Francisco José Vituroso Sj 13 de mayo de 2015
Es inadmisible que al día de hoy el
Consejo Nacional Electoral (CNE) no haya fijado fecha para las próximas
elecciones parlamentarias. No hay razón para que no contemos con un día preciso
en el último trimestre de este año, cuando desde hace mucho tiempo se sabe que
estos comicios deben realizarse en este período. Las razones señaladas en una
entrevista reciente por la presidenta del CNE, fueron que las solicitudes de
elecciones internas realizadas tanto por el PSUV como por la oposición,
complicaron el trabajo normal del ente comicial.
Fijar la fecha de las elecciones
parlamentarias, permitiría, en primer lugar, despejar todo tipo de dudas sobre
la intención o no de celebrar dichas elecciones. Son muchos los rumores que
corren y que contribuyen a crispar el ambiente político, generando zozobra e
incertidumbre.La fijación de la fecha es fundamental para los candidatos y las
organizaciones políticas, los cuales pueden planificar mejor sus campañas
electorales y sus estrategias. También la ciudadanía en general y las
instituciones pueden organizar más adecuadamente su participación en este
evento.
Pero más allá de estos argumentos prácticos,
lo más relevante tiene que ver con la seriedad institucional, cosa de la que
lamentablemente carecemos en demasía por estos tiempos. Si para algo las
instituciones son relevantes en una sociedad, es para generar confianza,
establecer normas claras, dar ejemplo de apego a la ley y con todo ello marcar
derroteros claros para la acción colectiva.
Estas elecciones parlamentarias tienen
un significado fundamental en la construcción de espacios para procesar
políticamente la crisis que vivimos como sociedad. Dada esta relevancia, el CNE
está obligado a generar confianza para la masiva participación electoral y en
la generación de expectativas que contribuyan a fortalecer las esperanzas en la
composición política del nuevo Parlamento.
Lamentablemente este no es el rol que
está desempeñando el CNE en este momento. Muy por el contrario, parece empeñado
en contribuir a desmovilizar a la ciudadanía. Por una parte, se decide
arbitrariamente suspender la elección directa de los miembros al Parlamento
Latinoamericano, ante la solicitud del partido oficial de gobierno. En segundo
lugar, se reforma la composición de algunos circuitos electorales, concediendo
una clara ventaja a los partidarios del gobierno. Tampoco se acepta la
presencia de la observación internacional de organismos de amplia trayectoria y
reconocimiento en la materia como son la OEA y la Unión Europea,
pretendiéndolas sustituir bajo el artificio del “acompañamiento electoral” de
personalidades internacionales invitadas por el CNE. La observación nacional
también viene siendo limitada desde hace varios años.
Lo peor que podemos hacer los ciudadanos
es caer en la trampa de la desmovilización, haciéndole el juego a quienes están
empeñados en desdibujar la institucionalidad del proceso electoral. Los ciudadanos
debemos exigir condiciones electorales íntegras, debemos organizarnos para
participar en la vigilancia del proceso electoral y, especialmente, hacer uso
de nuestro derecho al voto.
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