Panorama: la caída de un gigante centenario / Gregorio Salazar @goyosalazar

Cuando el 1 de diciembre de 1984 el diario Panorama de Maracaibo inauguró su nueva sede sus mentores creyeron –y con sobradas razones—que estaban asegurando el futuro de la empresa para todos los retos que el siglo XXI, a escasos dieciséis años de distancia, le pondría por delante.

Justo ese día, el de su setenta aniversario, fue el escogido para inaugurar su nuevo edificio y su nueva rotativa, una Goss alemana de estreno, capaz de imprimir 75 mil ejemplares por hora. Con 32. 685 metros cuadrados de ocupación y tecnología de punta, Panorama quedó instalado y en posesión de la sede periodística y las maquinarias más modernas del país y con seguridad de las más funcionales de América Latina.

Como era de esperarse, para tan trascendental ocasión del Estado Zulia y el diarismo nacional, el encargado de inaugurarla fue el propio presidente de la República, Jaime Lusinchi, quien con su nutrida comitiva recorrió con admiración la moderna estructura, construida en apenas 18 meses, a un costo de 255 millones de bolívares, e iniciada en plena arrancada de la crisis del Viernes Negro.

Todo fue hecho con la mirada proyectada en el futuro más lejano. En el centro de esa mole de 11.640 metros cúbicos de concreto y 1.060 toneladas de acero estructural quedó la sala de rotativas, con capacidad para albergar cuatro impresoras del mismo tamaño de la que se estaba inaugurando ese día. Por un sistema automatizado y sobre rieles las bobinas de papel circulaban incesantemente, como llevadas por manos invisibles.

En ese tiempo en que el tiraje del diario era nada menos que de 146 mil ejemplares, se estimaba que la demanda de la vasta zona de influencia de Panorama, que abarcaba centro-occidente y los Andes, ameritaría tal despliegue de capacidad operativa. La empresa no se iba a quedar atrás.

La trayectoria de Panorama, fundado cuando la Primera Guerra Mundial comenzaba a extenderse por Europa y desbordaba la avidez informativa en todo el mundo, fue brillante y excepcional en lo periodístico y en lo económico. En lo periodístico fue capaz de destronar a los grandes impresos de su tiempo, comenzando por el prestigioso «El Fonógrafo», que dirigió José Rafael Pocaterra. Y en lo económico estamos hablando de uno de los gigantes, en facturación y números de circulación, de la industria informativa en nuestro país. Con el mérito agregado de ser un diario interiorano.

Es uno de esos casos extraordinarios en que una marca sustituye al nombre del producto mismo. Como ocurre en el sur del continente donde Gillette equivale a hojilla de afeitar y un Primus denomina una cocinilla a kerosene, Panorama fue el sinónimo de periódico en el Zulia, su nombre cantado en danzas y gaitas del folklore regional y una presencia inseparable en la cotidianidad de los zulianos.

El 1 de diciembre de este 2024 se cumplieron 110 años de la aparición del rotativo zuliano, que desde el 14 de mayo de 2019, desapareció en su versión impresa. Bajo el titular «¡Hasta Pronto!!» y una fotografía con casi un centenar de trabajadores, un brevísimo editorial explica que «Agotado el inventario de papel y todos los esfuerzos para reponerlo, debemos hacer una pausa en el impreso», pausa que se ha prolongado por cinco largos años.

Más adelante insistían en los problemas para la obtención del papel periódico, un insumo que en décadas anteriores los grandes medios traían en embarques desde el exterior. «Por más que hicimos nuestro mejor esfuerzo en la administración del papel, se nos acabó y reponerlo en medio de un hostil ambiente económico ha sido imposible», subrayan.

No fue Panorama durante los tres primeros lustros de este período de la historia del país un medio confrontativo, ni crítico ni pugnaz con el poder político. Todo lo contrario. Su desaparición como impreso no es el caso de los diarios nacionales que fueron puestos en la mira por Chávez, sus editores vilipendiados, asediados judicialmente y, como ocurrió como algunos, totalmente expropiados mediante argucias judiciales.

Y sin embargo no sobrevivió. En ese «hostil ambiente económico» que señala aquel editorial está una de las claves del retroceso y la caída.

El modelo económico centralista, estatista, expropiador, de cerco al empresariado privado impuesto por Chávez, según el calco ingenuo e infantil que hacía de la revolución comunista de Fidel Castro, fue la causa de la desaparición de casi todo el centenar de medios impresos que tuvo Venezuela, como de las tres cuartas partes de la industria nacional.

Es una verdad histórica. Con el hundimiento de la economía y la producción, desaparecieron las fuentes de inversión publicitaria. Y con el férreo control de la distribución del papel por parte de la tristemente célebre Corporación Maneiro los medios impresos terminaron de ser barridos del escenario nacional. Un quiebre para la vida en democracia profundo y atroz.

Hoy Panorama está reducido a su plataforma digital. Tiene una página web y su cuenta de X, abierta cinco meses después de la desaparición del impreso, tiene poco más de un millón de seguidores y, a decir verdad, prácticamente sin interacción. La asepsia informativa en lo nacional es notoria. Contenidos centrados en noticias internacionales, deporte, espectáculo, ínfima figuración de noticias locales o regionales y partes oficiales.

En 104 años de circulación fueron en total 35.549 ediciones que, al decir de ese último editorial, «deja tras de sí millones de páginas dedicadas a la defensa del Zulia, a la convivencia con tolerancia, que tanta falta nos hace. Al entendimiento y la negociación porque el país está urgido de encontrar una salida consensuada a la crisis que atravesamos».

Ya han pasado cinco años de ese último leco y la crisis en todos los órdenes es cada vez más profunda. Sólo queda desear que aquel doliente ¡Hasta pronto! no sea definitivo. Habrá regresado la democracia a Venezuela.

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Una dictadura personalista / Gregorio Salazar @goyosalazar

 

Para algo deberían servir esas manifestaciones de repudio popular, el furor contra las estatuas, el dolor que brota de las entrañas carcelarias del régimen, la visión fantasmal de tantos presos políticos regresando como de ultratumba, la reiteración de las condenas mundiales y la siempre previsible huida a los predios de otro dictador personalista y genocida.

De nada sirvieron el poder omnímodo, las elecciones reiteradamente falseadas, tantos años de represión inmisericorde, tanta sangre inocente derramada, la opinión pública amordazada, millones de familias separadas por una diáspora desesperada e incesante, la destrucción de un país convertido en un rompecabezas del odio ni la protección en el regazo de otros déspotas.

En un tiempo el autócrata se exhibe imprescindible. Lo es todo. El jefe del poder civil y sobre todo del militar. Alterna exultante la corbata y el uniforme verde oliva. Vive entre la opulencia palaciega, tiene una flotilla de aviones y de vehículos, camina entre ristras de joyas y sacas de divisas. Presume postizamente del favor popular, chapotea en el forzado culto a la personalidad y su rostro abigotado, plasmado en plástico, metal o pintura surge al paso en cada resquicio de las ciudades.

Hoy todo es pasado. Bashir Al-Asad se desplomó desde la cima de su reino de oprobio en Siria y emprendió la huida, casi sin oponer resistencia, hacia los brazos de quienes en un momento lo sostuvieron por la fuerza de las armas en el poder. El poder, todo el poder, degradarse al máximo sólo por el poder, sin fronteras éticas ni principistas.

Las distintas facciones tribales, políticas y religiosas, otrora enfrentadas a muerte, buscan la reconstrucción de Siria en paz y libertad. Es la expectativa mundial y sobre todo el anhelo del pueblo sirio.

Al mariscal y oftalmólogo Bashir Al Asad, aquí lo tuvimos y nada menos que ponderado, sí señor, como «uno de los libertadores del mundo nuevo». Qué insólita desmesura. Y para colmo investido de todos los máximos honores: la Orden del Cordón de El Libertador en su primera clase y la simbólica réplica de la espada de Bolívar.

No fue el único, por cierto, que recibió el simbólico regalo, que en manos de Al Assad y de otros como él no pasa de representar deshonra, latón pulido y vidriosas incrustaciones. Allá, en algún rincón palaciego de Damasco, debe haber sido abandonada por el dictador, que no tuvo la previsión de cargar con los restos de su padre, el no menos despótico Háfez El Asad, como lo hizo en el caribe Ramfis Trujillo con el cadáver de su sanguinario progenitor Chapita Trujillo, para evitar la violación de su tumba. Dios, cuánta demencial criminalidad concentrada en sólo cuatro nombres.

