Por Margarita López Maya
El 10 de enero de 2019
Nicolás Maduro inició un segundo período presidencial presentándose para el
juramento protocolar ante el Tribunal Suprema de Justicia (TSJ). Enseguida se
dirigió al Fuerte Tiuna para escuchar un juramento de lealtad a su persona por la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana en boca del ministro de la Defensa, general
Vladimir Padrino López. Fueron ceremonias inéditas, pues los presidentes
electos tienen pautado por la constitución presentarse ante la Asamblea
Nacional (AN) para hacer el juramento de inicio de mandato. Pero Maduro ya no
es un presidente electo, sino un dictador, que en 2018 se hizo elegir en
comicios que no han sido reconocidos, por el cúmulo de irregularidades con que
fueron llevadas a cabo, ni por el parlamento venezolano, ni por actores
relevantes de la comunidad internacional.
Así, la situación política
de Venezuela para 2019 se enmarca en un contexto abiertamente autoritario y
altamente conflictivo, donde la sociedad ya da señales de que participará en
una confrontación de resultado incierto. Al igual que otros años de alta
beligerancia ocurridos en el pasado, 2019 encuentra a las fuerzas que apoyan a
Maduro, poderosas pero minoritarias, aferrándose al poder, mientras que los
actores nacionales opositores se aprestan de nuevo a buscar el anhelado cambio
democrático para Venezuela. Tal cambio es reconocido hoy como condición sine
qua non para superar la aguda, global y estructural crisis.
1. La crisis estructural de
Venezuela
Como resultado de las
orientaciones de gestión del primer gobierno de Nicolás Maduro, la crisis
venezolana ha alcanzado una escala sin precedentes en la historia del país y en
muchos aspectos en la de América Latina. Se ha producido el colapso del aparato
productivo, incluyendo la bancarrota de la estatal petrolera, PDVSA, y el
retroceso de los avances en bienes y servicios alcanzados en la modernización
desarrollista del pasado. Igualmente, Maduro puso punto final al régimen
democrático construido por varias generaciones de venezolanos. Sobre los escombros
de la sociedad y de la república, la élite gobernante se empeña en permanecer
de manera indefinida en el poder con la consolidación de una dictadura
totalitaria, afín al modelo de Cuba, que ha sobrevivido seis décadas.
El viaje hacia este régimen
ha sido posible gracias a múltiples factores nacionales e internacionales. En
lo interno y político, una ruptura populista ocurrida en las
elecciones de 1998, permitió el ascenso al poder de un líder mesiánico y una
nueva élite, que rechazó el proceso modernizador y democratizador previo, para
instaurar un orden revolucionario, anti capitalista en lo económico y anti
representativo y/o iliberal en lo político. Al desaparecer hacia 2013 los
principales soportes legitimadores de este proyecto: el líder mesiánico y los
recursos inagotables derivados de la renta petrolera, la élite profundizó
un modelo autoritario y de rasgos totalitarios, de naturaleza patrimonialista,
como modo de perpetuarse en el poder.
El proyecto chavista ha
fracasado como capaz de resolver los problemas estructurales que aquejaban a la
sociedad ya hacía al menos dos décadas. Si algo consiguió dicho proyecto fue
agravar los problemas que en primer lugar habían ocasionado la crisis societal
desde los años ochenta.
La literatura sobre la
crisis estructural de la economía petrolera rentística venezolana es abundante.
Según ella, la sociedad fue moldeada en el siglo XX por una economía
dependiente del petróleo, mercancía que requiere de un esfuerzo mínimo para ser
extraído, pero proporciona una rentasignificativa, que se obtiene de
colocarlo en el mercado mundial. Esa renta, en Venezuela, ingresa a las arcas
del Estado y desde ahí se distribuye a la sociedad a través de planes y
criterios emanados básicamente de las élites gobernantes. Venezuela posee lo
que se conoce como un Petroestado, es decir, una estructura estatal
moldeada por el negocio petrolero, que tiende a ser centralizado, ineficiente y
corrupto. La clase gobernante tiende a independizarse de la sociedad pues ésta
carece de músculo para controlarla. Los contrapesos institucionales sobre el
Ejecutivo son débiles, pues desde allí es donde se administra este recurso,
superior a cualquier sector privado nacional.
