Casto Ocando 05 de abril de 2023
@cocando
Tres
departamentos en Washington están indagando las ramificaciones y los implicados
del esquema de corrupción de Pdvsa que ha producido más de US$21 mil millones
en dinero desaparecido hasta ahora, por posibles violaciones a las leyes de
Estados Unidos.
Agencias
federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y
Tesoro están recopilando y ampliando información y nombres que han surgido en
los últimos días de las denuncias del escándalo de corrupción que está
sacudiendo la petrolera estatal venezolana Pdvsa y los altos niveles del
régimen de Nicolás Maduro, de acuerdo a fuentes que hablaron con Primer
Informe.
Las agencias están “ampliando acusaciones que ya existen o abriendo nuevas investigaciones federales” contra las casi cuatro docenas de operadores y funcionarios que han sido conectados con la corrupción en Pdvsa –y en su mayoría arrestados–, que podrían haber incurrido en una serie de violaciones a las leyes de Estados Unidos, indicaron las fuentes.
Los
delitos abarcan desde violación a las sanciones impuestas por el Departamento
del Tesoro contra Pdvsa, hasta operaciones de lavado de dinero basados en el dólar
o en conexión al sistema financiero norteamericano con parte del dinero
expoliado.
Las
investigaciones están centradas en personajes que ya están bajo investigación o
han sido sancionados por el Departamento del Tesoro. Al menos dos fiscalías, la
del Distrito Sur de la Florida con sede en Miami, y la del Distrito Sur de
Texas, con sede en Houston, están ampliando las indagaciones.
Encabezando
las investigaciones se encuentran el ahora ex ministro de Petróleo Tarek El
Aissami, que ha sido acusado por el régimen de Nicolás Maduro de dirigir una
organización criminal que desfalcó al menos US$3,000 millones en negocios con
la petrolera estatal venezolana, y dejó facturas sin pagar por un monto de
US$21,000 millones.
Al
lado de El Aissami, aparecen como señalados en el desfalco varios de sus socios
por décadas, entre ellos el diputado Hugbel Roa, que controló un grupo de
empresarios que presuntamente invirtieron el dinero desfalcado en proyectos de
construcción y otras inversiones dentro y fuera de Venezuela.
Los
herederos de Álex Saab
Los
federales están particularmente interesados en el papel de los operadores
Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana, y Joaquín Leal Jiménez, ciudadano
mexicano, a quien el Departamento del Tesoro consideran como los “herederos”
del operador colombiano Álex Saab, actualmente detenido en Estados Unidos, y
calificado por Washington como el testaferro del dictador Nicolás Maduro.
Ambos
operadores son considerados personal de confianza de El Aissami, un fugitivo de
la justicia de Estados Unidos –con una recompensa sobre su cabeza de US$15
millones–, que acaba de ser defenestrado por el régimen de Maduro y actualmente
bajo detención domiciliaria.
Tanto
Bazzoni como Leal fueron sancionados en 2021 por la OFAC. Los investigadores
federales determinaron que después de la detención de Saab en junio de 2020,
Bazzoni asumió el rol de Saab de coordinar las operaciones de re-venta de crudo
de Pdvsa, y de suministrar los barcos para recoger el crudo en puertos
venezolanos.
Joaquín
Leal, por su lado, coordinó “la compraventa de crudo de origen venezolano de
Pdvsa y su filial, Pdvsa Petróleo, S.A., aportando conocimientos del sector
petrolero mundial y facilitando el transporte y la reventa a los compradores”,
en abierta violación a las sanciones norteamericanas.
Según la OFAC, Bazzoni y Leal usaron la empresa Libre Abordo S.A para el
intercambio de petróleo por cisternas, a un precio inflado, generando ganancias
corruptas para los implicados en la negociación.
Ambos
están en el centro de una investigación criminal por su continua participación
en el esquema de corrupción de transporte ilegal de crudo venezolano a mercados
internacionales, utilizando medios y mecanismos que violan las sanciones
impuestas por el Departamento del Tesoro, indicaron las fuentes.
Según
los detalles que han trascendido en el esquema de corrupción investigado por la
Fiscalía de Venezuela, Bazzoni y Leal se asociaron con distintos armadores,
principalmente con los ciudadanos griegos George Moundreas y Panagis
Zissimatos, para comprar y operar los buques necesarios para mover todo el
crudo y productos refinados de Pdvsa a China y otros mercados, y manejar los
recursos generados sin rendir cuentas.
