Ludmila Vinogradoff 02 de noviembre de 2022
@ludmilavino
Por
tercera vez el gobierno interino de Juan Guaidó camina en la cuerda floja
cuando le toca renovar sus votos. En las dos anteriores oportunidades logró
superar la crisis interna y nada le impide que la vuelva a sobrepasar para
darle continuidad a su gestión el 5 de enero del 2023.
El
también presidente de la Asamblea Nacional, elegida en el 2015, enfrenta los
intentos para disolver el parlamento por parte del gobierno de Nicolás Maduro y
de algunos partidos de la coalición opositora que quieren desbancarlo, desde
que asumió el mando en 2019 para ambos cargos.
La semana pasada el Financial Times y la cadena CNN informaron que Estados Unidos piensa retirar su apoyo a Guaidó para eliminar el gobierno interino en enero de 2023, basados en dos fuentes opositoras anónimas, lo que ha puesto a temblar al interinato y poner en peligro sus funciones.
No es
la primera vez que esto ocurre. La diferencia con la crisis de los dos años
anteriores (2020 y 2021) es que la actual presenta, por un lado, las elecciones
primarias de la oposición, ya convocadas para el 2023, y por otro lado, las
presidenciales, que podría adelantarlas el gobierno de Nicolás Maduro antes de
lo previsto en el 2024.
Y si
la administración de Maduro se apura un poco, las presidenciales podrían ser antes
de las primarias de la oposición, según señala el vicepresidente del PSUV,
Diosdado Cabello, por lo que las dos elecciones tendrían lugar el próximo año.
Tampoco
sería la primera vez que coinciden dos elecciones con poco tiempo de
diferencia. En el 2012 la oposición eligió a su candidato unitario, Henrique
Capriles Radonsky, para enfrentar a Hugo Chávez, quien había adelantado su
reelección en octubre de ese año por padecer un cáncer terminal.
Al año
siguiente, en el 2013, con solo un mes de campaña, Capriles estuvo a punto de
ganarle a Maduro, en unas reñidas elecciones supuestamente fraudulentas, que
después el excandidato de la Unidad afirmó que se las robaron.
Pero
en el caso del joven líder de 39 años, que cumple cuatro años como presidente
encargado del gobierno interino y de la AN de 2015, cuyo mandato “terminará
cuando se produzcan las elecciones presidenciales”, según ha dicho a la prensa,
los intentos por revocarlo se activaron luego de asomar su aspiración de
competir en el proceso de las primarias de la oposición.
Se han
hecho reuniones secretas en Panamá y Washington para discutir sobre el papel de
Guaidó, el diálogo en México, la flexibilización de las sanciones y el
petróleo. Pese a los encuentros, EEUU reitera que mantiene el reconocimiento a
Guaidó.
El
Gobierno de Estados Unidos ha aclarado que reconoce al opositor Juan Guaidó
como «presidente interino» de Venezuela y colabora con él para «restaurar la
democracia», en respuesta a las especulaciones sobre un potencial fin inminente
de un respaldo clave para el dirigente venezolano.
Guaidó,
en declaraciones a CNN, dijo contar con el apoyo de Estados Unidos hasta que
haya elecciones «libres y justas» en Venezuela. «La opinión de dos dirigentes
es la opinión de dos dirigentes», zanjó, cuestionando a las fuentes del
Gobierno.
Los
egos de la discordia
Desde
su lanzamiento como precandidato a las primarias, por ahora de manera
extraoficial, Guaidó comenzó a ser el blanco de las arremetidas en su contra
por parte del gobierno de Maduro como de una fracción de la oposición
integrante de la Plataforma Unitaria.
Por
los momentos, el diputado Tomás Guanipa, vicepresidente de asuntos políticos de
Primero Justicia (PJ), ha sido el único en manifestar públicamente su rechazo a
la continuidad del interinato. “No se puede seguir teniendo mecanismos que no
son útiles”, dijo a la prensa al señalar que espera que, en enero de 2023, se
ejecuten decisiones que lleven a la disolución del interinato.
“Es la
oposioncita, una pequeña parte insignificante de la oposición, la que pretende
sacar a Guaidó”, comenta a Polítika UCAB la diputada Haydeé
Deutsch, presidente de Fuerza Liberal, al identificarla como pariente cercana a
la familia de los denominados “alacranes”, aliados de gobierno de Maduro.
