El 28 de Julio ganamos ¿Y ahora qué?, por Benigno Alarcón Deza

Benigno Alarcón Deza 21 de agosto de 2024

Tras el triunfo, ya incuestionable, de Edmundo González Urrutia, gracias al inmenso movimiento social y político liderado por María Corina Machado, se cierra una etapa de la lucha política, la etapa electoral, y se entra en una nueva nueva fase cuyos retos no son menos complejos que los que tuvieron que enfrentarse para ganar la elección. En una democracia, ganar una elección es el camino para cambiar un gobierno. En una autocracia electoral, ganar una elección es una victoria poco común, extraoridinaria e importantísima para lograr una transición democrática, pero rara vez suficiente por si sola, por lo que la pregunta ¿y ahora qué? es más que pertinente

El 28 de julio la oposición democrática, como habíamos previsto en nuestras encuentras (https://politikaucab.net/2024/07/17/encuesta-cepyg-ucab-delphos-edmundo-gonzalez-cuenta-con-591-de-intencion-de-voto-y-nicolas-maduro-246/), propinó una derrota sin precedentes al oficialismo y abrió con ella el camino hacia una transición democrática en Venezuela. 

Esta victoria fue posible gracias a un movimiento democrático construido desde las bases de la sociedad venezolana, liderazgo de María Corina Machado, y a la madurez de los partidos y líderes políticos que participaron en la Primaria, reconocieron la voluntad de un número representativo de opositores expresada en esa elección y acompañaron al liderazgo electo en las muy difíciles decisiones que hubo que tomar a lo largo de este proceso, incluido el consenso en torno a la candidatura de Edmundo González Urrutia. 

Pese a todos los esfuerzos de Maduro y las instituciones bajo su control, incluida la Fuerza Armada Nacional, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE), para convencernos de la veracidad de los resultados oficiales, hoy Venezuela y el mundo saben la verdad gracias a que la oposición fue capaz de recopilar más del 80% de las actas y publicarlas, mientras el órgano electoral, casi un mes después de la elección continúa sin dar a conocer los resultados detallados por mesa, pese a las insistentes demandas de toda la comunidad internacional.

El problema para el Consejo Nacional Electoral es que publicar resultados creíbles, que contradigan las actas publicadas por la oposición, es imposible. Es imposible por los mecanismos de seguridad que habría que violar, incluidos los códigos QR individuales para cada acta, las más de 180.000 firmas de miembros de mesa, testigos y operadores de las máquinas de votación. A lo que hay que agregar que además de estas más de 180.000 personas que firman las actas, fueron testigos de los resultados los miembros del Plan República y los ciudadanos que estaban presentes a la hora de la verificación ciudadana, lo que puede totalizar al menos a unas 600.000 personas que estuvieron en el lugar y les contaron a sus allegados, personalmente y por redes sociales, lo que pasó, y compartieron imágenes del proceso y las actas con millones de personas en Venezuela y el mundo. Todo ello sin sumar aún a las voces de los expertos calificados, tanto nacionales como extranjeros, que desde paneles de expertos internacionales o misiones de observación nacionales se sumaron a los cuestionamientos sobre el proceso y sus resultados oficiales. 

Con todo esto, es posible decir que el round electoral ha concluido con un triunfo indiscutible e irreversible para el movimiento democrático venezolano. 

Autocratización o democratización

Llegados a este punto, en el que quién ganó la elección ya no es el factor que determina quien gobierna, el escenario se abre hacia dos alternativas diametralmente opuestas: autocratización o democratización. 

El camino de la autocratización implicaría, habiéndose negado el gobierno a reconocer el resultado electoral y sus consecuencias, la consolidación de un autoritarismo hegemónico, liderado por Maduro, que se cierra a la ruta electoral como mecanismo de ejercicio de la soberanía popular. A partir de aquí los procesos electorales carecerán de todo valor como mecanismos de legitimación política, al menos a nivel del poder nacional, como sucede en países como Rusia, y si acaso se mantendrían elecciones semi-competitivas en los niveles subregionales, por su utilidad como mecanismo de clientelismo político-electoral. Obviamente, en este escenario, ante la pérdida de la legitimidad política, la gobernabilidad solo es posible a través del ejercicio incondicional de la represión.