Así, la modernización
venezolana si bien pareció muy exitosa, tuvo su talón de Aquiles en la extrema
dependencia al ingreso fiscal petrolero, condicionado al precio internacional
de éste, sobre el cual el país tiene poco control. La economía rentística dio
forma a una sociedad en apariencia moderna, pero donde el trabajo y su producto
tuvieron poca relación. La renta moldeó una sociedad poco productiva con
niveles de consumo impensables en otras sociedades modernas no rentísticas.
Hacia fines de los setenta este problema estructural se hizo presente e
insoluble, agravado por la inestabilidad del precio petrolero internacional.
Ello engendró una crisis societal global, abrupto empobrecimiento y descontento
generalizado.
A fines del siglo emergió el
líder populista Hugo Chávez y su movimiento bolivariano como alternativa
societal. La ciudadanía respaldó su oferta de cambio hacia la democracia
participativa y protagónica, que devino en el proyecto socialista en
curso. Su concepción económica sería inicialmente antineoliberal, luego
antimercado, lo que profundizó los rasgos rentísticos de la economía. Con la
crisis hipotecaria de EEUU y sus consecuencias en la economía-mundo y, a fines
de 2013, la caída abrupta de los precios petroleros, se hizo claro que el
proyecto, lejos de subsanar las fallas estructurales de la economía, las había
profundizado.
Chávez en lo político, por
otra parte, se movió tempranamente para obtener el control del Poder Judicial
para garantizarse libertad de acción y darles una fachada legal a sus
decisiones. En su segundo gobierno impuso sin apoyo popular el socialismo del
siglo XXI, una propuesta distinta a la participativa, ya abiertamente
autoritaria y centralista, cuyo objetivo explícito, crear un hombre nuevo reveló
rasgos totalitarios. La falta de contrapesos institucionales al Ejecutivo, la
eliminación del pluralismo y del sufragio universal, directo y secreto en la
propuesta del Estado Comunal, el despojo de la autonomía del Banco Central de
Venezuela (BCV), el debilitamiento de la alternancia y la obligación de toda
organización social de construir el socialismo, presentes en los documentos
oficiales actuales, lo alinea con los modelos socialistas fracasados del siglo
XX. La ausencia de contrapesos al poder se constituyó en caldo de cultivo
perfecto para la metástasis de una corrupción generalizada y la penetración del
crimen organizado en todos los espacios del Petroestado, haciéndolo
crecientemente incapaz de cumplir funciones mínimas de Estado y dejando a la
población sin acceso a derechos humanos básicos.
2. Conflicto y lucha
política en tiempos de Maduro
Ante el fracaso del
proyecto, hacia 2013, ya electo Maduro como sucesor del líder mesiánico, la
sociedad entró de nuevo en crisis abismal y conflictividad social creciente. La
élite gobernante ha intentado estabilizarse, arrogándose derechos como
discípulos del comandante eterno, respaldándose con una combinación de
represión, propaganda totalitaria y el desarrollo de instrumentos clientelares
y de control social como el Carnet de la Patria y las cajas de comida
distribuidas por los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Esta deriva ha encontrado
constante y creciente rechazo por parte de sectores de la sociedad,
inicialmente de ingresos altos y medios, pero hoy extendido a todos los
estratos sociales y expresado en permanente y creciente turbulencia
sociopolítica. En 2014, 2016 y 2017, la confrontación fue especialmente abierta
e intensa, pero de poco resultado para impulsar un cambio político. En
consecuencia, en 2018 prevaleció una atmósfera letárgica, de reflujo en la
lucha y rechazo a los dirigentes políticos opositores.
El gobierno, si bien ha
sobrevivido, tampoco ha logrado mayor reconocimiento, legitimidad y/o
estabilidad. Analicemos brevemente los episodios confrontacionales descollantes
previos para caracterizar y comprender el contexto sociopolítico actual donde
se ha vuelto a abrir una estructura de oportunidades políticas.
