Por María Alesia Sosa, 11/05/2015
Caracas se paralizó el día que un grupo de
presos tomó como rehén a un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana en
la sede de la comandancia en Catia, el 27 de abril de 2015. Las imágenes de los
reclusos con los rostros cubiertos, mientras exhibían a su víctima atemorizada
en la azotea de la sede policial, se viralizaron en las redes sociales y fueron
difundidas por agencias de noticias, cadenas internacionales y medios
digitales. Pero no fueron publicadas en las portadas de dos importantes medios
impresos de circulación nacional, reconocidos por su interés en la difusión de
las informaciones de sucesos, comoÚltimas Noticias y El Universal. Estos, en
cambio, ilustraron sus primeras páginas con fotografías de un evento ocurrido
en Baltimore.
La censura en los medios tradicionales
venezolanos está afectando la capacidad de los ciudadanos para informarse.
Provoca aislamiento y dibuja una realidad que no existe. Lo que sucede en la
calle no se refleja en las primeras páginas de la mayoría de los diarios. Las
colas, la escasez, la corrupción, el brote de enfermedades, la inseguridad y,
entre otras cosas, las protestas, no están en la prensa venezolana, no existe
en el papel de los diarios ni en los reportajes de televisión.
La periodista Patricia Marcano, quien trabajó
hasta diciembre de 2014 en Últimas
Noticias, reconoció que la nueva forma de hacer periodismo en el ahora Grupo Últimas Noticias no le permite a la gente enterarse de los
problemas reales. “Aunque los vivan día a día en la calle, desconocen las
explicaciones, las magnitudes de los problemas sociales, no saben si se van a
resolver, si hubo corrupción en el manejo de los casos. En estos medios, los
ciudadanos solo se enteran de lo positivo que hace el Gobierno”, declaró.
Mandamientos de la Censura: No publicarás
- No usarás el nombre de Dios-dado en vano. Dios-dado es intocable.
- Actividades sociales de alcaldías o gobernaciones de oposición.
- Grandes notas sobre sucesos y no podrán tener cabida en las primeras páginas.
- Temas sensibles entre la población: Deterioro de la economía (inflación, escasez, colas, caída en reservas, precio del petróleo, cotización del dólar en mercado negro)
- En materia de salud, es mejor no hablar de brote de enfermedades, cierre de servicios médicos en hospitales, mal estado de infraestructura, escasez de medicamentos, equipos e insumos.
- Corrupción: No debe salir nada que involucre a funcionarios del Gobierno, aunque esto tenga que ver con el desfalco de la nación.
- Evitarás nombrar a los líderes de oposición. Entre esos que no deben ser mencionados: Henrique Capriles Radonski, Antonio Ledezma.
- Tampoco publicarás críticas y declaraciones de disidentes del PSUV.
La hegemonía comunicacional es parte del Plan
de la Patria diseñado por Hugo Chávez. El cierre de RCTV en 2007 fue el primer
ingrediente de este cóctel de censura. Le siguieron la suspensión de
concesiones radioeléctricas a algunas emisoras, la persecución a periodistas,
las millonarias multas que ahogaron a medios de comunicación, y la venta de
periódicos y canales de televisión a grupos cercanos al Gobierno.
El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) publicó
en marzo de 2015 los resultados de un estudio sobre el opaco cambio de dueños
de los medios que titularon “Propietarios de la censura en Venezuela”. El
informe revela que más de 25 medios del país han cambiado de manos en los
últimos cinco años.
Los casos más relevantes, por su escala
nacional, fueron las ventas de la televisoraGlobovisión, la Cadena
Capriles —ahora Grupo Últimas Noticias— y el diarioEl Universal.
Globovisión fue vendido a los dueños de
Seguros La Vitalicia: Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y Juan Domingo Cordero. La
nueva gerencia prometió que no habría cambios en la línea editorial. Pero poco
a poco, comenzó a prohibir a los periodistas hacer reportajes de investigación,
con la excusa de que querían “noticias planas”.
Según el informe de Ipys, se les dijo a los
periodistas que no debían hablar de desabastecimiento, colas, o “guarimbas”.
Los reportajes sobre las protestas contra en Gobierno durante el primer
semestre de 2014 se redujeron al mínimo y los transmitían al final del
noticiero, sin las imágenes más elocuentes.
El evidente cambio de línea editorial provocó
una estampida entre los anclas y reporteros más conocidos de la planta
televisiva que durante 15 años fue un canal crítico con el gobierno de Hugo
Chávez.
También en 2013 se concretó la venta de la Cadena
Capriles, uno de los conglomerados más grandes, que edita tres diarios; entre
ellos Últimas Noticias, el de mayor tiraje en el país.
