Escrito por Thor Halvorssen y Javier El-Hage Viernes, 01
de Marzo de 2013
La voz de Cochez hará mucha falta en
los debates actuales sobre la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. La semana pasada, después de tres años y medio de servicio diplomático
en Washington DC, el embajador Guillermo Cochez dejó su cargo como
representante permanente de Panamá ante la Organización de los Estados
Americanos (OEA), luego de su repentino despido el 16 de enero por criticar a
la OEA y a Venezuela. La voz de Cochez hará mucha falta en los debates actuales
sobre la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su
ausencia también será muy sentida entre individuos y organizaciones que
actualmente sufren bajo el régimen autoritario de Cuba, así como por aquellos
que han sido testigos de la erosión de la democracia en sus países ante la
inacción y a veces complicidad de la OEA.
El año pasado, después de una década de desprecio contra el sistema interamericano de derechos humanos, Venezuela se convirtió en el primer país latinoamericano en denunciar la histórica Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Desde el año 2002, Venezuela había negado a la CIDH el acceso a su territorio para supervisar la situación de los derechos humanos in loco. En 2010, el presidente Chávez llegó al extremo de llamar al director ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, “excremento puro”.
La belicosa retórica anti-CIDH del gobierno de Chávez encuentra eco de forma rutinaria en las intervenciones de sus homólogos de Ecuador, Nicaragua y Bolivia (todos miembros de la organización ALBA, que incluye a Cuba), quienes han demostrado ser igual de intolerantes ante la crítica interna e internacional. En los últimos dos años, dentro de un proceso de reforma de la CIDH alentado por Venezuela, estos países vienen buscando el debilitamiento de la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA (órgano protector de la libertad de prensa). En esta empresa se les han unido, parcialmente, los gobiernos de Colombia y Argentina.
Con el pretexto irrisorio de defender el recientemente acuñado “principio de no selectividad”, estos países afirman que el capítulo IV del informe anual de la CIDH, que individualiza a los países donde existen las situaciones más graves de derechos humanos (últimamente Cuba, Venezuela y Colombia) y que se encuentran en etapa de transición a la democracia (desde 2009, Honduras), debería incluir apartados para cada uno de los 34 Estados miembros de la OEA (propuesta presentada por Argentina, Bolivia, Colombia y Ecuador) o, en su defecto, ser eliminado por completo (propuesta de Venezuela y Nicaragua).
Ecuador también ha propuesto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que actualmente emite informes y comunicaciones periódicas a los Estados principalmente sobre libertad de prensa, debería dejar de cumplir esta labor y, en cambio, convertirse en un “asesor” o “perito especializado” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (una especie de asistente judicial). Así mismo, Ecuador ha propuesto que los Estados redacten un “código de conducta” a ser seguido por el Relator Especial. Si estas propuestas se adoptaran, tanto la capacidad de la CIDH de priorizar el uso de sus recursos escasos en razón de la gravedad o severidad de la situación en cada país, así como el importante papel que el Relator Especial ha venido desempeñando durante más de 15 años se verían seriamente incapacitados.
Pero ¿cuál es la posición de los restantes 27 países de la OEA frente a este puñado de países que están determinados a debilitar sus instituciones? Ninguna. No tienen una posición clara.
Salvo los representantes de Estados Unidos y Canadá, que tímidamente han expresado su preocupación de que las propuestas mencionadas “diluyen” la labor de la CIDH y que el Relator Especial, al contrario, debería ser fortalecido, el orden del día de la OEA consiste en 25 delegaciones que están intimidadas por Venezuela a guardar un silencio sepulcral o que hablan el mismo lenguaje vacío que ha estado llevando a la OEA (junto a su mediocre Secretario General) hacia una posición más cercana a legitimar a Cuba como una suerte de democracia “especial” (considérese la resolución de 2009 que derogó la resolución de 1962 que suspendió a Cuba, y la creación en 2010 de la CELAC, una organización con el único propósito de incluir a Cuba y excluir a Estados Unidos y Canadá), que a defender y promover los principios de democracia representativa y libertades individuales cuya protección motivó su creación.
