Por Gioconda Cunto de San Blas
«He visto muchos compañeros fallecer a la espera de un trasplante. Yo no quiero que a mí me pase lo mismo» dijo la niña Niurka Camacho, paciente renal del Hospital de Niños J.M. de los Ríos en Caracas, ante el tribunal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando sus padres y los de tantos otros niños como ella apelaron a ese tribunal internacional, luego de haber agotado infructuosamente las instancias nacionales en búsqueda de justicia.
¿Qué exigían? Hacer valer el derecho humano a la salud, a la cual está obligado el Estado venezolano no solo por imperativo constitucional (arts. 83 a 86) sino por las instancias internacionales de derechos humanos a las cuales Venezuela está suscrita.
En febrero de 2018, la CIDH falló a favor de los menores y aprobó medidas cautelares para proteger a los pacientes en el área de Nefrología, una decisión que en agosto de 2019 fue ampliada a los 13 servicios de dicho hospital.
Tal medida fue burlada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entidad inconstitucionalmente colonizada por el régimen (art. 254 de la Constitución), cuando se negó a obligar al Estado a dotar los centros públicos de salud, con base en una torcida jurisprudencia de 2005 según la cual los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en el Pacto de las Naciones Unidas, de obligatorio cumplimiento por parte del estado venezolano, no pueden ser reclamados ante los tribunales venezolanos sino a través del ejercicio del sufragio.
Niurka falleció el 4 de agosto de 2021 esperando ese trasplante de riñón que el régimen –indolente, insensible y criminal– no le garantizó. Tenía 15 años. Con ella y por la misma causa han muerto más de 70 niños, solo en ese hospital, en años recientes. Niurka, Jeannys, Daniel, Elián, Anastasia, Samira, Eugenia, Elvis son apenas algunos nombres de esos niños hoy ausentes para siempre, llorados por sus familias y por la sociedad. Personalizarlos no hace sino aumentar la rabia ante la impotencia que nos abruma.
¿Por qué estos niños y tantos adultos (se estiman más de 8 mil personas en diálisis) no pueden optar por un trasplante de riñón? Hasta mediados de 2014, la Organización Nacional de Trasplantes (ONTV), fue la ejecutora eficiente del Sistema de Procura de Órganos para Trasplante (SPOT). Fiel a sus ejecutorias a lo largo de 23 años, el régimen cerró lo que funcionaba bien y creó la inútil Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (FUNDAVENE), adscrita al Ministerio de Salud, que desde el 1/6/2017 tiene frenado el programa de trasplantes de órganos, presuntamente por no poder garantizar el suministro de inmunosupresores, con lo cual muchos han quedado privados del beneficio de prolongar sus expectativas de vida.
Penosamente, no es éste el único sector de la salud pública reducido a la nada en estas décadas de ignominia. Aquella exitosísima campaña admirable de Arnoldo Gabaldón y Enrique Tejera (Ministro de Sanidad de la época) que hace más de 70 años erradicó casi de raíz la malaria del suelo venezolano, ha quedado en el recuerdo de los libros de historia.
Hoy, en pleno siglo XXI, la situación no puede ser más lastimosa: El Reporte Mundial de Malaria 2020 estimó que 467.421 casos de malaria ocurrieron en Venezuela en 2019, un aumento de 1.200% comparado con el año 2000; igualmente duras, las cifras de mortalidad por malaria: 403 muertes en 2019 en Venezuela, que suman el 73% del total de muertes por malaria en el continente.
El catálogo de carencias en el sistema de salud pública venezolano es infinito. Organizaciones de la sociedad civil atentas a denunciar atropellos contra los derechos humanos de los ciudadanos, entre ellas, organizaciones de defensa del derecho a la salud, periódicamente elevan reclamos documentados al Comité de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.
En la actualización 2021, ellas registran que más del 50% de la población (16 millones de personas) perdió más de 80% de servicios de salud públicos gratuitos que quedaron inoperativos o cerrados; 4,4 millones perdieron sus seguros médicos, públicos y privados, aumentando a 68,2% la población sin protección financiera para afrontar gastos de enfermedad; 4 millones carecen de acceso a medicamentos por sus costos inaccesibles o desabastecimiento.
El Comité arriba mencionado ha tomado nota de las denuncias y en su Examen Periódico Universal ha elevado sus recomendaciones al Estado venezolano, pocas de las cuales han sido aceptadas por el régimen. Aun así, habrá que seguir denunciando, porque las causas contra violaciones a los derechos humanos no prescriben.
Testigos de la indigencia sanitaria en que hemos caído son las redes sociales, atiborradas de solicitudes de apoyo financiero para cirugías y tratamientos. No en balde, la madre de Miguel, uno de los niños en espera de trasplante de riñón en el Hospital JM de los Ríos, dice con tristeza: «Me siento abatida porque nos hemos convertido en mendigos de la salud».
https://talcualdigital.com/mendigos-de-la-salud-por-gioconda-cunto-de-san-blas/
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