El camino opuesto, el de la democratización, implicaría la materialización de un cambio de gobierno, en este caso presidido por Edmundo González Urrutia, para, a partir de allí, emprender cambios profundos que retornen al país al restablecimiento de instituciones que funcionen bajo la lógica de una democracia: Estado de derecho e igualdad ante la ley, balances y contrapesos entre poderes públicos autónomos e independientes, liberta de expresión, respeto irrestricto a la voluntad popular y a los derechos humanos y ciudadanos, etc.  

Es obvio que hasta el día de hoy lo que hemos tenido es un evidente avance hacia una mayor autocratización del régimen que se inicia desde la misma noche de la elección cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE), en una jugada inédita, interrumpe el proceso de transmisión de datos, supuestamente por un sabotaje, lo que impide continuar con la impresión de las actas y su entrega, así como con las auditorías o verificaciones ciudadanas, durante varias horas.

Al filo de la media noche, el CNE anuncia, en boca de su presidente, Elvis Amoroso, que Maduro se había impuesto con 51,2% de los votos, lo cual contradecía todas las predicciones, incluidas las nuestras, así como los exit polls y conteos rápidos que se realizaban ese día, e iban en sentido opuesto al casi 30% de las actas que la oposición había logrado recopilar hasta el momento del anuncio.

El avance autocrático se intensifica a partir del día siguiente, cuando una ciudadanía descontenta comienza a manifestarse desde los cuatro puntos cardinales del país y, en respuesta, el gobierno inicia una arremetida represiva, no masiva, pero si letal, en la que, en un solo día, el lunes 29, se cuentan unas catorce víctimas fatales, lo que equivale a un 10% de la represión ejercida durante los cuatro meses de protestas en 2017.

Pese a los llamados internacionales para que se publiquen los resultados por mesa de votación, el CNE continúa sin hacerlo casi un mes depués de la elección, mientras ignora comunicados de países, presidentes y organizaciones, como Naciones Unidas, en las que se demanda una verificación de los resultados por expertos internacionales. Al mismo tiempo, el gobierno, en un intento por cerrar el caso al escrutinio internacional, remite el caso al máximo tribunal del país para que produzca una decisión con fuerza de “cosa juzgada” o sea, definitiva e inapelable, a partir de lo cual reclamará, como es previsible, que se le reconozca como presidente electo.

Evidentemente, si seguimos por este camino, y nada cambia porque ni la comunidad democrática, nacional e internacional, consiguen una fórmula para romper la inercia del statu quo, se corre el riesgo de que Maduro logre consolidar un régimen totalitario que será mucho más difícil de revertir en el futuro.

Las consecuencias de la autocratización

La actual situación se traduce en un escenario en donde el camino electoral adoptado por Maduro para legitimarse interna y externamente, a los fines de reducir las presiones internas y externas, y romper con el cerco que generó la manipulación del proceso electoral para garantizar su re-elección en 2018, se revierte en su contra. 

Se revierte en su contra porque si la elección de 2018 fue cuestionable por sus condiciones, la de 2024 lo es no solo por sus condiciones, que fueron peores a las de ese año, sino por sus resultados y la forma en que se han presentado, lo que ha tenido un desenlace grotesco, incluso para un país que desde hace mucho se le reconoce por la ausencia de integridad electoral. Tan grotesco que incluso misiones de expertos que han resultado siempre muy conservadoras a la hora de opinar, como el Centro Carter y el pánel de expertos de Naciones Unidas, así como países tradicionalmente aliados del gobierno venezolano, como Brasil y Colombia, han tenido que hacer públicas sus críticas al proceso, exigir la publicación y verificación de los resultados electorales, así como marcar distancia con las prácticas del gobierno venezolano para preservar su reputación.

Bajo estas circunstancias, la elección del 29 de julio pierde toda utilidad para Maduro a los fines de su legitimación y el cese de las presiones internas e internacionales y, por el contrario, la misma ha contribuido a agravar su propia deslegitimación, lo que generará un aumento de las presiones internacionales y la conflictividad interna por la violación de las reglas mínimas del juego político, lo que abre una caja de Pandora, donde todo vale, y cuyas consecuencias finales son difíciles de predecir. 