Pero hubo más. Aquí también fueron presentados como libertadores, revolucionarios benefactores de su pueblo y de la humanidad, Fidel Castro, Muamar Kadafi, Robert Mugabe, y aunque no lo trajeron sí fueron a retratarse con él, Sadam Husein. Fueron exaltados ante el pueblo venezolano, y especialmente para su juventud, como modelos del hombre nuevo, el heroico y abnegado gobernante que sacó a su pueblo de la esclavitud y lo había conducido a destinos superiores. Cada quien recibió, cómo no, la espada libertaria, que en sus manos quedó convertida en vulgar pieza de bisutería.

La historia, ni remotamente, los ha absuelto. Todo lo contrario, los condena todos los días. Y las naciones que dirigieron hoy luchan por salir de la debacle social y económica en que las sumieron. Pero claro que sus ejemplos pueden tener una colosal utilidad en cualquier latitud en la medida que los gobernantes en ejercicio se aparten de sus ominosas ejecutorias. Nunca será tan tarde.

Por cierto, don Edmundo González Urrutia viene anunciando su inminente regreso el 10 de enero cuando deberá asumir la presidencia de la República que le otorgó su arrasador triunfo electoral el 28 de julio. La inmensa mayoría de los venezolanos, al menos el 80 %, quieren verlo investido ese día con los símbolos del poder en Venezuela. Puede que sí, puede que no. Pero si por algún desmán de los poderosos ocurriera lo segundo lo crucial es reafirmarnos en la certeza de que el cambio en el poder en Venezuela, el rumbo hacia la libertad está sentenciado. La voluntad soberana y constitucional del pueblo siempre se impondrá. Un camino anhelado, trazado y decidido que no tiene vuelta atrás.

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«Ya no los quieren…» / Gregorio Salazar @goyosalazar

 

Cuando estamos a poco más de un mes del 10 de enero, fecha en la que Edmundo González Urrutia debe tomar posesión de la Presidencia de la República de Venezuela, cargo para el cual fue electo por casi el 70 % de los votos el pasado 28 de julio, la situación de los derechos humanos en Venezuela es de pleno deslave.

Prácticamente no hay un ámbito para el ejercicio de las libertades ciudadanas que no se encuentre bajo un alarmante estado de vulneración, restricción o amenaza. La Constitución nacional y con ella el Estado de Derecho siguen en suspenso y la ciudadanía observa y resiste esos zarpazos en condiciones de angustia, crispación e indignación.

La respuesta del oficialismo contra la sociedad venezolana tras su aplastante derrota en los comicios donde Nicolás Maduro Moros buscaba a toda costa su inconcebible reelección, ha sido desplegar una seguidilla de precipitadas iniciativas políticas, parlamentarias y de permanente represión que, hoy por hoy, constituyen el preámbulo para la concreción el 10 de enero del robo electoral que perpetraron en julio.

La Asamblea Nacional ha trabajado a todo vapor para aprobar, después de una larga e inescrupulosa maceración, la ley que controlará todos los aspectos de las organizaciones no gubernamentales y las de sin fines de lucro, lo que sin lugar a dudas apuntan hacia el máximo constreñimiento de su funcionamiento, cuando a su extinción.

También dio curso a las leyes de jueces de paz, instancias difusas, que obviamente funcionarán bajo control del partidismo oficialista. En tiempo récord aprobaron la ley orgánica Simón Bolívar, con penas de inhabilitación hasta por 60 años, que ya ha sido calificada por varios juristas como inconstitucional y discriminatoria.

La virtual desaparición de una de los mayores conglomerados mediáticos del continente, como lo fue el de Venezuela hasta los primeros años del siglo XXI, no ha impedido que la opinión pública venezolana y la comunidad internacional se mantenga al día sobre la trituración de las libertades en Venezuela. Para mencionar un ejemplo reciente, los ecos de las madres y familiares de casi dos mil detenidos durante la represión del 28 y 29 de julio y días subsiguientes.

Y sin embargo, en medio de ese clamor, el fiscal general, Tareck William Saab, quien está obligado como nadie por la Constitución a velar por el respeto de los derechos humanos, mediante una actuación equilibrada e imparcial, acaba de afirmar que en Venezuela no hay presos políticos, sino criminales y terroristas.

 Bien pudiera decirse que en miles de estos casos no son ni lo uno ni lo otro, sino gente inocente que fue arrastrada a prisión en la razzia indiscriminada con la cual se inauguró el régimen de terror postelectoral los días 29 y 30 de julio. Los testimonios rebosan las redes sociales y los dolientes familiares están en la calle luchando por su libertad.

A cuatro meses del robo electoral del siglo / Gregorio Salazar @goyosalazar

 

No hay manera de que los cuatro meses transcurridos desde el robo electoral del 28 de julio le hayan reportado al oficialismo un saldo siquiera ínfimamente positivo. No puede ser de otra forma. La apuesta, de una temeridad jamás vista, representa un verdadero salto al vacío. Se trata no sólo de convencer a la inmensa mayoría de los venezolanos y al entorno internacional de que ganaron unas elecciones, que en verdad perdieron por un asombroso 38 por ciento de los votos, y sin dar una sola prueba de ello.

Demasiado pedir. En consecuencia aumentó el aislamiento internacional cuando rompieron relaciones con aquellos países de la región latinoamericana que no aceptaron pasivamente semejante despropósito. Y en el ámbito interno un régimen señalado e investigado como permanente violador de derechos humanos arreció su ola represiva contra quienes espontáneamente salieron a protestar los días 28 y 29 de julio. Como una filosa Espada de Damocles que no cesa de oscilar, hoy es mucho más abultado y condenatorio el expediente del proceso que el régimen tiene abierto en la Corte Penal Internacional.

Las casi dos mil personas, incluyendo menores de edad que permanecen detenidas sin culpabilidad, sin pruebas y sin juicio, apartados de sus ciudades de residencia, sin derecho a defensor privado, en penosas condiciones de reclusión son una requisitoria permanente, que impulsan sus atribulados familiares ante el país y el mundo.

Su coraje y persistencia es un ejemplo que levanta entre la población un muro de solidaridad y resistencia contra los vanos intentos de «pasar la página».

A pesar del cacareado (y enano) crecimiento de la economía, el dólar sigue en una espiral ascendente que coloca el cambio paralelo en no menos de Bs. 50, lo que potencia la amenaza de una nueva disparada inflacionaria y presagia una devaluación. La capacidad adquisitiva de los trabajadores sigue estancada. La crisis de los servicios públicos, principalmente de la energía eléctrica agravada tras el desastre en la planta de gas de Muscar, en Monagas, pone un techo muy bajo a las posibilidades de crecimiento y aumenta la diáspora. Lo que equivale a decir que se reduce el mercado de productores y consumidores y se continúa la pérdida de un recurso humano imprescindible.

Pero nada de eso parece desvelar ni conmover al régimen, que prioritariamente tenía su apuesta en un logro internacional que daban por descontado: la entrada en el grupo de los Brics. Para la cúpula ese éxito hubiera significado la validación, la ansiada certificación, al menos simbólica, que no le pueden dar ni Amoroso y su combo, ni las salas del TSJ convertidas en seccionales del PSUV, ni los aliados recogelatas de la inexistente ALBA. Se opuso y los vetó nada menos que el otrora complaciente Lula, hoy a la cabeza del país líder del continente, octava economía del mundo y uno de los fundadores de los Brics. Ni de allí ni de Colombia vendrá un reconocimiento al inexistente triunfo oficialista.

Si Maduro hubiera ganado el 28 de julio, si tuviera las pruebas en las manos, qué despliegue, qué aquelarre propagandista, qué desaforado lobby internacional hubiéramos visto. Hubieran enviado a Amoroso con una numerosa corte alacranada, que es decir con todas las nefastas connotaciones que el término ha adquirido en el país, a recorrer el mundo con baúles atiborrados de actas, exquisitas presentaciones virtuales y cuantos pronunciamientos hubieran hechos las instancias nacionales.

Catástrofe en Monagas / Gregorio Salazar @goyosalazar

 

Después de sucesivas explosiones, una enorme bola de fuego se levantó durante horas en el Complejo Gasífero de Muscar, en Monagas, pero ya ni las catástrofes industriales de grandes proporciones como esta mueve a la sorpresa de los venezolanos.