La única excepción a esta regla, la única voz disonante en este coro de diplomáticos que con su silencio apoyan a las voces antidemocráticas, fue la del embajador Cochez.
En una reunión del Consejo Permanente de la OEA de diciembre de 2009, con apenas unos meses en el cargo, Cochez pidió la palabra inmediatamente después de que su homólogo venezolano dijera que Globovisión —el único canal de televisión crítico que queda en Venezuela— no era un medio de comunicación independiente, sino el comandante de una “dictadura mediática”. Cochez franca y enérgicamente respondió: “¡qué más dictadura mediática que aquella que se impone a un pueblo en cadena nacional, a que escuchen discursos de sus mandatarios (por supuesto se refería a Chávez), ocho, nueve, diez, once, doce horas; a veces hasta tres veces el mismo día!”
Ese primer encontronazo, en el que Cochez optó por ser el único diplomático en la mesa en decirle la verdad a Venezuela, marcaría la pauta del importante rol que el embajador Cochez jugaría en la OEA durante los próximos tres años.
En respaldo certero y claro a la CIDH, en la misma reunión Cochez había criticado al gobierno de Chávez por utilizar “excusas baladíes” para negar el acceso a las visitas in loco de la CIDH, algo que sólo Cuba había hecho en el pasado.
A través de su gestión, Cochez sobresalió como el único diplomático latinoamericano que se atrevió a cuestionar la legitimidad del gobierno cubano: una dictadura de partido único que durante décadas ha etiquetado oficialmente a cualquier defensor de los derechos humanos (por lo general "periodistas" autodidactas y “políticos de oposición” autonombrados) como “escoria”, “gusanos” o “mercenarios”.
En octubre de 2011, Cochez tomó la palabra para decir una breve oración en condolencia por el fallecimiento de la líder de las Damas de Blanco, Laura Pollán; un gesto que fue secundado sólo por el Representante Alterno de Estados Unidos ante la OEA, William McGlynn. El año siguiente, Cochez fue el único diplomático de la OEA en hablar sobre el fallecimiento de Oswaldo Payá, ganador del Premio Sájarov del Parlamento Europeo por su larga lucha en favor de los derechos humanos:
En vez de hablar sobre el Libertador [Simón Bolívar] como algunos han hecho aquí, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para recordar a otro [libertador], quien falleció el pasado domingo en la lucha por la libertad y la dignidad de su país. Me refiero al líder disidente Oswaldo Payá de Cuba.
En enero de 2012, Cochez se opuso a la propuesta de Ecuador de establecer un “código de conducta” para la Relatoría Especial: “Creemos que todos estamos de acuerdo [en] que aquí no hay que aconductar a nadie; sobre todo si el trabajo que se realiza tanto brillo le da al sistema interamericano de derechos humanos.”
Dos meses después, el representante de Venezuela, una vez más, acusó a la CIDH y su Relatoría Especial de estar “politizadas”, y de ser “selectivas” y financiadas por “generosos donantes que no esperan nada a cambio, salvo el respaldo a sus intereses económicos, políticos e internacionales”. Cochez también, una vez más, respondió al funcionario venezolano con un llamamiento a sus colegas:
…que la comisión es manipulada a espaldas nuestras, […] me parece [es un argumento] que no debemos aceptar, ¡no podemos aceptar! […] porque estaríamos convalidando algo que, primero, no es cierto, y, segundo, estaríamos aceptando que no somos capaces de defender nuestros intereses frente a la independencia del sistema interamericano de derechos humanos.
