(Caracas/Miami, 30 mayo Reuters)
Un
ex juez de la Corte Suprema de Venezuela, quien huyó del país el mes pasado,
está cooperando con una unidad de élite de la agencia antinarcóticos de Estados
Unidos concentrada en la
búsqueda de los principales traficantes internacionales, según
fuentes familiarizadas con el caso.
El
testimonio de Eladio Aponte podría allanar el camino para imputar cargos contra
aliados del presidente Hugo Chávez. Y ello pondría en apuros al líder
socialista y ayudaría a Washington a referirse a él como mandamás de una nación
paria.
Estados
Unidos ha denunciado durante años que el mandatario venezolano ha hecho caso
omiso ante el tráfico de drogas y que funcionarios de su Gobierno están
directamente involucrados
en este delito, acusaciones que Chávez ha rechazado.
Aponte es uno de seis testigos especiales que cooperan con la DEA en una investigación sobre los presuntos vínculos del Gobierno venezolano con el tráfico de drogas, dijo un ex funcionario estadounidense conocedor del tema.
Aponte es uno de seis testigos especiales que cooperan con la DEA en una investigación sobre los presuntos vínculos del Gobierno venezolano con el tráfico de drogas, dijo un ex funcionario estadounidense conocedor del tema.
El
caso está siendo tratado por el Grupo 959, una unidad de la agencia
antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), según fuentes con conocimiento directo del caso.
La DEA declinó hacer comentarios sobre el tema
El
Grupo 959 se creó para perseguir a los traficantes en otros países que
conspiraban para importar cocaína hacia Estados Unidos.
David
Tinsley, un funcionario retirado de la DEA que ahora dirige su propia agencia
privada de inteligencia, dijo que el Grupo 959 sólo se podía involucrar en el
caso de Aponte si el Gobierno
sentía que el ex juez podía ofrecer evidencias poderosas.
“En
las manos del 959, él será una herramienta muy efectiva”, dijo Tinsley. “Ellos
(la división) saben a quién persiguen y por qué”, sostuvo.
El
Grupo 959 ha manejado investigaciones fundamentales desde Colombia hasta
Afganistán.
Estas
incluyen la formulación de cargos llevada a cabo en el 2006 contra la cúpula y
43 comandantes de la guerrilla colombiana de las FARC por manejar una red
responsable del 60 por
ciento de la cocaína que circula en las calles estadounidenses, según ex
agentes de la DEA.
Tráfico de drogas
Si
el Gobierno de Estados Unidos presenta cargos contra altos funcionarios
venezolanos, haría eco de la acusación efectuada en 1988 contra el líder
panameño Manuel Noriega y algunos de
sus aliados por tráfico de drogas y lavado de dinero.
Tropas
estadounidense forzaron al año siguiente la salida del poder de Noriega, quien
fue juzgado y encarcelado en Estados Unidos.
El
Gobierno de Chávez ha negado rotundamente las acusaciones en su contra de parte
de funcionarios de Estados Unidos y ahora de Aponte.
Es
poco probable que el escándalo afecte la campaña reeleccionista de Chávez
-quien en octubre tentará un nuevo mandato- que dependerá en gran medida de su recuperación de un cáncer.
Aponte
fue destituido de su cargo por la Asamblea Nacional de Venezuela, bajo cargos
de ayudar a Walid Makled
Sin
embargo, ha provocado una renovada atención sobre las acusaciones que aseguran
que el mandatario ha permitido un incremento del tráfico de drogas en
Venezuela.
Aponte
dijo en abril en una entrevista con SOiTV, un canal de televisión por Internet
de Miami, que los aliados de Chávez rutinariamente manipulan el sistema
judicial, y acusó a altos funcionarios de participar en el tráfico de drogas.
El
ex juez venezolano dijo que recibió la orden de liberar a un oficial del
ejército que sería parte del círculo íntimo de Chávez y que había sido detenido por
presuntamente participar en el contrabando de dos toneladas de cocaína.
Las
acusaciones de Aponte fueron rápidamente respaldas por Luis Velásquez, otro ex
juez, quien abandonó Venezuela en el 2006 en medio de una disputa con los
aliados de Chávez.
Velásquez dijo que el sistema judicial venezolano y los
círculos militares han sido penetrados por el narcotráfico.
