La Onapre es Maduro, Maduro es la Onapre / Editorial Tal Cual

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Venezuela se encendió en protestas, y no fue de un día para otro. El cálculo de beneficios laborales, cumplimiento de compromisos, bonificaciones, vacaciones y demás derechos adquiridos de los trabajadores, a partir del instructivo de la Onapre, desató el reclamo de quienes dependen de las nóminas estatales. Que además hayan decidido fraccionar los bonos vacacionales y pagarlos cual migajitas fue la gota que derramó el vaso a escala nacional.

La protesta se unificó, con los educadores llevando la batuta. Pero otros sectores se sumaron, viendo cómo sus beneficios laborales se diluyeron de un plumazo, cuando ya venían sufriendo por las escalas salariales minúsculas que desde hace un lustro caracterizan la economía venezolana.

De protesta en protesta los trabajdores lograron cercar a las autoridaes hasta que finalmente se consiguió una primera victoria, aunque pequeña: el anuncio de que el bono vacacional del sector universitario se pagará al 100%, sin fraccionamientos. Otros gremios esperan confirmación de que la medida les aplique también. Claro, lo que no dicen los funcionarios encargados es que los cálculos se hacen por la medida chiquita y que todas las demás situaciones salariales denunciadas desde hace meses siguen latiendo.

Ahora, este lunes 15 de agosto, se confirma en Gaceta Oficial que Marco Polo Cosenza ha sido destituido del cargo de Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto, que venía desempeñando hace apenas año y medio. No nos engañemos, la Onapre no es sino una oficina secundaria, operativa, que responde a lineamientos de más arriba. Un chivo expiatorio.

La Onapre, lo dice su propia página web, proporciona «asistencia técnica en las diferentes etapas del proceso presupuestario a los órganos y entes regidos por la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público». Sus atribuciones incluyen «participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política financiera que, para el sector público nacional, elabore el Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas». Y allí está una clave: la actividad de la Onapre responde a la política financiera gubernamental.

Lo ocurrido con las recientes protestas y el malestar generado señalando a ese organismo han servido para que el Ejecutivo nacional escurra el bulto: «no soy yo, es la Onapre», como si se tratase de aquel unitario de la desaparecida RCTV de la mano que no respondía a los designios de su portador.

Pero no hay que caerse a engaños. La Onapre es tan solo una oficina que responde a los lineamientos financieros de la administración de Nicolás Maduro, que publica un instructivo porque el MInisterio de Finanzas y el Alto Gobierno deciden cuánto dinero hay disponible, y también en dónde hay que cortar.

Las responsabilidades, por tanto, están claras. Se va Cosenza y llega Jennifer Quintero al cargo, desde la Oficina Nacional del Tesoro que ha estado encabezando. Apenas una ficha que se intercambia cuando el problema está en quienes deciden arriba. No lo perdamos de vista.

En febrero pasado, publicábamos en TalCual que casi 99% del presupuesto de la nación para el 2022 lo acapara el Poder Ejecutivo para sus ministerios y vicepresidencias que acumulan 5,5 millones de empleados. Son conclusiones de un estudio de la ONG Transparencia Venezuela vista la opacidad oficial y la decisión de no publicar el documento completo desde 2016.

Para 2022, 61% de los ingresos nacionales recaen sobre la industria petrolera y 39% en actividades impositivas. ¿Los cálculos del gobierno estuvieron mal hechos? ¿Se le acabó el dinero a Maduro? ¿La industria petrolera no ha dado la talla este año en ingresos? ¿La captura de capitales por las economías ilícitas está afectando las posibilidades de pago de nómina?

Recordemos que, también según Transparencia Venezuela, los ilícitos en la economía venezolana (contrabando de drogas, oro, combustible y corrupción en puertos y aduanas) termina siendo equivalente a 21% del PIB. Y tan solo un apunte: 75% del oro que se produce en suelo venezolano (1.800 millones de dólares en 2021) se comercializa por canales irregulares, y apenas 25% del total de 2.385 millones de dólares ingresó a las arcas públicas.

Son números a tomar en cuenta cuando los funcionarios salgan a cargar las culpas en individuos de la Onapre o cuando pretendan seguir señalando a las sanciones como las únicas responsables.

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