Los siniestros en instalaciones de la principal industria del país, entre los que sobresale el devastador incendio de la refinería de Amuay (agosto, 2012), vienen ocurriendo con regularidad desde que Pdvsa dejó de ser aquel holding que recibió y mantuvo una política de inversiones, capacitación, meritocracia, una cultura de mantenimiento y de exigentes protocolos de prevención y seguridad.

Mucho menos sorprende que la explicación gubernamental sea una vez más el consabido «sabotaje» perpetrado por sectores «terroristas» de la oposición. Ya se sabe, estamos frente a «una fuerza transformadora» que se ufana como capaz de arrinconar y neutralizar a los rivales políticos, pero para todo lo demás estamos frente a la revolución indefensa, desvalida, victimizada, la vapuleada revolución que no es, por tanto, responsable de la gran tragedia nacional que provocaron en estos 25 años.

La actuación gubernamental posterior a la denuncia del presunto sabotaje, como lo acaban de hacer después de la explosión en Monagas, sigue el mismo patrón. Siempre el móvil y los protagonistas son políticos y siempre hay detenidos. Pero podemos hacer memoria en busca de alguna rueda de prensa de los jefes de los múltiples organismos de seguridad que le hayan explicado al país cómo se fraguó el atentado, cómo se burló la vigilancia, cómo se llaman los detenidos, que evidencias físicas o testimoniales se han recolectado o qué pruebas le fueron incautadas a los indiciados y no se hallará nada. Eso no ocurre. Todo muere después de la inescrupulosa explotación política del caso.

Las consecuencias de la explosión sobrevenida en el Complejo Gasífero de Muscar, el pasado lunes 11 de noviembre, tampoco han sido informadas cabalmente a la población. Se sabe por fuentes consultadas por algunos portales de noticias que los daños en la red de gasoductos son grandes, que la afectación a la infraestructura estratégica de producción de gas y petróleo va a causar grandes retrasos en esas actividades y que las reparaciones pueden llevar hasta los primeros meses del próximo año.

Consecuencias inmediatas fueron los prolongados apagones en la isla de Margarita, que ha vivido prácticamente una parálisis desde el día del siniestro, un caos del comercio y los servicios e incontables penurias para la población, desesperada por no poder preservar los alimentos y ver menguados los servicios de salud.

En varias zonas de oriente se mantiene el racionamiento de electricidad. Se supone que el gas que va de tierra firme a la isla debía alimentar dos termoeléctricas y hay otra vía alterna de suministro por cable submarino, pero tampoco funcionó cuando se esperaba.

«Como consecuencia de esta falta de gas se encuentran fuera de servicio las centrales eléctricas a gas de los estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta; el complejo petroquímico Jose; las plantas petroquímicas Metor I y Metor II y Fertinitro; las plantas de fraccionamiento y extracción de líquidos asociadas al complejo Muscar, como San Joaquín y Santa Bárbara. También se encuentra paralizado el suministro de gas a las empresas básicas de Guayana», publicó Efecto Cocuyo el 20 de noviembre, citando un informe de la firma SyP Global.

Justicia para Jesús Martínez Medina / Gregorio Salazar @goyosalazar

 

El triste fallecimiento bajo custodia del Estado del preso político Jesús Martínez Medina, 48 años, se ha sumado a la cadena de eventos que han conmocionado al país desde las elecciones presidenciales del 28 de julio tras el escamoteo de los resultados que favorecieron a Eduardo González Urrutia y no a Nicolás Maduro, como lo proclamó falsamente el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Martínez, músico y compositor, acaba de morir en un centro asistencial de Anzoátegui este jueves 14 de noviembre, días después de salir del calabozo adonde fue arrojado injustamente, sólo cuando después de semanas sin atención médica se hizo inminente un desenlace fatal.

De nada valieron los ruegos de su madre, que hacía ver cómo su condición de enfermo cardíaco con padecimientos de diabetes se iba agravando en la cárcel. Sus piernas se fueron necrosando, como lo recogieron los testimonios fotográficos hechos por sus familiares. Y cuando ya no hubo más alternativa que amputárselas murió en plena intervención.

Medina no es el primer recluso venezolano que ve que la vida se le escapa mientras las autoridades carcelarias le niegan una medida humanitaria por temor a contrariar las órdenes que reciben de sus superiores. El régimen quiere lucir implacable, inclemente, luego de las manifestaciones espontáneas de los días 28 y 29 de julio contra el robo electoral. La represión y los castigos tienen que ser, parece la estrategia, ejemplarizantes de cara al próximo 10 de enero, cuando se intente concretar el colosal fraude electoral.

¿Dijimos castigo? ¿Y cuáles fueron entonces los crímenes de Jesús Eduardo Martínez? Por lo visto y como en otros casos de injustas detenciones, haber sido testigo de una mesa electoral, en su caso la Unidad Educativa «Domingo Guzmán Bastardo», en Aragua de Barcelona. Fue integrante de un Comandito y pertenecía al grupo político Vente, que encabeza María Corina Machado. Otra demostración de cómo se ha barrido con el Estado de Derecho y los derechos humanos, aunque el canciller Yván Gil diga tan campante en el exterior que aquí «no hay ni un solo preso político».

Medina fue sacado de su casa por funcionarios del Sebin sin orden de allanamiento ni ningún cargo que le pudieran imputar. Uno más de los cerca de 2 mil venezolanos que cayeron en esa razzia indiscriminada que llevan a cabo desde el 28-J militares, policías y órganos de inteligencia. Para ellos no ha habido accionar del Ministerio Público ni de la Defensoría del Pueblo, tan activas cuando se trata de tender la alfombra para los desmanes políticos. Ni Estado de Derecho ni piedad, parece ser la orden.

Trump con esteroides / Gregorio Salazar @goyosalazar

 

Ahora que Donald Trump regresa a la presidencia de los Estados Unidos más poderoso y seguramente más radical que nunca, el régimen venezolano, con fecha de vencimiento 10 de enero de 2025, inicia apremiantes esfuerzos para reubicar las relaciones con el imperio norteño en un plano de «diplomacia de paz y de diálogo».

Nada sorpresivo que la cancillería venezolana –ya bastante aislada y vapuleada– haya abandonado siquiera por un día su acostumbrado tono panfletario e insultante contra todo el que no acepta de manera complaciente sus «verdades». Ese particular estilo según el cual el canciller colombiano se comporta como «un charlatán», el presidente chileno Boric es «un bolsa» y «un arrastrado» y el carnal asesor de Lula, Celso Amorím, un grosero agente del imperio. Pero hay, desde tiempos inmemoriales, más y peores ejemplos rayanos en lo escatológico.

De acuerdo al artículo 236 de la Constitución, una de las atribuciones y obligaciones del Presidente de la República es «dirigir las relaciones exteriores». Pero en Venezuela ese campo, colonia del libertinaje, semeja por lo regular una olla pútrida donde cualquiera del elenco mayor mete la totuma y salpica, ofende, veja a gobernantes, dirigentes, personeros de cualquier latitud.

Una atildada formalidad rebosa el comunicado del servicio exterior, emitido horas después de que los medios anunciaran el regreso avasallador de los Republicanos de Trump al ejecutivo y el legislativo. Después de un primer párrafo felicitante, la cancillería expone una posición principista: las relaciones deben estar «enmarcadas en un espíritu de diálogo, respeto y sensatez».

De entrada, elementalmente Nicolás Maduro, hoy presidente en ejercicio con ínfimos retallones de legitimidad, abandonó hace tiempo el camino hacia las dos condiciones previas que determinan relaciones justas y sensatas. Diálogo y respeto. El primero lo ha quebrado con la burla a los acuerdos firmados antes de las elecciones con la actual administración norteamericana.

Y en segundo lugar, pero más importante y decisivo, es que el respeto no podrá aspirarlo nunca –y no sólo de los Estados Unidos– un gobierno que se instaure en el poder el próximo 10 de enero como una vez lo anunció impúdicamente: «por las malas». Es decir, pasando por encima de la voluntad soberana del pueblo venezolano que escogió como presidente a Edmundo González Urrutia, con una ventaja porcentualmente mayor que la de Trump sobre su contendiente Kámala Harris.

