Carolina Alcalde 01 de diciembre de 2023
@caroalca
La
Corte Internacional de Justicia ordenó a Venezuela y Guyana abstenerse de
realizar acciones que puedan agravar la disputa por el territorio Esequibo,
pero no pidió suspender el referendo consultivo que será celebrado este
domingo.
La
Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó el viernes a Venezuela y Guyana
abstenerse de llevar a cabo acciones que pudieran agravar la disputa por el
Esequibo, territorio que ambos países consideran suyo, pero no pidió suspender
el referendo consultivo que Venezuela celebrará este domingo.
La CIJ dictó medidas provisionales al concluir que existe un “riesgo de perjuicio irreparable” al derecho "plausible" de Guyana antes de que dicte su decisión final sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899 que cedió el territorio a Gran Bretaña, que en ese entonces mantenía a Guyana como colonia.
En la
sentencia, la CIJ aseguró que Guyana "administra y controla" el
territorio en disputa e insistió en que Venezuela debe “abstenerse de cualquier
acción que modifique tal situación” hasta tanto se produzca una decisión final
sobre la controversia.
El
gobierno del presidente Nicolás Maduro promueve un referendo para consultar a los venezolanos si
están de acuerdo en no reconocer la CIJ para resolver la controversia
territorial y si aprueba anexar la Guyana Esequiba, territorio en disputa de
unos 160.000 kilómetros cuadrados, como un estado e incorporarlo al mapa de
territorio venezolano.
A
finales de octubre Guyana presentó la solicitud de medidas provisionales por
considerar que Venezuela no debe celebrar el referendo hasta que la CIJ se
pronuncie sobre los temas de fondo para determinar si el Laudo Arbitral de 1899
es válido.
El
Estado venezolano solicitó rechazar la solicitud y advirtió que
“nada evitará la realización del referendo previsto para el 3 de diciembre”.
Guyana argumentó que el referendo busca obtener respaldo popular para rechazar
la jurisdicción de la CIJ en la disputa territorial y, tras la consulta, anexar
el territorio en disputa por la fuerza.
La
jueza Joan Donoghue, presidenta de la CIJ, reiteró, al leer la sentencia, que
las órdenes con medidas provisionales “tienen efecto vinculante” y por lo tanto
“crean obligaciones jurídicas internacionales”.
Tras
el veredicto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que
triunfó la verdad de Venezuela, pero ratificó que el gobierno venezolano no
reconoce la jurisdicción de esa instancia para dirimir el diferendo.
“El
gobierno de la República Bolivariana de Venezuela toma nota del pronunciamiento
emitido por la CIJ en relación con las insólitas e intervencionistas medidas
provisionales requeridas por Guyana contra el referendo consultivo (…) la Corte
desechó en su conjunto esta solicitud inaudita y sin fundamento que se
relaciona con un asunto del dominio exclusivo de Venezuela”, dijo en una
declaración transmitida por el canal del Estado.
Especialistas
han reiterado que el Estado venezolano también pudo haber presentado una
petición de medidas provisionales para solicitar que Guyana deje de explotar
recursos en el Esequibo.
Venezuela,
que tiene hasta abril del 2024 para presentar una contra memoria, no reconoce
el mecanismo judicial como medio de resolución de la histórica controversia y
sostiene que el Acuerdo de Ginebra es el “único instrumento válido” para
resolverlo.
En
1966 se firmó el acuerdo para dirimir el centenario conflicto sobre la
soberanía, luego de que Venezuela consideró nulo e írrito el Laudo Arbitral de
París de 1899.
En
2018, Guyana acudió unilateralmente CIJ, principal órgano judicial de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) para pedir resolver el diferendo que, en
2020, se declaró “competente” para examinar la disputa fronteriza, lo que ha
sido objetado por Venezuela.
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