Agencias 26 de febrero de 2023
El despliegue comenzará este
lunes, en los límites con Bolivia y Perú. La ley especifica una serie de pasos
que van desde la revisión de la identidad hasta el uso de la fuerza
Chile desplegará
sus Fuerzas Armadas en las fronteras con Perú y Bolivia en
un intento por controlar el ingreso masivo de migrantes a
través de pasos no habilitados en estas zonas.
El
gobierno de Gabriel Boric difundió el Decreto con
Fuerza de Ley que permitirá la militarización con el objetivo de
respaldar el accionar de la Policía en el control migratorio y de
seguridad en zonas que se han visto desbordadas por el ingreso ilegal
de personas.
El decreto establece el marco legal bajo el cual los militares pueden actuar y detalla una serie de pasos que van desde la revisión de la identidad hasta el uso de la fuerza como último recurso.
Las
FFAA podrán solicitar los documentos de cualquier persona en las
fronteras, registrar sus equipajes, vestimentas o vehículos si es que
existe alguna presunción de que esta pueda cometer un crimen o delito o algún
indicio que “permita inferir que la persona tiene orden de detención
pendiente”.
Asimismo,
el decreto establece que los uniformados deberán actuar bajo los principios de
“legalidad, necesidad, proporcionalidad, gradualidad y responsabilidad” y
determina que antes de cualquier acción debe cumplir con el deber de
advertencia, evitar daño colateral y considerar la legítima defensa.
El
texto establece que “antes de recurrir al uso de la fuerza o empleo del arma de
fuego, se deben tomar todas las medidas razonables para disuadir a toda persona
o grupo de cometer una agresión”, señalando varios pasos antes de recurrir al
uso de armas de fuego.
En
primer lugar, podrán emplear medios disuasivos, como desplegar
vehículos y personal militar armado en la zona. Si la persona o el
grupo de personas que vulnere la frontera no se detiene, los funcionarios pueden
usar otros elementos como granadas de humo, gas pimienta o lacrimógeno.
El
siguiente paso en caso de negativa a un control es el uso de armamentos
no letales o antidisturbios, especificando que no se podrán disparar a
quemarropa ni apuntar directo al rostro. Si la amenaza persiste, el decreto
señala que los militares podrán “preparar el arma de fuego con clara intención
de utilizarla”.
Si
ninguna de esas acciones funciona, podrían realizar disparos de
advertencia.
La
opción de usar el arma de fuego, sin embargo, queda restringida “solo en el
caso de enfrentamiento con personas que utilicen o se apresten a utilizar armas
letales o que pongan en peligro la vida de otras personas”.
El
despliegue comenzará este lunes. “Vamos a estar recorriendo algunos de los
lugares del despliegue el próximo lunes, viendo cómo se va a apoyar este
trabajo de las Fuerzas Armadas”, adelantó la ministra del Interior, Carolina
Tohá, sobre la medida que inicialmente estará vigente por 90 días.
Los
operativos se montarán puntualmente en las regiones de Arica y
Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, según
detalló el decreto difundido por el gobierno de Gabriel Boric, y
-de ser necesario- podrá ser extendido con la aprobación del Congreso,
una vez concluidos los tres meses iniciales.
Según
precisó el alcalde del municipio de Colchane, Javier García, por
ese punto llegan a Chile a través de pasos irregulares cerca de 400
personas cada día.
En ese
sentido, señaló que el país registra un aumento significativo de inmigrantes de
países cercanos, principalmente de venezolanos.
Colchane es un
poblado andido que limita con Bolivia y es el más utilizado por los extranjeros
para ingresar a Chile. Sin embargo, en los últimos años han muerto decenas de
personas a causa de los peligros a los que se exponen con estos operativos
ilegales. Por su parte, quienes logran llegar a las ciudades chilenas se
instalan en carpas y plazas o, inclusive, caminan a la deriva en busca de
ayuda.
La
medida, sin embargo, no fue bien recibida entre las autoridades de la zona, que
adelantaron que no será efectiva para resolver la cuestión migratoria -aunque sí
para reforzar la seguridad en el norte del país- y, en su lugar,
reclamaron otras disposiciones que sí permitan hacer frente a este problema.
El
gobernador de la región de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, comentó
que sería efectivo establecer medidas paralelas, una mayor
participación de las autoridades locales y comunicación fluida
con los países vecinos.
Las
decisiones sobre esta ley “nuevamente se tomaron a más de 2.000 kilómetros de
donde está el problema”, por lo que “no se tomó el parecer de las autoridades
regionales o la sensación de cómo esto podría materializarse o practicarse”,
declaró en entrevista con Lo que Queda del Día.
En ese
sentido, se mostró decepcionado con lo anunciado ya que, en realidad, esperaban
que los militares pudieran impedir el ingreso al país por los
pasos irregulares y no realizar controles que serán difíciles de implementar ya
que -en su mayoría- se trata de personas indocumentadas.
“Yo
creo que va a ser muy complejo que la medida funcione. Yo espero que sí, tengo
la máxima esperanza de que suceda bien, pero será muy complejo desde lo
práctico”, agregó.
También,
advirtió del efecto contrario que el decreto podría tener ya que, después de
registrar a los migrantes, serán detenidos y llevados a un recinto policial,
donde se llevará a cabo el proceso de reconducción, al cual señala
de “totalmente fracasado”.
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