En los últimos 22 meses el gobierno de Nicolás Maduro ha autorizado sólo dos aumentos en el salario mínimo. El último de estos se publicó en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.691 el 15 de marzo del año 2022 y llevó el salario a 130 bolívares, un monto equivalente a 29 dólares mensuales para entonces. De modo que ha pasado más de un año sin más ajustes oficiales, y no hablamos sólo de ajustes en el salario mínimo, sino de ajustes en las tablas que recogen toda la escala salarial de los trabajadores públicos y de todos aquellos que viven en relación de dependencia con el Estado.
En una economía con inflación baja o moderada y con una moneda fuerte, quizás la necesidad de revisar con frecuencia los ingresos salariales no sea una urgencia. Pero en una economía donde la inflación acumulada en los últimos 12 meses es mayor a 200 por ciento y en donde la moneda en que se paga el salario oficial ha perdido más del 80 por ciento de su valor, la política de congelar los salarios termina siendo atroz.
Aquel salario mínimo de 29 dólares mensuales que se fijó en marzo de 2022 dejaba al trabajador y al pensionado ganando el equivalente a 0,97 dólares al día, muy por debajo de los 1,90 dólares al día que fija el Banco Mundial como línea de pobreza extrema por rango de ingresos. Hoy, cerca de 5 millones de jubilados y pensionados y otros cientos de miles de trabajadores públicos están recibiendo el equivalente a 0,18 dólares diarios, una situación que puede ser calificada de esclavitud laboral.
Lo peor es que ese ingreso salarial no contiene ninguna fórmula de revisión, en contraste con las empresas y el gobierno que sí apelan a fórmulas de protección. Así que por diseño toda la carga del ajuste que provoca la inflación y la depreciación de la moneda en Venezuela está recayendo sobre los trabajadores, y en especial sobre los trabajadores y dependientes del sector público.
El fallo de fondo sigue siendo, desde luego, no haber consolidado una política exitosa de contención de la inflación. La sugerida por los asesores de Delcy Rodriguez y de Maduro, cuyos tres pilares han sido el anclaje cambiario, el encaje asombroso sobre las captaciones de la banca, y el congelamiento de los salarios, fracasó. El primero de los pilares explotó en noviembre del pasado año, el segundo dejó a la economía sin crédito, y el tercero ha dejado a los trabajadores y agremiados del sector público sin ingresos.
Así que la primera razón que explica por qué el gobierno de Nicolás Maduro terminó apelando a una política de represión salarial está en la formulación que le hicieron sus asesores sobre cómo contener la inflación. La lógica era sencilla, pero falaz: los aumentos salariales provocan una inmediata presión en la demanda de divisas, empujan al alza la tasa de cambio y desde ahí impulsan la inflación. Sin embargo, vale preguntarse por qué la gente no quiere tomar o mantener bolívares en sus manos. Lo que nos remite a la demanda de dinero. Tal pregunta nos hace ver que en realidad el problema no radica en los aumentos salariales; el problema está en la carencia absoluta de confianza en la moneda local, es decir, en la demanda de dinero. Mientras el gobierno de Maduro no preste atención a las reformas institucionales y políticas macro que permitan devolver la confianza a la moneda soberana, estaremos todos entrampados.
Pues bien, como la inflación no pudo ser contenida o llevada a niveles moderados, el tiempo ha pasado y Maduro se encuentra después de un año en una situación donde la brecha entre los que efectivamente reciben los trabajadores y dependientes del sector público y las aspiraciones de los afectados es cada día mayor. Si en septiembre de 2022 (cuando por intermedio de la OIT se instaló la segunda mesa de “Dialogo Social”) el gobierno de Maduro hubiera traído y consensuado con los trabajadores y empresarios una fórmula para ajustar y proteger en el tiempo el salario mínimo, le hubiera costado menos de la mitad de lo que le cuesta ahora.
Hoy aparecen sus voceros señalando, en medio de un gigantesco desfalco de recursos sobre la principal empresa del Estado, que no hay con quépara ajustar los salarios. Y en efecto, haber dejado pasar el tiempo sin ajustar los salarios en medio del sacudón inflacionario que aqueja a la economía venezolana, ha llevado la brecha y la deuda social a niveles colosales. La incompetencia y la negligencia del gobierno nos ha metido en un grave problema.
¿Pero de qué nivel de salario hablamos? ¿Cuál es ese mínimo vital? En los países con instituciones públicas funcionales se usa como referencia el valor de las cestas de consumo normativas (de bienes y servicios básicos, o de alimentos). Si usted le pregunta a los representantes del Ministerio del Trabajo, del INE, o del BCV cuál es el valor en bolívares o en dólares de esas cestas normativas, lo que obtendrá es un absoluto silencio. No tienen esos datos. Si se les pregunta cuál es el salario promedio del sector público, no lo saben. Si les inquiere acerca de cuál es la nómina del sector público, se rascan la cabeza. Hay una carencia absoluta de información, producto de haber destruido el sistema nacional de estadísticas.
