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lunes, 15 de julio de 2024

Los Estados deben brindar protección a defensores venezolanos en el exterior, por Alerta Venezuela


Alerta Venezuela 14 de julio de 2024

A comienzos de julio, la organización venezolana PROMEDEHUM publicó el informe “Desafiando la oscuridad. Resistencia y Resiliencia de la Sociedad Civil en el Laberinto del Autoritarismo Venezolano”, en el cual explora las condiciones de las personas defensoras de derechos humanos en el exilio y de las organizaciones de la sociedad civil en el país.

El informe inicia con unos datos de contexto para comprender la situación que enfrenta las personas defensoras en el país. En el más reciente informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos se advierte que los ataques a la sociedad civil no cesan. Al respecto, el ACNUDH documentó entre mayo de 2023 y abril 2024, “30 casos de amenazas y hostigamiento, un intento de secuestro, dos casos de agresiones físicas, 38 casos de detención arbitraria (27 hombres y 11 mujeres), así como 13 casos de otras formas de criminalización de actores de la sociedad civil, incluidos periodistas, sindicalistas, dirigentes campesinos y otras voces consideradas críticas. Según el ACNUDH, “las cifras anteriores indican un aumento con respecto a las denunciadas anteriormente”. 

El informe de PROMEDEHUM subraya que, aunque los riesgos de las organizaciones y personas defensoras varían según su ubicación regional, éstos dialogan con un impacto acumulado de la represión estatal. No en vano CIVICUS el año pasado rebajó a Venezuela a la categoría de país “cerrado”. La organización da cuenta de una “progresiva suspensión de las libertades cívicas fundamentales, dejando más vulnerable a la sociedad civil”, lo que se conjuga con los daños continuos de una emergencia humanitaria compleja.

En lo sucesivo se muestran los hallazgos de un estudio basado en 33 entrevistas atendiendo a criterios diversos. Al explorar los motivos de salida del país, “el 63,3% de las personas expresó haber salido por «acoso, persecución u hostigamiento» y el 30,3% mencionó el «miedo a una posible persecución en el futuro»”. En lo referente a refugio, “el 54,5% de las personas solicitaron refugio, pero solo el 38,9% obtuvo el estatus de refugiado. Al 5,6% les fue rechazado y el 55,6% se encuentra en espera de una respuesta. El tiempo máximo de espera ha sido de 8 años”. Al respecto, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) estimó que, para junio de 2023, había 1.184.889 solicitudes pendientes de la condición de refugiados y solo 300.759 personas venezolanas eran refugiados reconocidos. En cuanto a necesidades médicas, “el 60,6% presenta necesidades médicas físicas y el 45,5% tiene necesidades médicas emocionales”.

Aunque las personas defensoras salen del país al igual que otras personas, “los efectos en ellos tienen particularidades y son comparables a otras dinámicas violentas. Entre los efectos observados en las entrevistas se encuentran depresión, inseguridad, desconfianza, ansiedad y desarraigo”. Así, la persecución ha repercutido de manera grave en defensores.

Otro hallazgo justamente se refiere a la experimentación del miedo en el país de acogida. Entre las razonas documentadas, además de casos de violencia y xenofobia, destaca “las amenazas por supuestos integrantes de la banda delictiva venezolana y transnacional “El Tren de Aragua”, los señalamientos y amenazas por parte de funcionarios venezolanos en el país de acogida y la presencia de posibles funcionarios de inteligencia venezolanos”.  El estudio apunta a un temor derivado de la “capacidad de daño transnacional” del régimen venezolano, lo que se corresponde con las denuncias y casos sobre funcionarios operando ilegalmente en otros territorios, y a lo cual hemos dedicado un análisis anterior.

A pesar de estos elementos, se denuncia que “algunos países de acogida se muestran reticentes a conceder asilo a los activistas que huyen, lo que refleja desafíos más amplios para quienes escapan de la persecución”. Las personas defensoras y periodistas en el exilio enfrentan vulnerabilidades no sólo desde Venezuela, como el acceso limitado a documentos de identidad y la pérdida de ingresos, sino en los países receptores, como las dificultades para encontrar empleo. Si los países de acogida no están preparados para brindar protección internacional a este tipo de perfiles, entonces se recrudecen esas condiciones de vulnerabilidad y surgen nuevos desafíos relevantes para todas las partes.

Es fundamental que los países, con el apoyo de los organismos de cooperación internacional, las organizaciones humanitarias, donantes y entidades multilaterales de protección de derechos humanos, tomen coordinadamente las previsiones necesarias para atender a las personas defensoras, reconociéndoles como personas con necesidad de protección internacional que requieren medidas adecuadas y efectivas.  En medio de un contexto electoral que se aproxima al 28 de julio, es previsible que la represión pueda seguir creciendo, y con ella, el número de personas huyendo del país por razones políticas.

Tomado de: https://alertavenezuela.org/blog/2024/07/12/los-estados-deben-brindar-proteccion-a-defensores-venezolanos-en-el-exterior/


  

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