El reconocimiento a la soberanía y a la determinación de los pueblos, como lo indica el tercer párrafo, por la experiencia pareciera no aludir a lo que strictu sensu entiende la comunidad democrática mundial por esos conceptos, sino a un singular territorio realengamente criollo y tropical donde soberana es sólo la cúpula que a sus anchas determina la regla y la ruta que todos los demás, dentro y fuera del país, deben aceptar sin chistar y sin osadas intromisiones.

La devastación comunicacional / Gregorio Salazar @goyosalazar

 

En tiempos de «devastación chavista», como los denominó el fundador Antonio Pasquali, el Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco) acaba de conmemorar cincuenta años de su creación sin despegarse de los afanes científicos y preocupaciones sociales que le dieron fama continental desde el mismo momento de su aparición.

Con todas las adversidades y obstáculos que enfrentó el instituto, con las obstinadas resistencias de los factores de poder de aquellas décadas iniciales que imposibilitaron los avances hacia una comunicación pública más democrática, con todo lo que se temió y se predijo era difícil imaginar los alcances del retroceso que Venezuela vive hoy en los campos de las libertad de expresión, derecho de información, pluralidad, diversidad y participación a pesar de los avances tecnológicos que tantas herramientas ponen a la mano del ciudadano. Todo lo rige de manera aplastante el Estado omnipotente, autoritario y autocrático.

En sus primeras palabras el ilustre maestro Alfredo Chacón, a su 87 lúcidos años, resumió cabalmente el clima social en que se dieron cita un puñado de hombres y mujeres que han vinculado su quehacer existencial al Ininco: «Estamos celebrando los cincuenta años del instituto cuando hasta consultar o utilizar el teléfono celular puede poner en riesgo la libertad personal».

Era dable suponer que un acto como ese no pudiera realizarse sin que el pensamiento de los grandes pioneros, el recuerdo de su disciplina y ética científica y dones personales estuvieran gravitando, volviendo una y otra vez desde los espacios privilegiados donde deben descansar: Pasquali, Oswaldo Capriles, Luis Aníbal Gómez, entre otros.

Tal vez eso hizo que la reunión tuviera por un lado un carácter íntimo, en cuanto quienes allí figuraron evocaron las circunstancias personales y académicas que los llevaron a incorporarse a la institución, afincados en el recuerdo y la perdurable admiración por los iniciadores y, en simultáneo, la proyección pública al no salirse del foco sobre la agobiante situación comunicacional –gravísima como otras tantas– que vive la Venezuela de hoy.

Fue también esta conmemoración del medio centenario del Ininco el escenario escogido para la concreción de dos ajustados merecimientos: el instituto llevará en adelante el nombre de su fundador, Antonio Pasquali. Y el otro, el otorgamiento y entrega del premio «Oswaldo Capriles» a la profesora Elizabeth Safar, maestra de varias generaciones de periodistas y comunicadores, una de las más reconocidas especialistas en políticas públicas de comunicación y cultura que ha tenido Venezuela.

En cumplimiento de su visión y su misión, el Ininco protagonizó los años dorados de la investigación de las comunicaciones en Venezuela. Nos atrevemos a decir que en medio de una curiosa paradoja: el estado venezolano, el estado democrático respaldaba a través del Conac, empresas públicas y el mundo académico los esfuerzos a ese centro de análisis que buscaba transformar el cuadro comunicacional del país. Valga recordar que de allí salieron, por ejemplo, el célebre proyecto Ratelve, modelo que irradió hacia los debates en el exterior, o el de un sistema público de radiodifusión para Guayana. Y sin embargo ambos se vieron frustrados por la dinámica de la confluencia de factores político-empresariales de entonces.

Nepotismo rojo / Gregorio Salazar @goyosalazar

 

Como el militarismo, como la vocación totalitaria y eternizadora en el poder, como el afán posesivo de los próceres y los símbolos patrios el nepotismo ha sido un componente infaltable en la estructura de mando que tomó el control del Estado venezolano hace 25 años.

Lo inauguró el propio caudillo que no dejó fuera del reparto –bien por fórmulas electorales o por la designación ejecutiva– a su propio padre, seguido de hermanos, primos, hijos y yernos. Bien remunerados cargos internacionales y locales a despecho de méritos y capacidades.

Vea que todavía la hija del segundo matrimonio del caudillo preside un instituto del Estado. Adán, el hermano mayor, se ha paseado a placer por las funciones públicas, desde parlamentario hasta ministro y embajador, incluida de paso su cuota de poder mediático en los canales del Estado. La familia Chávez controló la gobernación de Barinas desde 1998 hasta el 2022 y el primo Asdrúbal llegó a la presidencia de Pdvsa.

La actual pareja presidencial ha aportado su cuota. Hay también otras que parecen inconmovibles. Eso depende de lo encumbrado y poderoso del dedo de quien designe y sostenga. Probablemente el ejemplo más visible sea el de José David Cabello, hermano del hoy ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Después de un vuelo rasante por Conviasa (2006), pasó por el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas (2006-2008), y enseguida fue nombrado director de la agencia tributaria del Estado venezolano, el Seniat, donde permanece desde hace ya más de quince años. Claro, no todo será favor familiar. Alguna virtud se le puede suponer.

En la densa y extendida nube de opacidad que cubre el funcionamiento del poder en Venezuela, (nombres, cargos, remuneraciones..), donde el Habeas Data garantizado por la constitución no pasa de un simple saludo a la bandera, los periodistas han hecho algunos avances en revelar articulaciones nepóticas de esa red de poder. La lista es amplia y abultada.

A veces el descuido de un pariente favorecido da indicios de tramas mayores, como la que condujo de Diego Salazar a su primo Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa hoy prófugo. Aguas abajo en ministerios, gobernaciones, alcaldías e industrias del Estado se sigue el modelaje del centro del poder y se replican las prácticas nepóticas: el cónyuge, el hermano, el cuñado, los hijos, los amigos de los hijos y los compadres quedan benéficamente «empoderados».

Son Redes filiatorias propiciadoras de conexiones expresas a jugosas enchufadas, a grandes negociados y oceánicas lavadas de dinero mal habido, con sus ventajas y desventajas. El círculo familiar garantiza, como pocas relaciones, lealtades, fidelidades, secretismos y complicidades, si fuera el caso. Pero tiene la desventaja de que cuando una pieza se descoloca, tintinea, pierde base de apoyo y se desploma puede arrastrar en su caída una rama más o menos importante (sean familiares o no) del árbol torcido (en este caso desde el nacimiento) del poder.

Trapecistas sin red / Gregorio Salazar @goyosalazar

 

De nada servirá cruzarse el pecho con la banda tricolor, imponerse el Collar y la Orden del Libertador, ni la llave del arca que contiene la declaración de independencia, esos históricos símbolos del poder en Venezuela. Tampoco la celebración con toda la parafernalia del caso de la ceremonia partidista –que no del Estado–, en la cual el candidato no reelecto piensa hacerse con la presidencia de la República el 10 de enero de 2025.

Por más boato, relumbrón o vocinglería con la que se quiera revestir esa autotransmisión de mando, será inevitable que los venezolanos perciban ese ritual del poder como la mayor impostura de este orden que se haya visto en la Venezuela contemporánea. A ellos acudirá la viva evidencia de los elocuentes resultados electorales contenidos en las actas de votación que permanecen secuestradas, ahora no solamente por el CNE, sino también por el TSJ.

Ante la ejecución de una ceremonia absolutamente postiza en el seno de la Asamblea Nacional, vendrán las imágenes de la espontánea protesta popular que brotó en distintos regiones del país y que fue sofocada a sangre y fuego con un saldo de más de 20 muertes.

Volverán a escucharse el llanto y el eco de los dolientes reclamos de las madres por sus hijos inocentes, que se cuentan por miles, hoy recluidos en penales que jamás en su vida imaginaron ni debieron pisar.

No será un atuendo sobrio y solemne el que llevará quien ha decidido ignorar la soberanía popular, burlar la decisión soberana de los venezolanos que el 28 de julio eligieron presidente a Edmundo González Urrutia. Empero, no lucirá desnudo. El verdadero ropaje que verán los ojos del pueblo será la andrajosa vestimenta de un fraude, el robo electoral, que Venezuela y la comunidad democrática internacional repudian y condenan.