Así que las cuentas hay que hacerlas con estimaciones y alguna información que proviene del esfuerzo de la sociedad civil organizada. Supongamos que la cesta normativa de alimentos es la que recoge con gran esfuerzo el Observatorio Venezolano de Finanzas, que para el mes de febrero la ubicó en 388 dólares por cada hogar de 5 personas. Estimemos que en cada hogar, al menos dos adultos trabajan. Eso nos podría poner como referencia un salario mínimo de 194 dólares por cada miembro trabajador del hogar para que el ingreso del hogar alcance la cesta de alimentos.
Tocaría llevar entonces el salario mínimo de 5,3 dólares a 194 dólares al mes. Un incremento de 188,7 dólares. ¿Pero por cuántos trabajadores o dependientes del sector público sacamos esa cuenta? La respuesta es, por todos, pues el aumento del salario mínimo empuja al alza toda la escala salarial. De lo contrario, trabajadores menos calificados pueden terminar ganando más que los más calificados. Una cuenta gruesa nos lleva a estimar que entre trabajadores del sector público, jubilados y pensionados puede haber en Venezuela cerca de 6 millones 700 mil personas.
Lo anterior significa que asumiendo un incremento lineal en toda la escala de salarios oficiales para hipotéticamente llevarlo a 194 dólares, se requerirían cerca de 15.500 millones de dólares para cumplir con la obligación a lo largo de los siguientes 12 meses. Esa suma (al tipo de cambio de hoy) representa 2,25 veces el presupuesto de la nación aprobado por la AN de Maduro hace unos meses.
En otro escenario, llevar el salario mínimo a 100 dólares, le costaría al Estado 6.700 millones, casi el presupuesto completo de la nación. Esa es la magnitud del desafío.
No es que el valor de estas cestas en dólares sea tan alto, a decir verdad, no es muy diferente al valor de otras cestas de la región. El problema es otro y es dual: Venezuela, por un lado, tiene un numeroso ejército de pensionados y no tiene un poderoso fondo para darle la cara a esa gente (aunque tuvo la oportunidad de tenerlo). En segundo término, la brecha que se ha creado entre el ingreso mínimo y un ingreso digno es gigantesca, pues el ingreso de los trabajadores quedó depauperado al congelar el salario en medio de una inflación galopante.
En su defensa, los voceros del gobierno señalan que las sanciones dejaron al fisco sin ingresos para asumir estas responsabilidades. Inexcusable, pues todo este problema de las sanciones tuvo su origen en la conducta persistente de Maduro de ir socavando los fundamentos mínimos de la democracia. Si el país estuviera por delante y en las prioridades, éste problema ya habría encontrado caminos de solución.
Para encontrar entonces una vía factible que permita sacar de la esclavitud a la fuerza laboral pública hay que ir por la vía de aumentos progresivos, que contenga además un mecanismo de protección del poder de compra del salario. ¿Pero qué confianza pueden tener los trabajadores en un patrono que ha destruido a lo largo de los últimos años todos los sistemas de protección social? La única vía que va quedando es refrendar el esquema de ajustes progresivos a través de un tercero y ahí es donde la OIT puede jugar un papel significativo.
Por último, mientras la inflación siga galopando, aceptar una fórmula donde el salario se marque en bolívares es firmar una claudicación. En Venezuela, desde un pasaporte hasta la gasolina se marca hoy en dólares. Los precios de bienes y servicios se marcan en dólares. Es decir, el gobierno y el sector empresarial se protegen marcando precios y tarifas en dólares ¿Qué es lo que hace a los trabajadores y al personal que ha culminado su vida laboral ciudadanos de segunda clase?
Esto no es un tema de “productividad marginal del trabajo” como extraviadamente afirman algunos economistas. Esto es un problema político y financiero, y el movimiento laboral y todas las fuerzas activas del país así deben entenderlo.
Nada impide marcar los salarios en una unidad de cuenta o moneda diferente al bolívar. La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) no lo impide, pues en su artículo 129 sólo señala que “deberá pagarse en moneda de curso legal”, mas no impide marcarlo en cualquier otra unidad.
Que paguen el salario y las pensiones y jubilaciones en bolívares si les da la gana, pero que lo marquen como ellos mismos lo hacen contra el ciudadano (en petros, en dólares, o en euros) y que sea la gente quien decida en qué activos o monedas poner sus ingresos. El problema de la confianza en la moneda es, después de todo, una responsabilidad exclusiva del Estado, no de los trabajadores.
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