2014: Un ciclo de protestas
Este ciclo se desencadenó en
febrero desde la ciudad de San Cristóbal por el movimiento estudiantil. Fue
motivado inicialmente por la inseguridad reinante, que hace de Venezuela un
país con una violencia de las más altas del mundo, a lo que se le sumaría luego
agravios relacionados con la penuria socioeconómica y la represión. Las
protestas se extendieron a Caracas y otras urbes. La respuesta de las
autoridades fue represiva e inusitadamente violenta. Junto a los cuerpos de
seguridad se incorporaron grupos civiles armados, oficializándose las muertes
por encima de cuarenta. Esto fue un factor primordial, junto con la débil
articulación de la lucha y divisiones de la dirigencia opositora con relación a
esta estrategia, en la extinción de la rebeldía en el mes de mayo. En abril,
ante la presión y a instancias de UNASUR, gobierno y oposición convinieron en
conversar. En esa oportunidad estuvieron acompañados por Colombia, Brasil y
Ecuador, con la presencia del Nuncio Apostólico. El gobierno, que en el momento
de más tensión hizo gestos de ceder a la demanda de diálogo, cuando se sintió
más en control, la desestimó. La percepción de actores sociales y políticos
opositores fue considerar que la estrategia de movilización había sido errada y
el fracaso completo.
2016: Las protestas del
referendo revocatorio presidencial (RRP)
Un segundo episodio notable
se inició en abril de 2016, motivado por la estrategia de partidos opositores
de iniciar un proceso revocatorio presidencial contra Maduro. Éstos habían
ganado en diciembre de 2015 la mayoría calificada en la AN y el gobierno
actuaba desconociendo esta nueva realidad, cerrándose a la dinámica institucional
dialógica entre Ejecutivo y Legislativo, e iniciando pasos planificados para
debilitar el parlamento. En marzo los partidos de la Mesa de Unidad Democrática
(MUD) iniciaron lo conducente a la activación de este recurso constitucional.
El proceso revocatorio se
vio permanentemente obstaculizado por otros poderes públicos: el Poder Judicial
y el Electoral se movían subordinados a los intereses del gobierno, que buscaba
neutralizar el mecanismo. Los partidos opositores se vieron con permanentes e
inesperados escollos colocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE),
mientras la ciudadanía que, según las encuestas, favorecía abrumadoramente la
consulta, fue movilizándose al llamado de partidos, movimiento estudiantil y
otros actores para presionar su prosecución.
Ante los retardos, la MUD,
la plataforma partidaria que articulaba a la oposición, convocó a una marcha en
Caracas para el 1º de septiembre. Cientos de miles de personas concurrieron,
desencadenando una cadena de movilizaciones diarias de allí hasta octubre. El
Observatorio Venezolano del Conflicto Social (OVCS) registró en esos dos meses
1.047 protestas, 17 diarias, cerca del 20% relacionados directamente con la
demanda del revocatorio. La situación hacia mediados de octubre se hizo muy
difícil para Maduro, quien invitó al expresidente español José Luis Rodríguez
Zapatero a Caracas para iniciar acercamientos con los partidos del parlamento
en búsqueda de un diálogo. Pero, casi inmediatamente, el 20 de octubre, el CNE
suspendió arbitrariamente el RRP que ya había activado. Diosdado Cabello
aseguró que vendría “una cayapa legal” contra la MUD y los partidos opositores.
Como respuesta, la MUD anunció que acudiría a la Organización de Estados
Americanos (OEA) para solicitar se aplicase la Carta Democrática Interamericana
a Venezuela y convocó a una protesta el miércoles 26 que se llamaría la Toma
de Venezuela.
El día 23, el parlamento fue
asaltado por grupos chavistas violentos y el 26, con la calle apoyándola, la AN
decidió someter a juicio político al presidente. Los esfuerzos por presionar al
gobierno para que aceptase el proceso revocatorio se vieron, sin embargo,
frustrados una vez más, ya que los partidos de la MUD aceptaron concurrir a una
Mesa de Diálogo, impulsada por el Vaticano y UNASUR. La instalación de dicha
Mesa a fines de mes contó con la presencia de un emisario del Papa y tres
delegados de UNASUR, incluido su presidente Ernesto Samper. También estuvo
presente Rodríguez Zapatero. A pedido del gobierno, la MUD se avino a paralizar
el juicio político y levantó una marcha a Miraflores pautada para entregar el
resultado. El gobierno de Maduro, que había prometido, a pedido de la MUD,
levantar la decisión de desacato que pesaba sobre la AN por la incorporación de
los diputados del Estado Amazonas, desproclamadosilegalmente por el CNE,
no cumplió su promesa y se desinteresó por la negociación. La oposición,
desorientada, dividida y derrotada, nuevamente perdió fuelle.