“Las ventas fueron antecedidas por una serie
de presiones con el inicio de procesos judiciales, que cayeron tras el cambio
de dueños y de línea editorial”, explicó Marianela Balbi, directora de Ipys
Venezuela.
A continuación, algunas de las noticias que
usted nunca conoció por la censura.
Campaña electoral por Internet
Cuando Carlos Zuloaga pactó la venta de Globovisión
puso una condición a sus compradores: entregar el canal después de las
elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013. Esto, con el fin de que la
oposición pudiera tener una ventana donde mostrar los actos de campaña de
Henrique Capriles Radonski, quien competía contra Nicolás Maduro.
Los métodos para coberturas, las decisiones
editoriales e incluso el contenido informativo producido por el canal cambiaron
con su nueva línea editorial tras la llegada de los nuevos propietarios. Las
informaciones y actividades de las organizaciones políticas que militan en la
oposición dejaron de tener un espacio en la programación del canal.
El comando de campaña de Capriles estrenó
entonces un canal en Internet denominado Capriles.tv, que transmite las
alocuciones y ruedas de prensa del gobernador de Miranda. Para las elecciones
de alcaldes en diciembre de 2013, la campaña de la oposición se vio reducida a
las transmisiones de sus ruedas de prensa por canales en internet.
“Sucesos en vivo, llaman a la zozobra…”
Para los venezolanos se acabaron los días en
que podían ver en sus televisores en directo, mediante la transmisión por
microondas. Un caso emblemático ocurrió el 12 de febrero de 2014, cuando tras
la marcha del Día de la Juventud que pretendía llegar hasta la sede del
Ministerio Público se desencadenaron hechos de violencia en el centro de
Caracas que causaron la muerte de Bassil Dacosta, Juancho Montoya y Roberto
Redman en Chacao.
Ese día, la única televisora que transmitió
lo que sucedía en la esquina de Monroy y Tracabordo —en el centro de Caracas—
fue el canal internacional de noticias NTN24.
Mientras la cadena con sede en Colombia
difundía imágenes de lo que pasaba, la periodista Idania Chirinos desde
el estudio en Bogotá, alertó a los televidentes de que la señal había sido
suspendida en toda Venezuela por órdenes del Estado.
Al aire, Chirinos recordó el cierre de Radio
Caracas Televisión (RCTV) en 2007. “Fue un momento doloroso ver perder una
señal de 50 años. Así vimos cómo comenzaban a apagarse las ventanas para que
los venezolanos estuvieran informados. Nunca pensé que años después, trabajando
fuera de mi país, también me tocaría narrar el momento en que tumban una señal
de TV”.
El asesinato del joven Bassil Dacosta por
disparos de agentes del Sebin fue cubierto en el lugar por el reportero gráfico
de El Nacional, Alejandro Hernández, quien logró las únicas imágenes del
hecho para un medio de comunicación local. Sin embargo, el material gráfico
recolectado en un video no fue publicado por El Nacional. La gerencia
editorial del medio prohibió publicar el video desde la cuenta del diario en
Youtube por temor a una advertencia hecha en un comunicado
de Conatel publicado el 11 de febrero, un día antes de la
manifestación.
Conatel alertó que la cobertura informativa
de “los lamentables hechos de violencia” en Venezuela puede ser considerada
“violatoria a lo dispuesto en el art. 27 de la Ley de Responsabilidad Social en
Radio, Televisión y Medios Electrónicos”, lo que además acarreaba
responsabilidades penales.
Prohibido publicar sobre…
Una práctica común luego de la venta de los
medios ha sido la de prohibir a los reporteros informar sobre ciertos temas,
utilizar declaraciones de determinadas personas o incluso cubrir eventos o
pautas sobre la gestión de algunos funcionarios de oposición.
Patricia Marcano, periodista que trabajó en Últimas
Noticias, relató que en noviembre de 2014, durante una guardia de fin de
semana, los jefes decidieron remover dos notas pequeñas de la edición impresa:
“Una tenía que ver con ayudas entregadas por la Alcaldía de Sucre y otra era de
la Alcaldía Metropolitana, también de ayudas sociales. No hubo explicaciones.
En esos espacios colocaron notas de prensa de ministerios”.
Marcano, entonces reportera para la sección
de “Información General”, afirmó que con frecuencia recibían reclamos, por
parte de los nuevos jefes, sobre publicación de declaraciones del alcalde
metropolitano Antonio Ledezma. “Todas las notas sobre eventos, trabajos y
arreglos hechos por esta alcaldía, y donde saliera declarando Ledezma eran
criticadas, mandadas a reducir de tamaño o incluso tumbadas, siempre por el
director Eleazar Díaz Rangel”, indicó.
