Presentación
En las páginas que siguen haré una breve exposición sobre un tema complejo y políticamente importante. Se trata de presentar algunas ideas pertinentes acerca del conjunto global de políticas que, en el plano económico y social, un nuevo gobierno democrático debería poner en marcha, desde el mismo inicio de su mandato, para la reconstrucción de la economía nacional y para avanzar hacia un orden económico eficiente, equitativo y solidario. El conjunto de medidas que ofreceremos es solo una aproximación a un modelo que podemos denominar ideal.
Desarrollaremos este propósito en tres artículos que serán publicados sucesivamente. En el primero, nos referiremos a las bases ideológicas, al punto de partida del análisis y la pertinencia de la recuperación de la confianza. En el segundo, analizaremos la política de transformación estructural que significa la aplicación, ajustada a la situación de nuestro país, de una Economía Social y Ecológica de Mercado, así como la aplicación de un ajuste de tipo integrador. En el tercero, conversaremos sobre un conjunto de políticas económicas y sociales que deben ponerse en marcha, con carácter de urgencia, desde el propio inicio de una nueva gestión democrática.
Bases doctrinarias e ideológicas para la reconstrucción
Claro está que estas medidas son tomadas bajo la inspiración de los principios básicos sobre los cuales se funda el pensamiento Humanista Cristiano. Principios que orientan esta cosmovisión como la dignidad de la persona humana, su libertad esencial, su esfera de derechos inmanentes e imprescriptibles, constituyen una base sólida sobre la cual podemos desarrollar políticas apropiadas a cada etapa histórica; agreguemos a estos principios, algunos más como la perfectibilidad de la sociedad civil, la solidaridad, el papel subsidiario del Estado, el trabajo como expresión de la dignidad de la persona y la búsqueda del Bien Común y tendremos un panorama doctrinario-ideológico discernible y completo. Además, la coherencia y profundidad de esta cosmovisión le confiere una gran capacidad de señalar caminos para el proceso de transformación del orden social actual hacia un proyecto histórico.
Recordemos que, para Maritain, el proyecto es, en síntesis, “una imagen perspectiva que designa el tipo particular, el tipo específico de civilización a que tiende una determinada edad histórica…no es un ente de razón sino una esencia ideal realizable…esencia capaz de existencia y reclamando existencia para un clima histórico dado”. En conclusión: hay que marchar desde la Doctrina, a la Ideología y desde esta hacia la construcción real y factible de una nueva sociedad.
Este conjunto de medidas de política económica podemos, a su vez, desagregarlo en tres categorías; i) Las de Transformación Estructural de la Economía) ii) Las de un Ajuste Integrador iii) Las de Políticas Económico-Sociales de Urgencia. Analizaremos cada una de ellas a partir de este y otros artículos sucesivos.
Punto de partida: la destrucción de la economía nacional
Antes de continuar en el examen de estas categorías de políticas a aplicar, por un gobierno democrático, deseamos solicitar a nuestros cordiales oyentes y lectores se sirvan considerar como de amplio consenso el hecho que Venezuela ha experimentado bajo el llamado Socialismo del Siglo XXI, conocido como Régimen Autoritario, un enorme colapso en todos los niveles de la organización societaria. Es una devastación que se fue ejecutando a lo largo de las dos décadas en que han ejercido el poder de forma omnímoda en el país. Esta debacle abarca todos los niveles de la sociedad.
Lo que ha ocurrido en el nivel económico es un paradigma del desastre general acontecido en el país y lo sintetizaremos en los siguientes puntos: Política de expropiaciones masiva, ilegal y arbitraria; destrucción del aparato productivo privado en todos los sectores de la producción de bienes y servicios; destrucción del aparato productivo en manos del Estado; aniquilamiento del sector de hidrocarburos y de la empresa petrolera insignia Pdvsa; erosión de los servicios públicos más importantes como salud, educación, transporte; pulverización de los salarios; extensión desorbitada de la pobreza; aumento de la desigualdad según el Índice de Gini; contracción del PIB en más del 100% ocurrida en el período 2012-2022, así, por ejemplo, el PIB del año 22, representa tan solo el 14,2% del PIB correspondiente al año 2012; alteración profunda de los equilibrios macroeconómicos básicos; hiperinflación galopante, alcanzando cotas que la colocan entre las más elevadas que alguna nación haya experimentado en la historia y que se prolongó durante 48 trimestres, desde noviembre del 2017 a enero del 2022; desordenada y gigantesca emisión de dinero inorgánico dirigida a financiar un déficit creciente en la gestión fiscal; cuasi extinción del valor del signo monetario venezolano el cual ha pasado por tres conos diferentes en los años 2008, 2018 y 2021 con los bolívares denominados fuerte, soberano y digital, durante esos años el bolívar ha perdido radicalmente su valor, tanto, que el régimen ha tenido que eliminar 14 ceros de su denominación; desconexión del país del sistema financiero internacional y de los organismos financieros trasnacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM); declaración de insolvencia en el pago de la Deuda Titularizada Externa de la República que fue ordenada por el Régimen de Maduro el 2 de noviembre del 2017, la no titularizaba esta, asimismo, pendiente de pago; enorme ola de migración desde Venezuela hacia países amigos en busca de refugio y trabajo la cual, según la Agencia de las Naciones Unidas parar los Refugiados (Acnur), ha llegado para diciembre de 2022 al orden de los 7,13 millones de refugiados; deliberada opacidad para toda la información estadística y económica de las actividades que el régimen ejecuta; expansión generalizada de la corrupción a todos los niveles de la gestión administrativa; desconocimiento del Estado de Derecho y de los derechos humanos; represión selectiva y permanente, centenares de presos políticos civiles y militares.