Hay quien ha considerado la posición de Cochez como irónica, dado que el gobierno panameño que Cochez representa, encabezado por el presidente Ricardo Martinelli, tampoco ha mostrado las mejores credenciales democráticas. Por ejemplo, en 2010, Human Rights Foundation (HRF) denunció a Martinelli por personalmente dirigir el arresto y la expulsión arbitraria de dos periodistas extranjeros críticos, y, en 2011, Martinelli designó inconstitucionalmente a un funcionario de su gobierno como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
A pesar de ello, Cochez —un socialdemócrata con una carrera política de 40 años que enfrentó a la última dictadura militar de Panamá— fue capaz de mantener independencia e incluso ejercer una influencia positiva sobre las tendencias caudillistas de Martinelli. En su discurso de mayo de 2011 en la OEA, Cochez contó la anécdota de cuando le preguntaron sobre un legislador del partido del presidente Martinelli, que había propuesto un proyecto de ley criminalizando los insultos contra el presidente con una pena de prisión de 2 a 4 años.
“Esta medida alertó, de inmediato, a la efectiva Relatoría Especial para la Libertad de Expresión”, dijo Cochez. “De casualidad yo estaba en Panamá en esos días, y los medios se acercaron a conocer mi reacción sobre ese absurdo y preocupante proyecto; a los cual contesté que simplemente constituía un retroceso. Que su proponente, pensando hacerle un bien al gobernante [Martinelli], le causaba daño porque la libertad de expresión no puede tener cortapisa alguna”, concluyó Cochez de una manera coloquial.
Ahora bien, el historial de Panamá en materia de libertad de expresión y algunos signos de erosión democrática bajo el gobierno de Martinelli resultan insignificantes cuando se los compara con los de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Desde que asumieron el poder, los presidentes de estos países han incurrido en un rosario de acciones inconstitucionales para modificar constituciones, posibilitar la reelección, perseguir a los miembros de la oposición, hostigar a la prensa independiente, y tomar el control casi absoluto de sus poderes legislativos y judiciales.
No es ninguna coincidencia que estos mismos países sean los que hoy están tratando de debilitar a la OEA. Lo más grave es que esta embestida no se realiza siempre a través de sofismas que buscan ocultar el significado de sus propuestas (como el innovador “principio de no selectividad”), sino que sus posiciones muchas veces van acompañadas de un desprecio frontal a lo que ellos consideran como principios foráneos de “democracia occidental”.
En este alarmante contexto, Cochez acabó siendo el único defensor franco, equilibrado y coherente de las instituciones de la OEA, y llamó a sus colegas a la unidad “sobre todo frente a los [gobiernos] que, con su demagogia y doble discurso, intentan debilitar esta organización”.
La cláusula democrática de la OEA (que codifica la denominada “doctrina Betancourt”) dispone que los gobiernos que hayan accedido al poder a través de un golpe de Estado deben ser presionados para restablecer la democracia, o, en su defecto, ser suspendidos de la OEA, pero que también deben correr la misma suerte aquellos donde los gobernantes democráticamente electos optan por erosionar la democracia desde el poder.
Bajo este estándar, fue justo, por ejemplo, suspender a la Honduras de Roberto Micheletti de la OEA tras el golpe de 2009 que derrocó al presidente Manuel Zelaya, pero la cláusula democrática también debería habérsele aplicado ya a Venezuela (suspendiendo al gobierno de Chávez de la OEA), así como a Bolivia, Ecuador y Nicaragua, a través de la creación de misiones diplomáticas de alto nivel que presionen a Morales, Correa y Ortega para que retrocedan en sus atropellos a las instituciones democráticas. Por ejemplo, la OEA creó dos misiones como estas para presionar al presidente peruano Alberto Fujimori luego del autogolpe que dio en 1992 y durante su tercera reelección en el año 2000.
En este mismo sentido, en diciembre de 2009 Cochez denunció la hipocresía de los gobiernos que en esos momentos se negaban a reconocer al nuevo gobierno electo del presidente Porfirio Lobo en Honduras. Según Cochez, mientras censuraban a Lobo, estos gobiernos estaban cerrando medios independientes (Venezuela, Ecuador), fomentando institucionalmente la violencia (Bolivia), cambiando fallos en sesiones relámpago de la Corte Suprema de Justicia para permitir la reelección (Nicaragua) y persiguiendo a sus opositores políticos (los cuatro).
