Luna Perdomo 01 de diciembre de 2023
Alrededor de 1.500 venezolanos
están en Islandia esperando respuesta a su solicitud de asilo y temen que deban
acceder a un «retorno voluntario» que ponga sus vidas en riesgo, por lo
que le solicitan a Acnur que sirva de mediador para plantear alternativas que
sean de beneficio mutuo
Tras
la llegada de 180 venezolanos desde Islandia el pasado 15 de noviembre,
luego de que se les negara la solicitud de asilo en ese país y haber recibido
malos tratos por parte de las autoridades venezolanas en el Aeropuerto
Internacional Simón Bolívar, han surgido varias interrogantes sobre la
situación de estos connacionales, de otros que siguen en esta nación nórdica y
corren la misma suerte, además de la ausencia de información que crea una
especie de «zona gris».
De acuerdo con videos que circularon en la red social X y versiones de algunos medios, estos venezolanos, entre los que había niños, fueron obligados a firmar un documento en el que se les acusaba de «traición a la patria», no les entregaron sus pertenencias y a algunos les quitaron el dinero en efectivo que traían desde Islandia. ¿Dónde están?, ¿qué pasó con ellos?, ¿volvieron a sus casas? son algunas de las preguntas que aún siguen sin respuestas.
Los
retornados desde Islandia fueron llevados al Hotel Sanitario La Guaira para la
revisión por los sistemas de los organismos de seguridad y tribunales, pero han
transcurrido dos semanas y la información sobre ellos es prácticamente nula. Ni
el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, ha aportado datos
sobre el paradero de estos venezolanos (como sí lo ha hecho con los deportados
desde Estados Unidos) y, aparentemente, a quienes aterrizaron en el país se les
prohibió hablar de lo ocurrido.
En
busca de algunas aclaratorias, TalCual conversó con
Ligia Bolívar, especialista en derechos humanos y coordinadora de Alerta
Venezuela, y con Huáskar Vásquez, quien pertenece al Comité de Planificación
del Grupo Ad Hoc de Defensa de los Derechos Humanos de los Venezolanos en
Islandia.
Pese a
que estos venezolanos que retornaron desde Islandia lo hicieron por «motivación
propia», Vásquez asegura que el trasfondo «es que en realidad quieren
(autoridades islandesas) que los venezolanos se vayan voluntariamente», por eso
ofrecen un incentivo de poco más de 2.000 euros para que vuelvan a su país;
bien sea porque decidieron no apelar a la negativa del asilo y otros porque
consideran que la respuesta demora mucho tiempo.
Sobre
esta medida, Ligia Bolívar explica que «no es una deportación, pero
tampoco es fácil calificarlo como un retorno voluntario porque a ellos
se les niega el refugio y las condiciones para permanecer allá son muy
adversas». Enfatiza que el regreso de estos venezolanos «no cabe dentro del
Vuelta a la patria», como el Gobierno lo quiere hacer ver, incluso con los
deportados desde Estados Unidos.
«No se
puede llamar un retorno voluntario porque en realidad estás poniendo a la gente
entre la espada y la pared», indica Bolívar, quien sostiene que de haber tenido
las condiciones, muchos de estos venezolanos hubiesen apelado la decisión.
Huáskar
Vásquez añade que el retorno voluntario desde Islandia se hizo «bajo presión
psicológica y otros factores».
Entre
las denuncias de los retornados y sus familiares destacan que fueron despojados
de sus pertenencias, especialmente el dinero que traían, les decomisaron los
pasaportes y fueron obligados a firmar un documento en el que supuestamente se
les acusa de «traición a la patria».
Esta
medida, que no ha podido ser comprobada por la falta de información, Ligia
Bolívar la califica como «extremadamente grave» y explica que, de haber sido
cierta, «tuvieran que estar privados de libertad» por ser un acto con una
consecuencia jurídica.
Cree
que quizás esto fue solo «un rumor que no tiene pies ni cabeza». Sin embargo,
no desestima que los funcionarios que recibieron este vuelo desde Islandia se
hayan referido a los retornados con este término peyorativo por haberse ido del
país.