Lo que si está claro es que el gobierno no podrá normalizar sus relaciones en el ámbito internacional, lo que incluye tanto al sistema financiero multilateral, cuyas puertas continuarán cerradas, como a los capitales privados (de origen legítimo), que siempre busca certeza en las reglas de juego, lo que no es posible en ausencia de Estado de derecho. Asimismo, no podrán normalizarse las relaciones con la comunidad internacional democrática que, tanto por razones reputacionales, como de política interior y exterior, se verán obligados a mantener e incrementar la presión sobre Maduro para que reconozca los resultados electorales y entregue el poder en enero del próximo año. En medio de la actual dinámica internacional es predecible que no habrá alivio de sanciones y, por el contrario, podrían suspenderse varias de las licencias actuales, al tiempo que se implementan nuevos esquemas sancionatorios, sobre todo personales, orientados hacia funcionarios clave, sus familias y relacionados, como ocurrió en el caso de Guatemala cuando trato de bloquearse la toma de posesión del presidente Arévalo el pasado 14 de enero.

A lo interno del país, la situación no es menos complicada. A casi un mes de la elección, el régimen liderado por Maduro no ha podido, y difícilmente podrá, tener el control total de la situación. Tras haber violado las reglas más elementales del juego electoral y no haber logrado su legitimación política, se abren las puertas a un conflicto interno que, tras las primeras manifestaciones espontáneas del lunes 29 y el martes 30, se ha logrado canalizar de manera pacífica, gracias al llamado de quien lidera este proceso, María Corina Machado.   Pero que, en caso de no vislumbrarse una salida en las semanas siguientes, podrían producirse eventos que disparen la indignación, o hagan que la gente pierda la confianza en una salida pacífica, con lo que el conflicto podría escalar hacia dinámicas distintas en las que el gobierno se haría más dependiente de la represión masiva, lo que colocaría al aparato judicial, militar y policial ante un dilema: Maduro o la paz. 

Solo dos escenarios posibles

La situación descrita implica que solo hay dos escenarios posibles: La consolidación definitiva del régimen en un autoritarismo hegemónico, como lo son hoy Cuba y Nicaragua, o una transición democrática. 

El escenario de un cierre autocrático se materializaría por la simple inercia del proceso. Por la imposibilidad de revertir la actual situación en las semanas siguientes, y por el desgaste y capitulación de las fuerzas democráticas domésticas (por el desgaste y la represión) e internacionales (por pragmatismo). Tal escenario implicaría el aislamiento económico y político del país de los circuitos democráticos internacionales, la intensificación de las relaciones del gobierno con otros regímenes iliberales, el empobrecimiento del país y el consecuente deterioro de las condiciones de vida, el allanamiento de los derechos políticos y humanos de los venezolanos, y el inicio de un nuevo éxodo masivo de venezolanos.

Una transición democrática, por el contrario, demanda romper la actual inercia desde una posición innegable de ventaja que la oposición nunca antes había tenido, el haber ganado la elección presidencial, que sin embargo no resulta suficiente, por lo que a ello hay que sumar el mantener el interés y la disposición a apoyar de la comunidad internacional democrática, que debe traducirse en acciones concretas que, combinadas con la presión interna, sean capaces de persuadir al gobierno de que negociar una transición política es su mejor alternativa.

La experiencia internacional nos enseña que los regímenes, por muy monolíticos que parezcan, jamás lo son, por lo que los escenarios que comienzan a reunir las condiciones para producir una transición por ruptura son a veces leídos, inteligentemente, por los autócratas que han decidido adelantarse al colapso y negociar las condiciones de una transición (Chile, Sudáfrica, Ghana), mientras que en otros casos han sido los actores que sostienen al régimen quienes deciden buscar la paz del país y la suya propia (Venezuela, Portugal, Filipinas, Serbia, Ucrania, Perú, Bolivia).

Benigno Alarcón Deza