William Neuman y Patricia Torres 6 mayo de 2015
Las máquinas para cortar cesped costaron
$12.300 dólares. Cada una.
Y la maquinaria para procesar pollos
costaba $1.8 millones. Cuando la policía la revisó, encontró un montón de
chatarra oxidada.
Unos empresarios cobraron $74 millones
de dólares por importar sustancias químicas y otros productos, aunque casi no
traían nada.
Durante años, Venezuela ha tenido un
agujero en el bolsillo, un agujero muy grande.
Un complejo sistema de divisas ha
provocado complejas estratagemas de los importadores, que inflan desmesuradamente
el valor de las mercancías traídas al país para recibir dólares a tasas de
cambio bajísimas. En ocasiones falsean los envíos y no importan nada. Después
se embolsan los dólares que les proporciona el gobierno, o venden una parte con
ganancias gigantescas en el mercado negro.
De esta manera se han drenado miles de
millones de dólares de la tesorería venezolana, dólares necesarios para
importaciones vitales, aseguran los funcionarios; la pérdida resulta
particularmente dolorosa ahora.
Con la estrepitosa caída del precio del
petróleo, la principal exportación de Venezuela, el banco central de la nación
informó la última semana de abril que las reservas de divisas extranjeras –
esenciales para el comercio internacional y el pago de la deuda – estaban en su
nivel más bajo en doce años.
Esto produjo un raro acuerdo entre la
izquierda y la derecha venezolana, que exigen que alguien rinda cuentas por los
miles de millones de dólares desvanecidos.
“Es escandaloso”, afirma Víctor Álvarez,
economista de izquierda y ministro del gobierno de Hugo Chávez, el ex
presidente que falleció en 2013. “Es semejante al saqueo al que fueron
sometidos nuestros pueblos en la época de la conquista y de la colonia cuando
se llevaban las riquezas de oro y de plata por toneladas.”
Durante los años de auge de los precios
altos del petróleo, poco se hacía por detener los miles de millones de dólares
que desaparecían en virtud de la corrupción y el fraude.
Pero ahora, con el país en una profunda
crisis económica marcada por la recesión, una inflación atroz y escasez de
productos, como leche, condones y champú, los miles de millones faltantes son
particularmente conspicuos.
En muchas tiendas, los anaqueles están
vacíos y la gente espera en fila durante horas para comprar productos básicos,
en una crisis agravada por los años de hemorragia financiera a través del
fraude en las importaciones.
“Tomando en consideración el
comportamiento de los precios del petróleo, son recursos que en este momento
hacen falta”, afirma Ricardo Sanguino, legislador del partido gobernante
designado por el presidente Nicolás Maduro para encabezar una comisión que
investigue el fraude.
Los cálculos del fraude de las
importaciones varían, pero Edmée Betancourt, ex gobernadora del banco central,
ha dicho que hasta $20.000 millones de dólares de los $59.000 millones
destinados a importar productos en 2012 desaparecieron debido a transacciones
fraudulentas.
Una empresa de consultoría, Ecoanalítica,
calculó que de 2003 a 2012 fueron robados $69.500 millones mediante
importaciones fraudulentas. Agregó que 20 por ciento de las importaciones
declaradas por compañías privadas han sido falsas, mientras que 40 por ciento
de las importaciones realizadas por agencias gubernamentales y empresas del
gobierno habían sido fraudulentas.
Las trampas han sido tan abundantes que
los exportadores en una zona de libre comercio en Panamá facturaron $1.400
millones de dólares en envíos a Venezuela. Sin embargo, funcionarios panameños
aseguran que de esa cantidad $937 millones fueron un fraude: compañías que
facturaban productos inexistentes.
En el corazón del fraude de
importaciones está el control de divisas del país, impuesto en 2003 por Chávez.
Los controles se basan en parte en la noción populista de que ofrecer a los
importadores dólares baratos, esencialmente subsidiados por el gobierno, se
traduce en bienes importados baratos para las masas.
Pero los economistas advierten que los
controles generan enormes incentivos para el fraude.
“Hay muchos multimillonarios venezolanos
gracias a este sistema”, aseguró un importador de ropa, alimentos, medicamentos
y otros productos, que habló a condición de quedar en el anonimato. Agregó que
normalmente él solo recibía 10 por ciento de lo que alegaba estar importando.
Venezuela depende enormemente de las
importaciones en materia de alimentos y otros productos básicos, así como de
materias primas para fabricar muchos artículos. Pero los exportadores en el
extranjero no quieren hacer negocios en bolívares, la divisa venezolana.
Quieren dólares u otra divisa extranjera, como euros.
Así pues, en Venezuela, los importadores
obtienen la autorización del gobierno para importar un producto y después hacen
la solicitud ante la agencia de control de divisas para adquirir los dólares
necesarios para pagar el envío del exterior.
El sistema rebosa de oportunidades para
los abusos, siendo el principal las facturas enormemente infladas.