Hacia la recuperación de la confianza
Es lógico pensar que, una devastación sin precedentes como la que acabamos de sintetizar se vería reflejada, digamos inexorablemente, en una total desconfianza por parte de los agentes económicos en la capacidad del régimen de corregir sus errores, en la capacidad de la moneda de servir a sus funciones y en la posibilidad que la economía recupere sus niveles de productividad. Por supuesto que esta desconfianza se expande a los agentes económicos internos, así como a los internacionales, en relación con sus juicios y sus acciones respecto de Venezuela como país receptor de inversiones y de canalizador de proyectos de desarrollo.
Por lo tanto, resulta imperativo comenzar a actuar en el campo de la recuperación de la confianza. El gobierno democrático actuará con respeto integral al Estado de Derecho y la Constitución. Respetará y garantizará el derecho a la propiedad privada de medios de producción en el marco de la ley. Garantizará respeto a inversiones nacionales e internacionales. Removerá obstáculos que se interpongan en la corriente de inversión nacional y extranjera. Garantizará el derecho a la contratación en el marco de las leyes respectivas. Respetará el derecho a la libre opinión y sostendrá en su integralidad el derecho a la asociación para sindicatos, gremios y organizaciones empresariales.
De idéntica forma, el gobierno democrático avanzará en la recuperación de la confianza perdida en la economía y en el uso de la moneda nacional como unidad de cuenta, depósito de valor y medio de pago.
Una medida conveniente, oportuna y pertinente es poner en marcha con decisión y rapidez el Plan de Reintegro de las Propiedades Incautadas, Expropiadas y Ocupadas, arbitraria e ilegalmente por parte del régimen autoritario durante su ejercicio del poder. Estas medidas, además de injustas, constituyeron una enorme carga negativa para la confianza y las posibilidades de desarrollo de la economía nacional. Aire fresco y renovador traería la inmediata corrección de este histórico atropello.
No hay duda alguna de que es indispensable, para completar este nivel de acción pública, restablecer la autonomía del BCV y su plena vigencia, su papel como encargado de armonizar las políticas fiscales y monetarias y sus atribuciones para lograr la estabilidad de precios, preservar el valor de la moneda nacional, regular crédito y tasas de interés, administrar las reservas internacionales y ejecutar la política monetaria y cambiaria.
Es también importante accionar, en la línea de recuperar la confianza, en la transparencia y certidumbre de la información estadística oficial a fin de que los agentes económicos puedan elaborar racionalmente sus expectativas.
Tomando en cuenta el devastador panorama de la economía de la nación y la ola de desconfianza que han sido sembrados por el régimen autoritario, nos queda marchar hacia la reconstrucción de nuestra actividad productiva. Un nuevo gobierno democrático, participativo, eficiente, que busque el Bien Común, debe adoptar una serie de políticas imprescindibles en el área económica las que, convergiendo en el espacio y el tiempo, serán capaces de revertir aquel nefasto panorama. Se trata de ejecutar en un tiempo histórico cercano una Transformación Estructural de la economía, un Ajuste Integrador y una Política de Medidas Económico-Sociales de Urgencia, todo lo cual son pasos necesarios para reconstruir la economía del país.
De acuerdo con lo señalado al comienzo, en nuestro próximo articulo nos referiremos al proceso de transformación estructural que un gobierno democrático, con aliento nuevo y reformador, deberá poner en marcha desde el propio inicio de su gestión.
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