El ciclo de protestas de
2017
Un tercer esfuerzo comenzó
en abril, cuando los partidos opositores convocaron a una protesta en repudio a
las sentencias dictadas en marzo por el TSJ, cerrando técnicamente a la AN.
Duró hasta el 30 de julio, cuando tuvieron lugar unas elecciones plagadas de
vicios, para la designación de diputados que conformarían una Asamblea Nacional
Constituyente (ANC), convocada inesperada e irregularmente por Maduro. El OVCS
registró 6.729 protestas en ese lapso, cincuenta y seis diarias y un saldo de
163 muertos repartidos en catorce de los veintitrés estados del país.
Este ciclo tomó su fuerza de
la generalizada percepción nacional de que se contaba con apoyos de la
comunidad democrática internacional, para intentar torcer el curso dictatorial
que había tomado el gobierno. Desde que el TSJ dictara las sentencias, la Secretaría
de la OEA, la OEA misma, el gobierno de EEUU, y la directora de DDHH de la
Unión Europea, entre otros actores, expresaron su preocupación, repudio e
hicieron declaraciones de apoyo a la AN. Internamente, Julio Borges, presidente
del parlamento, rompió ante medios de comunicación las espurias sentencias y la
Fiscal General de la Nación, hasta ese momento alineada con Maduro, declaró
roto el hilo constitucional. En mayo, el gobierno de EEUU impuso sanciones a
los magistrados de la Sala Constitucional, por haber usurpado las funciones del
parlamento.
El gobierno pareció flaquear
después de las marchas multitudinarias del 19 y 20 de abril, pero poco después
arreció la represión, que incluyó una violencia inusitada, como el uso de
bombas lacrimógenas contra el cuerpo de manifestantes y allanamientos nocturnos
sin órdenes judiciales a residencias de sectores medios y populares como
mecanismo de terror. Los civiles armados se consolidan como aliados de los
cuerpos de seguridad estatales. El 1º de mayo Maduro tomó la iniciativa de
convocar una ANC, y el 30 de julio se eligieron sus diputados, con bases
contrarias a la constitución. En las filas opositoras, y como reacción a la
atroz represión, se hicieron presentes modalidades y actores violentos en la protesta,
lo que de manera importante contribuyó a debilitarla. La represión, de nuevo la
división de dirigentes opositores que no lograban consensuar una propuesta de
lucha común, y las agendas particulares de algunos, incorrectamente estimando
que Maduro pronto caería, cerraron el ciclo sin alcanzar los objetivos.
Como resultado de la
movilización y de la aguda represión, el presidente de República Dominicana
(RD) en septiembre convocó a una tercera Mesa de Negociación urgente.
Gobierno y oposición plantearon sus condiciones, siendo la del gobierno en
primerísimo lugar el reconocimiento a la ANC. Escogieron acompañantes: por
el gobierno Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, por la oposición
México, Chile y Paraguay. La Mesa de RD fue más estructurada que las del
pasado. La oposición se hizo acompañar por un equipo de técnicos y expertos, y
sostuvo cuatro peticiones principales, entre ellas, el reconocimiento por parte
del gobierno a la AN y a la crisis humanitaria del país. Al igual que las anteriores,
la Mesa se levantó en enero sin alcanzar los objetivos, pero los partidos
opositores tuvieron esta vez un saldo positivo, al presentarse con mayor
coherencia y al ser más evidente la poca disposición del gobierno ante la
comunidad internacional para una sincera negociación. La gota que colmó el vaso
fue el adelantantamiento de las elecciones presidenciales por parte del CNE,
por decreto de la ANC, en medio del proceso de negociación. Julio Borges,
presidente de la AN y quien presidió la delegación opositora, no retornó al
país, temeroso de la integridad física de su familia, que fue amenazada por el
gobierno durante el proceso.
