Los investigadores de la Clooney Foundation
for Justice encontraron un patrón sistemático
de torturas y violaciones a los derechos
humanos en Venezuela
Sebastiana Barráez 06 de noviembre de 2022
@SebastianaB
Ignacio Jovtis, investigador de la Clooney
Foundation for Justice, dialogó con Infobae sobre el programa que lideró para
recopilar información sobre violaciones a los derechos humanos perpetradas por
las fuerzas de seguridad del régimen
Lo que
un grupo de investigadores de la Clooney Foundation for Justice (CFJ)
descubrió en el caso venezolano es que hay elementos claros de
un patrón sistemático que demostrarían la responsabilidad en crímenes de lesa
humanidad cometidos por once funcionarios de la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (Dgcim). El informe fue presentado el pasado 31
de octubre ante la Corte Penal Internacional (CPI), según le
dijo a Infobae el gerente senior del programa “The
Docket”, Ignacio Jovtis, quien lideró la investigación sobre
Venezuela.
La fundación tiene como cofundador a George Clooney, quien recientemente declaró: “Nuestra misión es lograr justicia por un mundo donde los derechos humanos estén protegidos y nadie esté por encima de la ley. La paz, como la guerra, debe librarse”. Es así como la CFJ, conjuntamente con el Foro Penal, realizaron la investigación durante dos años.
“Hemos
entrevistado exhaustivamente a más de 50 personas, incluyendo víctimas directas
y sus familiares, abogados, periodistas y ex miembros de la Judicatura
venezolana”, destacó Jovtis.
-¿De
dónde nace la iniciativa?
-La idea
básicamente surge de la preocupación por la situación de Venezuela. El mandato
de “The Docket”, que es una de las iniciativas de la Clooney Foundation for
Justice, aunque no somos una organización de derechos humanos en sentido amplio
como Amnistía Internacional, sí estamos enfocados en crímenes internacionales;
claramente dentro de la región uno de los países que vemos con mucha
preocupación por lo que está pasando es Venezuela.
-¿Por
la región o por Venezuela? Usted es argentino, ¿surge de ahí el interés?
-Nos
interesamos en la región. En este caso concreto, en el que yo trabajo en
Venezuela, pero también en otros países, en Ucrania, en Sudán, trabajamos temas
de narcotráfico para financiación de ISIS. Trabajamos en temas de crímenes
internacionales en dos pilares: investigaciones y litigio. Algunas
investigaciones ya están en curso como puede ser el de la Corte Penal
Internacional (CPI), como en el caso de Venezuela. En el caso de ISIS estamos
trabajando con la justicia francesa, belga, Reino Unido y otros.
-¿Cómo
definirlos a ustedes?
-Somos
un grupo de abogados con experiencia en temas de litigios en jurisdicción
internacional, por lo que podemos aportar información a los casos que lleven
las fiscalías, en este caso, la Corte Penal Internacional, teniendo como vista
la defensa de representación de víctimas. En este contexto comenzamos el
trabajo cuando la Fiscalía de la CPI estaba trabajando en el examen preliminar
sobre Venezuela y nos hemos concentrado, en estos dos años, en recolectar
información que creemos puede ser útil para la Fiscalía. Cuando la CPI pasa de
la fase preliminar a la fase de investigación, procuramos aportar lo que
creemos que se puede añadir.
-¿Y
eso en qué consiste?
-Buscamos
documentar casos de manera exhaustiva y de primera mano. Toda la información
que nosotros damos sobre los casos que hemos presentado son fuentes primarias,
donde intentamos determinar la presunta responsabilidad penal individual.
Intentamos pasar del escenario de las agencias estatales, como la DGCIM (Dirección
General de Contrainteligencia Militar), el SEBIN (Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional) u otros son resposables de crímenes de derecho
internacional a quién es el responsable, con nombre y apellido, y eso es lo que
hemos hecho en este informe.
-¿Qué
es lo medular de ese informe?
-Los
once agentes de diverso rango, bajos, medios y altos, de los que creemos que
tenemos evidencia suficiente para que la Fiscalía siga investigando para
determinar su responsabilidad penal. El rango distintivo de la investigación
que hemos hecho nosotros es que está muy enfocada a herramientas que puedan ser
utilizadas por la Fiscalía de la CPI en caso de abrirse el juicio, después de
la parte de investigaciones, para decir que se cometió violación de derechos
humanos o crímenes de lesa humanidad y quiénes son exactamente.
-¿Se
puede saber los nombres de esos 11 agentes investigados por ustedes en la
Clooney Foundation for Justice?
-No lo
podemos decir.
-¿Por
qué no? La Misión de Determinanción de los Hechos de la ONU señaló nombres de
funcionarios que han violado derechos humanos.
-Nosotros
por temas de seguridad y de acuerdos que hemos hecho con las víctimas con las
cuales hemos hablado, y que nos han pedido no hacer públicos los nombres de las
víctimas ni de las autoridades. Es un poco distinto a lo que hizo la Misión de
Determinación. Nosotros hemos podido determinar, cuando hablamos de crímenes de
lesa humanidad, uno de los rasgos distintivos de este delito, es la
sistematicidad, el patrón en los delitos. Lo que hemos visto, de manera muy
llamativa, es cómo, entrevistando a víctimas que no se conocían entre ellas,
encontramos patrones muy similares, donde participarían los mismos agentes. Ahí
estamos siendo muy cautelosos porque varias de las víctimas están en Venezuela
o tienen familia en Venezuela, y nos han pedido no dar sus nombres.
