Deisy Martínez 12 de abril de 2023
El
mecanismo contra intimidaciones y represalias de la Secretaría General
de Naciones Unidas (ONU) invitó a personas o grupos como las
organizaciones no gubernamentales, a enviar información sobre casos de intimidación
y represalias, en este caso por parte del Estado venezolano, por cooperar o
haber colaborado con el organismo internacional en el último año. El plazo es
hasta el 15 de abril de 2023.
«La posibilidad de presentar denuncias no es solo para ONG, lo pueden hacer las víctimas directamente y cualquiera que haya hecho denuncias sobre violaciones de derechos humanos y a causa de ello hayan recibido amenazas y si esa amenaza se concretó. El mecanismo es responsabilidad del secretario general quien debe informar ante la asamblea general si alguien ha sido objeto de amenaza o retaliación o ha sido perseguido por su denuncia», explica el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels.
De
acuerdo con Provea, el llamado incluye a aquellos que hayan presentado
comunicaciones o recurrido a los procedimientos establecidos para la protección
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a
quienes hayan prestado asistencia jurídica a las víctimas de violaciones de
DDHH. Pueden ser activistas, trabajadores comunitarios, abogados, periodistas,
así como cualquier persona relacionada con ellos», señala la ONG en un
comunicado.
«En el
caso de algunas ONG venezolanas, Foro Penal, Observatorio
de Conflictividad Social, Cofavic, Provea, Azul
Positivo, entre otras, hemos puesto en conocimiento en este mecanismo de
represalias, distintas formas de hostigamiento, con las cuales el gobierno ha
pretendido intimidar a las ONG, uso de medios públicos para lanzar campañas de
desprestigio, ya sea para organizaciones o personas de estas, intentos de
imponer normas que limitan el trabajo de la sociedad civil», expresó el
integrante de Provea, Marino Alvarado.
¿Qué
tipo de denuncias?
Según
Provea los actos a denunciar pueden ser:
- Campañas de desprestigio
- Promulgación de leyes restrictivas
- Sometimiento a vigilancia
- Prohibiciones de viajar
- Amenazas y acoso, incluso por
representantes de la autoridad
- Agresiones físicas
- Detenciones y privaciones de libertad
arbitrarias
- Torturas y malos tratos, incluidas agresiones
sexuales o denegación de acceso a atención médica
- Asesinatos
En más
de una oportunidad, ONG venezolanas han denunciado amedrentamiento de
organismos de seguridad como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)
durante actividades relacionadas con la defensa de DDHH en Caracas y las
regiones. Otro ejemplo de denuncia son casos de encarcelamiento o amenazas de
captura en aeropuertos contra activistas,víctimas y familiares.
Un
caso que puede ser presentado ante la ONU son las propuestas de ley para
la Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, aprobada
el 24 de enero de 2023 en primera discusión en la Asamblea Nacional de 2020 y
la de Cooperación Internacional aprobada en la Comisión de
Política Exterior y que aguarda por ser introducida ante la plenaria del
Parlamento con mayoría del chavismo.
«Periodistas
que hayan sido víctimas de campañas de desprestigio por denunciar violaciones
de derechos humanos o que hayan tenido que irse del país como consecuencia de
ello. Aplica también si denunció corrupción y por ello se le violan sus
derechos. Una amenaza puede ser incluso un Tweet en el que un funcionario lo
menciona», acotó Daniels.
El
abogado aludió igualmente al tratamiento que reciben en tribunales los
familiares de víctimas de violaciones de DDHH y amenazas vinculadas al género y
la comunidad LGTB.
«Usar
términos descalificativos en audiencias en el escenario internacional, lo han
hecho (la representación del Estado venezolano) en el Consejo de
Derechos Humanos y otras instancias de la ONU», añadió Alvarado.
¿Que
hará la ONU con la información?
La
documentación de la denuncia permitirá al secretario general de la ONU, de
acuerdo con Daniels y Provea, presentar un informe en septiembre ante el Consejo
de Derechos Humanos en Ginebra y luego en la Asamblea General de la
ONU en Nueva York. En el documento se evidenciaría que existe un patrón como
parte de una política de Estado contra quienes defienden y denuncian
violaciones de DDHH en Venezuela y que no son hechos aislados contra alguna ONG
o alguna víctima en particular.
A su
vez dicha información podría formar parte de otros expedientes que se manejen
en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la Misión de
Determinación de Hechos e incluso en la Corte Penal Internacional
(CPI) si es el caso.
De
acuerdo con un comunicado de Provea, el secretario General de Naciones
Unidas, Antonio Guterres, ya ha incluido denuncias sobre «ataques»
a algunas ONG y los calificó de «inaceptables».
«Varias
veces este mecanismo ha llamado la atención del gobierno venezolano sobre las
denuncias que hemos presentado, esta advertencia o el solo hecho que se nombre
en el informe sobre represalias, de alguna manera constituye un mecanismo de
protección para las organizaciones porque es un indicativo de una llamada de
atención de la Secretaría sobre los impedimentos a las ONG para que colaboren
con la ONU», subrayó Alvarado.
Destacó
además que ONG de varios continentes que han participado en la asamblea de
Estados Parte de la CPI han propuesto que un mecanismo similar lo adopten los
Estados parte porque así lo contempla el Estatuto de Roma. Ello
implica que las organizaciones que acompañan a las víctimas o por colaborar con
mecanismos de la CPI, no deberían sufrir ningún tipo de represalias.
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