Marta de la Vega 04 de abril de 2023
Hay
tres factores que facilitan el resquebrajamiento de las democracias. El
primero, la inestabilidad política; el segundo, la corrupción; el tercero, el
narcotráfico y el crimen organizado.
La
inestabilidad política, que es lo que presenciamos actualmente en Ecuador, es
consecuencia de la división de la población del país en dos mitades por la polarización
creciente entre quienes apoyan o rechazan a un gobernante y la adopción de
métodos no electorales por parte de los opositores de un mandatario desde otro
de los poderes públicos, en este caso el legislativo, para separarlo del poder.
Así aparece la amenaza de ingobernabilidad que provocan las fuerzas adversas al intentar destituir al presidente en funciones porque no es acatado su mandato; el triunfador no logra el reconocimiento de las fuerzas políticas derrotadas a las que les resulta inaceptable un mandatario que no sea de su tolda política o de su interés.
El
presidente Guillermo Lasso ha sido acusado de «peculado» culposo, no doloso,
que ocurre cuando el funcionario se aprovecha de su cargo y usa o se apropia
indebidamente de bienes públicos para él o un tercero. Las dos acusaciones
hechas por asambleístas de seguidores de Rafael Correa contra el presidente
Lasso por el delito de «concusión» fueron inadmitidas por la Corte
Constitucional.
El
delito de «peculado» culposo se produce de manera indirecta por malversación de
fondos públicos, no porque haya cometido ese delito, ocurrido durante la
presidencia de Lenín Moreno, sino por negligencia, porque no tomó las medidas
políticas que correspondían al ser informado de los hechos delictuosos contra
la administración pública.
La
Corte dio el visto bueno para el juicio político en un dictamen aprobado por
seis de los nueve magistrados, que fue rechazado por tres de ellos. Lasso
respeta la sentencia, pero defiende su inocencia y va a acudir a la Asamblea
Nacional para desvirtuar este proceso de juicio político que en su criterio no
tiene ningún fundamento.
Ecuador
se ve sacudida por la inestabilidad política, que se ha convertido en una
constante en muchos países de América Latina por el exceso de vías, incluso
constitucionales, que no responden a la fuente de legitimidad por excelencia
que en democracia son las elecciones. Al utilizar otros métodos que no sean los
electorales, se ataca la esencia misma de la democracia y se abre la puerta a
los populismos, que son la antesala de las autocracias.
La
corrupción, con la mentira y el desfalco que le son inherentes, es otro de los
graves hechos que carcomen las democracias y destruyen no solo el tejido social
y la confianza en las instituciones, sino que impide que las clases medias y
profesionales tengan relevancia económica y fortalezcan, con su prosperidad, la
democracia y políticas públicas de moderación e inclusión.
El
caso venezolano es desolador por la magnitud catastrófica del saqueo sistemático
que socavó la democracia, destruyó el aparato productivo y sigue aumentando
provocado por una cleptocracia kakistocrática que domina las instituciones y ha
impuesto una mentalidad según la cual la transgresión es la norma, siguiendo
las pautas de un neopopulismo militarista en simbiosis con una camarilla
criminal mafiosa militar civil que ha usurpado las estructuras del Estado.
Por
último, el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, indisociables
recíprocamente, es uno de los peores peligros para la democracia y la paz en la
región. Lo vemos en México, Ecuador, Venezuela y Colombia principalmente y en
menor medida, en Perú, Bolivia y Paraguay. Este delito, que es devastador en
nuestros países, ha tomado control de amplios territorios nacionales.
Y, por
supuesto, si las autoridades no están convencidas de que es el mayor riesgo que
tiene la democracia, no va a ser eficaz la lucha contra este crimen que
aniquila toda posibilidad de convivencia pacífica e integración social y
económica.
Los
populismos, y la corrupción que les es inherente, que son una práctica política
viciosa, que pervierte la voluntad popular y, en particular en nuestros países
latinoamericanos, agrava la inestabilidad política y la demagogia porque las
instituciones públicas son débiles o han sido arrasadas por el personalismo, en
nuestras democracias frágiles la amenaza cierta del crimen organizado y el
narcotráfico así como la inestabilidad política, en el marco de la posverdad y
la manipulación masiva por las nuevas tecnologías, requieren antídotos.
En el
marco de la globalización, es preciso establecer regulaciones supranacionales
que repudien los regímenes dictatoriales y tiránicos; que aseguren las bases de
libertad, transparencia y deliberación pública para un buen gobierno no solo en
cada país sino en un entramado a escala internacional de interacción y
cooperación democráticos.
Ante
el simulacro y las intromisiones o hackeos electrónicos que ponen en riesgo la
libertad y la democracia como gobernanza en nuestra región son indispensables
la probidad y la transparencia en las conductas y acciones de quienes dirigen y
ejercen gobierno. No es solo un imperativo moral sino, sobre todo, una
exigencia política para lograr afianzar una democracia verdadera y sólida: que
sea exigente, no complaciente; efectiva, no efectista; respetuosa del Estado de
derecho, no demagógica; defensora irrestricta de los DDHH, no supresora de
ellos.
Marta
de la Vega
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