Por R. Arias / R. Baptista
Más allá de traducirse en un
beneficio para los trabajadores, la docena de ajustes salariales aplicados
durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro en el transcurso de tres años
y medio, parece haberse convertido en el combustible que alimentó la
aceleración de precios.
Desde 2013 hasta la fecha, los reiterados incrementos de sueldo no sólo han sido inútiles para poner freno a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, sino que tampoco han impedido que la brecha entre el salario y el costo de los alimentos se haya expandido, hasta multiplicarse por seis.
En mayo de 2013, para comprar una Canasta Alimentaria Familiar (CAF), se necesitaban 1,63 ingresos básicos (para la fecha una remuneración integral alcanzaba Bs 3 mil 634,02, es decir, Bs 2 mil 457,02 de sueldo mínimo + Bs 1 mil 177 en cestatickets promedio). El conjunto de 58 productos -con los nutrientes necesarios mensuales para una familia de cinco miembros-, medidos por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), se ubicaba en aquel momento en Bs 5 mil 950,59.
Para comienzos de agosto 2016 la situación fue exponencialmente más apremiante para los asalariados.
Al inicio del presente mes eran necesarios 10,81 ingresos integrales (Bs 33 mil 636,17 cada uno) para comprar la canasta alimentaria que se ubicaba en Bs 363 mil 866,73. La cifra refleja que durante el mandato madurista la brecha entre salario y costo de la comida se elevó 6,63 veces.
Desde 2013 hasta la fecha, los reiterados incrementos de sueldo no sólo han sido inútiles para poner freno a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, sino que tampoco han impedido que la brecha entre el salario y el costo de los alimentos se haya expandido, hasta multiplicarse por seis.
En mayo de 2013, para comprar una Canasta Alimentaria Familiar (CAF), se necesitaban 1,63 ingresos básicos (para la fecha una remuneración integral alcanzaba Bs 3 mil 634,02, es decir, Bs 2 mil 457,02 de sueldo mínimo + Bs 1 mil 177 en cestatickets promedio). El conjunto de 58 productos -con los nutrientes necesarios mensuales para una familia de cinco miembros-, medidos por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), se ubicaba en aquel momento en Bs 5 mil 950,59.
Para comienzos de agosto 2016 la situación fue exponencialmente más apremiante para los asalariados.
Al inicio del presente mes eran necesarios 10,81 ingresos integrales (Bs 33 mil 636,17 cada uno) para comprar la canasta alimentaria que se ubicaba en Bs 363 mil 866,73. La cifra refleja que durante el mandato madurista la brecha entre salario y costo de la comida se elevó 6,63 veces.
En 40 meses, la remuneración integral subió 825,6%, mientras la agrupación de alimentos del Cendas-FMV ha escalado 6 mil 14%.
Falsa ilusión
Las proyecciones para fin de año no son mejores, a pesar de los recientes ajustes.
El pasado 11 de agosto, el primer mandatario anunció el tercer incremento del año –y el número 13 de su mandato-, elevando 50% el salario básico para llegar a Bs 22 mil 576,6 a partir del 1° de septiembre. Autorizó también un alza en la base de cálculo de los cestatickets de 3,5 a 8 Unidades Tributarias (UT), con lo cual el beneficio pasó de Bs 18 mil 585 a 42 mil 480, retroactivo al 15 de agosto. De esta manera, la remuneración integral se disparó a Bs 65 mil 056,76.
Con un estimado de más de Bs 400 mil en la canasta para comienzos del próximo mes, se necesitarían al menos 6,14 remuneraciones básicas para costear el grupo de alimentos. No obstante, el comportamiento durante los años previos hace anticipar que el efecto inflacionario rebasará el beneficio y extenderá aún más la brecha de capacidad de compra para fin de año.
El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, manifestó que con ese aumento no se compensa la pérdida del poder adquisitivo del trabajador, sino que sólo se da una falsa ilusión monetaria.
“La única forma de hacer valer esos aumentos es tener una economía no inflacionaria; y para ello se debe aumentar el volumen de producción, quitar el déficit fiscal, crear las condiciones dado que los niveles de producción están muy bajos”, dijo Olalquiaga a El Tiempo.
Agrega que el ajuste representa un incremento prestacional importante que impacta de una manera integral al empresariado. Sostiene que el Gobierno compensa la disminución del poder adquisitivo dándole un valor superior a los tickets de alimentación, situación que incide en el aumento de los precios.
“Este es un aumento mal conceptualizado, que está creando un impuesto prestacional al poder adquisitivo”.
Acota que actualmente estos aspectos inciden en la oferta y demanda que pueden hacer quebrar a una empresa
Por su parte el economista Luis Oliveros advierte que el Gobierno ha escogido poner a competir el salario con la inflación.
“No es sano que en una economía se aumente tanto el salario mínimo. Esto denota que hay un problema muy grande. Al Gobierno le gusta la inflación porque de esa manera licua deuda interna, financia el déficit con inflación”.
Oliveros detalla que la situación se convierte en un “golpe duro” para las empresas cuando los índices de rentabilidad están limitados.
“Este es un Gobierno que le importa muy poco el sector privado. Le importa muy poco generar incentivos negativos en las empresas”.
Apunta que existen niveles de inflación peligrosos que apuntarían a una posible hiperinflación. Oliveros explica que el Ejecutivo ha tomado medidas realmente contractivas al disminuir la liquidez en más de 60 %. “Eso es peligroso en una economía en recesión porque no genera bienestar en el corto plazo”.
Salario pulverizado
El economista y profesor del Iesa, José Manuel Puente, señala que el último ajuste del salario mínimo y el ticket de alimentación representa un “aumento nominal y no real” que no va a cubrir más de 10 % de las necesidades del colectivo haciendo a los venezolanos más pobres.
“Tenemos 10 años con la inflación más alta de la región y cuatro años con la más alta del mundo. A dólar oficial este aumento es el más bajo desde 1989. Es importante destacar que tenemos además tres años con una contracción que hace muchas empresas muy vulnerables dando pie con esos números a que muchas tengan que cerrar”.
Para Puente este tipo de aumento afecta al sector privado pero también al sector público, ya que “entre el 2.3 y 2.4 millones de empleados pertenecen a nóminas del Estado”. “Aunado a ello tenemos un tercio de los ingresos petroleros que en años anteriores y un déficit fiscal 2015 de al menos 24 puntos. Con esos elementos en juego este tipo de medidas son insostenibles en el tiempo”, subrayó.
Asegura que antes del Ejecutivo tomar decisiones en la materia se debió realizar “un acuerdo tripartita”, situación que a su juicio se ha dejado de lado. Agrega que en términos reales “el salario está pulverizado” principalmente porque no se ha podido controlar la inflación. “Simplemente el Gobierno está vendiendo una falsa ilusión de armonía”.
Explica que los sectores más golpeados con la carga salarial serán el industrial, manufactura y agroindustria.”Tenemos tres años consecutivos en recesión y muy probablemente este 2016 el país tenga uno de los peores desempeños económicos del mundo”.
Luego de tres años y medio,
la docena de ajustes salariales aplicado por el Ejecutivo ha sido como gasolina
para el motor inflacionario. En 2013 se necesitaban 1,6 remuneraciones básicas
para comprar una canasta alimentaria. A comienzos de agosto se requerían 10,8
28-08-16
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