La periodista agregó que tras la publicación
de una entrevista a Ledezma sobre las actividades por celebración del
aniversario de Caracas en 2013, Díaz Rangel “intervino la sección y desde ese
momento revisaba meticulosamente todas las páginas de la sección antes de
cerrarlas y enviarlas a impresión”.
Según Marcano, una de las nuevas reglas era
censurar la publicación de cualquier información sobre los dirigentes o voces
disidentes dentro del chavismo. “Recuerdo instrucciones de no publicar
nada sobre Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro y ningún disidente del Psuv. Ni en
papel ni en la web”.
El gobernador de Miranda, Henrique Capriles
Radonski, también está “vetado” en ese diario. Para Últimas Noticias — explicó
la reportera— no existe la escasez, o al menos, no debe ser reseñada.
Con el último cambio de coordinador de la
sección de ciudad se omiten deliberadamente todas las informaciones
provenientes de las alcaldías metropolitana, Sucre, Baruta y El Hatillo. Quedan
reducidos a breves.
La periodista Patricia Marcano dijo que en Últimas
Noticias se redujo el espacio de sucesos. “Dejaron de salir como noticia
abridora en la última página, se les da menos espacio en las páginas internas y
por ende sólo queda la reseña de los sucesos sin opción a seguimientos y a
informaciones adicionales que los reporteros obtengan de sus fuentes”.
“Ese periodismo no es servicio público”
La reportera de Últimas Noticias confesó
que en el periódico se intervienen las notas “para borrar párrafos que alerten
sobre una calle peligrosa por falta de alumbrado o patrullaje, o para eliminar
el testimonio de una persona que pide se mejore algún servicio”.
Dijo que pareciera que los nuevos directores
tienen miedo a la autocrítica, que nada puede ser cuestionado. “La posibilidad
de influir en un funcionario responsable de la carencia de un producto o las
deficiencias en la prestación de un servicio, para obligarlo a responder sobre
estas falla y comprometerlo en su solución queda anulada al no publicar las
denuncias”, indicó.
Marcano, quien renunció al diario tras el
cambio de propietarios y línea editorial, considera que queda también anulada
la función social del periodismo y prevalece la promoción de las instituciones
oficiales. “La gente ya no se ve reflejada en esas páginas. Incluso varias
fuentes de comunidades y gremios dejaron de llamar para hacer denuncias con la
esperanza de que al publicarlas, solucionaran el problema, porque dan por hecho
que no se publica esa información”, lamentó.
¿Crisis económica? ¿Qué es eso?
Roberto Deniz, quien trabajó en la fuente económica
de El Universal durante 7 años (hasta el 11 de noviembre de 2014),
reveló que ese diario ha silenciado por completo los temas de crisis económica.
“Durante meses ni siquiera decían que el petróleo bajaba, sino ‘se ubicó’. No
se habla del tema de la escasez y el desabastecimiento”.
Recuerda que el nuevo director presionó mucho
a la sección de economía. “Nos pedía un ‘periodismo plano’, que no se
compararan datos, que no se contextualizara, sino que sólo reseñáramos la
información oficial y ya”.
Deniz cuenta que una vez la directiva mandó a
decirles que no les gustaba que se citara a Ecoanalítica “porque ellos eran de
oposición”.
En general, las instrucciones de Jesús Abreu
Anselmi, director de El Universal, eran las de reducir contenidos
realmente noticiosos por otras cosas “didácticas” o alentadoras como la
“historia de vida” que publica todo los días en primer plana, según cuenta el
reportero.
De Andorra, ni la sombra
Una investigación elaborada por el Consorcio
Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI), publicada el 16 de abril
de 2015, reveló que dos venezolanos recibieron en 2004 pasaportes diplomáticos
como “asesores” de Nelson Merentes, entonces ministro de Finanzas del gobierno
de Hugo Chávez, y utilizaron los documentos para lavar más de un millón de
dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA) presuntamente provenientes del
tráfico internacional de drogas.
El reportaje ocupó primeros lugares en las páginas
de inicio de alrededor de una
decena de portales nacionales y diez internacionales de la talla de El Mundo de
España, El Tiempo y El
Espectador de Colombia y La Tercera
de
Chile. Además, circuló en las versiones impresas de los diarios regionales La
Verdad, El Impulso, Correo del Caroní.
Sin embargo, para los diarios venezolanos de
circulación nacional más importantes la noticia de la vinculación de
funcionarios en una investigación judicial por lavado en Andorra pasó “por
debajo de la mesa”. Pese a que el CIPI consignó numerosas pruebas para
sustentar su trabajo, El Nacional dedicó solo un video que fue tomado
de Ver TV Noticias, para tratar de explicar a sus lectores el caso. El
Universal hizo un silencio absoluto.