La lista de declaraciones frontales y sencillas —aunque solitarias— del embajador Cochez en la OEA pudieron haber aumentado, al menos hasta mayo de 2014, cuando se realicen las próximas elecciones presidenciales en Panamá, si es que éste no hubiese sido despedido de forma repentina el 16 de enero.
En una actitud coherente con sus principios, Cochez sugirió que si la OEA no estaba dispuesta siquiera a debatir si lo que estaba ocurriendo en Venezuela, a cuyo gobierno definió como una “democracia enferma”, equivale a la violación de la Carta Democrática Interamericana, la OEA debería comenzar por cerrarse. Y continuó:
Un número importante de países miembros, incluyendo algunos que lamentablemente deberían entender mucho mejor lo que hacen, han optado por desconocer cuál es nuestro verdadero compromiso y parecieran ignorar cuáles son las consecuencias de abandonar la promoción y defensa de la democracia. […] Cumplamos con la Carta Democrática [Interamericana]. No sepultemos a la OEA.
La cuestión de si el actual impasse causado por la enfermedad del presidente Chávez constituye o no una violación de la constitución venezolana puede ser debatible entre expertos constitucionalistas. Sin embargo, lo que está fuera de discusión para cualquier intérprete razonable de la cláusula democrática de la OEA es que la erosión de la democracia en Venezuela, desde hace mucho tiempo ha producido una “alteración” o “ruptura” del orden democrático en ese país y que el gobierno de Chávez debería ya estar suspendido de toda participación en los órganos y reuniones de la OEA.
Cuando la Carta Democrática Interamericana fue aprobada en el año 2001, a raíz de la erosión democrática generada por Fujimori, era impensable que, apenas una década después, se permitiría a un gobierno similar al de Fujimori violar sistemáticamente los derechos humanos, manipular su camino hacia una tercera reelección y alabar como modelo a la única dictadura en todo el continente, mientras, desde adentro, hace todo lo posible para aniquilar a la OEA y a sus instituciones.
Lamentablemente, la voz del único diplomático de la OEA que se atrevió a denunciar esta insensatez y a llamar las cosas por su nombre ha sido silenciada. Será profundamente extrañado.
(*): Thor Halvorssen es presidente y Javier El-Hage, director jurídico de la Human Rights Foundation. Alejandro Gutiérrez contribuyó a la investigación.
El año pasado, después de una década de desprecio contra el sistema interamericano de derechos humanos, Venezuela se convirtió en el primer país latinoamericano en denunciar la histórica Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Desde el año 2002, Venezuela había negado a la CIDH el acceso a su territorio para supervisar la situación de los derechos humanos in loco. En 2010, el presidente Chávez llegó al extremo de llamar al director ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, “excremento puro”.
La belicosa retórica anti-CIDH del gobierno de Chávez encuentra eco de forma rutinaria en las intervenciones de sus homólogos de Ecuador, Nicaragua y Bolivia (todos miembros de la organización ALBA, que incluye a Cuba), quienes han demostrado ser igual de intolerantes ante la crítica interna e internacional. En los últimos dos años, dentro de un proceso de reforma de la CIDH alentado por Venezuela, estos países vienen buscando el debilitamiento de la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA (órgano protector de la libertad de prensa). En esta empresa se les han unido, parcialmente, los gobiernos de Colombia y Argentina.
Con el pretexto irrisorio de defender el recientemente acuñado “principio de no selectividad”, estos países afirman que el capítulo IV del informe anual de la CIDH, que individualiza a los países donde existen las situaciones más graves de derechos humanos (últimamente Cuba, Venezuela y Colombia) y que se encuentran en etapa de transición a la democracia (desde 2009, Honduras), debería incluir apartados para cada uno de los 34 Estados miembros de la OEA (propuesta presentada por Argentina, Bolivia, Colombia y Ecuador) o, en su defecto, ser eliminado por completo (propuesta de Venezuela y Nicaragua).