3. 2019: Una nueva
estructura de oportunidades políticas
Al iniciarse 2019 varios
factores concurren para abrir una nueva oportunidad para el cambio político. Si
bien es cierto que pese a todo pronóstico el gobierno sobrevivió su primer
período, el contexto actual poco favorece su estabilidad para este período constitucional
(2019-2025). La conversión del régimen en una dictadura, el desconocimiento a
la ANC y a los resultados de la espuria elección presidencial de 2017 por parte
de actores internacionales y la AN, junto al continuo agravamiento de la crisis
estructural, vienen aislando a Maduro, obstaculizándole el acceso a recursos de
instancias internacionales para perpetuarse en el poder.
Sanciones sobre funcionarios
de Maduro, incluido él mismo y la primera dama, por parte de actores como el
gobierno de EEUU, la Unión Europea y el Grupo de Lima, ejercen presiones sobre
la élite gobernante para que rectifique y negocie un cambio que ponga fin a la
interrupción democrática y la crisis global. En instancias como la OEA y la
ONU, el Tribunal de la Haya, la Corte Interamericana de DDHH, o la OIT, se
acumulan expedientes de violación de DDHH e involucramiento con actividades
delictivas de funcionarios militares y civiles. Estas sanciones les impiden
moverse, invertir o disfrutar con seguridad de sus fortunas, adquiridas en el
ejercicio patrimonial del poder en estos años.
Internamente, los actores
políticos opositores han venido reconstruyendo sus vínculos y pensando
estrategias unitarias más cónsonos con la realidad de sus fuerzas, muy
diezmadas y desprestigiadas por fracasos pasados. En este nuevo período
legislativo, cumpliendo acuerdos políticos, la AN quedó presidida por un
diputado del partido Voluntad Popular (VP), fundado por Leopoldo López, un
líder carismático, que tiene casa por cárcel, cumpliendo desde 2014 una
sentencia de trece años, responsabilizado por el gobierno de la violencia en
las protestas de ese año. Su partido, junto a Primero Justicia (PJ), han sido
severamente perseguidos y destruidos por la represión gubernamental.
El 5 de enero, el diputado
Juan Guaidó, durante su juramento como presidente de la AN para el año
legislativo 2019, pronunció un discurso certero. Se refirió a la usurpación de
la Presidencia por parte de Maduro, y la intención de la AN de liderar, con el
apoyo popular, acciones conducentes al cambio político. Guaidó, un joven de 35
años, de origen humilde, con una carrera política que se originó en el
movimiento estudiantil, pareció capturar el imaginario popular. Solicitó la
activación de la política de la calle, para presionar a la dictadura a entrar
en razón, y presentó la estrategia política consensuada por los partidos
opositores para alcanzar la transición democrática. Se resume ésta, primero en
un protagonismo de la AN como el articulador de las fuerzas para el cambio, construyendo
tanto el marco jurídico como un entorno de poder ciudadano que incluye a los
militares y la diáspora. Segundo, unas líneas de acción que comprenderían los
objetivos de: a) Hacer cesar la usurpación; b) Crear un gobierno de transición;
c) Alcanzar condiciones para elecciones justas y transparentes.
Para iniciar la activación
del poder ciudadano, Guaidó llamó a cabildos abiertos en todos les espacios
nacionales para escuchar y alentar a la gente a organizarse y movilizarse en
apoyo a la Asamblea. Fijó la fecha del 23 de enero, icónica en Venezuela por
ser el día que cayó la anterior dictadura en 1958, para dar la primera
manifestación de músculo sociopolítico. Los cabildos abiertos comenzaron a
realizarse en todas las urbes del país.
Comentarios finales: los
desafíos
El gobierno de Maduro, pese
a las debilidades señaladas, sigue controlando, sin duda, todos los hilos del
poder. En lo internacional, como contraparte a las alianzas internacionales de
los partidos opositores, ha ido construyendo vínculos con Rusia, China, Irán y
Turquía, contando con que, a cambio de condiciones favorables a sus intereses,
le sirvan de aliados para neutralizar presiones de EEUU y otros actores de la
comunidad internacional. Cuba, por otra parte, es su socio y aliado en todo lo
concerniente a estrategias frente al imperialismo, y es el sostén del aparato
represivo totalitario interno.