Últimas Noticias resumió el extenso informe a una nota de seis
párrafos de dos líneas en el que se omiten los nombres de los principales
implicados: Norman Danilo
Puerta Valera, Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil
Yánez. Este diario sí publicó de manera íntegra dos notas oficiales que negaban
la entrega de pasaportes diplomáticos a los funcionarios.
El portal del canal Globovisión se limitó a tomar el
análisis hecho por la agencia AFP, sin fotografías de las evidencias. En VTV tampoco
se publicó la nota original, pero sí
la réplica. Para la Radio Nacional de Venezuela la noticia no
existió.
¡Aquí no sale Capriles!
La periodista Beatriz Adrián relató varios
episodios en los que trataron de censurar su trabajo en Globovisión. Asegura
que la primera vez que se topó con esta práctica fue cuando preparó una nota
sobre una declaración del gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski.
“La coordinadora de información me dijo que
la nota no saldría. Cuando pregunté la razón me dijeron que le preguntara a
Mayela León, directora de Globovisión. Le escribí por Whatsapp”.
(Chat entre Beatriz Adrián y Mayela León):
—¿Por qué censuras a Capriles?
—Eso no es censura.
—¿Qué es entonces?
—Decisión de la directiva.
La gota que derramó el vaso, y que finalmente
fue el motivo de su renuncia llegó el 12 de febrero de 2014. La periodista
observó que había una gran marcha de estudiantes que iría desde Plaza Venezuela
hasta el Ministerio Público, pero no estaba siendo transmitida por su canal.
Beatriz Adrián, renunció al día siguiente
junto con otros periodistas, entre los que estaban Jessica Morales, Elizabeth
Gaona, Cecilia Colmenares y Marianna Gómez.
El “coco” de las demandas
Reproducir una información divulgada por el
diario ABC de España sobre la presunta vinculación del presidente de
la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con las actividades del Cartel de los
Soles le valió a los dueños y directivos de los medios Tal Cual, El
Nacional y La Patilla una demanda millonaria, interpuesta ante
el Tribunal Supremo de Justicia el 22 de abril de 2015.
En caso de que el procedimiento judicial
resulte favorable para Cabello, 22 personas deberán pagarle un monto de 300 mil
bolívares. Los abogados defensores de Cabello solicitan al juez que emita
medidas cautelares de presentación periódica ante un tribunal cada ocho días y
prohibición de salida del país contra Alberto Federico Ravell, dos trabajadores
de La Patilla; Miguel Henrique Otero y catorce personas pertenecientes a
la junta directiva del diario El Nacional; Teodoro Petkoff y tres miembros
más de diarioTal Cual.
Cabello ya había introducido, en enero de
2014, una querella contra Tal
Cual. El motivo fue la atribución al funcionario de una frase que nunca había
dicho. El medio aceptó su error, pero esgrimió que la cita incorrecta representaba
solo 2% del texto. Adicionalmente, los involucrados reclaman que el
presidente del Parlamento se haya saltado el derecho a réplica, proceso previo
a la demanda.
Otras seis demandas, para un total de ocho,
ha acumulado el periódico dirigido por Teodoro Petkoff en los 15 años de
chavismo. Antes de cambiar su línea editorial el canal Globovisión tenía en su
haber 11 procedimientos administrativos.
Organizaciones alertan sobre cerco
informativo
Al menos ocho organizaciones nacionales e
internacionales expresan preocupación por el deterioro de la libertad de
expresión en Venezuela. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el
Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela), Espacio Público,
Freedom House, IFEX, el Centro para la Protección de Periodistas (CPJ por sus
siglas en inglés), el Centro Knight para el Periodismo en Las Américas,
documentan las denuncias y ataques contra medios y trabajadores de la prensa en
Venezuela. La mayor parte de las órdenes directas de censura son emitidas por
instituciones del Estado, según el Estudio de Censura y Autocensura en Medios
en Venezuela (2014) de Ipys Venezuela. Además, Venezuela obtuvo la peor
calificación de prensa libre en los últimos diez años, de acuerdo al informe de
Freedom House publicado el 29 de abril de 2015 y que lo sitúa entre los países
con la caída más fuerte en la medición de libertad de expresión, junto con
Turquía, Serbia, Perú, Irak, Camboya, Myanmar, Botswana y Azerbaiyán. El
informe apunta a la situación venezolana donde “los periodistas se convirtieron
en blanco durante las protestas del primer semestre del año”. Freedom House
alerta que en Venezuela “el sector de los medios pertenecen, cada vez más al
Estado, a amigos cercanos de altos dirigentes del oficialismo o grupos
económicos relacionados con el Estado, los cuales despolitizan las noticias,
suprimiendo la información que es crítica con el Gobierno”
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