Janet Zoila Yucra Maguiña 15 de noviembre de 2022
@yucra1
Por
octavo año consecutivo, la organización World Justice Project ubica a Venezuela
en la cola de los 140 países evaluados por las persistentes fallas en el
respeto al debido proceso y la ineficacia de la llamada «revolución judicial»,
entre otros motivos
Venezuela
vuelve a ocupar el deshonroso último lugar en la más reciente edición del
Índice de Estado de Derecho elaborado por la organización World Justice Project (WJP).
Así
es, el país ha vuelto a quedar, por octavo año consecutivo, en el último lugar
de los 140 países evaluados.
En el reporte que la agrupación internacional viene elaborando anualmente desde 2008 y que fue publicado a finales de octubre, el país obtuvo una puntuación de 0,26 puntos, es decir una centésima menos que la que consiguió el año anterior cuando consiguió 0,27, reseña el informe.
Según
WJP, «el Estado de derecho, es un sistema durable de leyes, de instituciones y
de normas que obliga a las autoridades a rendir cuentas sobre sus actuaciones,
al tiempo que protege los derechos fundamentales de toda la población. Este
ofrece mecanismos accesibles e imparciales para resolver las controversias y
disputas que se presenten en una sociedad determinada», reseña el portal Acceso
a la Justicia.
El
caso venezolano
En el
caso de Venezuela, para la institución, son llamativos los resultados obtenidos
por la justicia penal, donde el país tiene más de una década en el foso.
¿La
razón? En los últimos doce meses no se produjo ningún avance y Venezuela volvió
a obtener 0,12 puntos.
Estos
datos confirman las sospechas de que la «revolución judicial» puesta en marcha
por Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional electa en 2020 no está sirviendo para
hacer más eficiente y eficaz al sistema.
Desde
finales de 2021 las autoridades han reformado o aprobado alrededor de una
docena de leyes relacionadas con el sistema de justicia penal, a través de las
cuales han reducido lapsos procesales, estipulado nuevas obligaciones a los
actores estatales e incorporado garantías para los ciudadanos.
Asimismo,
han adoptado medidas como la reducción en el número de magistrados del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) o designado al titular de la Defensa Pública. Sin
embargo, instancias nacionales e internacionales han advertido que estas
medidas no atacan los principales males que aquejan al sistema.
«Las
reformas que han venido anunciándose desde 2021 se han implementado de forma
parcial —en el mejor de los casos— y no han abordado las graves deficiencias
del sistema de justicia, que socavan su independencia e imparcialidad»,
denunció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos
(MDH) sobre Venezuela en su tercer informe sobre el país, publicado en
septiembre pasado.
Todo
se repite
Como
en 2021, el país quedó en el último lugar en el mundo en tres de las ocho
categorías evaluadas: límites al poder gubernamental, cumplimiento regulatorio
y actuación del sistema de justicia penal, además de la categoría que engloba
las ocho, que es Estado de derecho.
Las
modificaciones legales no abordan la provisionalidad de jueces y fiscales, la
cual viene siendo señalada de manera reiterada por organismos como la Comisión
y la Corte de Interamericana de Derechos Humanos, así como por la Oficina del
Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, como un factor que favorece la
injerencia del Gobierno en las decisiones judiciales.
El
Índice corrobora estas afirmaciones: en el subrenglón del factor que mide la
justicia penal en el país, relacionado con la ausencia de interferencias
indebidas del Ejecutivo sobre ese sistema, el país obtuvo una evaluación de
0,02; es decir prácticamente cero.
Una
puntuación aún peor recibió en cuanto a la garantía del debido proceso en los
procedimientos administrativos, donde el país apenas logró 0,01 y que forma
parte del factor que mide el cumplimiento del marco regulatorio.
Tocando
fondo
El
Índice no solo reveló que las reformas legales aprobadas por las autoridades no
han servido para mejorar la prestación del servicio de justicia, tampoco han
hecho nada para combatir la corrupción.
Los
funcionarios judiciales son percibidos como los más propensos a incurrir en
irregularidades administrativas, seguidos por los del Gobierno y los agentes
policiales y efectivos militares, de acuerdo con el reporte.
Los
datos de WJP están en sintonía con los de otras organizaciones como el Índice
de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, que ubicó a
Venezuela en el lugar 177 de 180. Esto supone un retroceso de un puesto en
comparación con 2021.
Muy
pocos avances
En el
Índice de WJP también figuran algunas áreas en las que Venezuela está más cerca
del promedio mundial; sin embargo, ello no significa que sea un buen resultado.
Por
ejemplo, en el ámbito del respeto a los derechos fundamentales, en la libertad
religiosa obtuvo una puntación de 0,59, que está cerca de ubicarse en el
promedio mundial de 0,64.
Por su
parte, en materia de igualdad y no discriminación y de derechos laborales, el
país consiguió un 0,48 y 0,53, respectivamente; también cercanos al promedio
global, esto a pesar de que Venezuela sigue siendo de los pocos países de la
región que no ha adoptado medidas para garantizar sus derechos a minorías como
el colectivo LGBTI.
A ello
se suma que en los últimos meses el número de protestas laborales no dejan de
crecer, debido a medidas como el instructivo dictado por la Oficina Nacional de
Presupuesto (Onapre), que ha reducido los ingresos de millones de funcionarios
públicos.
En
materia de Gobierno abierto, el Índice registró leves avances, sobre todo por
la existencia de mecanismos formales para presentar quejas.
Sin
embargo, la reciente aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información de Interés Público hasta ahora no ha tenido ningún impacto, pues de
acuerdo con el reporte, el país sigue en el último lugar en la región en lo que
se refiere a la posibilidad de que los ciudadanos accedan a información y datos
que están en poder del Estado.
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