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jueves, 29 de diciembre de 2016

A los problemas de basura, agua y deforestación se sumó en 2016 el arco minero del Orinoco por @contrapuntovzla


Por Vanessa Davies


El conflicto de poderes entre el Ejecutivo y la AN también ha tenido y tendrá consecuencias ambientales, subraya Alejandro Luy, gerente de la organización Tierra Viva. El Gobierno no ha ratificado el Acuerdo de París contra el cambio climático

El balance ambiental del año 2016 que puede hacer Alejandro Luy, gerente general de la organización Tierra Viva, no es el más esperanzador. El recuento de lo sucedido este año es negativo, porque “los problemas ambientales que venimos cargando se mantienen” y se les añade otro enorme: la declaratoria del arco minero del Orinoco.

El manejo de los residuos sólidos, el agua y la deforestación son, a criterio de Luy, las grandes fallas ambientales que arrastra Venezuela. Todos ellos dispararon más conflictividad social en 2016 y lo seguirán haciendo en 2017, porque si no se resuelven, crean malestar en la población y alientan las protestas.

Muchos residuos, pocos rellenos

“Aún hay serios problemas para la recolección y buena disposición en los rellenos sanitarios. Para empezar, no hay rellenos sanitarios, sino botaderos de basura”, porque las alcaldías no han tenido capacidad para cumplir con las adecuaciones necesarias. Para verlo, basta acercarse, indica Luy, a la estación de transferencia de Las Mayas, ubicada a la salida de Caracas y en manos de la alcaldía del municipio Libertador.

El país tiene una ley, aprobada en el año 2011, que debía estar acompañada por un plan nacional de gestión de residuos sólidos y por un comité nacional, pero “no existe plan ni comité”.


Agua: no toda ni como debe ser

Aun cuando “este año ha llovido más que el anterior”, la realidad es que la cantidad y la calidad del agua “siguen siendo temas pendientes”, señala el ambientalista. “Puede ser que más de 90% de las casas tengan una tubería, pero eso no quiere decir que esté garantizada el agua”, subraya. Lo que sucede en Chacao desde el año 2014 es emblemático, pero también lo es lo que sucede en el estado Vargas.

De la calidad del agua se sabe, oficialmente, muy poco, pero la queja de la ciudadanía es permanente: huele mal, es de color marrón, “viene con tierra”. “Hay una prohibición expresa de la Fiscalía de informar, porque solo puede ofrecer información el Ministerio de Ecosocialismo, pero la gente sabe que el agua viene turbia, con olores y con exceso de cloro que causa picazón y urticaria en la piel”, describe Luy.

“No sabemos qué agua estamos usando, qué agua estamos consumiendo”, advierte. Esto ocurre a pesar de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio préstamos al país “cuyo nivel de ejecución fue muy bajo, como si no hubiésemos necesitado ese dinero”.


Y encima, deforestamos

Los estudios realizados en la cuenca amazónica –Alejandro Luy cita el aporte de la investigadora Tina Oliveira– demuestran “que Venezuela tiene la más alta tasa de deforestación de la región”. En otras palabras, “somos los que estamos deforestando más, como consecuencia de la minería ilegal, que es otra de las grandes situaciones que no se ha revertido y que afecta áreas protegidas en los estados Amazonas y Bolívar”.

Si el hecho de acabar con la superficie verde no es suficientemente conmovedor, debería serlo el peligro de que el río Caroní no pueda seguir produciendo la electricidad que el país precisa.

“Este año llovió más, pero el nivel del embalse de Guri no llegó al máximo. Puede ser que la pérdida de cobertura boscosa incida en que el Guri no se llene”, plantea Luy.

Los derrames petroleros, la contaminación de morichales han sido de impacto, mas de nuevo no se ofrecen cifras ni información fidedigna. “Tampoco sabemos”, expone el biólogo, “qué se está haciendo para combatir su impacto”.

11% para la minería

La decisión del Gobierno Nacional de abrir buena parte del sur del país a la minería ha causado alarma nacional e internacional. “El Ejecutivo decidió dejar 11% del territorio del país para la explotación minera de diferente tipo, sin ninguna consulta real a las comunidades indígenas”, critica el analista. Esta actividad minera se desarrollará “en una superficie inmensa, que tiene áreas protegidas bajo la figura de Abrae y es muy delicada desde el punto de vista ecológico”.

Las consecuencias las vivirán, no solo los venezolanos, sino los ciudadanos de otros países, ya que la suerte del río Orinoco afecta el mar Caribe: “Cualquier mal manejo de esa proporción de territorio puede incidir sobre otras naciones”.

