Los hijos de ex militares y policías que participaron en la última dictadura militar argentina viven en tensión entre los que defienden a sus padres y quienes los rechazan. Sus historias vuelven a poner el acento en el sentido de la memoria y la herencia recibida.
Son las cinco de la tarde de un jueves de junio. En la puerta de un edificio de Avenida Córdoba y Uruguay, en el microcentro de Buenos Aires, la psicoanalista Mariana Dopazo charla con un vecino. Espera una visita, pero no la de un paciente, sino la de una mujer que le cambió la vida y a quien aún no conoce en persona.
—Compré sándwiches de miga y facturas —dice.
Hace frío y Mariana —46 años— viste con el casual style que empezó a usar cuando trabajó en Europa con el cocinero Francis Mallmann.
—Qué raro todo esto, ¿no? —dice, enarcando una ceja.
Mariana inició un proceso para cambiar su apellido en 2014. El trámite terminó a fines de 2016. Desde ese momento, es Mariana Dopazo y ya no Mariana Etchecolatz. Su padre, Miguel Osvaldo Etchecolatz, fue uno de los cabecillas más feroces de la última dictadura militar, ocurrida entre 1976 y 1983. Desde 2006, luego de que la Corte Suprema anulara las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, cerca de 800 personas —entre ex policías, militares y marinos— fueron condenadas por la Justicia argentina por crímenes de lesa humanidad. El padre de Mariana es uno de ellos.
Mariana alquila un monoambiente en este edificio de estructura antigua, en la planta baja, donde tiene su consultorio. Este jueves canceló todas las sesiones para encontrarse con Ana Rita Vagliati —45 años, comunicadora social—, hija del ya fallecido comisario bonaerense Valentín Milton Pretti. Desde 2008, Rita dejó de usar el apellido de su padre y lo cambió por el de su madre: Vagliati. El padre de Rita fue subalterno del padre de Mariana. Y Mariana usó su caso como antecedente judicial.
Miguel Osvaldo Etchecolatz, ahora de 88 años, mano derecha del fallecido coronel Ramón Camps, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, fue condenado seis veces por crímenes de lesa humanidad, tres de ellas a prisión perpetua. “Lo único que hice fue combatir a ese enemigo demoníaco que fue la subversión marxista”, dijo en un juicio de 2011. Se le comprobó máxima responsabilidad como líder de los centros clandestinos —donde se detenía y torturaba a las personas— que formaron parte del llamado “Circuito Camps” y, además, es el principal sospechoso de la desaparición del testigo Jorge Julio López. Albañil de profesión y militante de la Juventud Peronista, López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 en un operativo clandestino y recuperó la libertad el 25 de junio de 1979. En 2006, su declaración fue clave para que la Justicia de La Plata condenara a Etchecolatz, pero a los pocos meses, cuando salía de su casa, López desapareció sin dejar rastro, y así permanece hasta hoy.
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Son las cinco de la tarde de un jueves de junio. En la puerta de un edificio de Avenida Córdoba y Uruguay, en el microcentro de Buenos Aires, la psicoanalista Mariana Dopazo charla con un vecino. Espera una visita, pero no la de un paciente, sino la de una mujer que le cambió la vida y a quien aún no conoce en persona.
—Compré sándwiches de miga y facturas —dice.
Hace frío y Mariana —46 años— viste con el casual style que empezó a usar cuando trabajó en Europa con el cocinero Francis Mallmann.
—Qué raro todo esto, ¿no? —dice, enarcando una ceja.
Mariana inició un proceso para cambiar su apellido en 2014. El trámite terminó a fines de 2016. Desde ese momento, es Mariana Dopazo y ya no Mariana Etchecolatz. Su padre, Miguel Osvaldo Etchecolatz, fue uno de los cabecillas más feroces de la última dictadura militar, ocurrida entre 1976 y 1983. Desde 2006, luego de que la Corte Suprema anulara las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, cerca de 800 personas —entre ex policías, militares y marinos— fueron condenadas por la Justicia argentina por crímenes de lesa humanidad. El padre de Mariana es uno de ellos.
Mariana alquila un monoambiente en este edificio de estructura antigua, en la planta baja, donde tiene su consultorio. Este jueves canceló todas las sesiones para encontrarse con Ana Rita Vagliati —45 años, comunicadora social—, hija del ya fallecido comisario bonaerense Valentín Milton Pretti. Desde 2008, Rita dejó de usar el apellido de su padre y lo cambió por el de su madre: Vagliati. El padre de Rita fue subalterno del padre de Mariana. Y Mariana usó su caso como antecedente judicial.
Miguel Osvaldo Etchecolatz, ahora de 88 años, mano derecha del fallecido coronel Ramón Camps, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, fue condenado seis veces por crímenes de lesa humanidad, tres de ellas a prisión perpetua. “Lo único que hice fue combatir a ese enemigo demoníaco que fue la subversión marxista”, dijo en un juicio de 2011. Se le comprobó máxima responsabilidad como líder de los centros clandestinos —donde se detenía y torturaba a las personas— que formaron parte del llamado “Circuito Camps” y, además, es el principal sospechoso de la desaparición del testigo Jorge Julio López. Albañil de profesión y militante de la Juventud Peronista, López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 en un operativo clandestino y recuperó la libertad el 25 de junio de 1979. En 2006, su declaración fue clave para que la Justicia de La Plata condenara a Etchecolatz, pero a los pocos meses, cuando salía de su casa, López desapareció sin dejar rastro, y así permanece hasta hoy.
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