Ecuador también ha propuesto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que actualmente emite informes y comunicaciones periódicas a los Estados principalmente sobre libertad de prensa, debería dejar de cumplir esta labor y, en cambio, convertirse en un “asesor” o “perito especializado” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (una especie de asistente judicial). Así mismo, Ecuador ha propuesto que los Estados redacten un “código de conducta” a ser seguido por el Relator Especial. Si estas propuestas se adoptaran, tanto la capacidad de la CIDH de priorizar el uso de sus recursos escasos en razón de la gravedad o severidad de la situación en cada país, así como el importante papel que el Relator Especial ha venido desempeñando durante más de 15 años se verían seriamente incapacitados.
Pero ¿cuál es la posición de los restantes 27 países de la OEA frente a este puñado de países que están determinados a debilitar sus instituciones? Ninguna. No tienen una posición clara.
Salvo los representantes de Estados Unidos y Canadá, que tímidamente han expresado su preocupación de que las propuestas mencionadas “diluyen” la labor de la CIDH y que el Relator Especial, al contrario, debería ser fortalecido, el orden del día de la OEA consiste en 25 delegaciones que están intimidadas por Venezuela a guardar un silencio sepulcral o que hablan el mismo lenguaje vacío que ha estado llevando a la OEA (junto a su mediocre Secretario General) hacia una posición más cercana a legitimar a Cuba como una suerte de democracia “especial” (considérese la resolución de 2009 que derogó la resolución de 1962 que suspendió a Cuba, y la creación en 2010 de la CELAC, una organización con el único propósito de incluir a Cuba y excluir a Estados Unidos y Canadá), que a defender y promover los principios de democracia representativa y libertades individuales cuya protección motivó su creación.
La única excepción a esta regla, la única voz disonante en este coro de diplomáticos que con su silencio apoyan a las voces antidemocráticas, fue la del embajador Cochez.
En una reunión del Consejo Permanente de la OEA de diciembre de 2009, con apenas unos meses en el cargo, Cochez pidió la palabra inmediatamente después de que su homólogo venezolano dijera que Globovisión —el único canal de televisión crítico que queda en Venezuela— no era un medio de comunicación independiente, sino el comandante de una “dictadura mediática”. Cochez franca y enérgicamente respondió: “¡qué más dictadura mediática que aquella que se impone a un pueblo en cadena nacional, a que escuchen discursos de sus mandatarios (por supuesto se refería a Chávez), ocho, nueve, diez, once, doce horas; a veces hasta tres veces el mismo día!”
Ese primer encontronazo, en el que Cochez optó por ser el único diplomático en la mesa en decirle la verdad a Venezuela, marcaría la pauta del importante rol que el embajador Cochez jugaría en la OEA durante los próximos tres años.
En respaldo certero y claro a la CIDH, en la misma reunión Cochez había criticado al gobierno de Chávez por utilizar “excusas baladíes” para negar el acceso a las visitas in loco de la CIDH, algo que sólo Cuba había hecho en el pasado.
A través de su gestión, Cochez sobresalió como el único diplomático latinoamericano que se atrevió a cuestionar la legitimidad del gobierno cubano: una dictadura de partido único que durante décadas ha etiquetado oficialmente a cualquier defensor de los derechos humanos (por lo general "periodistas" autodidactas y “políticos de oposición” autonombrados) como “escoria”, “gusanos” o “mercenarios”.
En octubre de 2011, Cochez tomó la palabra para decir una breve oración en condolencia por el fallecimiento de la líder de las Damas de Blanco, Laura Pollán; un gesto que fue secundado sólo por el Representante Alterno de Estados Unidos ante la OEA, William McGlynn. El año siguiente, Cochez fue el único diplomático de la OEA en hablar sobre el fallecimiento de Oswaldo Payá, ganador del Premio Sájarov del Parlamento Europeo por su larga lucha en favor de los derechos humanos:
En vez de hablar sobre el Libertador [Simón Bolívar] como algunos han hecho aquí, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para recordar a otro [libertador], quien falleció el pasado domingo en la lucha por la libertad y la dignidad de su país. Me refiero al líder disidente Oswaldo Payá de Cuba.
