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| Cola para sacar dinero de un cajero de Caracas |
FRANCESCO MANETTO 22 de octubre de 2018
La
tarde del viernes 31 de marzo de 2017, Ecuador estaba a punto de elegir al
sucesor del presidente Rafael Correa. El impulsor de la llamada revolución
ciudadana había sido uno de los principales aliados primero de Hugo Chávez y
después de Nicolás Maduro. En Quito se respiraba un clima de máxima
polarización entre los partidarios de Lenín Moreno, candidato del aparato
oficialista, y su adversario, Guillermo Lasso. En la recta final de esa
campaña, Venezuela tomó una decisión que aceleró la deriva del régimen y marcó
un punto de no retorno: el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo,
despojó de sus competencias a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. A
pesar de la simpatía que muchos antiguos electores de Correa sentían por el
proyecto bolivariano, ya entonces su Gobierno se desmarcó con un mensaje obvio
pero elocuente: “Ecuador no es Venezuela”.
Un año
y medio después el panorama es muy distinto. Moreno ganó esos comicios, rompió
con su antecesor y el jueves expulsó a la embajadora venezolana a raíz de
virulento choque por la emergencia migratoria. “Ese socialismo corrupto,
asesino y mentiroso del siglo XXI todavía vive en Venezuela”, se lee en el
comunicado del Ejecutivo, habitualmente moderado en sus comentarios de política
exterior.
Se
trata de la enésima muestra de la soledad de Maduro, quien respondió con la
misma medida. Ecuador es el último país que pasa por una crisis diplomática con
Caracas, después de Colombia, Perú, Chile, Gobiernos europeos como el español
–cuyo embajador a principios de año fue obligado a abandonar su puesto, aunque
en abril se reanudaron las relaciones– y Estados Unidos, que no tiene embajador
desde 2010 y conserva un encargado de negocios.
En
medio queda la historia del aislamiento paulatino del régimen. Cada paso
emprendido por el chavismo desde la anulación del Parlamento ha provocado la
condena de la inmensa mayoría de la comunidad internacional. La represión de
las manifestaciones de protesta que dejaron más de 150 muertos en tres meses;
la votación de una Asamblea Nacional Constituyente; la aniquilación de la
alianza opositora Mesa de Unidad Democrática; una gestión económica desastrosa
y una hiperinflación imparable; hasta la convocatoria, el pasado 20 de mayo, de
unas elecciones presidenciales celebradas sin apenas observación ni garantías
democráticas y que supusieron el triunfo de Maduro.
Las
sanciones contra dirigentes del chavismo adoptadas por Washington y Bruselas
constituyen, probablemente, el mayor motivo de malestar del aparato
oficialista, que trata de aprovecharlas para alimentar el discurso del enemigo
exterior.
Dos causas
Pero
el deterioro de la política exterior de Venezuela tiene desde hace unos meses
fundamentalmente dos causas: el éxodo masivo y el atentado contra el
mandatario, realizado con drones durante una parada militar el pasado 4 de
agosto. En el primer caso se trata de un fenómeno que está desbordando a América
Latina. Alrededor de 2,3 millones de venezolanos, según cálculos de Naciones
Unidas, han cruzado la frontera en busca de oportunidades. Cerca de un millón
de se encuentran actualmente en Colombia, donde esa crisis está teniendo un
impacto sin precedentes en el país andino, con consecuencias aún desconocidas,
mientras que Ecuador y Perú son otros de los principales destinos de los
migrantes. Maduro niega que exista una diáspora a pesar de las evidencias y su
Gobierno ha llegado a escenificar repatriaciones colectivas convenientemente
retransmitidas por televisión para intentar demostrar lo contrario.
La
retórica del mandatario bolivariano recurre, en prácticamente cada intervención
pública, a la búsqueda de supuestos culpables. De lo que califica de “guerra económica”,
del desabastecimiento crónico, de la migración y ahora también del ataque que
sufrió en agosto. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, vinculó
abiertamente a los servicios diplomáticos de México, Colombia y Chile con la
logística de ese atentado y les instó a aclarar si tuvieron algo que ver.
Esas
exigencias provocaron un rechazo unánime y contribuyeron a tensar todavía más
la relación. Do de esos países, Colombia y Chile, apoyaron junto a Francia,
Argentina, Canadá, Paraguay y Perú una denuncia contra Maduro ante la Corte
Penal Internacional (CPI) de La Haya que pide una investigación de Maduro como
máximo responsable de “graves violaciones de los derechos humanos”.
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