A su
vez, Bazzoni y Leal contrataron a Erik Roveta, italiano residenciado en Atenas
para ser el administrador y operador de todos los buques necesarios para esta
estafa. Roveta es un broker que se desempeña como gerente técnico (technical
manager) y es dueño de varias empresas especializadas como Sernavimar SRL y
Axione Chartering OU entre otras, también bajo investigación.
Bazzoni
y Leal también se asociaron con el suizo Phillipp Apikian de la petrolera Swiss
Oil Trading SA, basada en Ginebra y también bajo sanción de Estados Unidos,
para comercializar en Asia los crudos y refinados venezolanos.
Los
dos operadores usaron a un financista de origen mexicano, José Luis Chávez
Cava, que reside entre Londres y Dubai y trabaja para la organización de
Joaquín Leal, para cobrar y facilitar todos los pagos del esquema de corrupción
que se estima movilizó recursos estimados por encima de los US$8,000 millones,
según las indagaciones.
Otras
cuatro empresas –Schlager Business Group SdRL, Cosmo Resources PTE Ltd, Delta
Group Ltd y United Petróleo Corp.– fueron empleadas según el Departamento del
Tesoro por Bazzoni y Leal para la operación de intercambio de petróleo por
alimentos agenciada por Álex Saab y Álvaro Pulido. Se estima que en este
esquema, que tuvo lugar entre 2019 y 2022, Bazzoni y Leal junto a Saab y Pulido
comercializaron más de 50 millones de barriles de crudo y productos refinados
de Pdvsa por un valor estimado en unos US$5,000 millones. Sin embargo, hasta
ahora, se desconoce el destino tanto del monto generado como los alimentos
negociados a cambio del petróleo venezolano.
Otros
operadores protegidos
Después
de la captura de Alex Saab y la designación de la OFAC, Bazzoni y Leal se
convirtieron en distinguidos protegidos de Tarek El Aissami, hasta hace pocos
días el todopoderoso señor de Pdvsa, junto a una importante ala controlada por
los militares del régimen, con el coronel Antonio Pérez Suárez, Vicepresidente
de Comercio y Suministro, a la cabeza.
El
coronel Pérez Suárez, según las acusaciones en Venezuela, estaba en el centro
del esquema de corrupción ya que exigía el pago en efectivo de cantidades
millonarias por cada barco cargado de crudo y productos petroleros de Pdvsa,
cuyas ventas nunca ingresaron a las arcas de la corporación venezolana.
Otros
protegidos por El Aissami eran Alejandro Arroyo (actualmente detenido en
Venezuela) y José Camacho, que controlaban la firma Walker International DWC
LLC, con sede en Dubai, que usaban como parte del grupo de empresas con las que
Bazzoni hacía las operaciones.
Sólo
esa firma –Walker International– movilizó una cifra cercana a los 4 millones de
barriles de crudo entre 2021 y 2022, procedentes de terminales de Petrocedeño,
Amuay, Cardon y Petro San Felix, de acuerdo a una presentación de la empresa revisada
por Primer Informe.
Pero
El Aissami no era el único que mantenía operadores protegidos en el negocio
internacional del petróleo venezolano. Figuras como Diosdado Cabello y los
hermanos Rodríguez (Delcy y Jorge) tenían una importante cuota en el esquema de
corrupción, con operadores que característicamente tenían poca o ninguna
experiencia en el negocio petrolero, y cuyo fin era sencillamente esquilmar
miles de millones de dólares de la petrolera estatal venezolana.
Tal es
el caso de Miguel Silva, un operador protegido por Diosdado Cabello, vinculado
a las firmas Misil Group Ltd y el Grupo Iveex Insaat. Los negocios de Silva y
Bazzoni lo beneficiaron a él y a su protector, pero una de las últimas
operaciones fracasó inesperadamente.
Según
el testimonio de un empresario que conoció de cerca esta operación, Miguel
Silva había logrado cargar el buque MT Cecilia, para negociarlo en el mercado
internacional mediante su firma Misil Group Ltd, pero una vez cargado, el buque
fue bloqueado y posteriormente descargado porque aún no había pagado la
comisión correspondiente al coronel Pérez Suárez.
Este
evento fue uno de los detonantes que precipitó las investigaciones de la
Policía Anticorrupción de la dictadura.
Los
operadores Majed Khalil Majzoub y Arturo Sarmiento, protegidos de los hermanos
Delcy y Jorge Rodríguez, participaron en el esquema de corrupción a través de
las firmas Montmagastre Ventures Limited y Five Oceans Ltd.