La esmirriada concurrencia de jefes de Estado del continente será ese fatídico día otra comprobación del aislamiento creciente que vive el régimen venezolano y que obviamente va dejando consecuencias. Vendrán, sí, sus colegas en la autocracia, Cuba y Nicaragua, y otros dos a los que no les queda otra sino la incondicional obsecuencia por los favores recibidos: Honduras y Bolivia. Y arrastrando los cuatro sus propias y acuciantes crisis internas.

El 10 de enero, si se concreta la toma de posesión del candidato que no obtuvo ni la mitad de los votos del candidato ganador, se profundizará –no hay manera de que no sea así– la crisis institucional que asola a Venezuela. La República seguiría en proceso de desmantelamiento, se instalaría un gobierno sin legitimidad de origen para ejercer el poder sin vigencia del Estado de Derecho.

A la colosal crisis institucional ahora ha venido a sumarse expresamente la Sala Constitucional del TSJ al declarar inadmisible los recursos que han intentado los ex candidatos presidenciales Enrique Márquez y Antonio Ecarri contra las actuaciones del CNE y la Sala Electoral. Ninguna sala del TSJ, ni uno solo de sus magistrados quiere saber de revisiones, ampliaciones, ni mucho menos de argumentar con apego a la Constitución sus insólitas sentencias.

Los extravíos del ministro / Gregorio Salazar @goyosalazar

 

Después de integrar el selecto grupo de voceros del régimen que anunciaron al país el «triunfo» de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, Héctor Rodríguez Castro, para ese momento gobernador del Estado Miranda, fue llamado a asumir el ministerio de Educación, en medio de un «cambio» de gabinete, la primera jugada «maquilladora» y distractiva que ejecutó Nicolás Maduro apenas consumó el robo electoral del siglo.

Mucho se especuló antes de dar ese paso al precipicio, que Rodríguez podía encabezar la generación de relevo que a mediano plazo rescatara al chavismo y al PSUV para convertirlo en un partido que tomara la senda de una izquierda democrática, a semejanza de otras que vemos en gobiernos del continente.

Él podía liderar un giro para darle permanencia en el tiempo a un proyecto chavista, esta vez dentro del cauce de la Constitución y de las leyes, civilizado, sin vocación totalitaria ni pretensiones de perpetuación en el poder. De hecho Rodríguez fue la cara de presentación de Futuro, organización lanzada con gran despliegue propagandístico por el oficialismo, lo que reforzaba la idea de que no era imposible la transformación de un proyecto, hoy marcado por la arrasadora y repudiada conchupancia cívico-militar. Nada, lo que para algunos era una joven promesa política se abrochó a ella y hoy se ve pulverizada.

No se puede negar que el nuevo ministro asumió con verdadero furor revolucionario el cargo, pero apenas cruzó la puerta se topó con la cruda realidad de su despacho: Venezuela no tiene maestros, la gran mayoría de ellos han escapado de las miserables condiciones de vida a las que los condenó la revolución chavista. Para la Federación Venezolana de maestro al menos el 40 % de las aulas no tiene quien enseñe.

De allí en adelante se ha manejado entre cantos de sirenas, órdenes ejecutivas y súplicas veladas. Entre los primeros está el ofrecimiento, hecho por Instagram, de 20 mil viviendas para docentes, y para ello firmó el 26 de septiembre –casi dos meses después del robo electoral– un convenio con el Ministerio de Hábitat y Vivienda. Como se lee, las «soluciones habitacionales» están por construirse. Qué esperanzas para el que siembra cocos, dicen los margariteños.

Hay que recordarle al ministro, sucesor de los invisibles pero depredadores salariales Eduardo Piñate y Yelitze Santaella, que de nada vale casa si no se tiene con qué alimentarse, como es la condición de esos maestros que integraron la clase media, de la que Rodríguez por cierto despotrica, y ahora son indigentes bajo techo.

Si esa oferta sorprende, mayor estupefacción causa lo que en el diagnóstico del ministro en la principal dificultad para superar el alarmante déficit de maestros. No es la estampida desesperada por las calamitosas condiciones de vida creadas por la revolución, sino «nuestra propia burocracia, el funcionamiento del ministerio».

Procedió entonces a suspender «de manera inmediata todas las comisiones de servicio para que el maestro, la maestra regresen a sus aulas de clase al proceso más importante que es acompañar a nuestras niñas a nuestros niños». ¿Acompañarlos (en su hambre) o formarlos, señor ministro?

Los reclamos de Enrique Márquez / Gregorio Salazar @goyosalazar

 

Con su data completa de ubicación geográfica y resultados exactos, sus códigos electrónicos operativos, las firmas estampadas por las autoridades y testigos de mesas, las actas originales de escrutinio de las elecciones presidenciales del 28 de julio acaban de ser exhibidas por el Centro Carter ante el mundo, con lo cual terminó de pulverizar el último vestigio de beneficio de la duda que alguien –sólo en un ejercicio extremo y acrobático de buena fe– pudiera concederle a las autoridades electorales venezolanas.

Y este emplazamiento es válido, principalmente, para quienes se cansaron de repetir ante la Asamblea Nacional, en el TSJ, desde la fiscalía general o en alocuciones para la televisión nacional o internacional que las actas de la oposición no existían y si tuvieran algunas eran forjadas. No se olvide que justamente por la supuesta ejecución de ese delito se ordenaron las detenciones del presidente electo y otras personas y se desató la persecución que condujo a la salida al destierro a EGU. Un exabrupto político, una trasgresión de la ley, un abuso de poder conduce a otro igual o peor. Esa es la ruta del caos por la que seguimos compelidos.

La discusión sobre lo verídico o no de los resultados electorales anunciados por el CNE tiene ya un sello irreversible. El presidente de la República, a quien de acuerdo a la Constitución Nacional ya le restan menos de cien días de mandato, no podrá convencer a la inmensa mayoría de los venezolanos ni a la comunidad internacional de que salió triunfante en los comicios del 28 de julio. Perdió por casi el 40% de los votos, sin contar los millones a quienes se les impidió ejercerlo.

Ahora son muchos los escenarios de gravísimas consecuencias que se abren a partir de la decisión de quedarse a toda costa en el poder. Y sobre eso nadie ha hecho tan serias y certeras advertencias como Enrique Márquez.

El ex candidato presidencial de Centrados ha hecho gala de su firme conciencia cívica y alto compromiso democrático con el país, que es a no dudarlo uno de los mayores servicios que se le puede prestar en esta hora menguada de nuestra historia a Venezuela.

No lo hace de modo estridente o panfletario. No incurre en falta de respeto a ninguna de las instituciones, ni siquiera al CNE, que todavía no le ha informado cuantos votos obtuvo su candidatura, reconociendo con humildad que no han debido ser muchos. Su discurso tiene un tono de franqueza y sinceridad cuando reconviene a Nicolás Maduro y lo llama a reflexionar sobre las consecuencias que traerán al país las violaciones flagrantes y en serie que se están cometiendo contra la Constitución.

No es de manera sediciosa. Es precisamente con la Constitución en la mano que llama, que exhorta, que convoca y reclama a los poderes públicos a hacer justicia y no lanzar por un despeñadero a Venezuela. A ahorrarle lo que puede resultar en inmensos sufrimientos a la patria venezolana y a sus hijos. Sin embargo, de manera inconcebible Márquez está bajo el asedio de uno que otro esbirro.

Fallas de origen / Gregorio Salazar @goyosalazar

 

«Sopla, tempestad», fue la frase que soltó Chávez, tomada de una obra teatral inglesa que se presentaba en Caracas, cuando después de aprobar la nueva constitución se cercioró de que tenía la sartén bien agarrada por el mango. Y vaya si la tenía.

Sirviéndose de la nueva carta magna y montado sobre una ola de aprobación «de genuino origen popular», como repitió hasta la saciedad José Vicente Rangel, fue a la relegitimación de los poderes legislativos y regionales y, paso a paso, al control del llamado «Poder Moral». El Estado venezolano quedó íntegramente en sus manos. Fue el mayor «cheque en blanco» a un gobernante en el siglo pasado.

Poder despilfarrado para una transformación en grande porque, como es historia, su primera Asamblea Nacional le dotó de poderes extraordinarios, la famosa Ley Habilitante, que le permitió un paquete de 40 leyes sin difusión ni debate que, según los más serios y serenos historiadores y analistas, fue el principal de los factores que condujo a la trágica crisis del 2002.

