Por Fernando Facchin B., 20/11/2016
A raíz de la condena
del narco sobrinos se ha producido en el país un hondo debate sobre el silencio
cómplice de los narcotíos.
En el caso del
silencio cómplice, la situación se agrava por la entrega de pasaportes
diplomáticos sin justificación de ninguna especie.
El asunto en comentopresenta
un grave incumplimiento de deberes éticos fundamentales por parte del
presidente y su cónyugey eso les acarrea una responsabilidad moral indudable con
los autores del delito cometido y juzgado en USA.
La responsabilidad
moral deviene de la incapacidad moral de la cual adolece el sujeto, quien en su
comportamiento consuetudinario carece de moralidad social y política desde el punto de vista de la valoración ético/colectiva.
En el colectivo
social puede apreciarse, sin duda, una clara motivación de reprensión moral en
la sociedad sobre la conducta infractora, cuyo silencio frente al país es
estimado política y éticamente reprensible e inconveniente para la moral
ciudadana y para la dignidad del cargo, lo que hace necesaria para el
responsable, quien, sin haber lesionado un precepto constitucional determinado,
en el caso en comento es válida, moral y políticamente, se hace merecedor de la
sanción de tipo moral, por cuanto se encuentra perjudicado el escenario público.Venezuela
está ante una agresión injusta por una lesión a su dignidad, al decoro de sus
valores y a su sentimiento de soberanía y honestidad, especialmente en el
artículo 2 de la CRBV donde se lee: “Venezuela se constituye (…), la
preeminencia de los derechos humanos, la
ética el pluralismo político”.
Definitivamente, la
ética y la moral del régimen, ampliamente cuestionada por el colectivo nacional
y con u juicio político en suspenso, requiere de una profunda reflexión
ciudadana, por cuanto su mal ejemplo da lugar a un quiebre moral que acrecienta
la crisis de gobernabilidad que vive el país, al igual que rompe la confianza
para con sus gobernantes en quienes, cada día más, crece su relativismo moral,
debido, entre otras causas, a la impunidad sobre la corrupción decretada por el
Cartel de las Togas, una demostración más que los valores éticos, para el
régimen, ni limitan ni sirven de fundamento para la acción de gobierno con
vista al bien común y la paz; para el régimen en su accionar todo es válido y
el fin justifica los medios para actuar.
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