¿Inmunidad o impunidad? Darfur y la Corte Penal Internacional

Tras la acusación de delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad realizados durante la Segunda Guerra Mundial, altos mandos del ejercito y de los gobiernos tanto alemán y japonés fueron llevados a juicio en lo que se le conocería como “Los Juicios de Nüremberg” y “Los juicios de Tokio” . La falta de un órgano internacional que juzgara y regulara los delitos perpetrados por gobernantes u organismos gubernamentales, como la policía y el ejército, en perjuicio de la población, por motivos raciales, de género, religiosos y/o ideológico se hizo evidente cuando se conoció la existencia de actos genocidas realizados como políticas gubernamentales en Yugoslavia (1991-1995) y en Ruanda (1994).

La Corte Penal Internacional (en adelante CPI), creada el 17 de julio de 1998 y sustentada por el Tratado de Roma, surgió como respuesta a tal situación, guiándose por la defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional. Cabe señalar que es un organismo vinculado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuya sede se encuentra en la Haya (Países Bajos) y su función es la de un tribunal de justicia de carácter internacional, cuya misión consiste en juzgar a personas que hubiesen realizado crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad.
El 14 de julio de 2008, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, emitió una orden de detención para el presidente sudanés, Omar Hassan al-Bashir, por diez cargos en su contra: tres de genocidio, cinco de crímenes de lesa humanidad y dos cargos de crímenes de guerra, entre ellos: tortura, asesinatos, acoso y daño psicológico y violación. El fiscal de la CPI sostiene que Omar Hassan al-Bashir ha creado una estrategia para eliminar sustancialmente a las etnias Fur, Masalit y Zaghawau, representando éstas 2.5 millones de personas de 4.5 millones de habitantes en la región de Darfur, situada al oeste de Sudán.
En 1989, el general Omar Hassan al-Bashir se convirtió en presidente y jefe de Estado de Sudán. De la mano del Frente Islámico Nacional de Sudán inició un proceso de islamización del país. En ese mismo año, Al-Bashir realizó una deportación masiva de población negra a regiones inhabitables y recolonizó los territorios fértiles con grupos árabes. Las condiciones de discriminación para la población no árabe que impuso el gobierno sudanés originó lo que ahora se le conoce como “El conflicto de Darfur”, el cual, dio inició cuando grupos rebeldes atacaron por primera vez objetivos del gobierno de Jartum, en enero de 2003.

Desde que inició el conflicto en la región de Darfur, Al-Bashir se ha servido del grupo paramilitar conocido como Janjawed (o yanyauid) para realizar ataques en contra de tanto grupos insurgentes como de población civil, a fin de crear inestabilidad en la zona. La duración del conflicto y la gran magnitud de las atrocidades cometidas por el actual Presidente sudanés, Omar Hassan, así como la violación sistemática de los derechos humanos de la población no árabe en Sudán, provocó que en 2003, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara con 13 votos a favor y 2 abstenciones una resolución al conflicto actual, la cual le daba 30 días al gobierno sudanés para que las milicias árabes Janjawed entregaran sus armas; No obstante, el gobierno sudanés manifestó su inconformidad con el plazo de 30 días catalogando de insuficiente, y aunque se comprometió a enviar a fuerzas policiales para proteger a la población civil en Darfur, al mismo tiempo que, prometió a suspender las restricciones impuestas a los trabajadores humanitarios, y a investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos y sancionar a los responsables, nunca cumplió su compromiso, dado que el conflicto sigue presentando las mismas irregularidades.

Las cifras manejadas por la fiscalía de la CPI son de 300,000 personas muertas y de 2.5 millones de desplazados, desde el inició del conflicto étnico en enero de 2003. El fiscal Moreno Ocampo, señala que tiene pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad directa del presidente sudanés, Omar Hassan al-Bashir, para iniciar un juicio en su contra por crímenes de genocidio, de lesa humanidad, y de guerra. A pesar de que la culpabilidad del mandatario sudanés es evidente China, Irán y la Liga Árabe respaldaron a Al-Bashir. Un enviado especial chino, de nombre Liu Guijin, manifestó que la acusación de la fiscalía de la CPI dirigida en contra del mandatario sudanés, no solamente pone en peligro las relaciones con la ONU, sino que también compromete los logros alcanzados hasta ahora para conseguir un acuerdo de paz en el país. La Liga Árabe e Irán, por su parte, niegan la existencia de actos genocidas y manifestaron de innecesarias las medidas que se quieren adoptar en contra del gobierno sudanés, y pidieron que solamente se le dé tiempo a Al-Bashir para cumplir su compromiso, añadiendo una petición para que la Comunidad Internacional no amenace a Sudán con una intervención militar.
De igual modo el gobierno sudanés manifestó su repudio contra la acusación del fiscal de la CPI, señalando de inexistentes los hechos. Al-Bashir, por su parte, catalogó las acusaciones en su contra de mentiras y un asesor suyo declaró en una entrevista a BBC que las denuncias de genocidio por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional fueron diseñadas para generar hostilidad entre los grupos tribales en Darfur.

Omar Hassan al-Bashir es uno de una larga lista de dirigentes gubernamentales inculpados por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y el tercero de los únicos tres mandatarios acusados aun en el poder, a él le antecedieron: el Yugoslavo Slobodan Milosevic (1989-2000) y el liberiano Charles Taylor (1997-2003). Milosevic, acusado por crímenes contra la humanidad en 1999, fue detenido en el 2001 y murió 2006 cuando estaba siendo procesado; mientras que, Taylor aun espera su sentencia para finales de 2009, permaneciendo, por el momento, bajo custodia del Tribunal Especial de Sierra Leona por los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en aquel país entre 1991 y 2002.

Amnistía Internacional considera que la orden de detención solicitada por la Corte Penal Internacional contra el presidente sudanés Omar Hassan al-Basir es un paso importante para la rendición de cuentas en cuanto a las presuntas violaciones a los derechos humanos en el país africano. La existencia de pruebas en contra de al-Bashir son contundentes, dado que un equipo de observadores internacionales de la ONU, en su estancia, reportó que en la mayoría de los ataques realizados en Darfur fueron dirigidas usando como blanco principal aldeas étnicas africanas (no arabizadas), destruidas por completo, mientras que los poblados árabes permanecieron intactos a pesar de la cercanía entre unas y otras(separadas tan sólo por 500 metros).

La importancia de que la fiscalía de la CPI pida realizar un juicio a un mandatario aun en el poder cobra mayor importancia cuando ésta petición supone un avance para acabar con la inmunidad de la que gozaban hasta hace poco tiempo los dirigentes políticos, y cuando dicho proceso servirá para esclarecer los hechos ocurridos durante el presente conflicto en la región de Darfur.

Para más información consultar la página web de Amnistía Internacional www.amnesty.org