prefirió mantenerse en el
anonimato advirtió que el «limbo consular» que
enfrentan los venezolanos en varios países ya ocurrió por ejemplo durante la
ruptura de relaciones entre Venezuela y Colombia durante el gobierno de Iván
Duque. En ese entonces Colombia tuvo que encontrar soluciones para regularizar
el estatus migratorio de los venezolanos.
«Ese
caso es un ejemplo claro, ya que Bogotá adoptó una forma de protección temporal
para los migrantes venezolanos. Es probable que países con relaciones
diplomáticas rotas con Venezuela adopten soluciones similares», explicó
el abogado. Añadió que Chile, por ejemplo, ha delegado su representación diplomática
a otro país, lo que puede servir como modelo para otras naciones. En
República Dominicana, España ha asumido la representación venezolana, lo que ha
permitido la continuidad de ciertos trámites consulares, aunque a un ritmo
más lento.
Sin
embargo, el abogado alertó que, ante la falta de renovación de documentos
venezolanos, los migrantes pueden verse expuestos a ser deportados cuando deban
renovar sus visas en los países de destino. «Las organizaciones de
venezolanos allá deberían abogar ante los congresos locales por medidas
especiales que protejan a los migrantes que no pueden renovar sus documentos
debido a la crisis consular», concluyó.
Más
restricciones, más desamparo
La
politóloga Miroslava Colán añadió que de aquí al 10 de enero (fecha de la toma
de posesión del presidente) «la ruptura consular entre naciones
podría robustecerse», ya que a su parecer, «la presión
diplomática está presente, pero no está siendo tan contundente» como
para que Maduro modifique su postura. A pesar de que algunos países han
adoptado medidas flexibles para regularizar la situación de los venezolanos con
pasaportes vencidos, este proceso no es uniforme y afecta a su vez el acceso a
servicios esenciales como traductores y representación oficial en caso de ser
detenidos o enfrentarse a problemas legales.
Entonces,
la responsabilidad de garantizar los derechos humanos queda en manos del Estado
receptor, pero estos países también deben atender a sus propios ciudadanos, lo
que incrementa la carga y dificulta la atención adecuada a los venezolanos. Al
no contar con representación diplomática, los migrantes quedan
expuestos a violaciones de sus derechos, incluyendo xenofobia y
malinterpretaciones legales, sin la posibilidad de recurrir a su embajada en
busca de protección.
Muchos
funcionarios de migración y policías nacionales no están completamente
informados sobre la validez extendida de los pasaportes venezolanos, lo que
lleva a situaciones de discriminación y detenciones arbitrarias. Colán afirma
que «volveremos a una situación como la de 2019-2020, donde las
personas no tendrán acceso a la identidad y quedarán expuestos a la ilegalidad».
Según análisis de la politóloga, la relación del régimen venezolano con países como China, Rusia, Irán y Cuba se mantendrá, ya que son sus principales aliados internacionales. Sin embargo, Colán señala que ninguno de esos países es un destino para los migrantes venezolanos. En este sentido, el futuro para ellos sigue siendo incierto, porque finalmente dependen de la voluntad de los países receptores. Lo cual quiere decir que, aunque suene absurdo decirlo, los migrantes venezolanos tendrán que revestirse de paciencia mientras las aguas de la política internacional del país siguen atravesando tempestades.
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