En enero de 2012, Cochez se opuso a la propuesta de Ecuador de establecer un “código de conducta” para la Relatoría Especial: “Creemos que todos estamos de acuerdo [en] que aquí no hay que aconductar a nadie; sobre todo si el trabajo que se realiza tanto brillo le da al sistema interamericano de derechos humanos.”
Dos meses después, el representante de Venezuela, una vez más, acusó a la CIDH y su Relatoría Especial de estar “politizadas”, y de ser “selectivas” y financiadas por “generosos donantes que no esperan nada a cambio, salvo el respaldo a sus intereses económicos, políticos e internacionales”. Cochez también, una vez más, respondió al funcionario venezolano con un llamamiento a sus colegas:
…que la comisión es manipulada a espaldas nuestras, […] me parece [es un argumento] que no debemos aceptar, ¡no podemos aceptar! […] porque estaríamos convalidando algo que, primero, no es cierto, y, segundo, estaríamos aceptando que no somos capaces de defender nuestros intereses frente a la independencia del sistema interamericano de derechos humanos.
Hay quien ha considerado la posición de Cochez como irónica, dado que el gobierno panameño que Cochez representa, encabezado por el presidente Ricardo Martinelli, tampoco ha mostrado las mejores credenciales democráticas. Por ejemplo, en 2010, Human Rights Foundation (HRF) denunció a Martinelli por personalmente dirigir el arresto y la expulsión arbitraria de dos periodistas extranjeros críticos, y, en 2011, Martinelli designó inconstitucionalmente a un funcionario de su gobierno como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
A pesar de ello, Cochez —un socialdemócrata con una carrera política de 40 años que enfrentó a la última dictadura militar de Panamá— fue capaz de mantener independencia e incluso ejercer una influencia positiva sobre las tendencias caudillistas de Martinelli. En su discurso de mayo de 2011 en la OEA, Cochez contó la anécdota de cuando le preguntaron sobre un legislador del partido del presidente Martinelli, que había propuesto un proyecto de ley criminalizando los insultos contra el presidente con una pena de prisión de 2 a 4 años.
“Esta medida alertó, de inmediato, a la efectiva Relatoría Especial para la Libertad de Expresión”, dijo Cochez. “De casualidad yo estaba en Panamá en esos días, y los medios se acercaron a conocer mi reacción sobre ese absurdo y preocupante proyecto; a los cual contesté que simplemente constituía un retroceso. Que su proponente, pensando hacerle un bien al gobernante [Martinelli], le causaba daño porque la libertad de expresión no puede tener cortapisa alguna”, concluyó Cochez de una manera coloquial.
Ahora bien, el historial de Panamá en materia de libertad de expresión y algunos signos de erosión democrática bajo el gobierno de Martinelli resultan insignificantes cuando se los compara con los de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Desde que asumieron el poder, los presidentes de estos países han incurrido en un rosario de acciones inconstitucionales para modificar constituciones, posibilitar la reelección, perseguir a los miembros de la oposición, hostigar a la prensa independiente, y tomar el control casi absoluto de sus poderes legislativos y judiciales.
No es ninguna coincidencia que estos mismos países sean los que hoy están tratando de debilitar a la OEA. Lo más grave es que esta embestida no se realiza siempre a través de sofismas que buscan ocultar el significado de sus propuestas (como el innovador “principio de no selectividad”), sino que sus posiciones muchas veces van acompañadas de un desprecio frontal a lo que ellos consideran como principios foráneos de “democracia occidental”.
En este alarmante contexto, Cochez acabó siendo el único defensor franco, equilibrado y coherente de las instituciones de la OEA, y llamó a sus colegas a la unidad “sobre todo frente a los [gobiernos] que, con su demagogia y doble discurso, intentan debilitar esta organización”.
