Anaisa Rodríguez 24 de agosto de 2022
La ONG
Acceso a la Justicia explicó este martes que el instructivo Onapre que se ha
convertido en un dolor de cabeza para los trabajadores de la administración
pública, violenta media docena de disposiciones constitucionales: reduce el
salario integral del trabajador entre 40 y 70%.
Maduro
prometió una vez más en mayo que recuperará el salario, pero ha hecho todo lo
contrario. Miles de empleados y trabajadores del sector público tienen varios
meses exigiendo que sea derogado el instructivo Onapre, sin respuesta.
El
Instructivo para el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la
Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas
Estratégicas, desaplica los contratos colectivos vigentes y pretende imponer un
tabulador de beneficios que reduce el salario integral de los trabajadores
entre 40 y 70%, subrayó un reporte de Acceso a la Justicia, pero además,
«violenta al menos media docena de disposiciones constitucionales».
Efectos del instructivo:
– En
el caso de los profesores, empleados y obreros universitarios, el texto en
cuestión obvia la tabla salarial prevista en la IV Convención Colectiva, que,
entre algunas escalas, establecía diferencias de hasta 70% y fijó, sin ningún
tipo de discusión previa, una interescala lineal de 7%.
–
Modificó unilateralmente la manera de calcular los beneficios, como las
bonificaciones por antigüedad y las primas de especialización o
profesionalización, por uniformes y por hijos.
–
Según la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep) los cambios han
implicado que los trabajadores de distintos organismos de la administración
pública vean reducidos sensiblemente sus ingresos. Por ejemplo, los docentes ya
no recibirán un pago equivalente al 30% de su salario por tener una
licenciatura, sino de 25%; quienes tenían maestrías ya no ganarán una
asignación mensual equivalente a 50% de su sueldo, sino de 35%; y aquellos con
doctorados pasaron de percibir 60% de bonificación a 40%.
«El
texto vulnera disposiciones constitucionales como el derecho al trabajo, el
principio de progresividad de los derechos humanos, la reserva legal, la
suficiencia del salario y la libertad sindical, entre otros», condenan desde
Acceso a la Justicia.
– El
recorte que el instructivo aplicó a las bonificaciones de los funcionarios
públicos está fuera de la constitución, en la cual en el numeral 1 de su
artículo 89 señala claramente que «Ninguna ley podrá establecer disposiciones
que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios
laborales».
En
este sentido, la ONG aclaró que la Onapre no está facultada en ningún caso para
decidir temas como las remuneraciones del personal de la administración
pública; porque esto es potestad de los departamentos de personal y recursos
humanos de los distintos organismos.
Los
embates de la Onapre se suman a la incapacidad del salario mínimo para cubrir
la canasta básica que en mayo se ubicó en482 dólares, por lo que se
necesitarían 16 salarios mínimos para cubrirla.
Solo
en julio se registraron 143 manifestaciones contra la decisión de la Onapre,
según reportaron el Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela y el
Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin). En lo que va del año se han
contabilizado 15% más acciones de calle que en 2021.
Las
movilizaciones hasta ahora han servido para que las autoridades den algunos
pasos atrás. Por ejemplo, la ministra de Educación Universitaria, Tibisay
Lucena, anunció en días pasados que los trabajadores de la educación recibirían
la totalidad de los 105 días del bono vacacional previstos en el contrato
colectivo. Asimismo, el pasado 12 de agosto Maduro destituyó al jefe de la
Onapre, Marco Polo Cotenza.
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