Dimos ese recorrido, ampliamente conocido, para intentar un elemental contraste entre el arranque de aquel gobierno de Chávez, sobre una enorme base de popularidad, legitimidad y constitucionalidad, y las condiciones del mandato que pretende iniciar el hoy jefe del Estado, Nicolás Maduro, el 10 de enero de 2025, autoencajándose una banda tricolor que por mandato del pueblo debería honrar el pecho de Don Edmundo González Urrutia.

Chávez obtuvo un triunfo incuestionable, con más de un millón de votos y 16% de ventaja, contabilizados por un órgano electoral confiable. Hoy los venezolanos seguimos sin saber cuántos votos totalizaron ninguno de los aspirantes. Y las cifras recogidas por las actas de escrutinio que han dado la vuelta al mundo revelan que quien aspiraba por segunda vez a una reelección perdió, no obstante el ventajismo en grado sumo de obscenidad, por una ventaja cercana al 40%.

En la embriaguez de sus primeros días, Chávez llegó a decir «en el mundo nos están aplaudiendo de pie». En esos días, ante una crítica del escritor Vargas Llosa, uno de sus primeros cuestionadores, lo llamó analfabeta. Se equivocó sin duda, si tenemos en cuenta los pequeños detalles de que Vargas ya había ganado el Premio Cervantes, en 1994, y luego el Nobel de Literatura en 2010. Vainas de El Arañero.

Pero ciertamente, Chávez tuvo una expectativa internacional bastante favorable al comienzo de su gobierno, a diferencia de la fatal realidad que envuelve a la pretensión de Maduro. En efecto, por irnos a lo más reciente, el balance semanal de la cancillería venezolana exhibe un saldo catastrófico como difícilmente lo registre un gobierno en cualquier momento de nuestra historia.

La pretensión de quedarse más allá del 10 de enero usurpando un poder que la decisión soberana del pueblo no le dio, va acumulando costos en términos de acusaciones, rechazos, sanciones y condenas de gobiernos y organizaciones desde varias latitudes que apuntan el tránsito hacia un final de muy sombrías definiciones y consecuencias.

Edmundo González, perseguido y criminalizado / Gregorio Salazar @goyosalazar

 

Ahora que el presidente electo Don Edmundo González Urrutia salió del país después de haber sido sometido durante seis meses a una inclemente campaña de insultos y vejaciones, infundios, burlas y amenazas hasta llegar a la criminalización por el inexistente forjamiento de las actas de escrutinio del 28-J, bien vale la pena recordar que en Venezuela, durante los últimos 25 años de convulsiones «revolucionarias», no ha habido mayor delito que postularse a la primera magistratura nacional.

No vaya a creer alguno que es exageración. Evidencias de ello da un simple vistazo a las persecuciones por las que atravesado o están padeciendo quienes, por ejemplo, fueron en su momento precandidatos presidenciales en las primarias del 2012. El ganador, Henrique Capriles Radonsky, permanece con una inhabilitación de 15 años. Pablo Pérez, inhabilitado políticamente desde 2017 hasta 2024. María Corina Machado, ganadora de las primarias del 2023, inhabilitada por 15 años y hoy perseguida política en situación de resguardo. Diego Arria fue expropiado, Imputado y se libró en su contra orden de captura. Desde entonces permanece en el exilio. Pablo Medina, perseguido y en el exilio.

A Antonio Ledezma, quien se retiró antes de esas primarias, por dos veces le desconocieron su triunfo en la Alcaldía Mayor de Caracas y le dejaron el cascarón vacío, pasó casi tres años detenido hasta que logró fugarse al destierro. Leopoldo López, quien se retiró de aquellas primarias para apoyar a HCR, pasó 5 años de cárcel y está en el exilio. Podrá decirse que las detenciones de esos dirigentes políticos no se debieron a sus precandidaturas, pero está claro que el régimen siempre encontró pretextos y trabajó para empujarlos fuera del juego político-electoral. Quien fue candidato presidencial en 2006, Manuel Rosales, también padeció cárcel y exilio.

¿Es acaso una casualidad?¿Es la dirigencia opositora no más que un nido de «terroristas» que jamás ha creído en la ruta electoral o existe un patrón que los condena a terminar bajo la persecución del envilecido entramado de los poderes del Estado, cooptados por la cúpula del régimen desde hace muchos años?

En verdad, es finalmente el ejercicio de los derechos políticos constitucionales lo que está siendo cada vez más conculcado, tanto para los principales dirigentes como para todo aquel que enfrente al régimen desde cualquier posición, bien sea desde dentro de una organización partidista o fuera de ella.

En convertir a un posible candidato un eventual enemigo al que había que barrer a toda costa, Chávez no se anduvo con disimulos. Con astuta y perversa habilidad para crear escenarios hipotéticos contra las que luego se mostraba feroz e implacable, un día sacó de su inagotable repertorio de falsedades que el empresario Lorenzo Mendoza se iba a lanzar a la presidencia de la República. El país, con estupor, contempló en cadena nacional la respuesta que Chávez se dio a su propio invento:

–¿Quieres ser presidente, no? Te quito la Polar, te la quito todita…

Si insólita y grotesca fue la amenaza, peor fue el tono con el que la pronunció. Mendoza no quiso ser candidato ni cuando las encuestas lo señalaban con gran apoyo popular de manera espontánea.

Cincuenta días de terror / Gregorio Salazar @goyosalazar

 

Cincuenta días de desatada represión y cárcel para inocentes, de hundimiento institucional, de enfrentamientos, rupturas y aislamiento internacionales, con una libertad de expresión cada vez más asordinada, periodistas presos o amenazados, de persecución y prisión a dirigentes políticos, pero sobre todo cincuenta días de mentirle de la manera más infame a la población sobre los resultados de unos comicios en los que Edmundo González Urrutia fue electo presidente de la República con la segunda ventaja más holgada (37%) de nuestra historia electoral.

El caos que se profundiza en Venezuela por la obstinada persistencia de una reducida cúpula de civiles y militares en mantenerse aferrados vanamente al poder está en expansión, pero ya los efectos inmediatos de la violación flagrante a la Constitución exhibe a la revolución chavista que encabeza Nicolás Maduro sobre los despojos de la democracia venezolana como una llaga, una pústula sangrante en la fachada norte del continente suramericano.

Una más y ya son increíblemente tres esos cráteres en pleno siglo XXI, junto con Cuba y Nicaragua, cuyos patrones depredadores de libertades ha ido calcando la descocada vanguardia criolla cada vez más con mayor rigor y similitud. Ahora pretenden encaminarnos por la vía de hecho hacia un régimen de partido único, donde además de ellos, dueños absolutos del botín, sólo puedan participar las organizaciones comparsas, que se conforman con los mendrugos que les arroja la élite poderosa: dos o tres diputaciones, recursos para su usufructo y visibilidad mediática en los canales públicos y en los de los obsecuentes cómplices.

La condición es obvia: reconocer el fraude, sumarse a la burla constitucional, desconocer el mandato soberano de los venezolanos. Quizá no haya habido expresión más depurada de esa complicidad que la de un ex candidato presidencial que tras la decisión del TSJ de ungir a toda costa a Maduro como presidente electo dijo: «Soy venezolano en un país de estado de derecho. Las sentencias no se discuten, ni se aprueban, ni se desaprueban. Se acatan». Claramente se entiende que si él y su reducto partidista forman parte y se benefician –aunque sea con migajas– de este concierto privilegiado que sojuzga y destruye al país, qué importa que el resto de los venezolanos no tengan Estado de Derecho ni para elegir — ¡nada menos!– al presidente de la República.

Afortunadamente, donde ese dirigente (?) partidista ve un Estado de Derecho impoluto, con instituciones a las que invariablemente hay que someterse sin rechistar, han surgido otros ex candidatos presidenciales que han entendido la gravedad de la coyuntura en la que ha sido colocada la nación y se han dedicado, con gran sentido del deber patrio, a revisar exhaustivamente la sentencia 31 del TSJ, para concluir que esa decisión viola casi que Títulos completos de la CRBV y varios artículos de la ley electoral.

Los Zelaya en honduras / Gregorio Salazar @goyosalazar

 

Cuando Xiomara Castro asumió la presidencia de Honduras en enero de 2022, las relaciones con Estados Unidos se perfilaban tan auspiciosas que, como gesto que lo resumía, en representación de la Casa Blanca acudió a la ceremonia de toma de posesión la mismísima vicepresidenta Kámala Harris.