En el caso de las máquinas para cortar
cesped, dos compañías importaron 88 por una factura total de más de un millón
de dólares, según documentos del gobierno. Las compañías afirmaron que cada
máquina costaba hasta $12.300, aunque los investigadores encontraron que
artículos semejantes se vendían por tan solo unos cuantos cientos de dólares.
En otro de los casos documentados, una
compañía que importaba equipo agrícola declaró el costo de una máquina para
desgranar mazorcas en $477.750, cuando su verdadero precio es de unos $2900
dólares.
Tales maniobras significan ganancias
automáticas, que se multiplican una vez que el dinero pasa por el mercado
negro.
Un importador puede comprarle al
gobierno la divisa estadounidense por tan solo 6.3 bolívares por dólar; después
se da la vuelta y obtiene hasta 280 bolívares por dólar en el mercado negro.
Los venezolanos llaman al proceso “la
bicicleta”, pues puede dar vueltas indefinidamente, generando exorbitantes
ganancias en ambas divisas.
Conforme se ha profundizado la crisis
económica en los últimos meses, el gobierno ha reducido agudamente los dólares
disponibles para los importadores, lo cual ha agravado la escasez pero no ha
eliminado las oportunidades de fraudes.
“El negocio no es el negocio en
Venezuela. El negocio está detras del negocio”, señaló el importador.
Explicó que es necesario pagar grandes
sobornos, que pueden alcanzar los cientos de miles de dólares por acuerdo,
durante cada paso del proceso para recibir el permiso de importar un producto,
para conseguir la aprobación de las solicitudes de compra de divisa extranjera,
para certificar importaciones fraudulentas y para que los dólares sean entregados.
Precisó que después de pagar los
sobornos y otros costos, el importador puede terminar con un 60 por ciento de
los dólares adquiridos del gobierno. Con frecuencia, la mercancía que es traída
al país generalmente carece de importancia, señaló el importador, y muchas
veces él la regala a oficiales militares o funcionarios del gobierno.
“Yo no controlo el sistema venezolano”,
afirmó. “Solo soy parte de él. Si no lo hacemos, terminamos quebrados, mientras
los demás se vuelven millonarios.”
Jorge Giordani, ex ministro de
planeación y finanzas, despotrica frecuentemente contra el fraude que permea al
sistema.
“Es un sistema que funciona como un
colador”, explicó en una entrevista reciente.
Las dimensiones crean distorsiones en la
economía regional.
En Ecuador, fiscales acusaron a tres
empresarios venezolanos de usar una serie de empresas fantasma para recibir
unos $74 millones por envíos inflados o inexistentes a Venezuela en 2013 y
2014.
Ese ardid contribuyó al colapso de un
banco ecuatoriano que reportó pérdidas por decenas de millones de dólares. Los
fiscales ecuatorianos sostienen que ha habido más fraudes que involucran a
otras compañías, por un total de unos $150 millones de dólares en exportaciones
fraudulentas a Venezuela.
Grandes montos del dinero desviado de
Venezuela pasa por Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses han
identificado que el origen del falso equipo de procesamiento de pollos era una
compañía de Florida.
Los fiscales ecuatorianos han rastreado
millones de dólares transferidos a Estados Unidos por compañías involucradas en
los fraudes de Venezuela.
Además, una investigación del
departamento del tesoro de Estados Unidos divulgada en marzo puso al
descubierto una banda de lavado de dinero que sacó de Venezuela $4.200 millones
de dólares mediante estratagemas de importación y otros medios. Los investigadores
determinaron que por lo menos $50 millones habían pasado por el sistema
financiero estadounidense.
Maduro, el presidente izquierdista que
fue elegido por un estrecho margen en el 2013, se encuentra bajo presión para
atacar la corrupción en el gobierno.
En diciembre de 2013, Maduro nombró a
una comisión para que investigara los fraudes de importación que, dijo,
constituyen “un fraude contra la república”.
“Yo le voy a exponer al país la verdad
de lo que sucedió ahí porque fue una vulgaridad”, afirmó Maduro.
Jesús Faría, miembro de la comisión y
legislador del partido gobernante, declaró en una entrevista televisada el mes
pasado: “Pudimos observar, en una muestra que se realizó con muy precarios
recursos que trabajamos, que más de 250 empresas habían violentado la ley y que
la fiscalía tenía en sus manos centenares de empresas que debían ser evaluadas
e investigadas por estos casos. Sin embargo, no he observado que ninguna de
esas empresas haya sido sancionada”.
Parece haber solo un caso penal en el
que los fiscales han acusado de trasgresiones a un funcionario de alto nivel de
la agencia de control de divisas.
El funcionario, Francisco Navas, fue
arrestado en 2013 y está en espera de juicio. Fue acusado de lavado de dinero y
conspiración por aceptar sobornos para autorizar pagos por millones de dólares
a empresas por importaciones falsas. Según el testimonio de un vicepresidente
de la agencia, Navas les cobraba a las empresas el equivalente de 46 centavos
por cada dólar que autorizaba.
Su abogado, Alonso Medina, asegura que
Navas es un chivo expiatorio, acusado para que las autoridades tengan a alguien
“a quien responsabilizar ante la opinión pública”.