-Bueno,
hemos denunciado que en el caso de torturadores o victimarios que han actuado,
por ejemplo, contra militares presos por causas políticas, los nombres se
repiten en muchos casos. Hay reciclaje y enroque de esos funcionarios. ¿Por qué
ustedes escogen a esos 11 funcionarios en particular?
-Porque
nuestra investigación está muy enfocada en lo que creemos que pueda ser útil
para la investigación judicial y la apertura de juicio en la Corte. Hay una
cantidad de nombres que fueron apareciendo en la investigación de dos años,
pero optamos por aquellos casos donde tenemos evidencias sólidas para impulsar
una investigación específica y la responsabilidad individual de estos agentes
por parte de la Fiscalía. Pero nosotros vamos a seguir trabajando, no nos
quedaremos con solo esos once casos. Y sí hemos visto cómo varios nombres se
repiten y algunas de esas personas incluso son promovidas.
-¿Lo
que se deduce entonces es que ustedes definitivamente encontraron claros e
irrefutables evidencias que implican a 11 funcionarios en violación de derechos
humanos?
-Si,
en particular en crímenes de lesa humanidad, un delito específico de una
gravedad muy alta, dentro de la clasificación grave en violación de derechos
humanos, es decir un escalón más alto que violación de derechos humanos.
-¿Qué
es lo que a usted más le llamó la atención de lo que encontraron a medida que
fueron investigando?
-Te
podrá parecer trivialidad, pero a mí lo que más me llamó la atención es la
manera tan clara en la que se repiten los patrones de todo, del modus operandi,
de torturar, de cómo se gestiona la aprehensión y el proceso de detención; la
sistematicidad tan clara. Testimonios que no se conocen en distintos lugares,
cómo se repiten varios patrones en distintos momentos. No hacía falta hacer
esfuerzo para verlo; sin hacer preguntas específicas al respecto, saltaban a la
luz el modus operandi, las detenciones, los métodos de tortura.
-Eso
es lo que no explica que en algunos países aún se dude de lo que ocurre en
Venezuela, a pesar de la cantidad de casos a través de los años. ¿Por qué
cuesta tanto a algunos países, personas y organizaciones entender o aceptar lo
que está ocurriendo en Venezuela?
-Cuesta
mucho entenderlo. Dicho de otra manera: ¿quién más lo tiene que decir? Ya lo
hizo la Misión de Determinación de los Hechos Independeinte de las Naciones
Unidas, y que habla de crímenes de lesa humanidad. Organizaciones como Human
Rights Watch, Amnistía Internacional, tantas y tantas que es difícil pensar que
hay un complot mundial. En mi experiencia personal sale a la vista muy rápido,
por lo que cuesta entender que todavía se discuta. No hay un motivo para dudar
de que eso esté ocurriendo en Venezuela.
-¿Tiene
alguna conclusión de qué alienta a esas once personas para cometer crímenes de
lesa humanidad?
-Yo
hace 16 años que trabajo con temas de investigación y en distintos países, así
que puedo decir que es el ambiente de impunidad que hay en Venezuela. ¿Qué pasa
con quienes cometen esos crímenes? Que Venezuela no está investigando y ese es
un factor. Lo he visto en otros países, es eso de que ‘nada va a pasar’, que no
van a ser juzgados y de hecho en Venezuela tienen razón, lo ha dicho Naciones
Unidas y lo he visto con mis propios ojos: no se cumple el debido proceso, no
se investigan las cadenas de mando. Y eso lleva a los perpetradores a sentir
que pueden hacer lo que quieran.
-Pero más
allá de eso, uno se pregunta como ser humano, ¿qué anima a alguien a hacer algo
tan atroz como la tortura?
-Para
eso, en Venezuela y otros casos, no tengo respuesta. Es un tema que me viene
siempre a la cabeza. ¿Cómo puede la gente hacer las barbaridades que me ha
tocado escuchar? No sé qué pasa en la mente de ese tipo de persona. No lo
entiendo.
-Aunque
no me diga los nombres de los once funcionarios del informe que ustedes
hicieron, ¿me puede decir si esos once, todos o la mayoría, son militares?
-Si,
nos hemos enfocado en la DGCIM y se trata de funcionarios de distintos rangos,
todos agentes de la Dgcim.
-¿Ahora
qué otra cosa hacen ustedes con el caso Venezuela y la CPI?
-El
momento procesal actual es un poco raro, porque la investigación está pausada,
porque se espera la decisión de la Sala de cuestiones prejudiciales que decida
sobre lo que presentó Venezuela y que entonces se reanude el caso.
-¿Puede
explicarnos eso?
-A
principios de año la Fiscalía anuncia el inicio de la investigación, Venezuela
recurre pidiendo que no lo investigue la Corte porque lo va a investigar
Venezuela. Esa petición de Venezuela está pendiente. No hay fecha pero
esperemos que sea pronto. Ahora, considerando que Venezuela no presentó ninguna
evidencia ni documentación para sostener su petición, espero que la CPI le diga
a la Fiscalía que continúe investigando y se renueve la investigación y la
Fiscalía pueda leer nuestro informe que es muy extenso, mientras nosotros
seguiremos aportando información.
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