Aponte
fue destituido de su cargo por la Asamblea Nacional de Venezuela, bajo cargos
de ayudar a Walid Makled, un empresario sindicado como uno de los mayores
narcotraficantes de la región.
El
juez voló a Costa Rica donde se puso en contacto con agentes de la DEA antes de
llegar a Estados Unidos a mediados de abril en un avión pagado por el gobierno
estadounidense.
Juicio al “capo”
Makled
está siendo procesado por tráfico de drogas, lavado de dinero y asesinato, cargos que él niega.
El
empresario ha dicho que pagó millones de dólares a funcionarios del Gobierno y
oficiales militares que lo ayudaron a obtener lucrativas concesiones, entre ellas una que le dio el derecho
a manejar el principal puerto de Venezuela.
“Si yo soy narcotraficante, toda esa gente que trabaja
conmigo son narcotraficantes”, dijo Makled en una entrevista en el 2010
desde una celda en Colombia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a
Venezuela.
A
pesar de negar su participación en el tráfico de drogas, Makled dice tener
numerosas pruebas de los vínculos del Gobierno con el tráfico de cocaína.
Makled
también dijo a periodistas el mes pasado que realizó pagos mensuales a Aponte
porque los dos eran socios en una aerolínea.
Simpatizantes
del Gobierno repitieron con regocijo las afirmaciones, en aparentes intentos de
impugnar la credibilidad de Aponte. Sin embargo, los críticos indicaron que
éstas subrayan los estrechos lazos del comercio de drogas con el poder
judicial.
Aponte no hizo comentarios sobre las declaraciones
La
cocaína que ingresa a Venezuela proviene de Colombia, el mayor productor
mundial de esta droga, para luego llegar a Europa, Estados Unidos y África.
Estados
Unidos ya ha acusado a varios funcionarios venezolanos, entre ellos al ministro
de Defensa Henry Rangel, de ayudar a la guerrilla colombiana en el contrabando
de cocaína, congelándoles sus activos en territorio
estadounidense y prohibiendo a ciudadanos de ese país hacer negocios con ellos.
“Se ha reportado de manera creíble que miembros de las fuerzas de seguridad y del Gobierno (venezolano) han participado o facilitado actividades de narcotráfico”, dijo la Casa Blanca el año pasado en una evaluación anual sobre cooperación mundial en la guerra contra las drogas.
“Se ha reportado de manera creíble que miembros de las fuerzas de seguridad y del Gobierno (venezolano) han participado o facilitado actividades de narcotráfico”, dijo la Casa Blanca el año pasado en una evaluación anual sobre cooperación mundial en la guerra contra las drogas.
El
Gobierno de Chávez ha rechazado las declaraciones de Aponte y ha dicho que el
juez “vendió su alma” a
la DEA.
El
Gobierno de Chávez ha rechazado las declaraciones de Aponte y ha dicho que el
juez “vendió su alma” a la DEA
“Han
diseñado toda una compaña en la que intentan asociar nuestras Fuerzas Armadas,
a nuestro ministro de Defensa, al narcotráfico, intentan vincularlo al delito”,
dijo Blanca Eekhout, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y estrecha
colaboradora de Chávez.
Chávez,
quien detuvo la cooperación con la DEA en el 2005 tras acusar al organismo de
haber violado la soberanía de Venezuela, se burló en repetidas ocasiones de las
acusaciones
estadounidenses de que su Gobierno es indulgente con las drogas.
El
mandatario ha dicho que Venezuela ha devuelto en numerosas ocasiones a las
autoridades de Estados Unidos a traficantes y que realiza frecuentes
incautaciones de narcóticos.
Guerra de cárteles
El
Departamento de Estado estadounidense estimó en un informe divulgado este año
que entre 161 y 212 toneladas métricas de cocaína “probablemente salieron de
Venezuela rumbo a destinos mundiales en el 2011″.
El
tráfico de drogas desde Venezuela se extiende hasta África Occidental y Europa
del Este, según el informe,
con cargamentos que, saliendo del país sudamericano llegan a
destinos tan lejanos como Guinea Bissau o Ucrania.
Velásquez,
el juez que hizo eco de las acusaciones de Aponte, dijo que había estallado una
guerra entre los cárteles venezolanos, entre ellos uno formado por altos
oficiales militares conocidos como el “Cartel
de los Soles”.
El
nombre proviene de la insignias que adornan las hombreras de los generales
venezolanos.
