Acceso a la Justicia 15 de noviembre de 2022
@AccesoaJusticia:
Las
reaperturas de casos y las condenas a algunos policías y militares, así como
las reformas legales, la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) y otras medidas adoptadas en los últimos meses por las autoridades
venezolanas no han servido para convencer a la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional (CPI) que están «investigando genuinamente» los crímenes de lesa
humanidad ocurridos en el país.
«La información disponible muestra que los patrones y las políticas que subrayan los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad no están siendo investigados, los procedimientos internos se centran en los perpetradores directos (y aparentemente bajo nivel miembros de las fuerzas de seguridad del Estado) y en su mayoría sobre delitos calificados como de “menor” gravedad, mientras que una parte sustancial de la criminalidad relevante no está siendo investigada en absoluto»,
Esto
lo denunció el fiscal en jefe del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos),
el británico Karim Khan, quien el martes 1 de noviembre pidió a la Sala de
Cuestiones Preliminares del organismo permiso para continuar sus averiguaciones
sobre el país, las cuales abrió hace un año.
¿Cuáles
han sido los motivos que llevaron a Khan a dar este paso? Una revisión del
documento de sesenta y dos páginas que el funcionario remitió a la Sala
permitió identificar cinco razones.
1. Sin voluntad real de investigar
Pese a
que el fiscal general impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente,
Tarek William Saab, ha asegurado que desde 2017 ha abierto investigaciones a
1.403 agentes por su presunta implicación en detenciones arbitrarias, malos
tratos o ejecuciones extrajudiciales, y que ha acusado a 1.546 y detenido a
769, Khan considera que «los procedimientos internos puestos en marcha no
reflejan suficientemente voluntad de castigar los crímenes» ocurridos desde
2017.
Para
sustentar su señalamiento, el fiscal de la CPI utilizó las cifras que le
suministraron las autoridades. Así le explicó a la Sala que de los 893 casos
que el Ministerio Público (MP) le informó que estaba investigando, 606 (67,86%)
se hallan en fase de investigación y en 764 (85,55%) ni siquiera había logrado
determinar a los autores de los crímenes. Además, apenas 23 casos (2,58%) han
terminado con una condena por parte de un juez.
Otro
argumento que dio el fiscal es que 611 de los casos estaban siendo considerados
como «delitos menores», los cuales se castigan con apenas 6 meses de cárcel,
ello a pesar de que algunos podían implicar tratos crueles, desapariciones
forzadas o detenciones arbitrarias, los cuales son tipificados por la CPI como
crímenes de lesa humanidad.
Khan
también mostró sorpresa por el hecho de que las autoridades le hayan informado
que solo tienen abiertas 12 investigaciones por tortura y 2 por violación sexual,
pues su oficina tiene datos que le hacen sospechar que desde 2017 entre 300 o
400 personas han podido ser víctimas de ambos delitos.
2. Lentitud inexplicable
Khan
criticó el hecho de que el grueso de los casos continúe en fase preliminar,
pese a que han transcurrido casi seis años desde que ocurrieron algunos de
ellos. Así, esto expuso el jurista británico:
«En
muchos casos las investigaciones parecen haber estado en gran medida inactivas
hasta 2021 o 2022, o se iniciaron en este período, coincidiendo con las
solicitudes de información de la Fiscalía (de la CPI) (…) Estos prolongados
retrasos apoyan la conclusión de que se llevaron a cabo con la intención de
proteger a los sospechosos de enfrentar procesos criminales».
3. A los jefes ni con un pétalo
En
su documento, el fiscal Khan no dejó pasar el hecho de que hasta ahora la
totalidad de las investigaciones y las escasas condenas impuestas por la
justicia han estado dirigidas contra los perpetradores de las violaciones a
los derechos humanos; es decir funcionarios de bajo rango.
«Parece
que las autoridades venezolanas no han investigado a funcionarios en posiciones
medias o altas de autoridad en el aparato del Estado que también podrían ser
responsables penalmente por la comisión de los delitos, ya sea directa o
indirectamente», se quejó.
4. Jueces o verdugos
Otro
motivo alegado por Khan para dudar de la voluntad y capacidad de la justicia
venezolana de investigar y castigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos en
el país es el hecho de que algunos de sus integrantes han sido autores de
estos.
«Se ha
alegado que miembros de la judicatura venezolana, incluidos algunos jueces y
fiscales, pueden haber tenido un papel importante en la comisión de los delitos
identificados durante el examen preliminar», dijo, para luego citar los hallazgos realizados por la Misión Internacional
Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas.
«La
Misión informó que algunos (jueces y fiscales) han jugado un papel directo en
el arresto arbitrario, la detención y la tortura de opositores reales o
percibidos del Gobierno venezolanos, entre otras cosas, emitiendo
órdenes de arresto, ordenando prisión preventiva y formulación de cargos
penales graves sin fundamento suficiente; usando pruebas obtenidas como
resultado de interrogatorios y registros ilegales; y plantando, fabricando o
manipulación de pruebas. Si las mismas autoridades judiciales y fiscales deben
investigar delitos en los que presuntamente han participado, entonces se creen
dudas legítimas sobre imparcialidad».
5. La revolución judicial es insuficiente
Khan,
en su documento, tomó nota de las reformas legales y administrativas aprobadas
por la Asamblea Nacional (AN) en materia de justicia, y aunque las saludó, las
consideró «insuficientes», porque no atacan los problemas más graves que
afectan a este poder público: su falta de independencia e imparcialidad.
El
fiscal recordó que en el país la inmensa mayoría de los jueces y la casi
totalidad de los fiscales siguen siendo provisorios, por lo cual son designados
por el TSJ y el fiscal general de la República, respectivamente; y también
pueden ser removidos por ellos en cualquier momento y sin procedimiento previo
que les garantice el debido proceso.
«Como
resultado, su posición es precaria y el ejercicio de sus funciones es
susceptible de influencias externas indebidas y lealtades personales o
políticas», alertó el jurista británico.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La
solicitud de Karim Khan de continuar la investigación a Venezuela revela que
han fracasado los intentos y maniobras de las autoridades para intentar
impedirle a la justicia internacional que investigue los crímenes de lesa
humanidad que se vienen registrando en el país.
El
informe del fiscal de la CPI es una buena noticia para las víctimas y sus
familiares que ven que la posibilidad de ser escuchados por un organismo de
justicia independiente e imparcial se acerca.
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