Punto clave de un acuerdo común en ese recomenzar era, sin duda, el combate al narcotráfico y sobre todo a la penetración de las bandas en las organizaciones políticas, a las que financiaban en tiempos de campañas electorales y hasta convertían en socios a altos representantes del Estado hondureño.

El caso más escandaloso al inicio del nuevo gobierno era el del propio presidente saliente, Juan Orlando Hernández (55), quien apenas dos meses después de concluir su doble mandato (2014-2022), el segundo bajo fuertes acusaciones de fraude y tras un represivo baño de sangre, fue apresado y extraditado a los Estados Unidos, donde hoy paga condena de 47 años de cárcel por narcotráfico y distribución de armas de fuego.

El narcotráfico aparece colándose por todos los intersticios de la política y el Estado hondureño. Antes de Hernández fue señalado como sospechoso de recibir financiación ilícita su predecesor en la presidencia, Porfirio Lobo (2010-2014), cuyo hijo Fabio Lobo, arrestado en Haití, paga prisión en EEUU. Vinculó a esas operaciones a su padre y a Hernández. Un hermano de Juan Orlando Hernández, Tony, cumple prisión perpetua en territorio gringo.

Con Xiomara Castro se abría otra etapa. Su esposo, el expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009), fue acusado durante su mandato de varios cargos por abuso de poder y cuando, bajo la tutela de su gran financiador petrolero, Hugo Chávez, quiso cambiar las “cláusulas pétreas” de la Constitución para imponer la reelección inmediata, fue derrocado. Pero todo eso quedaba atrás para la pareja identificada con el Socialismo del Siglo XXI, para nada vinculada al narcotráfico.

Esa imagen acaba de venirse abajo con la divulgación por la web especializada Inside Crime de un video en el cual aparece Carlos Zelaya, hermano del expresidente, por lo tanto cuñado de la presidenta Castro, negociando con miembros de la banda “Los Cachiros” un aporte de $ 650.000 para la campaña electoral de 2013, donde fue candidata perdedora la propia Xiomara, y para complemento se habla de anteriores financiamientos a El Comandante, como apodan a su esposo.

Relevante que, de manera previa, el 28 de agosto, había aparecido otra dama norteamericana, esta vez la embajadora Laura Dogu, para cuestionar la reciente visita del ministro de la defensa hondureño, José Manuel Zelaya, y de Roosevelt Hernández, jefe de las fuerzas armadas, a Venezuela para reunirse con el alto mando militar de este país.

La tierra es plana / Gregorio Salazar @goyosalazar

 

Le resultó lo más parecido a como si el 28 de julio, a eso de las 12 a. m. y estando en el cuarto del baño, oyera del otro lado de la puerta la voz del menor de los hijos que le avisaba con voz de asombro:

–¡Papá, ahí está Amoroso en la televisión diciendo que la tierra es plana…!

–¿Cómo que plana? ¡Qué vaina es esa? ¡Desde Pitágoras la humanidad sabe que la tierra es redonda!

–Bueno, ahí está Amoroso diciendo que la tierra es plana.

–Pero ¿qué tiene en la mano? Un nuevo mapamundi, un atlas antediluviano o un invento pseudocientífico de los rusos?

–No, está leyendo una servilleta.

Usted sale con premura del baño y ante el aparato de televisión se cerciora del fenómeno que reta todo raciocinio. Le da por caminar de un extremo a otro de la sala rumiando su desconcierto. «Esto no puede ser… Alguien debe estar loco… A lo mejor me quedé dormido esperando el resultado de las elecciones y ahora estoy en medio de una terrible pesadilla».

Pero usted sabe que se autoengaña porque se pellizca y el retorcijón de piel le duele, confirmando que tristemente usted está despierto. Y ahora siente que las orejas se le han puesto calientes. A lo mejor se le ha subido la tensión y decide refugiarse en su dormitorio. Allí se sienta en la cama y está cavilando con las sienes aprisionadas entre las manos, cuando el mismo chamo entra corriendo al cuarto.

–Papá, ahí está María Corina diciendo por las redes que la tierra es redonda…

Usted se despega del colchón en un brinco:

–Pero claaaaaro, ¡coño!. ¡Claro que es redonda! Tú sabes que es redonda y yo lo sé desde primer grado: «La tierra es redonda, achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador».

No obstante, pasa la noche zozobrando en el desvelo, aunque no renuncia a que con el nuevo día sobrevenga un milagro y las dudas se disipen como las tinieblas frente a la luz del sol. Pero no tarda mucho en toparse con la cruda realidad y saber que lo suyo fueron meros vapores de la fantasía.

Y es que Amoroso está otra vez en la pantalla del televisor diciendo que va a proceder a ungir a Nicolás Maduro Sumo Pontífice del Terraplanismo Universal. Lee cuatro pendejadas en una servilleta ya mugrienta y a punto de deshacerse, se monta en un taburete y coloca a Maduro un bonete azul celeste con dibujos amarillos de soles, lunas y estrellitas, con lo que el señor queda como un remedo de mago medieval con bigotes. Dicta su primera gran sentencia:

—Óiganme bien, terroristas, conspiradores, traidores a la patria, incitadores del odio, obstaculizadores de la vía pública y guarimberos de toda laya. ¡La tierra es plana para todos los efectos! Y mejor vayan aceptándolo de una vez y para siempre.

Hace un pausa.

–Sin embargo, como prueba de mi magnanimidad y para que ustedes y los poderes imperiales queden satisfechos, voy a recurrir al Supremo Tribunal de Cosmografía y Astrología, quien dará el veredicto definitivo. ¡Impelable e inapelable!

En el interín entra en acción el coro de sicofantes. Las Indiras Gandules, los pérez pirocos, los carajaletes regordetos a repetirnos por sus plataformas ahítas de verdines que la tierra es plana, sí señor, tal como lo había anticipado meses antes en sus infalibles estudios de opinión Oscar, el de los muchos lances crematísticos.

Una lápida sobre el chavismo / Gregorio Salazar @goyosalazar

 

Si algo le han puesto fin definitivo Maduro y su íntimo entorno cupular, es al tan proclamado proyecto chavista que se vendió, desde el momento de la aprobación de una nueva constitución, como abanderado del «fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica».

Más allá de que en el ejercicio del poder durante estos 25 años no surgieran visos de que tan supremos enunciados orientaran la acción de Hugo Chávez y luego de sus frenéticos sargentones, todo lo que dijeron representar, todos los objetivos de un ideario popular de paz, solidaridad, bien común ha sido definitivamente echados al cesto. El legado quedó en fracaso económico, atropello a la ley y corrupción.

Quemar las naves, romper todos los puentes con las sindéresis política, también ha significado incinerar la Constitución ante los ojos de todos, del país y del mundo, pisotear sus cenizas y proclamarse dueños absolutos de los despojos de Venezuela, de espaldas a un pueblo que los abandonó hace años y ahora les encajó una derrota humillante. El repudio es creciente, a medida que se desborda la represión y la anulación del Estado de Derecho.

Más allá del palabrerío para un público cautivo y cada vez más reducido, a nadie pueden venir con las gastadas letanías de la izquierda, ni de la revolución integral en lo económico, político, cultural y moral. Y menos de aquella delirante propuesta de Chávez de una confederación de estados latinoamericanos. Antes bien, el régimen chavista –en sus estertores, sin duda– vive el mayor momento de aislamiento continental y una condena universal por todas las democracias del mundo.

Consumado el grotesco robo de las elecciones ganadas abrumadoramente por Edmundo González Urrutia, tras la previsible «certificación» del llamado tribunal supremo de justicia Venezuela entra en una inédita fase de su historia, incierta como pocas, en donde lo predecible no pasa del mar de tempestuosas dificultades que se le abre enfrente y en el que en lo inmediato luchará por sobrevivir el pueblo venezolano. Claro, miles se sumarán a la huida de esta hecatombe.

La cúpula del régimen escogió la peor de las decisiones para ellos, para Venezuela, para sus vecinos y para toda la región. La negación de la verdad, el desconocimiento de la soberana voluntad del pueblo venezolano agrandará los males y los sufrimientos de la sociedad a medida que los precarios equilibrios que el oficialismo había logrado con la paridad cambiaria y el control de la inflación sucumban nuevamente. No habrá inversiones ni crecimiento mientras perduren caóticamente en el poder.