La
abogada Deutsch califica de “peligroso” lo que pretende hacer la pequeña
fracción del G3 (Un Nuevo Tiempo UNT, PJ y AD) como la de “bajar el caballo a
mitad del río”. El proverbio llanero advierte sobre la temeraria acción de los
que pretenden derrocar a Guaidó, “hay mucho ego y envidia por parte de sus
colegas, ese es el problema”, señala.
La
Plataforma Unitaria de la AN de 2015 está integrada por 10 organizaciones
políticas que son las que deben ratificar o revocar a Guaidó el 5 de enero.
“Nosotros somos más que el G3 y vamos a votar por la continuidad del
interinato”, subrayó la dirigente de Fuerza Liberal.
“Entre
noviembre y diciembre van a arreciar los ataques para revocar a Guaidó”,
vaticina Deutsch al añadir que “van a seguir dando palos los enemigos del
interinato. Le tienen miedo a que continúe y por eso no quieren renovarle el
cargo.”
Leopoldo
López, fundador de Voluntad Popular (VP), defendió a Guaidó como presidente
encargado. “No es un capricho ni decisión política es un hecho constitucional,
es necesario, fundamentado en el artículo 233 de la carta magna, debido al robo
de la elección de Nicolás Maduro”, dijo en un tuit.
Solo
individualidades
Rafael
Veloz es abogado y diputado por VP. No quiso acusar al G3 de promover la
disolución del interinato pero sí a “algunas individualidades” que están
intrigando tras los bastidores y que acusan a Guaidó de usar el ventajismo que
le proporciona su cargo en la campaña por las primarias.
En su
conversación con Polítika UCAB, Veloz recordó que Guaidó es
presidente encargado de la República por mandato constitucional, amparado en el
artículo 233 de la carta magna venezolana que contempla la falta absoluta del
presidente.
Y eso
ocurrió cuando Nicolás Maduro resultó electo en las elecciones fraudulentas del
20 de mayo de 2018, las cuales fueron convocadas por una Asamblea Nacional
Constituyente controlada por el régimen y no por un organismo electoral, en
este caso el Consejo Nacional Electoral (CNE), tal y como ordena la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), recuerda.
”La
tarea principal de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela es
restituir la Constitución, restablecer la democracia y conducir al país a un
proceso electoral presidencial libre y transparente. Si no lo ha logrado es
porque enfrenta a una dictadura criminal que viola sistemáticamente la CRBV,
que ejerce el terrorismo de Estado y que emplea la justicia subordinada al
régimen, representada en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para sostenerse
en el poder”, añade Veloz.
Igual
sucede con la continuidad constitucional del Poder Legislativo Nacional que
debe ser ejercida por la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015, la
cual funciona y debe funcionar a través de la Comisión Delegada hasta que se
realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y
verificables, explica el dirigente.
Y en
Venezuela tampoco existe una Asamblea Nacional electa por el pueblo, sino una
que nace de otro fraude, por lo que le corresponde a la electa en 2015
mantenerse en funciones. El Estatuto que rige la transición en Venezuela es muy
claro, pero debe ser debatido de nuevo antes del 5 de enero, concluye el
diputado de VP.
Venezuela
sale perdiendo
Consultado
sobre ¿quién gana y pierde con la disolución del interinato?, Veloz responde
que quienes se han pronunciado por la eliminación de la Asamblea Nacional y de
la presidencia encargada, están acompañando a Nicolás Maduro, primer interesado
en que eso suceda, porque de esta manera obtendría el reconocimiento de los
Estados Unidos y de otros países del mundo, que hoy lo miran como un usurpador
del poder en Venezuela.
“Esto
nos causa sorpresa y hasta asombro, porque esa situación no solo le daría
reconocimiento al dictador, sino que entregaría los activos a Maduro que tienen
los venezolanos en el exterior, en especial Citgo y el oro que está en
Inglaterra”.
Por otro
lado, se calculan en más de “600.000 millones de dólares, los bienes fruto de
la corrupción y lavado que deben ser recuperados y que servirán para la
reconstrucción nacional, una vez que pongamos fin al régimen de Maduro”,
resalta.
También
subraya que “la legalidad de Guaidó no es desde ningún punto de vista
cuestionable y su permanencia en la presidencia encargada no tendría nada de
ilegal». «Lo único que se requiere es voluntad política y alinearse por
completo a lo que exigen los ciudadanos del país, que no es otra cosa que
unidad para poder derrotar al régimen. A mi juicio borrar de un plumazo todo lo
realizado sería un error y un gran retroceso. Esperemos que el buen juicio
prive por encima de intereses personalistas y políticos de algunos, por el bien
de Venezuela y sus ciudadanos”, finaliza Veloz.
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