Luna Perdomo 07 de marzo de 2023
@LunaPerdomo
Se estima que 500 personas
fueron expulsadas en el año 2021 de Chile sin que se examinara el riesgo que
correrían de llevarse a cabo su expulsión. Amnistía Internacional considera
esencial que este país «provea alternativas para que los venezolanos en
necesidad de protección internacional puedan acceder de manera pronta a un
procedimiento de protección internacional justo y efectivo»
Amnistía Internacional denunció este martes 7 de marzo en su más reciente informe que «el Estado chileno no ha cumplido con su obligación de proteger a quienes han huido de Venezuela para resguardar sus vidas»; por el contrario, esta organización ha identificado una serie de medidas, adoptadas por las autoridades de este país, que impiden que las personas con necesidad de protección, como las venezolanas, puedan acceder a un estatus migratorio regular en Chile; lo que los deja en «situación absoluta de desprotección».
Entre
las medidas que Amnistía Internacional identificó como obstáculos para que los
migrantes venezolanos puedan regularizarse se incluyen la imposición de visados
de entrada con requisitos difíciles de conseguir, normas que facilitan las
reconducciones y expulsiones inmediatas en vulneración del debido proceso,
rechazos en frontera y omisiones en la entrega de información sobre la
condición de los refugiados; además del requisito ilegal de autodenuncia, entre
otras arbitrariedades.
«Amnistía
Internacional considera que exigir a las personas que deseen solicitar asilo,
entre ellas las personas venezolanas, que realicen previamente una autodenuncia
por entrada irregular, las discrimina y las penaliza», resalta el informe.
De la
misma manera, la organización expone con preocupación que «negarles la
posibilidad de acceder al procedimiento para ser reconocidas como refugiadas,
las pone en grave riesgo de devolución a lugares donde su vida y sus derechos
corren peligro»; por lo que Amnistía Internacional recuerda que estas prácticas
constituyen faltas a las obligaciones internacionales contraídas por Chile en
materia de derechos humanos.
Se
estima que 500 personas fueron expulsadas en el año 2021 sin que se examinara
el riesgo que correrían de llevarse a cabo su expulsión. Amnistía Internacional considera
esencial que Chile «provea alternativas para que los venezolanos en necesidad
de protección internacional puedan acceder de manera pronta a un procedimiento
de protección internacional justo y efectivo».
En
2021, el Servicio Nacional de Migraciones registró 3867 solicitudes de asilo
formalizadas. 79% de estas solicitudes correspondía a personas venezolanas. Ese
año, del total de solicitudes recibidas, solamente 19 fueron aceptadas,
mientras que 3082 fueron rechazadas.
Chile
es el cuarto país de acogida de personas venezolanas en América Latina y el
Caribe, después de Colombia, Perú y Ecuador, con un estimado de 444.400
personas venezolanas en su territorio, cifra que data de diciembre de 2021.
Hasta
febrero de este año, 7.177.885 personas habían huido de Venezuela debido a la
emergencia humanitaria compleja y las masivas violaciones de derechos humanos
que ocurren en el país. De ellas, 6.033.396 personas se encuentran refugiadas
en América Latina y el Caribe.
Ante
la situación expuesta, Amnistía Internacional recomienda a las autoridades
chilenas:
- Aplicar la definición de persona refugiada
de la Declaración de Cartagena de 1984 y reconocer a los venezolanos que
buscan protección internacional en su país.
- Garantizar el acceso efectivo y sin
discriminación de todas las personas con necesidad de protección al
procedimiento para el reconocimiento de la condición de persona refugiada.
- Velar por el pleno respeto del principio
de no devolución.
- Eliminar el requisito de autodenuncia, con
el fin de adecuar la legislación chilena y las actuaciones de las autoridades
del país a los estándares internacionales vigente.
- Implementar capacitaciones sobre los
derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes a todas las
personas funcionarias de entidades que atienden a personas refugiadas y
migrantes.
- Abstenerse de adoptar medidas o usar
lenguaje que estigmatice, violente, desacredite o discrimine a las
personas migrantes y refugiadas, en particular las personas venezolanas.
- Asegurar que el Servicio Nacional de
Migraciones cuente con suficientes recursos de personal y financieros,
incluyendo en zonas fronterizas, para garantizar la continuidad de la
atención a personas refugiadas y migrantes.
- Asegurar que las personas venezolanas
tengan acceso a todos los servicios básicos sin discriminación,
independientemente de su situación migratoria o nacionalidad.
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