De acuerdo con el gerente general de Tierra Viva, ahora Venezuela tiene dos problemas mineros: una minería legal, “que no está atada al deber ser de la Constitución”; y una minería ilegal, que no ha sido controlada.

–¿Nada justifica el arco minero?

–Los países pueden planificar su futuro en función de ciertos criterios. En Perú y Colombia hay una minería muy cuestionada y discutida por diferentes actores de la sociedad. Hubo un proceso de discusión. En Venezuela no ha habido un proceso de discusión, y uno no sabe si la idea es cambiar un modelo extractivista por otro sin ninguna planificación ni discusión.

–¿Qué consecuencias tendrá?

–Es lo más alejado de un modelo de desarrollo sustentable. Vamos a tener comunidades desplazadas, comunidades pobres, ambientes disminuidos, reducción del caudal de los ríos que generan electricidad, contaminación. Y, al final, es pan para hoy y hambre para mañana.

–¿Cómo será ese “hambre para mañana”?

–Cuando destruyes áreas potencialmente importantes para el turismo, el turismo no va para allá. Cuando se te acabe la fuente hidroeléctrica volverás a quemar combustibles fósiles.

–¿Qué hacer con el arco minero?

–Paralizar y derogar el decreto que lo crea, y al menos dar inicio a una verdadera consulta con la sociedad venezolana. Este proyecto requiere de un estudio de impacto socioambiental, evaluar si es o no viable y que surja una propuesta para ser debatida. Puede hacerse un plan de explotación minera localizada en áreas ya degradadas, o ni siquiera eso. Pero eso debe decidirlo la sociedad, no el gobierno o una sola persona.

Poco avance en cambio climático

Mucho dice el Gobierno sobre su compromiso en la lucha contra el cambio climático, pero pocos son los hechos, asevera Alejandro Luy. “La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, fue en abril pasado a París a un acto protocolar sobre el inicio de la ratificación del acuerdo”, pero el Ejecutivo debe “entregar un plan concreto de compromisos que se suma al Acuerdo de París, y que tiene que cumplir”.

Sin embargo, el ambientalista refiere –como un hecho positivo– que el Ministerio de Ecosocialismo abrió una oficina de cambio climático. Y que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo “financiará la elaboración de la segunda comunicación ante el convenio de cambio climático”. Está previsto, igualmente, capacitar a personal del ministerio para que realice el inventario de los gases de efecto invernadero.

Convencido de que la suma de esfuerzos siempre dará mejores resultados que un aporte solitario, Luy plantea que el Ministerio de Ecosocialismo trabaje conjuntamente con la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales para que el país se actualice en cuanto al cambio climático.


Las soluciones existen

Iniciativas públicas y privadas están intentando hacer algo con los residuos sólidos, tal como lo demostró una jornada efectuada en noviembre, cita el ambientalista. “A eso le falta construir, de manera coordinada y planificada, un plan de gestión integral de la basura; que haya un consejo nacional que pueda diseñar ese plan y que sea técnicamente incluyente”. La convocatoria debería hacerla el Ministerio de Ecosocialismo.

En cuanto a la calidad del agua, Luy propone un estudio nacional en el que participen las universidades y los expertos en la materia. Para mejorar la cantidad de líquido disponible, insiste en la urgencia de construir nuevos embalses y terminar los inconclusos.

Para ponerle coto a la deforestación lo perentorio es retomar la institucionalidad, proteger los parques nacionales e implementar un plan agresivo de protección de áreas naturales protegidas con el apoyo del servicio de Guardería Ambiental de la Guardia Nacional Bolivariana. Es clave mantener la vigilancia y el control.

Las ciudades, sostiene Luy, deben prepararse “para un modelo de desarrollo distinto” que privilegie al ciudadano por encima de los vehículos. “Hay un modelo interesante: el de Cumaná, que con el apoyo del BID se volcó a pensar en la gente”, comenta. El ambiente “no es solo pajaritos y maticas, sino también calidad de vida para el ciudadano”, puntualiza.

El gran reto que avizora para 2017 es el abordaje técnico, así como la promoción “de mecanismos de articulación para atender viejos y nuevos problemas”.

Conflicto político también es ambiental

El conflicto entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional “también se manifestó en el ambiente en 2016” y proseguirá en 2017, alerta.

“Ha habido espacios para discutir, por ejemplo, sobre cambio climático, en los cuales el Ejecutivo Nacional, por no darle reconocimiento a la AN, no ha estado presente”, apunta. Otro tema pendiente es la revisión de la ley de residuos sólidos.

Por ello, Alejandro Luy concluye que una solución amigable al choque entre la AN y el Gobierno “va a incidir en el desarrollo sustentable y la calidad de vida de los venezolanos”.



27-12-16