La crisis institucional ocasionada por la dimisión simultanea de los rectores cercanos al grupo en el poder afecta la confianza que había ganado la institución y manifiesta la nula disposición a cumplir con los acuerdos que dieron lugar a su designación
La decisión de la Asamblea Nacional de disolver el cuerpo directivo del Consejo Nacional Electoral (CNE), designado en mayo de 2021 como fruto de un acuerdo político amplio para avanzar en reinstitucionalización del país, ha generado una crisis institucional en el ordenamiento jurídico venezolano, los tratados en la materia suscritos por el país y los estándares de los derechos políticos de la población venezolana.
Esta acción representa un retroceso a las aspiraciones de los sectores democráticos de la sociedad venezolana, que han venido trabajando para construir una vía pacífica, democrática y constitucional, que facilite el camino a la alternancia en el poder y la restitución del Estado de Derecho en Venezuela de cara al proceso electoral presidencial de 2024.
El directorio designado en 2021 no sólo contó con el reconocimiento de los actores nacionales e internacionales, incluidos los actores políticos de oposición, sino que avanzó sustancialmente en el establecimiento de las condiciones electorales necesarias para realizar elecciones democráticas aceptadas por todas las partes. De acuerdo a lo establecido en la Constitución, la vigencia de dicho directorio debía ser de siete años.
La crisis institucional ocasionada por la dimisión simultanea de los rectores cercanos al grupo en el poder afecta la confianza que había ganado la institución y manifiesta la nula disposición a cumplir con los acuerdos que dieron lugar a su designación, reforzando así la percepción generalizada sobre la falta de autonomía de los poderes públicos en Venezuela.
Frente a esta preocupante coyuntura, las organizaciones abajo firmantes exhortan a los actores políticos y sociales venezolanos a:
1) Denunciar sin ambigüedades la nueva crisis de institucionalidad del ente electoral, así como advertir sobre los efectos contrarios a los derechos que esa acción tendrá en los venideros procesos electorales y, en general, en el proceso de reinstitucionalización en Venezuela;
2) Demandar la designación de un CNE apegado a la legalidad, que cumpla con los preceptos constitucionales de independencia, autonomía, despartidización, imparcialidad y transparencia, de forma que el Poder Electoral pueda actuar efectivamente como garante de los procesos comiciales que se realicen en el país;
3) Rechazar cualquier intento de imponer una directiva subordinada a intereses particulares exigiendo el cumplimiento del compromiso con el derecho de la sociedad venezolana a transitar el camino electoral como vía pacífica para la transformación del conflicto que vive Venezuela;
4) Asegurar el mantenimiento y profundización de las condiciones y garantías logradas durante el proceso electoral de 2021, como punto de partida para los procesos electorales a realizarse en 2024 y 2025.
Asimismo, solicitamos a la comunidad internacional considerar las siguientes acciones:
1) Impulsar los mecanismos diplomáticos de incidencia a su disposición para el cumplimiento de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea;
2) Rechazar las situaciones de persecución y hostigamiento contra líderes sociales y militantes y dirigentes de partidos políticos, así como otras restricciones al espacio cívico en el preludio de los procesos electorales de 2024 y 2025;
3) Incluir y mantener la temática de derechos humanos, incluyendo los derechos de participación política de los venezolanos, en la agenda bilateral y multilateral de relaciones con las autoridades venezolanas;
4) Instar al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) a incluir tanto el estado del derecho a la participación política como la situación del espacio cívico en el país en sus próximas actualizaciones orales e informes especiales sobre Venezuela.
Frente a esta grave circunstancia, las organizaciones y actores de la sociedad civil que suscriben el presente comunicado ratifican su compromiso con la recuperación del derecho a elegir y ser elegido, el fortalecimiento del voto como institución básica de la democracia y la participación ciudadana como herramientas fundamentales para la transformación del conflicto político en Venezuela.
Organizaciones que suscriben:
1. Acceso a la Justicia
2. A.C. Médicos Unidos de Venezuela
3. AlertaVenezuela
4. Alianza Venezolana Por La Salud
5. Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
6. CIVILIS
7. Comité de DDHH para la defensa de pensionados, jubilados, adultos mayores y
personas con discapacidad
8. Consejo Consultivo de la Ciudad
9. Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela
10. Defiende Venezuela
11. Gente del Petróleo
12. Gente del Petróleo (Cabimas)
13. Justicia Encuentro y Perdón
14. Mi Convive
15. Movimiento Ciudadano de Venezolanos en el Mundo
16. Observatorio Electoral Venezolano (OEV)
17. Observatorio Global de Comunicación y Democracia
18. Observatorio Venezolano de Prisiones
19. Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
20. Red de Observación Asamblea de Educación (ROAE)
21. SINERGIA
22. Transparencia Venezuela
23. Una Ventana a la Libertad
24. Voto Joven
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