Derecho
de ir y venir
No
debe existir ningún protocolo para que los venezolanos que se han ido de su país
regresen. La defensora de DDHH recuerda que las personas tienen derecho a salir
y entrar y que el único documento necesario para identificarse es el pasaporte.
Condena
que a estas casi 200 personas se les haya limitado la comunicación con sus
familiares porque es un procedimiento que «no tiene base legal en ninguna parte
del mundo».
De la
misma manera, Bolívar desaprueba el traslado y permanencia de estos retornados
al Hotel Sanitario La Guaira, espacio adscrito a la Misión Negra Hipólita, para
hacerles chequeos de salud, descarte de enfermedades y que personal policial
verifique sus datos en los sistemas: «No tiene sentido, es irregular», afirma.
Apoyo
de Acnur
En
Islandia quedan alrededor de 1.500 venezolanos que corren el mismo riesgo de
que se les niegue el asilo y temen que deban acceder a un «retorno» no tan
voluntario, por lo que se organizaron para solicitar al Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) que sirva de mediador con las
autoridades islandesas para plantear alternativas al regreso que sean de
beneficio mutuo.
El
pasado lunes 27 de noviembre realizaron una concentración frente al Parlamento
para hacer visible su caso ante los medios de comunicación nacionales e
internacionales y dijeron que muchos de los venezolanos en Islandia que
solicitan asilo «temen por su vida, integridad y estabilidad» en su país de
origen, cuyos gobernantes están acusados e investigados por cometer crímenes de
lesa humanidad.
Esta
situación con los migrantes venezolanos en Islandia, Ligia Bolívar la tilda
como «gris» por los vacíos de información y las contradicciones que existen.
Expone
que el derecho al refugio protege contra la deportación, pero como en este caso
los retornos son voluntarios y las personas desisten de la solicitud de asilo
«ya no los protege el principio de no devolución».
Sobre
el apoyo que le están solicitando a Acnur, la coordinadora de Alerta Venezuela
agrega que este organismo puede intervenir mientras estén bajo la protección
temporal de las autoridades de Islandia, «pero no necesariamente para que le
concedan el asilo. Podría intervenir para su transferencia a un tercer país»,
pero recuerda que es un trámite que puede tardar hasta dos años.
Huáskar
Vásquez indica que antes de que partiera el vuelo con los primeros retornados
se hablaba de que serían dos viajes, pero tras lo sucedido con quienes llegaron
el 15 de noviembre, no se han conocido más detalles sobre otro regreso, cuándo
sería y la cantidad de venezolanos que se devolverían.
«La
cifra se ha manejado con secreto. No hay datos oficiales sobre la cantidad de
venezolanos que deseaban regresar ni quiénes serían, pero ahora hay más temor
de lo que pueda pasar y quizás algunos arrepentidos», afirma.
Hasta
el momento el Gobierno de Islandia no ha emitido ningún pronunciamiento sobre
esta situación.
Varias
organizaciones en Europa enviaron unas cartas al presidente de este país, Guðni Thorlacius
Jóhannesson, al Ministerio de Justicia y a la Dirección de Inmigración,
manifestando su oposición a estas devoluciones y para pedirles que «los
solicitantes de asilo, refugiados y migrantes venezolanos no sean devueltos o
deportados a Venezuela, para evitarles miseria e inhumanidad» y que se tomen
medidas verdaderamente efectivas y eficientes.
El
texto, firmado por Coalición por Venezuela, Global Refugee Forum, Save my
Identity, y otras organizaciones, habla del desafío que implica recibir a
cientos de migrantes y solicitantes de asilo e integrarlos a la sociedad, pero
también de cómo estos pueden contribuir a la economía de ese país.
También
detalla que más que una crisis económica, Venezuela sufre las consecuencias de
un régimen autoritario que persigue y humilla a sus habitantes, que es «incapaz
de garantizar los derechos fundamentales, lo que representa un riesgo para la
integridad y la vida de cada venezolano» y enfatiza que «no es un país apto
para vivir».
La
comunicación también alerta que tras el operativo policial que se realizó para
recibir a estos migrantes que vivían en Islandia, en el futuro pudiera haber
casos de «intimidación y acoso contra ellos y sus familias».
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