Las instituciones militares,
siguen siendo el principal pilar del régimen y pese a descontentos,
deserciones, amenazas y detenciones, los altos mandos siguen mostrando lealtad
al dictador. Sin embargo, 2018 fue año de alzamientos, respondido por una
severa represión, con denuncias de torturas y maltratos. Más de 180 militares
están presos, una cifra histórica. Hay, además, un número similar de investigados,
sometidos a presiones e interrogatorios. Es un sector que Maduro, bajo asesoría
cubana, no ha descuidado desde 2013, cuando procedió a restructurarla para,
entre otros aspectos, fortalecer a la Guardia Nacional sobre otros componentes,
en su capacidad de control interno de país, y ampliar la Guardia de Honor
Presidencial y otros cuerpos para protección del dictador.
Los militares son un sector
privilegiado, con irrestrictos accesos al Petroestado. Tienen cuotas de poder
que los ponen en control de sectores clave como el de importación y
distribución de alimentos, el sistema cambiario, la petrolera PDVSA y el Arco
Minero. Los privilegios se refuerzan con controles en los cuarteles y con
exigencias como el de jurar lealtad personal a Maduro con cierta frecuencia. La
institución ha perdido sus rasgos corporativos. Los diferentes grupos de poder
necesitan la supervivencia de la élite gobernante para proteger sus intereses y
salvarse de persecuciones de la justicia nacional o internacional. Los oficiales
de rangos medios o bajos sufren las penurias del venezolano común y es allí
donde las lealtades pudieran, con menos resistencia, romperse con las presiones
nacionales e internacionales.
Las características
desprofesionalizadas de los componentes militares refuerzan la importancia y
centralidad de estrategias y tácticas dirigidas por la sociedad civil y
política nacional, apoyada y articulada a la comunidad internacional para
interrumpir la marcha hacia la consolidación del régimen autoritario. Si bien son
necesarias fracturas en el apoyo del sector militar a Maduro, son los civiles
quienes tienen el reto de liderar la lucha ante unos sectores militares
profundamente desinstitucionalizados, autoritarios y corrompidos. En este orden
de ideas, la esperanza que se despertó este enero con la AN y Guaidó, es apenas
un embrión necesitado de cuidados intensivos diarios para evolucionar hacia un
movimiento nacional capaz de llevar a la dictadura a ceder en sus objetivos y
negociar la transición.
La batuta de la compleja
trama de alianzas y redes a vincularse entre sí, con un propósito y estrategia
comunes es del parlamento venezolano, como poder público plural, legal y
legítimamente electo en 2015, que terminará su mandato en 2021. Es una
responsabilidad suprema que los diputados doblen su vocación de servicio y
encuentren la madurez política para manejar, con consensos y mediante
decisiones políticas y legales bien pensadas, la nave que ha de llegar al
puerto. Las leyes de Transición y de Amnistía, introducidas a mediados de enero
a la AN, van en la dirección correcta. Ellas someten a discusión pública los
términos para que la transición que se inicie sea consensuada. Allí se dan
incentivos a tirios y troyanos para incorporarse a esta causa. El espacio para
dirimir diferencias dentro de un propósito común es el parlamento, y votar es
lo justo. La ciudadanía y la comunidad internacional, por su parte, exigen
disposición de los partidos a deponer anteriores muestras de ambiciones e
intereses personales o partidistas, en pro de la acumulación de fuerzas
necesaria para forzar a la cúpula gobernante a aceptar el cambio democrático.
Los fracasos anteriores deben servir de referencias para no cometer errores,
que podrían ser fatales.
2018 pudo parecer un año
letárgico, pero fue en él donde comenzaron acciones soterradas por parte de
organizaciones y personalidades civiles, muchas ni políticas ni partidistas,
para restañar heridas entre partidos y dirigentes. También se activaron y
crearon asociaciones civiles para registrar y denunciar la violación de DDHH en
las instancias internacionales y crear estructuras colectivas de solidaridad,
dentro y fuera del país para asistir a una población huérfana de derechos. En
marzo se constituyó la plataforma Frente Amplio para la Venezuela Libre (FAVL),
con el propósito de encontrar espacios articuladores para el diálogo y la
acción de actores políticos y sociales. Estas iniciativas deben continuar,
expandirse y fortalecerse, porque un tejido social denso y sólido es
imprescindible para sostener la ruta de la transición y, sobre todo, para
garantizar la consolidación democrática, después de la devastación extrema
padecida. Será, sin duda, un proceso largo, difícil, lleno de obstáculos.
