En documento dirigido al
Presidente de la República, al Presidente de la Asamblea Nacional, a la Fiscal
General y al Defensor del Pueblo, Enrique Ochoa Antich, quien participa del
movimiento llamado de los despolarizados, compuesto por sectores de oposición
más allá de la MUD, incluyendo al chavismo disidente o crítico, expresa su
angustia por “la situación de violencia política que ensangrienta nuestras
calles”.
Se comienza señalando que “la
responsabilidad primerísima, por razones obvias, le corresponde al gobierno,
aunque en segundo lugar pueda haber una corresponsabilidad de los sectores más
extremistas de la MUD” debido al “bloqueo de las vías electorales y
democráticas y de diálogo y negociación para dirimir nuestras diferencias como
hijos de la misma patria y de una violencia social que le es anterior: el hambre,
el desabastecimiento de medicinas, el caos de los servicios públicos y la
inseguridad”.
“Cada vez que un joven que
protesta en defensa de sus ideales, o que un uniformado o un simple transeúnte
ajeno al conflicto callejero, pierde la vida víctima de esta conflagración
absurda, se prueba una vez más el fracaso de un liderazgo político que no ha
encontrado los caminos para a través del diálogo y la negociación hallar los
senderos de paz por los que Venezuela clama”, se sentencia en el texto.
En este sentido, Ochoa Antich
demanda “un supremo esfuerzo de grandeza para encontrar una resolución pacífica
del actual conflicto”.
“Exijo, como ciudadano de la
república”, escribe Ochoa, “que Presidente de la República, Presidente de la
Asamblea Nacional, Fiscal General y Defensor del Pueblo, se encuentren para, en
uso de la palabra y de un mínimo de racionalidad política, explorar los
acuerdos mínimos que nos permitan al menos darles un chance al diálogo, la
negociación, el voto y la paz.”
Y de seguidas se pregunta:
“¿Qué destino tenemos para el 30 de julio, esa fecha que algunos
visualizan como una batalla final?”, y se responde con otras
interrogantes:
“¿Provocar lo que
sería un auto-golpe de Estado y terminar de perder los restos de
legitimidad democrática que el gobierno nacional se encarga día a día de
comprometer y violentar?”, llegando a señalar que así “se tentaría a que, como
otras veces en nuestra historia, sean los militares quienes tengan el deber de
restituir el orden constitucional, escenario que nadie puede querer pero que
cada vez parece justificarse más”, afirma Ochoa.