A
través de Montmagastre Ventures LTD, Pdvsa contrató para cargar con Merey 16
–un crudo de alta calidad– una serie de buques de transporte de crudo. Uno de
ellos es el MT Kelly, un tanquero VLCC con más de 250 mil toneladas de
capacidad). También usaron el carguero MT Berlina (Suezmax, con capacidad para
1 millón de barriles de crudo), al cual, sin embargo, le cambiaron el nombre a
Mars A, actualmente en aguas internacionales cerca de Venezuela, esperando para
entrar a puerto. Finalmente, otro barco al que designaron como el MT Ndros
(otro VLCC), un nombre falso para evitar que estos barcos que violan tratados y
regulaciones internacionales, sean detenidos y confiscados en alta mar, una
nueva modalidad en los negocios corruptos de Pdvsa.
El
esquema del fraude
De
hecho, el cambio de nombre de los buques que transportaron la carga fue parte
esencial del esquema de corrupción.
El
caso más notable fue el del tanquero operado por la firma de los hermanos
Majzoub –protegidos de Delcy y Jorge Rodríguez– al que llamaron FortOne, un
nombre falso de una embarcación que en realidad se lamada MT Nikel.
Llamativamente, el buque tiene ahora otro nombre: Orbit I.
Cuando
la Policía Anticorrupción lanzó la operación, el buque FortOne levantó anclas
de forma “atropellada”. Para ese momento estaba cargado pero aún no tenía la
autorización de zarpe, y un grupo de agentes venezolanos se encontraban todavía
abordo. Sin esperar la autorización, el barco zarpó y cuando llegó a aguas
internacionales, el capitán decidió bajar a los agentes venezolanos en una
balsa y dejarlos a la deriva. Los agentes fueron más tarde rescatados por la
Guardia Costera venezolana.
Los
operadores del barco –Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal y George Moundreas–
simplemente se apropiaron de la carga del buque, por un valor de varias decenas
de millones de dólares.
Como parte
del operativo anticorrupción, sin embargo, hasta ahora el régimen ha decomisado
dos buques vinculados a la trama corrupta: los buques MT Rana y MT Oreo, de los
cuales se sospecha que también son nombres falsos.
Un
tercer buque, el MT Gent (otro nombre falso), se encuentra en la terminal de
Jose cargado con 2 millones de barriles de Merey 16, pero se desconoce si logró
zarpar. Este carguero es parte de la flotilla contorada por Alessandro Bazzoni.
Las
pérdidas del esquema de corrupción se estiman ahora en unos US$21 mil millones,
según papeles publicados por Reuters, una cifra sin precedentes.
La
investigación federal en Estados Unidos está tratando de establecer con la
ayuda de informantes y testigos, si parte de este dinero tocó el sistema
financiero norteamericano, indicaron las fuentes.
El
esquema de corrupción funcionaba con diversos actores y procedimientos que
revelan la total impunidad con la cual operaron durante años.
Conjuntamente
con el coronel Pérez Suárez, los operadores Bazzoni y Leal ordenaban cargar los
primeros buques a los clientes ya contactados de forma expedita, agilizando el
zarpe luego del pago de dinero en efectivo al militar.
Cuando
los buques ya se encontraban en aguas internacionales, los operadores proponían
al cliente a través del broker Erik Roveta para que contrataran más buques
poniendo en garantía la carga de los primeros buques ya en aguas
internacionales. Cuando esos nuevos buques alquilados llegaban a Venezuela, el
coronel Pérez Suárez se encargaba de demorar la carga, generando esperas
extraordinarias hasta que se justificaban quedarse con el producto del primer
buque para cubrir las moras del segundo o el tercero.
La
demora de un buque VLLC tenía un costo de hasta US$150.000 por día, dependiendo
del tamaño del tanquero, y la demora podía durar hasta 40 días. Transcurrido
ese tiempo, la deuda causada por la demora, que debía ser cubierta por Pdvsa,
más el costo del flete que se llegaba a cobrar en unos US$20 millones, se
“cancelaba” con el crudo que ya se encontraba en aguas internacionales.
Las
ganancias de la venta del crudo se repartía entre los operadores y sus
protectores, generando un esquema fraudulento que esquilmó decenas de millones
de barriles de crudo de Pdvsa entre 2021 y 2022.
Hasta ahora, se desconoce exactamente adonde fueron a parar esos recursos obtenidos por los operadores vinculados a Tarek El Aissami, Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez, aunque en las últimas horas se ha informado de la presunta recuperación de más de US$400 millones en dinero y propiedades de las personas incriminadas en el esquema, que se encuentran detenidos en Venezuela.
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