Una tarea que luce de
extrema importancia es la de encontrar formas innovativas para informar, educar
y organizar a la ciudadanía sobre el proceso en marcha y las responsabilidades
de cada quien. ONG concentradas en el derecho a la información veraz y a la
libre expresión han crecido en Venezuela, y vienen dando un aporte invaluable
en denunciar internacionalmente y neutralizar adentro y afuera, a los medios
oficialistas cargados de mensajes subliminales y mentirosos. Deben
multiplicarse y fortalecer su dimensión pedagógica dirigida a la ciudadanía.
También han de fortalecerse ONG dedicadas a monitorear el derecho a la salud y
a la educación, así como instituciones educativas, académicas y universitarias,
que están en capacidad de analizar y elaborar propuestas de políticas para
afrontar la crisis humana compleja y la reconstrucción de la colapsada economía
y Petroestado. ONG que han acompañado y auxiliado a los presos políticos y
comunes, ante un sistema penitenciario atroz; iglesias que dan consuelo,
denuncian las precarias condiciones de la población pobre y acompañan el
sufrimiento de las familias. En fin, es menester doblar desde la ciudadanía y
sus tejidos organizativos los esfuerzos por fortalecer la conciencia y acción
ciudadana, vinculando lo social y político con miras a un gran movimiento
prodemocrático nacional.
En Venezuela necesitamos
como parte de ese tejido social, un sector económico nuevo, organizado,
productivo, empresarial y financiero, que esté convencido de las bondades de un
régimen democrático y dispuesto a apoyarlo con sus bienes y trabajo, sabiendo
que entraña sacrificios como deponer intereses individuales, ganancias
temporales en pro del bien común. La mentalidad del rentismo, del dinero fácil,
del enchufe, del tráfico de influencias, harían naufragar el proceso. Con los
sindicatos y los gremios también hará falta otra concepción de la lucha
laboral, donde superar la mentalidad de exigir derechos sin deberes es
obligatorio. En Venezuela, los intereses individuales y forajidos antes y con
el chavismo han sido muy fuertes, penetraron el Petroestado y el sistema social
hasta la médula y no será pronto, ni fácil, que puedan ser erradicados. La
experiencia en América Latina señala que, los pasajes más exitosos a la
democracia se han dado cuando las élites económicas, sociales y políticas
asumen un genuino interés por la democracia y están dispuestos a sacrificarse
por ella. Se trataría entonces de construir las bases de una nación ancha,
donde todos compartamos intereses, asumamos deberes y nos reconozcamos con los
mismos derechos.
El año parece decisivo para
quienes propugnan el cambio democrático. De darse un vigoroso movimiento
sociopolítico, seguramente un proceso de negociación entre gobierno y oposición
volverá a surgir. Es inevitable, si la vocación política es por una solución
pacífica y democrática a la crisis estructural de la nación. Entendamos que,
reconstruir la república pasa por reconocer sus profundos déficits
democráticos, de desigualdad social y de exclusiones culturales, que trajeron
estos desarrollos nefastos. Por ello, 2019 es un año que nos exige a cada
ciudadano, organización, partido, activista y dirigente político
responsabilidad, cabeza fría, el deber de estar informados, crecerse en la
adversidad y actuar sin extremismos ni búsqueda de líderes mesiánicos. Hoy, más
que nunca se tiene la posibilidad de construir una democracia más robusta que
la anterior, aprendiendo de sus gazapos y entendiendo las oscuras corrientes
nepóticas, caudillistas, intolerantes y primitivas del alma nacional, que
sirvieron de sustrato a la tragedia chavista que hoy agoniza. Contribuyamos
todos para que la AN, la nave que guía esta nueva estrategia, no se hunda en
los torbellinos y peñascos que amenazan desde adentro y desde afuera y desde
todas direcciones.
***
Esta ponencia está
sustentada en una nutrida producción de la autora, véase https://margaritalopezmaya.com/ y
una exhaustiva revisión de reseñas hemerográficas de prensa y portales
nacionales e internacionales, sometidas a revisión crítica.
21-01-19
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