No se visibiliza hacia adonde apunta esa conducta suicida. Es una desenfrenada fuga hacia adelante en la que no hay otro cálculo que el control de poder a cualquier precio, incluido el hundimiento del país y más temprano que tarde de ellos mismos. Y también de quienes descabelladamente y convenientemente se le plieguen –ya hemos visto la manifestación de sus cómplices en la Asamblea Nacional– como forma de sobrevivencia política o económica.

Venezuela: causa global / Gregorio Salazar @goyosalazar

 

¿Cuánto tiempo podrá permanecer la cúpula (des) gobernante en la obstinada negación de la realidad? La dura realidad que lo va fagocitando como gobierno, cada vez con menos base de sustentación popular, pero también agotándolo, minimizándolo, extinguiéndolo como expresión de aquel proyecto político, de supuesta reivindicación social, que fundó, encarnó y es su principal referente Hugo Chávez desde hace más de veinticinco años.

No quiere decir esto que se llame a engaño el reducido círculo de seis personas que dio el golpe de timón que marca hoy el rumbo incierto y sumamente riesgoso de la República. Lo que es negación absoluta hacia la calle, narrativa rayana en el desquicio, no significa que no haya cabal reconocimiento hacia lo interno.

Si hubiera sido de otra manera, no hubiéramos presenciado, por ejemplo, la utilización desesperada de todo el aparataje y recursos del poder, la vulneración más impúdica de la constitución y las leyes, el despliegue de una inescrupulosa maquinaria propagandista sin antecedente conocido y –final y fatalmente– el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

De cara al ineludible reto electoral que la constitución fijaba para este 2024, a este proceso de paulatino desapego de la realidad puede fijársele como fecha de arranque el 23 de junio de 2023, día en que María Corina Machado formalizó su inscripción como candidata a las elecciones primarias de la oposición, fijadas para el 22 de octubre del año pasado.

La sola presencia de esta mujer fue cegadora, por no decir emocionalmente desestabilizadora. Desde allí, con la comprobación palpable de que estaban frente a la amenaza real de una figura en pleno ascenso, con calado progresivo en todos los estratos de la población, apelaron a todas las acciones, mayoritariamente ilegales, represivas, obstructivas, para detener lo que era no la simple popularidad de una figura política, sino el encrespamiento de una ola de rechazo devino repudio y hartazgo popular. La lucha por el desalojo del poder de Maduro y la elite que lo acompaña se convirtió en una cruzada de salvación nacional.

Vinieron los escamoteos de la realidad que hoy se busca agónicamente desfigurar o desaparecer. Falló la inhabilitación política de Machado y encarcelamiento de su equipo de comando. Falló la criminalización y el desconocimiento de la masiva participación y el resultado de las primarias. Falló la obstrucción a la candidatura de Corina LLoris. Fallaron todas las operaciones de reducción del electorado, comenzando por el impedimento a más de 5 millones de venezolanos en el exterior. No pudieron los cambios sobrevenidos en la organización del proceso electoral. La derrota fue aplastante, humillante, devastadora. Maduro quedó 37 puntos debajo de Edmundo González Urrutia.

Pero esa derrota no existe. No aparece en los registro de la realidad que estaban obligadas a hacer y presentar las instituciones facultadas por la constitución. El proceso político que los sentencia a dejar el poder, y que cogió impulso definitivo en junio del año pasado, sigue siendo negado por la cúpula chavista que proclama a los cuatro vientos una «victoria», una versión precaria, técnica insostenible y contradictoria en sus argumentos. Una farsa que no encuentra flujo natural aguas debajo de la opinión nacional y mundial y es rechazada puertas adentro en los hogares de los venezolanos, chavistas y no chavistas.

El supremo sainete / Gregorio Salazar @goyosalazar

 

La figura sombría del fiscal general (minúsculas nuestras) vigila que todo marche dentro del carril en las audiencias del tribunal supremo de justicia (ídem), a las que han convocado a los excandidatos presidenciales para cumplir la orden sin sentido de entregar las mismas actas que les suministró la plataforma electrónica del propio Consejo Nacional Electoral.

La mirada del fiscal gravita como la de un pájaro de cetrería sobre el escenario donde se arma el sainete final del régimen para que su máximo tribunal «certifique» la mil veces desmentida victoria de Nicolas Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Fue una derrota aplastante por cerca del 37 % de los votos. La reelección se estrelló contra el muro de la voluntad popular.

En medio de semejante artificio, no puede llamarse toga, sino cortesana batola negra, de pechera roja para más señas, el ropaje que lo envuelve cuando se le acerca a algunos candidatos para cerciorarse de que todo «esté en regla». Y a veces lo logra cuando aquellos aspirantes que recibieron el beneplácito de la cúpula, salen declarando que «son las instituciones las que deben resolver el conflicto». ¿Dónde están esas instituciones que no las ve el pueblo, señores nuestros?

Pero ese redil tan burdamente concebido ha sido desbordado por la verdad. No funcionó con Edmundo González Urrutia, que no se presentó a semejante artificio. Ni con Manuel Rosales, Simón Calzadilla y José Luis Cartaya, que se presentaron sin llevar lo inconsignable y enfatizaron lo que constituye al mismo tiempo convicción y clamor universal: es el CNE el que debe cumplir su deber constitucional de presentar los resultados debidamente respaldados por las 30.026 actas de cada mesa. Sin actas no hay paraíso, ha graficado alguien muy ingeniosamente. Y basta de la cibercoba del hackeo que antes ellos mismo pregonaron como imposible.

Si esa actuación del fiscal del régimen, cooperador necesario en semejante tramoya, terminaba de desnudarlo, vino a recaer sobre él otra escandalosa agravante. Y fue la denuncia del excandidato Antonio Ecarri de haber recibido amenaza verbal por parte del fiscal cuando él quiso presentar una solicitud de revisión de la competencia del TSJ sobre este caso. Algo que ya había cuestionado en otro prolijo documento durante su primera comparecencia el 2 de agosto.

Presa de la indignación, Ecarri denunció que los magistrados de la Sala Constitucional, cómplices de la impostura, le impidieron defenderse frente al fiscal y sus acusaciones. «El señor fiscal cree que ejercer un recurso de revisión constitucional de las actuaciones de la Sala Electoral es un agravio. (…) Yo hago responsable a Tareck William Saab de todo lo que me pueda pasar a mí, a mis familiares y a mi equipo de Lápiz y a nuestros alcaldes por la falta de respeto de la que acabo de ser víctima por parte del fiscal(…) Cómo es posible que catalogue de infamia un recurso de revisión constitucional?».

Mientras el fiscal se dedica a resguardar los intereses de Maduro en el TSJ, Venezuela vive otra escalada de violaciones a los derechos humanos. Veinticuatro jóvenes perdieron la vida, pasan de mil los detenidos llevados a audiencias sin defensa para enfrentar cargos nada menos que por terrorismo.

La razzia a la cual es impermeable el despacho de Saab arremete contra adolescentes, encarcela testigos electorales, periodistas, dirigentes políticos, ex diputados y se produce la anulación masiva de pasaportes a venezolanos dentro y fuera de Venezuela.

Mientras los gobiernos de Brasil, Colombia y México, a los que se le supone de cercanía ideológica (si tal referencia existe en predios de la secta criolla) ratificaron que consideran «fundamental la presentación por parte del CNE de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 desglosado por mesas de votación», Maduro libra gestas inmarcesibles contra whatsapp, instagram y bloquea X. Que queden, por favor, incorporadas a la liturgia de nuestras más gloriosas efemérides.

La tesis que quiere imponer el régimen queda resumida en las palabras de la inefable vicepresidenta Delcy Rodríguez: «Hay una histeria mundial por unas actas que no existen». Asimismo, que la oposición triunfante nunca tuvo intención en participar en las elecciones. Su objetivo era la violencia. Por eso no imprimieron ni un solo afiche. Vaya, qué fácilmente pretenden despachar la realidad los que rodaron estrepitosamente el 28-J. Una nueva demostración del enorme desprecio que tienen por la inteligencia del pueblo venezolano. La lucha por la libertad sigue más viva que nunca.

https://talcualdigital.com/el-supremo-sainete-por-gregorio-salazar/

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