La cláusula democrática de la OEA (que codifica la denominada “doctrina Betancourt”) dispone que los gobiernos que hayan accedido al poder a través de un golpe de Estado deben ser presionados para restablecer la democracia, o, en su defecto, ser suspendidos de la OEA, pero que también deben correr la misma suerte aquellos donde los gobernantes democráticamente electos optan por erosionar la democracia desde el poder.
Bajo este estándar, fue justo, por ejemplo, suspender a la Honduras de Roberto Micheletti de la OEA tras el golpe de 2009 que derrocó al presidente Manuel Zelaya, pero la cláusula democrática también debería habérsele aplicado ya a Venezuela (suspendiendo al gobierno de Chávez de la OEA), así como a Bolivia, Ecuador y Nicaragua, a través de la creación de misiones diplomáticas de alto nivel que presionen a Morales, Correa y Ortega para que retrocedan en sus atropellos a las instituciones democráticas. Por ejemplo, la OEA creó dos misiones como estas para presionar al presidente peruano Alberto Fujimori luego del autogolpe que dio en 1992 y durante su tercera reelección en el año 2000.
En este mismo sentido, en diciembre de 2009 Cochez denunció la hipocresía de los gobiernos que en esos momentos se negaban a reconocer al nuevo gobierno electo del presidente Porfirio Lobo en Honduras. Según Cochez, mientras censuraban a Lobo, estos gobiernos estaban cerrando medios independientes (Venezuela, Ecuador), fomentando institucionalmente la violencia (Bolivia), cambiando fallos en sesiones relámpago de la Corte Suprema de Justicia para permitir la reelección (Nicaragua) y persiguiendo a sus opositores políticos (los cuatro).
La lista de declaraciones frontales y sencillas —aunque solitarias— del embajador Cochez en la OEA pudieron haber aumentado, al menos hasta mayo de 2014, cuando se realicen las próximas elecciones presidenciales en Panamá, si es que éste no hubiese sido despedido de forma repentina el 16 de enero.
En una actitud coherente con sus principios, Cochez sugirió que si la OEA no estaba dispuesta siquiera a debatir si lo que estaba ocurriendo en Venezuela, a cuyo gobierno definió como una “democracia enferma”, equivale a la violación de la Carta Democrática Interamericana, la OEA debería comenzar por cerrarse. Y continuó:
Un número importante de países miembros, incluyendo algunos que lamentablemente deberían entender mucho mejor lo que hacen, han optado por desconocer cuál es nuestro verdadero compromiso y parecieran ignorar cuáles son las consecuencias de abandonar la promoción y defensa de la democracia. […] Cumplamos con la Carta Democrática [Interamericana]. No sepultemos a la OEA.
La cuestión de si el actual impasse causado por la enfermedad del presidente Chávez constituye o no una violación de la constitución venezolana puede ser debatible entre expertos constitucionalistas. Sin embargo, lo que está fuera de discusión para cualquier intérprete razonable de la cláusula democrática de la OEA es que la erosión de la democracia en Venezuela, desde hace mucho tiempo ha producido una “alteración” o “ruptura” del orden democrático en ese país y que el gobierno de Chávez debería ya estar suspendido de toda participación en los órganos y reuniones de la OEA.
Cuando la Carta Democrática Interamericana fue aprobada en el año 2001, a raíz de la erosión democrática generada por Fujimori, era impensable que, apenas una década después, se permitiría a un gobierno similar al de Fujimori violar sistemáticamente los derechos humanos, manipular su camino hacia una tercera reelección y alabar como modelo a la única dictadura en todo el continente, mientras, desde adentro, hace todo lo posible para aniquilar a la OEA y a sus instituciones.
Lamentablemente, la voz del único diplomático de la OEA que se atrevió a denunciar esta insensatez y a llamar las cosas por su nombre ha sido silenciada. Será profundamente extrañado.
(*): Thor Halvorssen es presidente y Javier El-Hage, director jurídico de la Human Rights Foundation. Alejandro Gutiérrez contribuyó a la investigación.
