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jueves, 29 de diciembre de 2016

2017: ELECCIONES DE GOBERNADORES Y ALCALDES, por @trinomarquezc



Trino Márquez 28 de diciembre de 2016
@trinomarquezc

2016 termina con sabor amargo para la oposición. Todo el futuro promisorio que apareció con el triunfo en las parlamentarias de diciembre de 2015, se evaporó. El referendo revocatorio (RR) se extinguió. Se desincorporaron los diputados de Amazonas. No se ejecutó la Ley de Amnistía. La participación en la Mesa de Diálogo ha sido percibida por una sólida franja de opositores como un estruendoso fracaso, producto -para colmo de males- de la ingenuidad de los representantes democráticos, debilidad que no se les perdona a los políticos. La oposición reúne a la mayoría del país, incluidos a muchos ciudadanos que hasta ayer fueron chavistas, pero es una fuerza sin eficacia. Sin capacidad para modificar la correlación de fuerzas y sacar la pandilla instalada en Miraflores.

El régimen ha desconocido olímpicamente a la mayoría electa para el Parlamento. Sin embargo, si la Mesa de la Unidad Democrática no demuestra de nuevo la capacidad electoral que posee, perderá  prestigio en el plano nacional e internacional.

Henrique Capriles, María Corina, entre otros importantes dirigentes, han hablado de la necesidad de trazarse como objetivo para 2017 la realización de unas elecciones generales adelantadas. Creo que esta constituye una meta llena de peligros. Otro fracaso solo produciría mayores decepciones. Durante 2016 no se realizó el RR, a pesar de estar contemplado en el artículo 72 de la Carta Magna. El país, liderado por la MUD, no acumuló la fuerza suficiente para imponerlo. El régimen, aunque aislado e impopular,  se valió del control ejercido sobre el Poder Judicial para bloquearlo. Maduro y sus socios se colocaron en contra de la Constitución con el propósito de impedir que se cumpliera la voluntad popular.

Exactamente lo mismo podría ocurrir con el proyecto de las elecciones adelantadas, con el agravante de que el gobierno, en este caso, tendría a su favor la excusa de que el procedimiento no está previsto en la Carta Magna. Podrá decirse que en política las soluciones deben ser del tamaño  de los problemas, por lo tanto, que salir de Maduro tiene que ser la prioridad. Como consigna publicitaria la frase resulta atractiva. En la práctica, deben evaluarse con frialdad las condiciones en las cuales se opera. El RR no pudo alcanzarse. Este debe ser el punto de partida del análisis. Lo demás es voluntarismo fantasioso.

En el horizonte electoral aparecen las elecciones para gobernadores y alcaldes. Las primeras debieron llevarse a cabo en 2016. Las segundas están fijadas para 2017. Ambas fechas son constitucionales y están asociadas con la descentralización política y administrativa del Estado, proceso al cual se le da una gran importancia en la Carta del 99 y en la provincia.

El Gobierno se resistirá a realizar ambas convocatorias. Sabe que en cada una de ellas está perdido. El problema que tendrá que resolver es cómo eludirlas si las dos citas son obligatorias por mandato constitucional. Frente al país y el mundo democrático, incluido El Vaticano, tendrá que dar explicaciones convincentes. Nada sencillo. En el sistema democrático las elecciones se convocan cada vez que lo manda la ley, no cuando le conviene al régimen de turno.  La habilidad de la MUD, de todos los factores democráticos de la nación y de quienes desde afuera apoyen este esfuerzo, residirá en obligar a Nicolás Maduro a llamar a esas votaciones. En el ambiente actual, como dice Fernando Mires, la lucha no es electoral, sino por la realización de elecciones, pues el primer enemigo de que ellas se efectúen es el gobierno.

Tras la búsqueda de esa meta, para la cual se cuenta con poderosos aliados en el interior del país, debería iniciarse el trabajo de la MUD desde los primeros días de enero. El triunfo en los comicios regionales cercaría institucionalmente al gobierno de Maduro. Viéndose rodeado, resultaría factible que sea él quien, motus propio, convoque las elecciones generales adelantadas. No le resultará cómodo ni fácil gobernar con la   inmensa mayoría de los gobernadores y alcaldes en contra.

La otra opción es que Maduro se decida a desconocer la Constitución, pasar por encima de esas elecciones, derogar los comicios presidenciales de 2018 y erigirse en un dictador  convencional, puro y duro. En este caso la situación, la suya y la de la oposición, pasaría a un plano distinto, escenario que debería entonces considerarse en su momento.

PD: mis mejores deseos para el año que se avecina