Por José Ignacio Hernández
G.
Al leer el título de este
artículo, muchos de mis lectores pensarán que ya la Asamblea Nacional fue
“anulada”, con lo cual, ningún sentido tendría que el Gobierno pretenda
anularla. Sería algo así como “llover sobre mojado”.
Sin embargo, lo cierto es
que a fines de octubre el Gobierno anunció
que presentaría una nueva demanda en contra de la Asamblea Nacional “por
intentar dar un Golpe de Estado”.
Esta amenaza se concretó el
9 de noviembre. Ese día, la Procuraduría General de la República informó que el Gobierno había
intentado una demanda en contra de la Asamblea Nacional ante la “intención de
realizar un supuesto juicio político contra el presidente de la República,
Nicolás Maduro, inexistente en la Constitución y la sustitución por la vía de
los hechos de las autoridades del TSJ y del CNE (Consejo Nacional Electoral)”.
Se trata de la segunda
demanda que el Gobierno interpone en contra de la Asamblea. La primera
demanda presentada se basó, igualmente, en la existencia de un “Golpe de
Estado” supuestamente perpetrado desde la Asamblea, todo lo cual llevó a la
Sala Constitucional a dictar varias prohibiciones en contra de la Asamblea,
como comenté aquí en Prodavinci.
Lo que ahora quiere el
Gobierno es iniciar un nuevo juicio en contra de la Asamblea, para que la Sala
Constitucional impida a la Asamblea declarar la responsabilidad política del
Presidente de la República, así como designar a los magistrados del TSJ y a los
rectores del CNE.
¿Cuál es el objetivo de esta
nueva demanda? En mi opinión, el Gobierno pretende avanzar en el
desconocimiento de la Asamblea Nacional, a través de decisiones de la Sala
Constitucional que anulen todo lo que esta decida. Muy en especial, el interés
parece enfocarse en impedir que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre
la responsabilidad política del
Presidente de la República.
De hecho, actualmente se
espera la publicación de tres nuevas sentencias de la Sala Constitucional que
podrían insistir en el desconocimiento de la Asamblea, al impedir las
investigaciones sobre PDVSA, y al pronunciarse sobre dos recientes Leyes, a
saber, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República.
Con lo cual, si las
estadísticas no fallan, la Sala Constitucional aclarará que la Asamblea no
puede declarar la responsabilidad política del Presidente, ni designar a los
rectores electores ni a los magistrados del TSJ. En pocas palabras: la Sala
Constitucional —como lo advertí hace un año en
Prodavinci— persistirá en su intención de anular a la Asamblea Nacional.
Lo que llama la atención es
que esta demanda se presenta justo cuando el Gobierno y la oposición han
decidido iniciar un proceso de “diálogo” para explorar soluciones a
la actual crisis venezolana. Precisamente, uno de los puntos en los que
la oposición ha insistido es en la
necesidad de restablecer el pleno ejercicio de las funciones constitucionales
de la Asamblea.
¿Cuál ha sido la respuesta
del Gobierno a estas propuestas de diálogo? Una nueva demanda en contra de la
Asamblea Nacional que, con toda probabilidad, reducirá todavía más las
funciones constitucionales del Poder Legislativo en Venezuela.
Un dicho común entre
abogados es que es preferible un mal arreglo a un buen juicio. Lo que el
Gobierno demuestra con esta nueva demanda es que no está interesado en ningún
acuerdo con la oposición, pero sí en una nueva sentencia del TSJ que avance en
el desconocimiento de la Asamblea Nacional, en un “ping-pong” que, por los
momentos, no parece tener un final claro.
10-11-16
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